EL MERCURIO – La megasequía que afecta al país, la peor en 60 años, exhibe cifras alarmantes. Ciento tres comunas, con 1,4 millones de hectáreas de riego, presentan sobre un 60% de déficit de lluvia, incluyendo, como muestra extrema, un 82% de déficit en la zona de La Serena y un 72% en la Región del Maule. Eso afecta la agricultura y la provisión de alimentos a los precios acostumbrados, y genera preocupación sobre el acceso de la población al agua potable.
Durante mucho tiempo, los fenómenos de sequía se consideraron eventos aleatorios, de baja ocurrencia, con una distribución de probabilidades relativamente conocida, construida a partir de datos históricos, lo que permitía planificar a mediano y largo plazo la manera de enfrentarlos y conocer los riesgos que se asumían al hacerlo. Esa situación ha ido cambiando por una serie de circunstancias. Por una parte, la expansión de las ciudades, en particular Santiago, ha elevado la isoterma cero, disminuyendo la cantidad de hielo y nieve que se acumula en la cordillera; a su vez, las compañías proveedoras de agua potable tienen regulaciones tarifarias que hacen menos atractivo corregir la pérdida de agua en sus cañerías que acumular más en sus reservorios para satisfacer la demanda, lo que se traduce en más agua que pasa por el sistema, pero que está peor aprovechada; por otra parte, los efectos del cambio climático modifican la cuantía y distribución geográfica de las lluvias, y acentúan la prevalencia de eventos extremos, entre los que se encuentran los de sequía. Eso dificulta la planificación de obras para mitigarlos —embalses, infiltraciones de acuíferos, desalinización, u otras—, pues no hay claridad sobre las cuencas que serán más afectadas a futuro, y, por lo tanto, dónde y de qué cuantía deben ser esas inversiones.
Dado todo lo anterior, el Gobierno conformará una mesa nacional que contribuya a establecer medidas para enfrentar dicho fenómeno de manera unitaria e independiente de la coyuntura política. A pesar de que, a propósito de la reforma al Código de Aguas, existe un debate respecto de la duración —temporal o indefinida— de los derechos de agua asignados, cualquiera sea la solución escogida, ella no modificará radicalmente el problema a nivel del consumo humano, pues en ambos casos la legislación contempla su preeminencia respecto del resto, que constituye por lejos la mayor proporción, ya sea para usos agrícola, industrial o minero.
La mayoría de las medidas que podrían aliviar esta u otras megasequías implican inversiones que toman mucho tiempo para implementarse —entre 10 y 15 años de estudios, planificación, financiamiento y construcción— y que, además, requieren de disposición al pago por parte de sus mayores usuarios, los agricultores. Ellas incluyen los embalses, la infiltración de acuíferos, y las carreteras hídricas. Para estas últimas hay diversas tecnologías disponibles, tanto para usos agrícolas como para el consumo humano, según el caso: el transporte de agua desde el sur hacia el norte a través de las cuencas hidrográficas, lo que requiere enormes inversiones a realizar en un horizonte de 20 años; el transporte por mar, por una cañería flexible ubicada cerca de la orilla, que recoge agua en las desembocaduras de los ríos y la traslada a zonas donde hay escasez, o bien, por medio de gigantescas bolsas o “guateros” tiradas por remolcadores, también desde las zonas de abundancia, en el sur, hacia las de déficit, en el centro y el norte. Finalmente, está la desalinización del agua de mar, intensiva en energía —la que en el norte puede ser solar—, que aliviaría el consumo humano futuro y puede ser usada en la minería.
El tamaño y el carácter crecientemente estructural del problema ameritan la formación de una mesa nacional que lo analice con la seriedad y prontitud requeridas.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 28 de Agosto de 2019
Megasequía y cambios estructurales
EL MERCURIO – La megasequía que afecta al país, la peor en 60 años, exhibe cifras alarmantes. Ciento tres comunas, con 1,4 millones de hectáreas de riego, presentan sobre un 60% de déficit de lluvia, incluyendo, como muestra extrema, un 82% de déficit en la zona de La Serena y un 72% en la Región del Maule. Eso afecta la agricultura y la provisión de alimentos a los precios acostumbrados, y genera preocupación sobre el acceso de la población al agua potable.
Durante mucho tiempo, los fenómenos de sequía se consideraron eventos aleatorios, de baja ocurrencia, con una distribución de probabilidades relativamente conocida, construida a partir de datos históricos, lo que permitía planificar a mediano y largo plazo la manera de enfrentarlos y conocer los riesgos que se asumían al hacerlo. Esa situación ha ido cambiando por una serie de circunstancias. Por una parte, la expansión de las ciudades, en particular Santiago, ha elevado la isoterma cero, disminuyendo la cantidad de hielo y nieve que se acumula en la cordillera; a su vez, las compañías proveedoras de agua potable tienen regulaciones tarifarias que hacen menos atractivo corregir la pérdida de agua en sus cañerías que acumular más en sus reservorios para satisfacer la demanda, lo que se traduce en más agua que pasa por el sistema, pero que está peor aprovechada; por otra parte, los efectos del cambio climático modifican la cuantía y distribución geográfica de las lluvias, y acentúan la prevalencia de eventos extremos, entre los que se encuentran los de sequía. Eso dificulta la planificación de obras para mitigarlos —embalses, infiltraciones de acuíferos, desalinización, u otras—, pues no hay claridad sobre las cuencas que serán más afectadas a futuro, y, por lo tanto, dónde y de qué cuantía deben ser esas inversiones.
Dado todo lo anterior, el Gobierno conformará una mesa nacional que contribuya a establecer medidas para enfrentar dicho fenómeno de manera unitaria e independiente de la coyuntura política. A pesar de que, a propósito de la reforma al Código de Aguas, existe un debate respecto de la duración —temporal o indefinida— de los derechos de agua asignados, cualquiera sea la solución escogida, ella no modificará radicalmente el problema a nivel del consumo humano, pues en ambos casos la legislación contempla su preeminencia respecto del resto, que constituye por lejos la mayor proporción, ya sea para usos agrícola, industrial o minero.
La mayoría de las medidas que podrían aliviar esta u otras megasequías implican inversiones que toman mucho tiempo para implementarse —entre 10 y 15 años de estudios, planificación, financiamiento y construcción— y que, además, requieren de disposición al pago por parte de sus mayores usuarios, los agricultores. Ellas incluyen los embalses, la infiltración de acuíferos, y las carreteras hídricas. Para estas últimas hay diversas tecnologías disponibles, tanto para usos agrícolas como para el consumo humano, según el caso: el transporte de agua desde el sur hacia el norte a través de las cuencas hidrográficas, lo que requiere enormes inversiones a realizar en un horizonte de 20 años; el transporte por mar, por una cañería flexible ubicada cerca de la orilla, que recoge agua en las desembocaduras de los ríos y la traslada a zonas donde hay escasez, o bien, por medio de gigantescas bolsas o “guateros” tiradas por remolcadores, también desde las zonas de abundancia, en el sur, hacia las de déficit, en el centro y el norte. Finalmente, está la desalinización del agua de mar, intensiva en energía —la que en el norte puede ser solar—, que aliviaría el consumo humano futuro y puede ser usada en la minería.
El tamaño y el carácter crecientemente estructural del problema ameritan la formación de una mesa nacional que lo analice con la seriedad y prontitud requeridas.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 28 de Agosto de 2019
