Domingo, Octubre 13, 2024

Concesiones de desaladoras de agua son claves para enfrentar la creciente escasez hídrica

EL MERCURIO – En este momento, 7,6% de la población de Chile vive en una zona con decretos de escasez hídrica. Además, están en trámites los decretos para sumar a dos regiones más: la III y VII Región. La sequía se ha ido acrecentando geográficamente y muchos estudios dicen que aumentará con los años. Hasta el momento hay varios proyectos paralelos que buscan resolver esta situación, como las carreteras hídricas propuestas por Juan Sutil y Aquatacama, así como la red de embalses que lleva a cabo el Gobierno. No obstante, un estudio de la consultora en obras públicas CKC sostiene que “ninguna de estas alternativas es capaz de entregar el 100% de agua necesaria para cubrir el déficit en cada región”.
El estudio señala que la única alternativa que puede hacerlo es una red de plantas desaladoras de agua de mar, distribuidas en la larga costa chilena. A diferencia de las que ya se han instalado en Chile y que sirven principalmente a proyectos mineros, “la estrategia para enfrentar la sequía debe estar en plantas desaladoras multipropósito; esto es, que se diseñen para servir la necesidad de agua para el consumo, la agricultura y la minería”, dice José Antonio Ramírez, académico de la U. Católica y gerente general de CKC.
El estudio realizado por su oficina —en donde se incluye el cálculo del consumo, provisión y déficit de agua en cada región, así como los fundamentos tecnológicos, económicos y ambientales de las alternativas que se han presentado— concluye que son las plantas que transforman el agua de mar en potable las más eficientes. “Una planta desaladora requiere inversiones por unos US$ 200 millones y cinco años para empezar a producir”, dice Ramírez. “Para enfrentar la escasez de agua en las zonas actualmente decretadas como tal, se requiere, por tanto, una cifra que va entre US$ 800 y US$ 1.000 millones” (ver infografía).
Proyectos en marcha
Ramírez, quien trabajó en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y cuya empresa patrocina un proyecto de desalación en Coquimbo y que ha sido calificado de interés público, señala que otros recursos como las carreteras hídricas que se han propuesto tienen problemas difíciles de enfrentar. En el caso del proyecto de Juan Sutil, que propone una carretera hídrica que conecte las zonas con superávit de agua en el sur, con las deficitarias del norte, podría llegar a requerir inversiones por US$ 25.567 millones. Ramírez agrega que hay incertidumbre en la factibilidad de su desarrollo, porque “las zonas desde donde se espera extraer el agua pueden oponerse, pues pueden ser afectadas por la sequía en el futuro, sin contar con el impacto que puede tener con los regantes que van más abajo y que podrían ver su caudal afectado”. Además, dice, su construcción puede demorar hasta 40 años para canalizar cinco tramos que suman 3.900 km.
Del proyecto Aquatacama, que busca transportar agua desde el sur al norte por el mar, con una inversión de US$ 8.082 millones, señala que tiene otras incertidumbres. “Debe ser evaluado en su mérito, pero su análisis debe contemplar, adicionalmente, que se trata de tecnologías nuevas no probadas en Chile, y que en su caso se presentan como proveedor único para este recurso vital”, dice.
La construcción de la red de embalses, para la que el MOP prosigue un plan de construcción sobre US$ 6.000 millones, tiene la incertidumbre de la pluviometría, factor que incide en el almacenamiento necesario, además de que su construcción tarda, según reconoce el MOP, 13,5 años, y en la práctica de estos últimos decenios, más de 25 años”, dice Ramírez.
En este sentido, afirma que las plantas desaladoras se tratan de tecnologías probadas en Chile y en otros países, con diversos proveedores. Atraviesan, además, un proceso de innovación constante, que permite hacerlas más eficientes en el uso de la energía y en el desarrollo de las membranas, el sistema de tuberías submarino que permiten devolver la salmuera extraída del agua al mar sin afectar el ecosistema.
La desalación en cambio es una tecnología probada en varios países, como Arabia Saudí, España, Israel, Australia, Kuwait, y que ya funciona en Chile: hay capacidad instalada para producir 5,6 m{+3}/s y más de 6 m{+3}/s en desarrollo. “El problema es que esta capacidad está enfocada primordialmente a grandes proyectos mineros, con un cliente y uso único”, dice Ramírez. Esto no permite resolver la falta de abastecimiento para el consumo humano, la agricultura, los pequeños y medianos mineros y otros emprendimientos industriales. Esto, agrega, debe desarrollarse a través de alianzas público-privadas por medio del sistema de concesiones de obras públicas. “Este es el modelo que permite el desarrollo de desaladoras multipropósito y multiclientes, y que permite recibir subsidios, generar economías de escala y ordenamiento del borde costero”.

Concluye que las grandes revoluciones recientes en infraestructura que ha tenido Chile han venido por este mecanismo, como lo han sido las carreteras y la energía renovable. “Chile requiere una revolución en la infraestructura de provisión del agua, y esto tiene que impulsarse a través del sistema de concesiones”.
Fuente: El Mercurio,  Jueves 19 de Septiembre de 2019

EL MERCURIO – En este momento, 7,6% de la población de Chile vive en una zona con decretos de escasez hídrica. Además, están en trámites los decretos para sumar a dos regiones más: la III y VII Región. La sequía se ha ido acrecentando geográficamente y muchos estudios dicen que aumentará con los años. Hasta el momento hay varios proyectos paralelos que buscan resolver esta situación, como las carreteras hídricas propuestas por Juan Sutil y Aquatacama, así como la red de embalses que lleva a cabo el Gobierno. No obstante, un estudio de la consultora en obras públicas CKC sostiene que “ninguna de estas alternativas es capaz de entregar el 100% de agua necesaria para cubrir el déficit en cada región”.
El estudio señala que la única alternativa que puede hacerlo es una red de plantas desaladoras de agua de mar, distribuidas en la larga costa chilena. A diferencia de las que ya se han instalado en Chile y que sirven principalmente a proyectos mineros, “la estrategia para enfrentar la sequía debe estar en plantas desaladoras multipropósito; esto es, que se diseñen para servir la necesidad de agua para el consumo, la agricultura y la minería”, dice José Antonio Ramírez, académico de la U. Católica y gerente general de CKC.
El estudio realizado por su oficina —en donde se incluye el cálculo del consumo, provisión y déficit de agua en cada región, así como los fundamentos tecnológicos, económicos y ambientales de las alternativas que se han presentado— concluye que son las plantas que transforman el agua de mar en potable las más eficientes. “Una planta desaladora requiere inversiones por unos US$ 200 millones y cinco años para empezar a producir”, dice Ramírez. “Para enfrentar la escasez de agua en las zonas actualmente decretadas como tal, se requiere, por tanto, una cifra que va entre US$ 800 y US$ 1.000 millones” (ver infografía).
Proyectos en marcha
Ramírez, quien trabajó en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y cuya empresa patrocina un proyecto de desalación en Coquimbo y que ha sido calificado de interés público, señala que otros recursos como las carreteras hídricas que se han propuesto tienen problemas difíciles de enfrentar. En el caso del proyecto de Juan Sutil, que propone una carretera hídrica que conecte las zonas con superávit de agua en el sur, con las deficitarias del norte, podría llegar a requerir inversiones por US$ 25.567 millones. Ramírez agrega que hay incertidumbre en la factibilidad de su desarrollo, porque “las zonas desde donde se espera extraer el agua pueden oponerse, pues pueden ser afectadas por la sequía en el futuro, sin contar con el impacto que puede tener con los regantes que van más abajo y que podrían ver su caudal afectado”. Además, dice, su construcción puede demorar hasta 40 años para canalizar cinco tramos que suman 3.900 km.
Del proyecto Aquatacama, que busca transportar agua desde el sur al norte por el mar, con una inversión de US$ 8.082 millones, señala que tiene otras incertidumbres. “Debe ser evaluado en su mérito, pero su análisis debe contemplar, adicionalmente, que se trata de tecnologías nuevas no probadas en Chile, y que en su caso se presentan como proveedor único para este recurso vital”, dice.
La construcción de la red de embalses, para la que el MOP prosigue un plan de construcción sobre US$ 6.000 millones, tiene la incertidumbre de la pluviometría, factor que incide en el almacenamiento necesario, además de que su construcción tarda, según reconoce el MOP, 13,5 años, y en la práctica de estos últimos decenios, más de 25 años”, dice Ramírez.
En este sentido, afirma que las plantas desaladoras se tratan de tecnologías probadas en Chile y en otros países, con diversos proveedores. Atraviesan, además, un proceso de innovación constante, que permite hacerlas más eficientes en el uso de la energía y en el desarrollo de las membranas, el sistema de tuberías submarino que permiten devolver la salmuera extraída del agua al mar sin afectar el ecosistema.
La desalación en cambio es una tecnología probada en varios países, como Arabia Saudí, España, Israel, Australia, Kuwait, y que ya funciona en Chile: hay capacidad instalada para producir 5,6 m{+3}/s y más de 6 m{+3}/s en desarrollo. “El problema es que esta capacidad está enfocada primordialmente a grandes proyectos mineros, con un cliente y uso único”, dice Ramírez. Esto no permite resolver la falta de abastecimiento para el consumo humano, la agricultura, los pequeños y medianos mineros y otros emprendimientos industriales. Esto, agrega, debe desarrollarse a través de alianzas público-privadas por medio del sistema de concesiones de obras públicas. “Este es el modelo que permite el desarrollo de desaladoras multipropósito y multiclientes, y que permite recibir subsidios, generar economías de escala y ordenamiento del borde costero”.

Concluye que las grandes revoluciones recientes en infraestructura que ha tenido Chile han venido por este mecanismo, como lo han sido las carreteras y la energía renovable. “Chile requiere una revolución en la infraestructura de provisión del agua, y esto tiene que impulsarse a través del sistema de concesiones”.
Fuente: El Mercurio,  Jueves 19 de Septiembre de 2019

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