Miércoles, Febrero 28, 2024

Las aguas de Chuquicamata

EL MERCURIO – Codelco ha decidido relanzar el proyecto de desalación para Chuquicamata, que había sido suspendido en 2019. El proyecto, de un costo inicial de US$ 1.000 millones, producirá 800 l/s inicialmente, para eventualmente ampliar su capacidad hasta los 1.600 l/s. La iniciativa servirá no solo a Chuquicamata, sino también a las otras minas de Codelco en la zona. Así, permitirá reducir a menos de la mitad sus extracciones de agua, lo que ayudará a recuperar los caudales del río Loa y tal vez las napas subterráneas

El caso es una muestra de cómo las plantas de desalación pueden contribuir a reparar el daño producido por la extracción de aguas para abastecer a los habitantes y la economía del norte del país. Antofagasta y otras ciudades ya disponen de agua segura mediante este tipo de plantas, lo que podría extenderse a otros núcleos urbanos. Es posible pensar en replicar el ejemplo de Israel, que, con un uso cuidadoso del recurso e inversión en plantas desaladoras, alimenta una agricultura y población en expansión, y además planea entregar entre 10 y 12 metros cúbicos por segundo al Mar de Galilea, cuyo nivel ha bajado por el cambio climático y las extracciones excesivas.

Se ha criticado que las plantas desaladoras utilizan mucha energía, con el consiguiente impacto ambiental, y que las salmueras que generan tienen consecuencias negativas para el medio marino. Subyace a esta crítica una suerte de perfeccionismo extremo, según el cual solo serían aceptables soluciones que no generen ningún impacto negativo, aun cuando este fuera mínimo en relación con el beneficio social y ambiental logrado. Pero en este caso, además, la base del cuestionamiento es errónea, porque la planta puede ser abastecida con fuentes renovables y porque los efectos sobre el lecho submarino se pueden minimizar o incluso eliminar con un buen diseño de la evacuación de salmueras al océano.

El principal desafío para la masificación de esta tecnología son las inversiones requeridas. En una economía que crece y que ofrece protección a los inversionistas, esto no sería un problema. La propuesta de nueva Constitución introduce aquí, sin embargo, incertidumbre, al establecer que todas las aguas, no importa su forma, serían inapropiables. Esto podría interpretarse como que las aguas que produce una planta de desalación no serían propiedad de ella y que podrían ser dirigidas al uso y al pago definidos por una politizada institucionalidad de aguas regional. Por cierto, también el Estado puede acometer estos proyectos, pero ello requiere de una economía en crecimiento para poder disponer de recursos, premisa que también es puesta en cuestión por los alcances del borrador elaborado por la Convención.

Existe una curva en forma de U invertida en el proceso de destrucción del medio ambiente: países pobres y con poca densidad de habitantes no afectan el medio ambiente, pero, a medida que crecen, explotan los recursos y dañan el entorno. En sociedades ricas, la preocupación por el medio ambiente aumenta, pero además se dispone de medios para reparar el daño. Es lo que ha ocurrido en los países desarrollados, que son más limpios y protegen más el medio ambiente que hace 50 años. Chile había comenzado a avanzar en esta dirección, pero, a la luz del actual debate público, parece difícil no anticipar un retroceso lamentable.

Fuente: El Mercurio, Martes 31 de Mayo de 2022

EL MERCURIO – Codelco ha decidido relanzar el proyecto de desalación para Chuquicamata, que había sido suspendido en 2019. El proyecto, de un costo inicial de US$ 1.000 millones, producirá 800 l/s inicialmente, para eventualmente ampliar su capacidad hasta los 1.600 l/s. La iniciativa servirá no solo a Chuquicamata, sino también a las otras minas de Codelco en la zona. Así, permitirá reducir a menos de la mitad sus extracciones de agua, lo que ayudará a recuperar los caudales del río Loa y tal vez las napas subterráneas

El caso es una muestra de cómo las plantas de desalación pueden contribuir a reparar el daño producido por la extracción de aguas para abastecer a los habitantes y la economía del norte del país. Antofagasta y otras ciudades ya disponen de agua segura mediante este tipo de plantas, lo que podría extenderse a otros núcleos urbanos. Es posible pensar en replicar el ejemplo de Israel, que, con un uso cuidadoso del recurso e inversión en plantas desaladoras, alimenta una agricultura y población en expansión, y además planea entregar entre 10 y 12 metros cúbicos por segundo al Mar de Galilea, cuyo nivel ha bajado por el cambio climático y las extracciones excesivas.

Se ha criticado que las plantas desaladoras utilizan mucha energía, con el consiguiente impacto ambiental, y que las salmueras que generan tienen consecuencias negativas para el medio marino. Subyace a esta crítica una suerte de perfeccionismo extremo, según el cual solo serían aceptables soluciones que no generen ningún impacto negativo, aun cuando este fuera mínimo en relación con el beneficio social y ambiental logrado. Pero en este caso, además, la base del cuestionamiento es errónea, porque la planta puede ser abastecida con fuentes renovables y porque los efectos sobre el lecho submarino se pueden minimizar o incluso eliminar con un buen diseño de la evacuación de salmueras al océano.

El principal desafío para la masificación de esta tecnología son las inversiones requeridas. En una economía que crece y que ofrece protección a los inversionistas, esto no sería un problema. La propuesta de nueva Constitución introduce aquí, sin embargo, incertidumbre, al establecer que todas las aguas, no importa su forma, serían inapropiables. Esto podría interpretarse como que las aguas que produce una planta de desalación no serían propiedad de ella y que podrían ser dirigidas al uso y al pago definidos por una politizada institucionalidad de aguas regional. Por cierto, también el Estado puede acometer estos proyectos, pero ello requiere de una economía en crecimiento para poder disponer de recursos, premisa que también es puesta en cuestión por los alcances del borrador elaborado por la Convención.

Existe una curva en forma de U invertida en el proceso de destrucción del medio ambiente: países pobres y con poca densidad de habitantes no afectan el medio ambiente, pero, a medida que crecen, explotan los recursos y dañan el entorno. En sociedades ricas, la preocupación por el medio ambiente aumenta, pero además se dispone de medios para reparar el daño. Es lo que ha ocurrido en los países desarrollados, que son más limpios y protegen más el medio ambiente que hace 50 años. Chile había comenzado a avanzar en esta dirección, pero, a la luz del actual debate público, parece difícil no anticipar un retroceso lamentable.

Fuente: El Mercurio, Martes 31 de Mayo de 2022

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