Lunes, Junio 21, 2021

Competencias traspasadas a regiones

EL MERCURIO – La semana pasada ingresaron a Contraloría los decretos que definen los primeros traspasos de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Cabe recordar que, junto con la ley que definió la elección directa de gobernadores regionales, se acordó otra normativa que estableció un traspaso de competencias en tres áreas: ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. El proceso definitivo comenzará en 2022 y, por tanto, el traspaso actual es tentativo. Son competencias que serán gestionadas por los intendentes hasta que asuman en propiedad las autoridades elegidas, a comienzos de 2021. Su elección se realizará, en conjunto con la municipal, en octubre de 2020.
De acuerdo con los decretos, son quince las funciones -actualmente en manos de los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, y Transporte y Telecomunicaciones- que serán traspasadas. Se trata de competencias relativamente acotadas, pero relevantes para regiones, como la definición de los planes reguladores metropolitanos, restricciones vehiculares y asignación de distintos fondos orientados al emprendimiento. Diferentes voces de la oposición han sostenido que ellas serían insuficientes, pero las experiencias internacionales sugieren que es prudente avanzar de modo pausado en los procesos de descentralización; ejemplos en contrario han producido resultados negativos y significado retrocesos posteriores. Esto, no solo en países emergentes, sino que también en naciones desarrolladas. El caso de Francia es una muestra al respecto.
La prudencia es aún más recomendable si se tiene en mente que no se han definido criterios razonables para traspasar recursos a regiones y menos un marco de gestión que asegure su manejo responsable. El control fiscal del gobierno central es un gran activo de nuestra política macroeconómica y sería muy costoso que ello quedara en entredicho como consecuencia de una descentralización mal concebida. Al respecto, hay dos dimensiones complejas. Por una parte, determinar el costo efectivo de ejecutar todas las competencias traspasadas. Errores en este proceso generarán un conflicto permanente con las autoridades regionales. Por otra, y esto es más preocupante, existe la posibilidad de que esas autoridades sobreejecuten de manera sistemática estos presupuestos, de una manera similar a como ocurre hoy en salud, si no se aseguran controles de gestión e incentivos apropiados. Ello puede conducir a un complejo deterioro de la realidad fiscal. En un país federal, las responsabilidades fiscales, a pesar de que no siempre es lo que ocurre, se pueden acotar mejor. En una república unitaria como la nuestra no es evidente cómo hacerlo. La autoridad regional siempre intentará derivar la responsabilidad en esta materia a la autoridad central.
Tampoco es evidente que las competencias que se traspasen sean bien ejecutadas en regiones. El Estado central ha adquirido a través del tiempo una capacidad de gestión que no es fácilmente replicable. En particular, porque no es claro que el capital humano necesario para ejecutar estas funciones se encuentre hoy disponible en regiones. Además, se pierden las economías de escala y de ámbito que se pueden haber desarrollado en el nivel central. Por cierto, es posible imaginar muchas funciones que los gobiernos regionales debieran estar teóricamente en mejor pie para llevar adelante, pero si no cuentan con las capacidades, ese ejercicio carece de sustancia.
Todo esto hace pensar que un avance muy gradual es el mejor camino y, en ese sentido, la decisión gubernamental, más allá de afinamientos eventuales, es adecuada. Por cierto, si algo compartirán las futuras autoridades regionales será el reclamo por la supuesta insuficiencia de sus atribuciones y recursos. Por eso, es incomprensible que se haya decidido legislar que las elecciones ocurran un año antes de las parlamentarias y presidenciales. Hay un riesgo enorme de presiones hacia las distintas candidaturas por parte de las nuevas autoridades regionales, un proceso que no es sano para el funcionamiento de la democracia, y tampoco para un recorrido prudente en el proceso de descentralización.
Ver artículo
Fuente: El Mercurio, martes 19 de febrero de 2019

EL MERCURIO – La semana pasada ingresaron a Contraloría los decretos que definen los primeros traspasos de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Cabe recordar que, junto con la ley que definió la elección directa de gobernadores regionales, se acordó otra normativa que estableció un traspaso de competencias en tres áreas: ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. El proceso definitivo comenzará en 2022 y, por tanto, el traspaso actual es tentativo. Son competencias que serán gestionadas por los intendentes hasta que asuman en propiedad las autoridades elegidas, a comienzos de 2021. Su elección se realizará, en conjunto con la municipal, en octubre de 2020.
De acuerdo con los decretos, son quince las funciones -actualmente en manos de los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, y Transporte y Telecomunicaciones- que serán traspasadas. Se trata de competencias relativamente acotadas, pero relevantes para regiones, como la definición de los planes reguladores metropolitanos, restricciones vehiculares y asignación de distintos fondos orientados al emprendimiento. Diferentes voces de la oposición han sostenido que ellas serían insuficientes, pero las experiencias internacionales sugieren que es prudente avanzar de modo pausado en los procesos de descentralización; ejemplos en contrario han producido resultados negativos y significado retrocesos posteriores. Esto, no solo en países emergentes, sino que también en naciones desarrolladas. El caso de Francia es una muestra al respecto.
La prudencia es aún más recomendable si se tiene en mente que no se han definido criterios razonables para traspasar recursos a regiones y menos un marco de gestión que asegure su manejo responsable. El control fiscal del gobierno central es un gran activo de nuestra política macroeconómica y sería muy costoso que ello quedara en entredicho como consecuencia de una descentralización mal concebida. Al respecto, hay dos dimensiones complejas. Por una parte, determinar el costo efectivo de ejecutar todas las competencias traspasadas. Errores en este proceso generarán un conflicto permanente con las autoridades regionales. Por otra, y esto es más preocupante, existe la posibilidad de que esas autoridades sobreejecuten de manera sistemática estos presupuestos, de una manera similar a como ocurre hoy en salud, si no se aseguran controles de gestión e incentivos apropiados. Ello puede conducir a un complejo deterioro de la realidad fiscal. En un país federal, las responsabilidades fiscales, a pesar de que no siempre es lo que ocurre, se pueden acotar mejor. En una república unitaria como la nuestra no es evidente cómo hacerlo. La autoridad regional siempre intentará derivar la responsabilidad en esta materia a la autoridad central.
Tampoco es evidente que las competencias que se traspasen sean bien ejecutadas en regiones. El Estado central ha adquirido a través del tiempo una capacidad de gestión que no es fácilmente replicable. En particular, porque no es claro que el capital humano necesario para ejecutar estas funciones se encuentre hoy disponible en regiones. Además, se pierden las economías de escala y de ámbito que se pueden haber desarrollado en el nivel central. Por cierto, es posible imaginar muchas funciones que los gobiernos regionales debieran estar teóricamente en mejor pie para llevar adelante, pero si no cuentan con las capacidades, ese ejercicio carece de sustancia.
Todo esto hace pensar que un avance muy gradual es el mejor camino y, en ese sentido, la decisión gubernamental, más allá de afinamientos eventuales, es adecuada. Por cierto, si algo compartirán las futuras autoridades regionales será el reclamo por la supuesta insuficiencia de sus atribuciones y recursos. Por eso, es incomprensible que se haya decidido legislar que las elecciones ocurran un año antes de las parlamentarias y presidenciales. Hay un riesgo enorme de presiones hacia las distintas candidaturas por parte de las nuevas autoridades regionales, un proceso que no es sano para el funcionamiento de la democracia, y tampoco para un recorrido prudente en el proceso de descentralización.
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Fuente: El Mercurio, martes 19 de febrero de 2019

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