EX ANTE – La reforma a la Ley de Patrimonio Cultural y al Consejo de Monumentos Nacionales dejó de ser un tema sectorial: hoy es una prueba política para el Ejecutivo y el Congreso. Chile necesita proteger su patrimonio, pero también recuperar crecimiento. Y para volver a crecer hay una condición básica: invertir. Cuando la decisión pública se vuelve imprevisible, el país no solo pierde proyectos; pierde empleo, productividad y confianza.
Por eso es relevante que, en el marco de la Ley de Reconstrucción Nacional, se propongan cambios concretos al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN): redefinir su rol para concentrarlo en determinar qué bienes se protegen; fijar plazos perentorios para pronunciarse; habilitar aprobación automática para obras menores en áreas protegidas; acotar la definición de “arqueológico” para evitar interpretaciones expansivas que paralizan obras; y ampliar incentivos de conservación, como extender la exención del impuesto territorial a bienes declarados monumento histórico. También se discute la categoría de “sitios de memoria”, que exige claridad normativa para no abrir nuevas zonas grises.
El debate no es patrimonio versus inversión. El problema es cómo actúa el Estado ante hallazgos o interpretaciones: criterios difusos, plazos inciertos y expedientes difíciles de seguir convierten una decisión técnica en conflicto permanente. Esa incertidumbre afecta toda inversión, pero golpea con especial fuerza a la infraestructura pública social: hospitales, escuelas, agua potable y conectividad rural. En salud, la demora no es un dato: es una lista de espera que no baja.
Aquí, el “plazo fatal” para pronunciarse ante hallazgos arqueológicos va en la dirección correcta: evita que observaciones sin resolución detengan por meses obras críticas. Pero la clave no es solo rapidez: es certeza jurídica. Si las reglas no delimitan, el conflicto se traslada a tribunales y la judicialización reemplaza la decisión pública; el resultado es más costo, más tiempo y menos obras.
Lo que el Congreso vote debe consolidar un estándar: decisiones fundadas, plazos exigibles, trazabilidad pública y coordinación con el sistema ambiental, los contratos públicos y la programación de inversiones. Facilitar, de verdad, no es bajar exigencias; es subir la calidad del Estado. Si el CMN opera con reglas claras y previsibles, protegemos identidad y habilitamos inversión con urgencia.
Y con eso, crecemos con orden.
Fuente: Ex-Ante, Miércoles 22 de Abril de 2026
