EL MERCURIO – “Lo que sucede es muy grave, una crisis a nivel país, no solo para la agricultura, sino también para todas las áreas. Y siento que no les hemos tomado el peso a los efectos que esto pueda tener para el desarrollo, la economía, la autonomía de las regiones, los alimentos”, afirma el ministro de Agricultura, Antonio Walker. El Gobierno organizará una mesa nacional a la que invitará a todos los sectores para enfrentar el conflicto.
Ciento tres comunas, 1,4 millones de héctareas en riesgo, cuatro regiones en emergencia hídrica —con más del 60% de déficit— y dos más en evaluación. Crisis en la industria de la apicultura. Cuatro mil millones de pesos gastados en la urgencia.
Son las cifras que está dejando la megasequía, la más grande en 60 años, en Chile. Una situación que, según los expertos, no tiene perspectivas de mejora en los próximos años, debido a los efectos del cambio climático.
Sin embargo, la crisis no es solo sectorial, agrícola o ambiental.
Según afirma el ministro de Agricultura, Antonio Walker, “lo que sucede es muy grave, una crisis a nivel país, no solo para la agricultura, sino también para todas las áreas. Y siento que no les hemos tomado el peso a los efectos que esto puede tener para el desarrollo, la economía, la autonomía de las regiones, los alimentos. Llegó la hora de actuar”.
La base del problema, según explica, es que el Estado no estaba preparado para lo que venía. “Dejamos pasar 50 años en los que no hicimos obras”, dice. El atraso es tal, que —asevera— solo hay una solución: llevar la discusión a nivel político y lograr un acuerdo en torno a problemas que llevan décadas en discusión entre los diversos sectores políticos y de la sociedad.
“Este es un tema grave. Yo quiero hacer un llamado nacional. Llegó la hora de poner el agua como un tema de Estado, de unión nacional para enfrentarlo juntos. Tenemos que abordarlo como país, donde no exista gobierno y oposición, donde solo existan ideas para ver cómo enfrentar el tema estructural. Tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional, porque temo que luego tengamos un año de precipitaciones más normal y todo se olvide”, plantea.
Para lograr este objetivo se tomará una medida inédita en esta problemática: la conformación de una mesa nacional de la sequía, liderada por el Presidente Sebastián Piñera, además del ministro de Agricultura y el titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quienes probablemente anunciarán la próxima semana a los otros integrantes del grupo.
Allí se deberán abordar las medidas que se adoptarán, pero sobre todo, las estructuras estatales que se deben cambiar. En esto hay un punto que preocupa al Gobierno: el Código de Aguas, creado en 1981, cuya reforma se viene discutiendo en el Congreso desde hace años.
“Veo que en el Código de Aguas hay un tema de diferencias entre Gobierno y oposición. Y el código es parte muy importante de este tema. No puede haber dos miradas. Tampoco las puede haber respecto de las grandes obras de riego. Es un tema demasiado grave, nos tenemos que unir. Estamos hablando del 30% de la población que vive en el mundo rural, casi 6 millones de personas afectadas. Estamos hablando de un sector que genera 600 mil empleos, que exporta 18 mil millones de dólares”, explica Walker.
Discusión política
El proyecto de reforma al Código de Aguas se encuentra estancado en la comisión de Agricultura del Senado, donde, según sus mismos miembros, se ha revisado una mínima parte de este.
Lo que ha hecho retrasar su tramitación son las posturas existentes frente al tema de la temporalidad de los derechos del agua, puesto que la actual normativa no establece una fecha de término para estos.
“Una de las grandes dificultades es la certeza jurídica. Hay senadores que están porque los derechos de agua tengan una fecha de vencimiento y otros quieren que sean derechos estables, porque hay inversiones que se hacen basadas en la seguridad jurídica de estos derechos de agua”, dice el senador y miembro de la comisión Juan Castro (RN).
Mientras tanto, su par y también miembro de la comisión, Adriana Muñoz (PPD), sostiene que “el Estado tiene que tener elementos que regulen el uso de un recurso que es cada vez más escaso. Nosotros proponemos que exista una temporalidad, no perpetuamente, sino que en treinta años, y que existan causales de caducidad cuando el agua no se está usando”.
Desde la Dirección General de Aguas del MOP, entidad que se encarga de otorgar estos derechos, su director, Óscar Cristi, sostiene que una fecha de vencimiento para este derecho traería costos.
“Si parte ahora un señor y le entregamos un derecho a 30 años y en 15 años más viene un embalse, va a tener que aportar un derecho por 15 años, y eso afecta completamente en la evaluación del proyecto de embalse, porque no tienes seguridad de que vas a poder contar con él”, dice. Y agrega: “Aquellos que plantean reducir la certeza, que la gente no crea que son dueños de los derechos de agua, me parece que no aporta. El código ha logrado algo extraordinario en el país, el acceso del agua potable, su calidad, el desarrollo de industrias agrícolas y mineras, el crecimiento del PIB. Eso ha sido parte importante de la certeza jurídica de los derechos. Querer modificarla requiere una razón muy poderosa y no se ve esa razón, por lo menos desde una mirada técnica. Aquí puede haber una mirada más ideológica”.
Otro tema que se discutirá es la creación de una nueva institucionalidad del agua. Esto, debido a que actualmente hay 40 ministerios y reparticiones que tienen que ver con la materia, sin que exista una cabeza clara. “Tenemos una falencia institucional; no existe ni siquiera una Subsecretaría del Agua. Existen varios organismos públicos que están distribuidos en distintos ministerios, cada cual con sus propósitos, con sus objetivos, con sus recursos. No hay una acción de Estado concentrada en una institucionalidad robusta que permita intervenir en estos momentos”, dice Muñoz.
En cuanto al tema de la sequía por la que está atravesando el país, ambos senadores, también pertenecientes a la comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara Alta, plantean que la solución está en la inversión pública. En la profundización de pozos, la creación de embalses y el uso de fuentes alternativas, como plantas de desalinización del agua de mar.
“Hoy día, de cara a esta situación, el Presupuesto 2020 deberíamos repensarlo y readecuar los instrumentos, reorientar los recursos a establecer un conjunto de programas, de políticas públicas que nos permitan intervenir de una manera real, eficiente y efectiva en este escenario de cambio climático y catástrofe hídrica”, dice la senadora. “Es más bien un tema de voluntad. He sentido que no está esa voluntad, porque a la Dirección de Obras Hidráulicas muchas veces se le aportan pocos recursos”, agrega Castro.
Recientemente fue ingresado a Sala un proyecto de ley que busca establecer una normativa en relación al uso del agua de mar, el cual se espera se discuta en las próximas semanas. En cuanto a la iniciativa que reforma el Código de Aguas, una vez que se apruebe en la comisión de Agricultura, se revisará en la comisión de Constitución. Su paso al hemiciclo, según los senadores, se esperaría para octubre o noviembre.
Aguas concesionadas
Dicen en el Gobierno que hay tres tipos de soluciones a la crisis que se están preparando: de corto, mediano, y largo plazo.
Para el primero de los casos están destinados los fondos que el MOP, a través de los decretos de escasez, y Agricultura, con la declaración de emergencia agrícola, utilizan. Por ejemplo, en camiones aljibe y construcción de pozos y norias.
Pero estos fondos tienen un límite.
“Son decretos pensados para situaciones excepcionales, pero ahora nos enfrentamos a algo estructural”, dice Óscar Cristi.
Agrega que la única solución es encontrar nuevas fuentes de agua, a través, por ejemplo, del tratamiento de aguas grises, o plantas desalinizadoras.
Mientras, hay un problema urgente que tratar: el consumo. “En algún momento va a ocurrir que la gente va a abrir la llave y no va a tener agua, por lo menos a alguna hora del día. No estamos lejos de eso”, explica Cristi, que agrega que si bien el ingreso de agua ha bajado, el consumo, tanto por parte de empresas como de personas, se ha mantenido constante, lo que se debe regular.
Es así como un plan es vigilar, de mejor forma, cuánta agua usan los dueños de los derechos; si eso se condice con sus necesidades, y si es que tienen agua sin usar. Eso último podría ser multado.
Pero la idea va más lejos. El Gobierno apunta a concesionar el uso de aguas, tal como se ha hecho con las carreteras, de forma que las grandes empresas paguen por este.
Respecto de medidas de infraestructura, en el Ejecutivo dicen que al llegar la administración actual, se encontraron con un plan de embalses que consideraba centenares de iniciativas, pero no priorizaba. Es así como se definieron 26 obras para regar 380 mil hectáreas, entre las regiones de Arica y Parinacota y de La Araucanía. El problema de esto es que el proceso de planificación de un embalse dura 13 años y su construcción, 15.
En el Gobierno están más optimistas respecto de las plantas desalinizadoras, un plan que tiene muy entusiasmado al Presidente Piñera desde que visitó Israel a fines de junio. Si bien estas construcciones tienen un alto costo, este se puede abaratar mediante el uso de paneles solares e inversión extranjera, para generar la energía que les dé funcionamiento. Esta posibilidad será explorada por el ministro Walker en su viaje a China, esta semana.
Otro punto que tratará en Beijing será el de la colaboración para el combate de los incendios forestales, un tema que, se cree, multiplicará la crisis en el verano.
Ante la escasez hídrica, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) cuentan que para combatir futuros incendios consideran para sus aeronaves piscinas de agua y camiones aljibe que las llenen.
¿Qué sucederá con el uso de agua por parte de la población?
Si bien en el Ejecutivo reconocen que hacer una campaña masiva es un tema pendiente y un plan obligatorio, aún no se deciden sus detalles. Esto es, en parte, por la multiplicidad de entidades involucradas en materia hídrica.
Por lo pronto, la cartera encabezada por Antonio Walker está llevando a cabo una serie de talleres, para informar a los agricultores sobre su buen uso. Asimismo, se está realizando la campaña “Yo cuido el agua”, que pretende llevar ese mensaje a colegios, alumnos y profesores.
Fuente: El Mercurio, Domingo 25 de Agosto de 2019
La crisis de la sequía se instala en la agenda económica
EL MERCURIO – “Lo que sucede es muy grave, una crisis a nivel país, no solo para la agricultura, sino también para todas las áreas. Y siento que no les hemos tomado el peso a los efectos que esto pueda tener para el desarrollo, la economía, la autonomía de las regiones, los alimentos”, afirma el ministro de Agricultura, Antonio Walker. El Gobierno organizará una mesa nacional a la que invitará a todos los sectores para enfrentar el conflicto.
Ciento tres comunas, 1,4 millones de héctareas en riesgo, cuatro regiones en emergencia hídrica —con más del 60% de déficit— y dos más en evaluación. Crisis en la industria de la apicultura. Cuatro mil millones de pesos gastados en la urgencia.
Son las cifras que está dejando la megasequía, la más grande en 60 años, en Chile. Una situación que, según los expertos, no tiene perspectivas de mejora en los próximos años, debido a los efectos del cambio climático.
Sin embargo, la crisis no es solo sectorial, agrícola o ambiental.
Según afirma el ministro de Agricultura, Antonio Walker, “lo que sucede es muy grave, una crisis a nivel país, no solo para la agricultura, sino también para todas las áreas. Y siento que no les hemos tomado el peso a los efectos que esto puede tener para el desarrollo, la economía, la autonomía de las regiones, los alimentos. Llegó la hora de actuar”.
La base del problema, según explica, es que el Estado no estaba preparado para lo que venía. “Dejamos pasar 50 años en los que no hicimos obras”, dice. El atraso es tal, que —asevera— solo hay una solución: llevar la discusión a nivel político y lograr un acuerdo en torno a problemas que llevan décadas en discusión entre los diversos sectores políticos y de la sociedad.
“Este es un tema grave. Yo quiero hacer un llamado nacional. Llegó la hora de poner el agua como un tema de Estado, de unión nacional para enfrentarlo juntos. Tenemos que abordarlo como país, donde no exista gobierno y oposición, donde solo existan ideas para ver cómo enfrentar el tema estructural. Tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional, porque temo que luego tengamos un año de precipitaciones más normal y todo se olvide”, plantea.
Para lograr este objetivo se tomará una medida inédita en esta problemática: la conformación de una mesa nacional de la sequía, liderada por el Presidente Sebastián Piñera, además del ministro de Agricultura y el titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quienes probablemente anunciarán la próxima semana a los otros integrantes del grupo.
Allí se deberán abordar las medidas que se adoptarán, pero sobre todo, las estructuras estatales que se deben cambiar. En esto hay un punto que preocupa al Gobierno: el Código de Aguas, creado en 1981, cuya reforma se viene discutiendo en el Congreso desde hace años.
“Veo que en el Código de Aguas hay un tema de diferencias entre Gobierno y oposición. Y el código es parte muy importante de este tema. No puede haber dos miradas. Tampoco las puede haber respecto de las grandes obras de riego. Es un tema demasiado grave, nos tenemos que unir. Estamos hablando del 30% de la población que vive en el mundo rural, casi 6 millones de personas afectadas. Estamos hablando de un sector que genera 600 mil empleos, que exporta 18 mil millones de dólares”, explica Walker.
Discusión política
El proyecto de reforma al Código de Aguas se encuentra estancado en la comisión de Agricultura del Senado, donde, según sus mismos miembros, se ha revisado una mínima parte de este.
Lo que ha hecho retrasar su tramitación son las posturas existentes frente al tema de la temporalidad de los derechos del agua, puesto que la actual normativa no establece una fecha de término para estos.
“Una de las grandes dificultades es la certeza jurídica. Hay senadores que están porque los derechos de agua tengan una fecha de vencimiento y otros quieren que sean derechos estables, porque hay inversiones que se hacen basadas en la seguridad jurídica de estos derechos de agua”, dice el senador y miembro de la comisión Juan Castro (RN).
Mientras tanto, su par y también miembro de la comisión, Adriana Muñoz (PPD), sostiene que “el Estado tiene que tener elementos que regulen el uso de un recurso que es cada vez más escaso. Nosotros proponemos que exista una temporalidad, no perpetuamente, sino que en treinta años, y que existan causales de caducidad cuando el agua no se está usando”.
Desde la Dirección General de Aguas del MOP, entidad que se encarga de otorgar estos derechos, su director, Óscar Cristi, sostiene que una fecha de vencimiento para este derecho traería costos.
“Si parte ahora un señor y le entregamos un derecho a 30 años y en 15 años más viene un embalse, va a tener que aportar un derecho por 15 años, y eso afecta completamente en la evaluación del proyecto de embalse, porque no tienes seguridad de que vas a poder contar con él”, dice. Y agrega: “Aquellos que plantean reducir la certeza, que la gente no crea que son dueños de los derechos de agua, me parece que no aporta. El código ha logrado algo extraordinario en el país, el acceso del agua potable, su calidad, el desarrollo de industrias agrícolas y mineras, el crecimiento del PIB. Eso ha sido parte importante de la certeza jurídica de los derechos. Querer modificarla requiere una razón muy poderosa y no se ve esa razón, por lo menos desde una mirada técnica. Aquí puede haber una mirada más ideológica”.
Otro tema que se discutirá es la creación de una nueva institucionalidad del agua. Esto, debido a que actualmente hay 40 ministerios y reparticiones que tienen que ver con la materia, sin que exista una cabeza clara. “Tenemos una falencia institucional; no existe ni siquiera una Subsecretaría del Agua. Existen varios organismos públicos que están distribuidos en distintos ministerios, cada cual con sus propósitos, con sus objetivos, con sus recursos. No hay una acción de Estado concentrada en una institucionalidad robusta que permita intervenir en estos momentos”, dice Muñoz.
En cuanto al tema de la sequía por la que está atravesando el país, ambos senadores, también pertenecientes a la comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara Alta, plantean que la solución está en la inversión pública. En la profundización de pozos, la creación de embalses y el uso de fuentes alternativas, como plantas de desalinización del agua de mar.
“Hoy día, de cara a esta situación, el Presupuesto 2020 deberíamos repensarlo y readecuar los instrumentos, reorientar los recursos a establecer un conjunto de programas, de políticas públicas que nos permitan intervenir de una manera real, eficiente y efectiva en este escenario de cambio climático y catástrofe hídrica”, dice la senadora. “Es más bien un tema de voluntad. He sentido que no está esa voluntad, porque a la Dirección de Obras Hidráulicas muchas veces se le aportan pocos recursos”, agrega Castro.
Recientemente fue ingresado a Sala un proyecto de ley que busca establecer una normativa en relación al uso del agua de mar, el cual se espera se discuta en las próximas semanas. En cuanto a la iniciativa que reforma el Código de Aguas, una vez que se apruebe en la comisión de Agricultura, se revisará en la comisión de Constitución. Su paso al hemiciclo, según los senadores, se esperaría para octubre o noviembre.
Aguas concesionadas
Dicen en el Gobierno que hay tres tipos de soluciones a la crisis que se están preparando: de corto, mediano, y largo plazo.
Para el primero de los casos están destinados los fondos que el MOP, a través de los decretos de escasez, y Agricultura, con la declaración de emergencia agrícola, utilizan. Por ejemplo, en camiones aljibe y construcción de pozos y norias.
Pero estos fondos tienen un límite.
“Son decretos pensados para situaciones excepcionales, pero ahora nos enfrentamos a algo estructural”, dice Óscar Cristi.
Agrega que la única solución es encontrar nuevas fuentes de agua, a través, por ejemplo, del tratamiento de aguas grises, o plantas desalinizadoras.
Mientras, hay un problema urgente que tratar: el consumo. “En algún momento va a ocurrir que la gente va a abrir la llave y no va a tener agua, por lo menos a alguna hora del día. No estamos lejos de eso”, explica Cristi, que agrega que si bien el ingreso de agua ha bajado, el consumo, tanto por parte de empresas como de personas, se ha mantenido constante, lo que se debe regular.
Es así como un plan es vigilar, de mejor forma, cuánta agua usan los dueños de los derechos; si eso se condice con sus necesidades, y si es que tienen agua sin usar. Eso último podría ser multado.
Pero la idea va más lejos. El Gobierno apunta a concesionar el uso de aguas, tal como se ha hecho con las carreteras, de forma que las grandes empresas paguen por este.
Respecto de medidas de infraestructura, en el Ejecutivo dicen que al llegar la administración actual, se encontraron con un plan de embalses que consideraba centenares de iniciativas, pero no priorizaba. Es así como se definieron 26 obras para regar 380 mil hectáreas, entre las regiones de Arica y Parinacota y de La Araucanía. El problema de esto es que el proceso de planificación de un embalse dura 13 años y su construcción, 15.
En el Gobierno están más optimistas respecto de las plantas desalinizadoras, un plan que tiene muy entusiasmado al Presidente Piñera desde que visitó Israel a fines de junio. Si bien estas construcciones tienen un alto costo, este se puede abaratar mediante el uso de paneles solares e inversión extranjera, para generar la energía que les dé funcionamiento. Esta posibilidad será explorada por el ministro Walker en su viaje a China, esta semana.
Otro punto que tratará en Beijing será el de la colaboración para el combate de los incendios forestales, un tema que, se cree, multiplicará la crisis en el verano.
Ante la escasez hídrica, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) cuentan que para combatir futuros incendios consideran para sus aeronaves piscinas de agua y camiones aljibe que las llenen.
¿Qué sucederá con el uso de agua por parte de la población?
Si bien en el Ejecutivo reconocen que hacer una campaña masiva es un tema pendiente y un plan obligatorio, aún no se deciden sus detalles. Esto es, en parte, por la multiplicidad de entidades involucradas en materia hídrica.
Por lo pronto, la cartera encabezada por Antonio Walker está llevando a cabo una serie de talleres, para informar a los agricultores sobre su buen uso. Asimismo, se está realizando la campaña “Yo cuido el agua”, que pretende llevar ese mensaje a colegios, alumnos y profesores.
Fuente: El Mercurio, Domingo 25 de Agosto de 2019
