Jueves, Diciembre 12, 2024

Segregación urbana e infraestructura, por Carlos Cruz

DIARIO FINANCIERO – En los últimos días se ha desatado un debate acerca de la integración social en Santiago. La propuesta de construir un edificio en Las Condes para sectores susceptibles de recibir subsidio habitacional ha provocado una reacción de los vecinos de esa comuna.

Son numerosos los urbanistas que sostienen que Santiago es una ciudad muy segregada y que ello repercute en la calidad de vida de sus habitantes: altos tiempos de viaje entre sus hogares y sus lugares de destino; escasa disponibilidad de espacios públicos; carencia de áreas verdes, etc. Todo esto genera grados de insatisfacción que se pueden traducir en resentimientos que deriven en justificar conductas que no son propias en nuestra sociedad. Por ejemplo, la alta evasión en el Transantiago puede explicarse por una precaria evaluación del servicio o también por la diferencia de trato que reciben sus usuarios frente a otras alternativas de transporte que operan en zonas acomodadas.

Algo de esto se reparará con la extensión del Metro; sin embargo, para que éste sea todo lo eficiente que se requiere, no será posible eliminar el transporte de superficie, y para que éste sea bien valorado deberá acercarse cada vez más al servicio que presta el Metro: predictibilidad, mayor confort en la espera, seguridad, atención y tiempos de viajes menores, entre otros.

Muchas de estas medidas pasan por inversión en infraestructura: más vías exclusivas; segregación destinada a privilegiar el transporte público; paraderos especializados en las zonas de mayor afluencia. Para que esto sea posible habrá que quitarle espacio al transporte privado (automóviles) y al de carga. En el entendido que el parque automotriz seguirá creciendo, será necesario ofrecer alternativas que se vinculen al transporte público, especialmente en “la última milla”. Esas opciones exigirán de sus usuarios condiciones que permitan pagar esa infraestructura y compensar las externalidades que produce, como por ejemplo habilitación exclusiva para autos eléctricos. Exigencias similares sería posible diseñar para el transporte de carga: vías dedicadas, horarios exclusivos y sistemas no contaminantes.

En materia de espacios públicos y áreas verdes hay que hacer un esfuerzo muy importante. Los estándares aplicados a estas inversiones deben ser los mismos para todas las comunas y terminar con exigencias para barrios ricos y otras para barrios pobres. Un ejemplo de esto es el soterramiento de cables y otros servicios.

Por último, dadas las características de Santiago y su extensión, habrá que pensar una modalidad para llevar los servicios públicos a las zonas de mayor concentración de personas y así disminuir las necesidades de desplazamiento. Esta dinámica, que en buena medida se ha dejado al “mercado”, sería mucho más eficaz si se diseñara con una mirada de largo plazo.

Los recursos para esto están. Tal vez no sea posible encontrar partidas en el presupuesto público año a año, pero sí hay muchos recursos en el sector privado que, por una rentabilidad muy razonable, podrían invertirse en intervenciones de este tipo, apostando a la recuperación de su inversión en el largo plazo y al mayor valor del suelo que esto debiera traer consigo.

Lo que se requiere es una instancia pública (institución) que asuma este desafío con un horizonte de 15 años, con un plan consensuado que se haya sometido a un adecuado sistema de participación ciudadana.

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Fuente: Diario Financiero, Jueves 26 de julio de 2018

DIARIO FINANCIERO – En los últimos días se ha desatado un debate acerca de la integración social en Santiago. La propuesta de construir un edificio en Las Condes para sectores susceptibles de recibir subsidio habitacional ha provocado una reacción de los vecinos de esa comuna.

Son numerosos los urbanistas que sostienen que Santiago es una ciudad muy segregada y que ello repercute en la calidad de vida de sus habitantes: altos tiempos de viaje entre sus hogares y sus lugares de destino; escasa disponibilidad de espacios públicos; carencia de áreas verdes, etc. Todo esto genera grados de insatisfacción que se pueden traducir en resentimientos que deriven en justificar conductas que no son propias en nuestra sociedad. Por ejemplo, la alta evasión en el Transantiago puede explicarse por una precaria evaluación del servicio o también por la diferencia de trato que reciben sus usuarios frente a otras alternativas de transporte que operan en zonas acomodadas.

Algo de esto se reparará con la extensión del Metro; sin embargo, para que éste sea todo lo eficiente que se requiere, no será posible eliminar el transporte de superficie, y para que éste sea bien valorado deberá acercarse cada vez más al servicio que presta el Metro: predictibilidad, mayor confort en la espera, seguridad, atención y tiempos de viajes menores, entre otros.

Muchas de estas medidas pasan por inversión en infraestructura: más vías exclusivas; segregación destinada a privilegiar el transporte público; paraderos especializados en las zonas de mayor afluencia. Para que esto sea posible habrá que quitarle espacio al transporte privado (automóviles) y al de carga. En el entendido que el parque automotriz seguirá creciendo, será necesario ofrecer alternativas que se vinculen al transporte público, especialmente en “la última milla”. Esas opciones exigirán de sus usuarios condiciones que permitan pagar esa infraestructura y compensar las externalidades que produce, como por ejemplo habilitación exclusiva para autos eléctricos. Exigencias similares sería posible diseñar para el transporte de carga: vías dedicadas, horarios exclusivos y sistemas no contaminantes.

En materia de espacios públicos y áreas verdes hay que hacer un esfuerzo muy importante. Los estándares aplicados a estas inversiones deben ser los mismos para todas las comunas y terminar con exigencias para barrios ricos y otras para barrios pobres. Un ejemplo de esto es el soterramiento de cables y otros servicios.

Por último, dadas las características de Santiago y su extensión, habrá que pensar una modalidad para llevar los servicios públicos a las zonas de mayor concentración de personas y así disminuir las necesidades de desplazamiento. Esta dinámica, que en buena medida se ha dejado al “mercado”, sería mucho más eficaz si se diseñara con una mirada de largo plazo.

Los recursos para esto están. Tal vez no sea posible encontrar partidas en el presupuesto público año a año, pero sí hay muchos recursos en el sector privado que, por una rentabilidad muy razonable, podrían invertirse en intervenciones de este tipo, apostando a la recuperación de su inversión en el largo plazo y al mayor valor del suelo que esto debiera traer consigo.

Lo que se requiere es una instancia pública (institución) que asuma este desafío con un horizonte de 15 años, con un plan consensuado que se haya sometido a un adecuado sistema de participación ciudadana.

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Fuente: Diario Financiero, Jueves 26 de julio de 2018

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