Miércoles, Agosto 4, 2021

Diálogo CPI N° 47 – CPI analizó propuestas para reactivar la economía y generar empleo

CPI – Generar más empleo en el corto plazo, y contribuir al bienestar y productividad del país, en el mediano y largo plazo, son el foco de una propuesta que, desde la infraestructura, busca contribuir a superar la crisis que está afectando al país y que fue analizada en profundidad en un diálogo organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
En el evento, al que asistieron más de 160 personas, expusieron el presidente del CPI y ex presidente de la República, Eduardo Frei; el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso; la ex ministra de Obras Públicas, Loreto Silva; el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz y el consejero de la Corporación Chilena de la Madera, Roberto Pirazzoli.
En su presentación, Carlos Cruz detalló el contenido del documento -que fue entregado la semana pasada al Ministerio de Obras Públicas- señalando que sólo el conjunto de medidas de corto plazo que lo componen, demandan una inversión público-privada de US$7.000 millones y generarían 253.000 empleos.
Entre ellas destacan aumentar la construcción de vivienda social (entre 60 y 105 mil unidades); un programa de inversión en infraestructura urbana con sentido social (proyectos disponibles en municipios); inversión en vialidad secundaria y en obras de regadío menor y acelerar proyectos de empresas del Estado  con financiamiento propio: CODELCO; EFE y METRO.
En el ámbito de las concesiones, mencionó la posibilidad de activar mejoras de proyectos existentes, pagaderos con extensión de plazo; facilitar y acelerar proyectos concesionados en construcción y acceso a financiamiento a través del Fondo para la Recuperación (actual Fondo COVID).
El detalle de la propuesta puede ser revisada en el sitio web del CPI: https://www.infraestructurapublica.cl/plan-reactivacion-empleo/
Recuperar confianzas para reconstruir
“Hemos conversado con distintos actores; hay consenso en que debemos unirnos en un proyecto, está la voluntad de construir algo y ponerlo a disposición del país, pero para esto es necesario recuperar las confianzas. Es importante que nos pongamos metas a corto plazo, pensando incluso en el 2020, y de ahí ir probando y recuperando la capacidad de construir sueños comunes”, expresó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, al referirse a la manera de encarar la reconstrucción post crisis.
“Es muy relevante, además, poner el foco en la gente primero, no en la infraestructura.  Es cierto que tenemos que reactivar el empleo para recuperar las brechas que se han ido generando, y eso nos tomará años. Pero también  tenemos que hacernos cargo de los desafíos del desarrollo, y entre otros, es muy relevante el de las ciudades. Un 90% de la población vive en las urbes, y tenemos que desarrollar un plan para que tengan calidad y consideren a todos los habitantes, incluyendo a la tercera edad, por ejemplo. Esos deben ser nuestros focos”, añadió.
Por su parte, la exministra de OO.PP., Loreto Silva, se refirió a la magnitud de la crisis provocada por la pandemia, que obligó al Estado a adquirir facultades extraordinarias para abordarla desde lo institucional, y a sus efectos en diversos proyectos, en la ejecución de obras y en contratos que están en operación, principalmente de concesión, en distintas áreas de la economía. A abril -mencionó por ejemplo- solo en la Dirección de Vialidad, estaban paralizados 70 contratos.
“Es importante, de cara a la reactivación económica, no dilatar la solución de estas situaciones. Hay que rediseñar los contratos, y definir la forma de distribuir los riesgos de las obras en ejecución o en operación. Debemos buscar soluciones de conjunto, entre el Estado, los particulares y la sociedad, para hacernos cargo oportunamente de los problemas desde el punto de vista institucional. El Estado  tiene facultades para abordar esto con sentido de urgencia en lo inmediato, y en los próximos meses, generar una fuerza de trabajo que nos permita que todos estos contratos y obras que han sido afectadas tengan vías de solución con ejes comunes en lo conceptual”.
Loreto Silva se refirió, a modo de ejemplo, a la facultad del director general de obras públicas, que, por efecto del decreto Supremo 75, puede calificar el caso fortuito y determinar si procede una compensación en favor de los contratistas. Mencionó además que, en el caso de las concesiones, la legislación fue diseñada sobre la base del equilibrio de las prestaciones y dentro de este esquema, el riesgo debe ser distribuido de forma equitativa entre las dos partes y de acuerdo a quien tenga mejor capacidad de manejarlo adecuadamente.
“Pero hemos entrado en un clima de desconfianza y cuestionamientos en relación a este tipo de modificaciones y eso hace que la autoridad tome distancia y trate de no tomar este tipo de decisiones. Esto se puede traducir en términos anticipados o paralización permanente de obras, y esto no le hace bien ni al estado ni a los contratistas; y mucho menos, a los ciudadanos”, aseveró.
“El Estado tiene además otras facultades, como el marco jurídico general, que es aplicable en su relación con los particulares; los principios de la buena fe contractual,  de la equivalencia de las prestaciones, son principios  que se deben aplicar y utilizar al momento  de interpretar y ejecutar los contratos. Así lo están haciendo en otras partes del mundo, y hoy más que nunca, tenemos que recurrir a esos principios”, finalizó.
Aporte del sector forestal
Por su parte, el consejero de CORMA Roberto Pirazzoli, dio a conocer un cojunto de accesiones que apunta a generar 75.000 nuevos puestos de trabajo.
“El desafío -dijo- es plantar 20.000 ha. anuales y manejar otras 20.000 ha. de  Bosque Nativo, generando 15.000 puestos de trabajo, principalmente en comunas rurales, aportando con ello a las metas país de captura de carbono, potenciando lo social y ambiental”.
A esto se sumará la incorporación de 10.000 nuevas viviendas  en madera al año, generando 60.000 puestos de trabajo y desarrollo de las PYME regionales, las que podrían abastecer el mercado de la construcción en madera.
Añadió que desde el gremio están impulsando programas de capacitación para 14.000 trabajadores. Estos tienen como características ser intensos en mano obra; incorporar sueldo básico; formación dual y reconversión laboral para el futuro
Junto con ello, Pirazzoli agregó que es imprescindible mejorar la red de infraestructura de carga: vialidad (principal y secundaria); trenes; caminos rurales / generar proyectos asociativos público-privado; invertir en vías principales y puentes para vehículos de 75 ton carga y en nuevas vías ferroviarias y mejoramiento de la red actual, puentes y acceso a puertos.
Asimismo, enfatizó que es urgente avanzar en el acceso a agua potable en la zonas rurales del país. “En la macrozona forestal (Maule-Los Lagos) existen aproximadamente 730 mil personas sin agua y faltarían aproximadamente 1.800 APR por entregar”, comentó.
Al cerrar el evento, el presidente Eduardo Frei sostuvo que es preciso que converjan las diferentes propuestas para reactivar el país, que están presentando los distintas asociaciones empresariales y gremiales, de manera de avanzar y generar un consenso que permita salir de la profunda crisis que vivimos.
A continuación ponemos a su disposición las presentaciones de la jornada:

  • Carlos Cruz. “Reactivación y empleo, una propuesta desde la infraestructura” Ver presentación
  • Roberto Pirazzoli “Reactivación verde a un paso de la Economía Circular” Ver presentación

CUADERNO DEL CPI

INFRAESTRUCTURA: Claves para la recuperación del empleoVer Cuaderno

Fuente: CPI, Viernes 31 de Julio de 2020

CPI – Generar más empleo en el corto plazo, y contribuir al bienestar y productividad del país, en el mediano y largo plazo, son el foco de una propuesta que, desde la infraestructura, busca contribuir a superar la crisis que está afectando al país y que fue analizada en profundidad en un diálogo organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
En el evento, al que asistieron más de 160 personas, expusieron el presidente del CPI y ex presidente de la República, Eduardo Frei; el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso; la ex ministra de Obras Públicas, Loreto Silva; el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz y el consejero de la Corporación Chilena de la Madera, Roberto Pirazzoli.
En su presentación, Carlos Cruz detalló el contenido del documento -que fue entregado la semana pasada al Ministerio de Obras Públicas- señalando que sólo el conjunto de medidas de corto plazo que lo componen, demandan una inversión público-privada de US$7.000 millones y generarían 253.000 empleos.
Entre ellas destacan aumentar la construcción de vivienda social (entre 60 y 105 mil unidades); un programa de inversión en infraestructura urbana con sentido social (proyectos disponibles en municipios); inversión en vialidad secundaria y en obras de regadío menor y acelerar proyectos de empresas del Estado  con financiamiento propio: CODELCO; EFE y METRO.
En el ámbito de las concesiones, mencionó la posibilidad de activar mejoras de proyectos existentes, pagaderos con extensión de plazo; facilitar y acelerar proyectos concesionados en construcción y acceso a financiamiento a través del Fondo para la Recuperación (actual Fondo COVID).
El detalle de la propuesta puede ser revisada en el sitio web del CPI: https://www.infraestructurapublica.cl/plan-reactivacion-empleo/
Recuperar confianzas para reconstruir
“Hemos conversado con distintos actores; hay consenso en que debemos unirnos en un proyecto, está la voluntad de construir algo y ponerlo a disposición del país, pero para esto es necesario recuperar las confianzas. Es importante que nos pongamos metas a corto plazo, pensando incluso en el 2020, y de ahí ir probando y recuperando la capacidad de construir sueños comunes”, expresó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, al referirse a la manera de encarar la reconstrucción post crisis.
“Es muy relevante, además, poner el foco en la gente primero, no en la infraestructura.  Es cierto que tenemos que reactivar el empleo para recuperar las brechas que se han ido generando, y eso nos tomará años. Pero también  tenemos que hacernos cargo de los desafíos del desarrollo, y entre otros, es muy relevante el de las ciudades. Un 90% de la población vive en las urbes, y tenemos que desarrollar un plan para que tengan calidad y consideren a todos los habitantes, incluyendo a la tercera edad, por ejemplo. Esos deben ser nuestros focos”, añadió.
Por su parte, la exministra de OO.PP., Loreto Silva, se refirió a la magnitud de la crisis provocada por la pandemia, que obligó al Estado a adquirir facultades extraordinarias para abordarla desde lo institucional, y a sus efectos en diversos proyectos, en la ejecución de obras y en contratos que están en operación, principalmente de concesión, en distintas áreas de la economía. A abril -mencionó por ejemplo- solo en la Dirección de Vialidad, estaban paralizados 70 contratos.
“Es importante, de cara a la reactivación económica, no dilatar la solución de estas situaciones. Hay que rediseñar los contratos, y definir la forma de distribuir los riesgos de las obras en ejecución o en operación. Debemos buscar soluciones de conjunto, entre el Estado, los particulares y la sociedad, para hacernos cargo oportunamente de los problemas desde el punto de vista institucional. El Estado  tiene facultades para abordar esto con sentido de urgencia en lo inmediato, y en los próximos meses, generar una fuerza de trabajo que nos permita que todos estos contratos y obras que han sido afectadas tengan vías de solución con ejes comunes en lo conceptual”.
Loreto Silva se refirió, a modo de ejemplo, a la facultad del director general de obras públicas, que, por efecto del decreto Supremo 75, puede calificar el caso fortuito y determinar si procede una compensación en favor de los contratistas. Mencionó además que, en el caso de las concesiones, la legislación fue diseñada sobre la base del equilibrio de las prestaciones y dentro de este esquema, el riesgo debe ser distribuido de forma equitativa entre las dos partes y de acuerdo a quien tenga mejor capacidad de manejarlo adecuadamente.
“Pero hemos entrado en un clima de desconfianza y cuestionamientos en relación a este tipo de modificaciones y eso hace que la autoridad tome distancia y trate de no tomar este tipo de decisiones. Esto se puede traducir en términos anticipados o paralización permanente de obras, y esto no le hace bien ni al estado ni a los contratistas; y mucho menos, a los ciudadanos”, aseveró.
“El Estado tiene además otras facultades, como el marco jurídico general, que es aplicable en su relación con los particulares; los principios de la buena fe contractual,  de la equivalencia de las prestaciones, son principios  que se deben aplicar y utilizar al momento  de interpretar y ejecutar los contratos. Así lo están haciendo en otras partes del mundo, y hoy más que nunca, tenemos que recurrir a esos principios”, finalizó.
Aporte del sector forestal
Por su parte, el consejero de CORMA Roberto Pirazzoli, dio a conocer un cojunto de accesiones que apunta a generar 75.000 nuevos puestos de trabajo.
“El desafío -dijo- es plantar 20.000 ha. anuales y manejar otras 20.000 ha. de  Bosque Nativo, generando 15.000 puestos de trabajo, principalmente en comunas rurales, aportando con ello a las metas país de captura de carbono, potenciando lo social y ambiental”.
A esto se sumará la incorporación de 10.000 nuevas viviendas  en madera al año, generando 60.000 puestos de trabajo y desarrollo de las PYME regionales, las que podrían abastecer el mercado de la construcción en madera.
Añadió que desde el gremio están impulsando programas de capacitación para 14.000 trabajadores. Estos tienen como características ser intensos en mano obra; incorporar sueldo básico; formación dual y reconversión laboral para el futuro
Junto con ello, Pirazzoli agregó que es imprescindible mejorar la red de infraestructura de carga: vialidad (principal y secundaria); trenes; caminos rurales / generar proyectos asociativos público-privado; invertir en vías principales y puentes para vehículos de 75 ton carga y en nuevas vías ferroviarias y mejoramiento de la red actual, puentes y acceso a puertos.
Asimismo, enfatizó que es urgente avanzar en el acceso a agua potable en la zonas rurales del país. “En la macrozona forestal (Maule-Los Lagos) existen aproximadamente 730 mil personas sin agua y faltarían aproximadamente 1.800 APR por entregar”, comentó.
Al cerrar el evento, el presidente Eduardo Frei sostuvo que es preciso que converjan las diferentes propuestas para reactivar el país, que están presentando los distintas asociaciones empresariales y gremiales, de manera de avanzar y generar un consenso que permita salir de la profunda crisis que vivimos.
A continuación ponemos a su disposición las presentaciones de la jornada:

  • Carlos Cruz. “Reactivación y empleo, una propuesta desde la infraestructura” Ver presentación
  • Roberto Pirazzoli “Reactivación verde a un paso de la Economía Circular” Ver presentación

CUADERNO DEL CPI

INFRAESTRUCTURA: Claves para la recuperación del empleoVer Cuaderno

Fuente: CPI, Viernes 31 de Julio de 2020

TITULARES

X