Domingo, Mayo 16, 2021

Ciudades más justas y equitativas, por Pablo Contrucci

EL MERCURIO – Ayer se publicó una carta de diputados y una consejera regional electos, un coordinador territorial, todos de Revolución Democrática, y una dirigenta del movimiento Ukamau de Estación Central, en la que vierten opiniones sobre la recién aprobada Ley de Transparencia del Mercado del Suelo e Incrementos de Valor por Ampliaciones del Límite Urbano, e incluso recomiendan al Gobierno detener su promulgación. Los suscriptores de la carta cometen varios errores.

Primero, esta ley no se refiere a los permisos de edificación; la única referencia es la obligación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para promover la transparencia del mercado del suelo, de mantener un observatorio sobre el estado de tramitación de los permisos de urbanización y de edificación en cada municipalidad, y la obligación de identificar los permisos de las viviendas obtenidas por incentivos de integración social.

Segundo, esta ley no tiene un efecto retroactivo respecto de permisos mal otorgados, como señalan los autores que ocurriría en casos de Estación Central, ni mucho menos condona ilegalidades, blanquea inmobiliarias ni la actuación de funcionarios públicos.

Lo que sí hace la ley es disponer normas urbanísticas que aplican supletoriamente en territorios sin planificación comunal o seccional (como ocurre en un sector de Estación Central). Así, por ejemplo, dispone que no se podrá superar la altura promedio de los edificios ya construidos en las manzanas edificadas, con un máximo de 10 pisos. Es decir, si se piensa que con esta ley se pueden blanquear las edificaciones de 40 pisos que la Contraloría declaró ilegales, se comete un error.

Además, ordena los incentivos urbanísticos que desde hace mucho tiempo contienen los planes reguladores. Estos mecanismos son utilizados en normativas modernas en muchas partes del mundo; son una herramienta privilegiada para que la planificación urbana se plasme en un modelo de ciudad real y no quede solo en el papel.

Abogar para que esta ley no se promulgue basándose en una confusión de este tipo solo genera daño. Especialmente, porque esta ley ha tenido como foco conseguir que nuestras ciudades sean más justas, equitativas, saludables.

Pablo Contrucci Lira

Jefe de División de Desarrollo Urbano Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Ver columna

Fuente: El Mercurio, Martes 30 de enero de 2018

EL MERCURIO – Ayer se publicó una carta de diputados y una consejera regional electos, un coordinador territorial, todos de Revolución Democrática, y una dirigenta del movimiento Ukamau de Estación Central, en la que vierten opiniones sobre la recién aprobada Ley de Transparencia del Mercado del Suelo e Incrementos de Valor por Ampliaciones del Límite Urbano, e incluso recomiendan al Gobierno detener su promulgación. Los suscriptores de la carta cometen varios errores.

Primero, esta ley no se refiere a los permisos de edificación; la única referencia es la obligación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para promover la transparencia del mercado del suelo, de mantener un observatorio sobre el estado de tramitación de los permisos de urbanización y de edificación en cada municipalidad, y la obligación de identificar los permisos de las viviendas obtenidas por incentivos de integración social.

Segundo, esta ley no tiene un efecto retroactivo respecto de permisos mal otorgados, como señalan los autores que ocurriría en casos de Estación Central, ni mucho menos condona ilegalidades, blanquea inmobiliarias ni la actuación de funcionarios públicos.

Lo que sí hace la ley es disponer normas urbanísticas que aplican supletoriamente en territorios sin planificación comunal o seccional (como ocurre en un sector de Estación Central). Así, por ejemplo, dispone que no se podrá superar la altura promedio de los edificios ya construidos en las manzanas edificadas, con un máximo de 10 pisos. Es decir, si se piensa que con esta ley se pueden blanquear las edificaciones de 40 pisos que la Contraloría declaró ilegales, se comete un error.

Además, ordena los incentivos urbanísticos que desde hace mucho tiempo contienen los planes reguladores. Estos mecanismos son utilizados en normativas modernas en muchas partes del mundo; son una herramienta privilegiada para que la planificación urbana se plasme en un modelo de ciudad real y no quede solo en el papel.

Abogar para que esta ley no se promulgue basándose en una confusión de este tipo solo genera daño. Especialmente, porque esta ley ha tenido como foco conseguir que nuestras ciudades sean más justas, equitativas, saludables.

Pablo Contrucci Lira

Jefe de División de Desarrollo Urbano Ministerio de Vivienda y Urbanismo

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Fuente: El Mercurio, Martes 30 de enero de 2018

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