Miércoles, Junio 16, 2021

Chile sin barreras

EL MERCURIO – Un plan para eliminar todas las plazas de peaje en las carreteras concesionadas, reemplazándolas por sistemas de flujo libre mediante el uso del tag, impulsa el Ministerio de Obras Públicas. La cartera ha calculado que el beneficio social que se generaría por el ahorro de tiempo sería de US$ 609 millones anuales, mientras que el costo de las obras necesarias (un promedio de US$ 1,5 millones por plaza de peaje, existiendo 179 en el país) se pagaría una sola vez. Ese cálculo, además, no considera los períodos de atochamiento, a los que las plazas manuales contribuyen; la medida ayudaría también a reducirlos, aunque no a eliminarlos en algunas carreteras muy demandadas (para resolver en forma más global este último problema, se requiere ampliar las vías, otro proyecto en la vista ministerial).

Respecto del cálculo mismo, los números pueden ser algo elevados, dados algunos supuestos considerados, como el valor social de una hora, que en la estimación corresponde a un salario relativamente alto. Aun así, la comparación con el costo sigue siendo favorable, de modo tal que la rentabilidad es innegable. El plan no considera que durante este gobierno se pase a flujo libre en todos los peajes, sino solo en las zonas cercanas a Santiago, donde el problema de congestión es más urgente, para lo que se actuará mediante la renegociación de los contratos, como parte de paquetes en que además se amplía a terceras pistas en algunas concesiones. En el resto del país, los sistemas de flujo libre serán una exigencia para los futuros concesionarias al momento de relicitarse, dentro de un mejoramiento global de los proyectos. Dado que las concesiones de varios segmentos de la Ruta 5 y otras importantes terminan sus plazos durante el actual período, el MOP busca tener las respectivas propuestas listas previo a ello, para evitar tener que extender las concesiones, como ocurrió en el pasado.

El paso a flujo libre, además de mejorar la situación de los usuarios en general, debería resolver uno de los problemas que aquejan a los habitantes de localidades que deben pagar un peaje elevado por recorrer distancias pequeñas, como ocurre en las afueras de Santiago. Los sistemas de flujo libre permiten instalar más pórticos, dividiendo el peaje total por subtramas, tal corno ocurre en las autopistas urbanas, en que se paga por distancia (es decir, por el número de pórticos). Esto es más justo que la situación actual, en que hay localidades que no pagan por usar la concesión, pues están situadas a un lado del peaje, mientras que quienes se ubican al otro lado sí deben hacerlo. Ello genera incluso una distorsión en el precio de la tierra, puesto que los propietarios a un lado de la plaza de cobro se benefician del subsidio que reciben del resto de los usuarios de la concesión, y los situados al otro lado ven disminuir el valor de su propiedad sin más causa que el peaje.

El sistema de flujo libre tiene sus propios problemas. Uno de ellos es el de los incobrables, usuarios que no pagan su deuda y que hoy representan el 3,5% en las autopistas urbanas. También están los evasores, quienes no pagan porque tienen adulteradas las patentes, no las usan o no cuentan con televía. Los concesionarios desean que el público y el Estado absorban estas costos. El Gobierno está intentando limitarlos mediante la introducción de medidas para reducir los incobrables, haciendo que los municipios sean más estrictos al renovar licencias. En el caso de los evasores, la policía podría intervenir, pues en una carretera interurbana es más fácil interceptar y detener vehículos sin tag, debido al menor tráfico y a la existencia de bermas. Por otra parte, dado que los pórticos reducen los costos de operación de los concesionarios, este último efecto debería descontarse de la compensación que recibirían por la mayor incobrabilidad.

Un último factor a tener en cuenta es de tipo social: al eliminarse la figura del cobrador, el flujo libre aumentaría la cesantía en algunas localidades en las que existen pocos trabajos estables. Sin embargo, ha de considerarse que se trata de trabajos cuyo beneficio para el resto de la sociedad es discutible, según muestra el propio cálculo del ministerio sobre los efectos de su reemplazo por un sistema de flujo libre.

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Fuente: El Mercurio, Viernes 10 de agosto de 2018

EL MERCURIO – Un plan para eliminar todas las plazas de peaje en las carreteras concesionadas, reemplazándolas por sistemas de flujo libre mediante el uso del tag, impulsa el Ministerio de Obras Públicas. La cartera ha calculado que el beneficio social que se generaría por el ahorro de tiempo sería de US$ 609 millones anuales, mientras que el costo de las obras necesarias (un promedio de US$ 1,5 millones por plaza de peaje, existiendo 179 en el país) se pagaría una sola vez. Ese cálculo, además, no considera los períodos de atochamiento, a los que las plazas manuales contribuyen; la medida ayudaría también a reducirlos, aunque no a eliminarlos en algunas carreteras muy demandadas (para resolver en forma más global este último problema, se requiere ampliar las vías, otro proyecto en la vista ministerial).

Respecto del cálculo mismo, los números pueden ser algo elevados, dados algunos supuestos considerados, como el valor social de una hora, que en la estimación corresponde a un salario relativamente alto. Aun así, la comparación con el costo sigue siendo favorable, de modo tal que la rentabilidad es innegable. El plan no considera que durante este gobierno se pase a flujo libre en todos los peajes, sino solo en las zonas cercanas a Santiago, donde el problema de congestión es más urgente, para lo que se actuará mediante la renegociación de los contratos, como parte de paquetes en que además se amplía a terceras pistas en algunas concesiones. En el resto del país, los sistemas de flujo libre serán una exigencia para los futuros concesionarias al momento de relicitarse, dentro de un mejoramiento global de los proyectos. Dado que las concesiones de varios segmentos de la Ruta 5 y otras importantes terminan sus plazos durante el actual período, el MOP busca tener las respectivas propuestas listas previo a ello, para evitar tener que extender las concesiones, como ocurrió en el pasado.

El paso a flujo libre, además de mejorar la situación de los usuarios en general, debería resolver uno de los problemas que aquejan a los habitantes de localidades que deben pagar un peaje elevado por recorrer distancias pequeñas, como ocurre en las afueras de Santiago. Los sistemas de flujo libre permiten instalar más pórticos, dividiendo el peaje total por subtramas, tal corno ocurre en las autopistas urbanas, en que se paga por distancia (es decir, por el número de pórticos). Esto es más justo que la situación actual, en que hay localidades que no pagan por usar la concesión, pues están situadas a un lado del peaje, mientras que quienes se ubican al otro lado sí deben hacerlo. Ello genera incluso una distorsión en el precio de la tierra, puesto que los propietarios a un lado de la plaza de cobro se benefician del subsidio que reciben del resto de los usuarios de la concesión, y los situados al otro lado ven disminuir el valor de su propiedad sin más causa que el peaje.

El sistema de flujo libre tiene sus propios problemas. Uno de ellos es el de los incobrables, usuarios que no pagan su deuda y que hoy representan el 3,5% en las autopistas urbanas. También están los evasores, quienes no pagan porque tienen adulteradas las patentes, no las usan o no cuentan con televía. Los concesionarios desean que el público y el Estado absorban estas costos. El Gobierno está intentando limitarlos mediante la introducción de medidas para reducir los incobrables, haciendo que los municipios sean más estrictos al renovar licencias. En el caso de los evasores, la policía podría intervenir, pues en una carretera interurbana es más fácil interceptar y detener vehículos sin tag, debido al menor tráfico y a la existencia de bermas. Por otra parte, dado que los pórticos reducen los costos de operación de los concesionarios, este último efecto debería descontarse de la compensación que recibirían por la mayor incobrabilidad.

Un último factor a tener en cuenta es de tipo social: al eliminarse la figura del cobrador, el flujo libre aumentaría la cesantía en algunas localidades en las que existen pocos trabajos estables. Sin embargo, ha de considerarse que se trata de trabajos cuyo beneficio para el resto de la sociedad es discutible, según muestra el propio cálculo del ministerio sobre los efectos de su reemplazo por un sistema de flujo libre.

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Fuente: El Mercurio, Viernes 10 de agosto de 2018

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