Lunes, Mayo 27, 2024

Carlos Cruz: “Es tal vez el mayor emprendimiento público de los últimos 30 años”

CARLOS CRUZ
Ministro de Obras Públicas 2000 – 2002

¿Cuál es su evaluación a nivel general del sistema de concesiones que comenzó a operar en 1993 con la adjudicación del Túnel El Melón?

Es tal vez el mayor emprendimiento público de los últimos 30 años. Haber logrado ampliar los activos del Estado para prestarle servicios a la comunidad por cerca de 30 mil millones de dólares es, sin lugar a duda, un gran logro. Es por ello que sostengo que esta forma de apalancamiento en el sector privado para este propósito ha sido muy virtuosa.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema actualmente? ¿qué problemas observa?

Son numerosos los desafíos. La experiencia de los últimos 30 años es muy ilustrativa de lo que hay que hacer para proyectar este emprendimiento hacia el futuro. Sólo para señalar algunos: es muy importante que el Estado recupere el liderazgo que le corresponde en este emprendimiento. Cuando se trata de infraestructura para servir al público no puede ser el socio privado el que tenga el liderazgo. Esto significa que es el Estado el que debe identificar los proyectos que se deberán poner a disposición de la comunidad, decidir qué proyectos son los que deben llevarse a cabo en los años venideros, cuáles son las características de esas obras orientadas a optimizar la prestación de servicios a la comunidad, la localización de las mismas, cómo las recibe la comunidad, las medidas ambientales que se deben cumplir, entre otras.

Debe ayudar al socio privado para que todo esto se haga en el menor plazo posible, de modo que sus posibles usuarios puedan beneficiarse sin grandes costos de espera. En los proyectos tarificados, debe ser el Estado el que define las tarifas, sus reajustes, las multas por no pago. Es el Estado el que debe velar porque las obras que el socio privado se compromete a llevar a cabo se hagan en apego al compromiso adquirido al igual que los servicios que este debe prestar a sus usuarios y a la comunidad.

Y cuando hay aumentos de precios que van más allá de lo que es posible anticipar en su momento, debe ser el Estado el que busque la forma de compensar a su socio privado de modo de no transferirle a este el efecto inflación. Todo esto en un contexto en que el socio privado se disponga positivamente a aportar con sus recursos, experiencia, capacidades, tecnología y pueda rentabilizar razonablemente sus inversiones, de acuerdo a los riesgos que asume. Sostengo que es muy importante revisar la experiencia y aprender de ella para proyectar esta forma de asociación hacia el futuro.

¿Se deben fortalecer los equipos técnicos de la Dirección de Concesiones?

Para hacer lo que estoy proponiendo es necesario contar con una institucionalidad pública acorde al desafío que nos proponemos. Mi impresión es que hoy esa institucionalidad no es la adecuada y hay que reforzarla. Distinto es tener que compartir, en nombre del Estado, con una industria que representa más de 30 mil millones de activos y que proyecta inversiones adicionales por otros 10 mil millones de dólares, que es lo que significó poner en marcha esta industria hasta principios de los 2000.

¿Cuál es el aporte y qué modificaciones debe tener el Panel de Concesiones?

El Panel de Expertos es fundamental para intentar objetivar las controversias entre el socio Estado y su socio privado. Es natural que existan controversias porque ambos tienen funciones objetivo diferentes que deben expresarse en un contrato. Estos nunca pueden recoger todo lo que se pretende; siempre hay contingencias que complejizan la relación.  Por lo tanto, una instancia que medie entre ambos buscando un encuentro virtuoso para la marcha del proyecto es fundamental. Para ello el Panel debe contar con más capacidad propia para emitir opinión. Eso supone, fundamentalmente, recursos para generar información independiente.

¿Qué evaluación tiene del Consejo de Concesiones?

Es una creación importante en la medida que vaya más allá del rol que se le ha asignado. Hoy opera como analista y evaluador de proyectos de iniciativa privada que aspiran a ser llevados a cabo a través del sistema de concesiones. No debe renunciar a ello, pero antes de eso, es muy importante que el Consejo tenga una visión de lo que el Estado pretende en materia de infraestructura de servicios públicos. Si no cuenta con esa visión, es muy difícil que pueda evaluar el aporte de una iniciativa que provenga del sector privado. Por lo tanto, el Consejo debe involucrarse en la mirada estratégica del sector, las diferentes áreas a desarrollar, los criterios para optar por financiamiento público, privado o mixto, entre otras. A partir de esa mirada, debe ser un apoyo para las autoridades responsables de los contratos de concesiones, aportando con su visión.

¿Qué piensa de la propuesta del CPI de crear una Comisión Asesora de Políticas de Infraestructura Nacional?

Me siento muy comprometido con esa propuesta. Es preciso destacar que esta surge de una serie de recomendaciones dadas por la OCDE, el BID, la Comisión Nacional de Productividad, entre otras. Lo que nosotros hemos hecho como CPI ha sido difundirla. Seguiremos en ello de modo de conseguir un amplio acuerdo y el patrocinio del Ejecutivo para que en un plazo razonable pueda transformarse en realidad.

¿Qué obras de infraestructura resultan relevantes de concretar mirando las próximas décadas?

Hay que seguir adelante con el soporte que a través del sistema de concesiones se le da a la infraestructura logística. Esto supone continuar con la ampliación de nuestra red vial, la que necesariamente debe complementarse con la ampliación de la red vial financiada con recursos públicos; con el mejoramiento y expansión de nuestra red ferroviaria, especialmente, en el área de influencia de EFE. Tal como se está pensando mejorar el servicio entre Santiago y Valparaíso a través del sistema de concesiones, es posible hacerlo para toda la red de carga, hoy bastante rezagada para lo que el país requiere. No hay que olvidar que la carga transportada por la red EFE hoy es casi un 20% menos que hace 10 años y en buena medida ello se debe a la carencia de infraestructura adecuada.

El sistema de concesiones puede ser muy útil también para resolver el problema de congestión en algunas ciudades de mayor densidad, como corredores de transporte público, rutas circunvalares, sistemas de tranvías, trenes de acercamiento y teleféricos, donde corresponda. De igual forma, el sistema debiera utilizarse por parte del Estado para ver cómo resolver la carencia de infraestructura en otros servicios como son los hospitales, las cárceles, la infraestructura para la educación, para la cultura, para la buena prestación de los servicios de los gobiernos regionales, entre otras.

Dadas las limitaciones presupuestarias del Estado ¿qué nuevas áreas podrían sumarse al sistema de APP?

Mi impresión es que lo más urgente es resolver el tremendo problema estructural que está viviendo Chile como consecuencia de la carencia de agua en la zona centro norte y centro sur. Esta es la zona más densamente poblada, la más productiva y la de mayor relevancia para el desarrollo nacional. El problema es que se está quedando sin agua y así no podrá seguir funcionando como corresponde. Tenemos agua de mar relativamente cerca de las zonas de mayor consumo; contamos con una luminosidad que puede transformarse en energía y el desarrollo tecnológico hoy hace posible la desalinización de agua a un menor costo. Las prevenciones ambientales son susceptibles de mediatizarse a través de las propias tecnologías que se han desarrollado. Por lo tanto, este debiera ser el sector prioritario en el cual el Estado debiera focalizar un nuevo emprendimiento en asociación con el sector privado.

CARLOS CRUZ
Ministro de Obras Públicas 2000 – 2002

¿Cuál es su evaluación a nivel general del sistema de concesiones que comenzó a operar en 1993 con la adjudicación del Túnel El Melón?

Es tal vez el mayor emprendimiento público de los últimos 30 años. Haber logrado ampliar los activos del Estado para prestarle servicios a la comunidad por cerca de 30 mil millones de dólares es, sin lugar a duda, un gran logro. Es por ello que sostengo que esta forma de apalancamiento en el sector privado para este propósito ha sido muy virtuosa.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema actualmente? ¿qué problemas observa?

Son numerosos los desafíos. La experiencia de los últimos 30 años es muy ilustrativa de lo que hay que hacer para proyectar este emprendimiento hacia el futuro. Sólo para señalar algunos: es muy importante que el Estado recupere el liderazgo que le corresponde en este emprendimiento. Cuando se trata de infraestructura para servir al público no puede ser el socio privado el que tenga el liderazgo. Esto significa que es el Estado el que debe identificar los proyectos que se deberán poner a disposición de la comunidad, decidir qué proyectos son los que deben llevarse a cabo en los años venideros, cuáles son las características de esas obras orientadas a optimizar la prestación de servicios a la comunidad, la localización de las mismas, cómo las recibe la comunidad, las medidas ambientales que se deben cumplir, entre otras.

Debe ayudar al socio privado para que todo esto se haga en el menor plazo posible, de modo que sus posibles usuarios puedan beneficiarse sin grandes costos de espera. En los proyectos tarificados, debe ser el Estado el que define las tarifas, sus reajustes, las multas por no pago. Es el Estado el que debe velar porque las obras que el socio privado se compromete a llevar a cabo se hagan en apego al compromiso adquirido al igual que los servicios que este debe prestar a sus usuarios y a la comunidad.

Y cuando hay aumentos de precios que van más allá de lo que es posible anticipar en su momento, debe ser el Estado el que busque la forma de compensar a su socio privado de modo de no transferirle a este el efecto inflación. Todo esto en un contexto en que el socio privado se disponga positivamente a aportar con sus recursos, experiencia, capacidades, tecnología y pueda rentabilizar razonablemente sus inversiones, de acuerdo a los riesgos que asume. Sostengo que es muy importante revisar la experiencia y aprender de ella para proyectar esta forma de asociación hacia el futuro.

¿Se deben fortalecer los equipos técnicos de la Dirección de Concesiones?

Para hacer lo que estoy proponiendo es necesario contar con una institucionalidad pública acorde al desafío que nos proponemos. Mi impresión es que hoy esa institucionalidad no es la adecuada y hay que reforzarla. Distinto es tener que compartir, en nombre del Estado, con una industria que representa más de 30 mil millones de activos y que proyecta inversiones adicionales por otros 10 mil millones de dólares, que es lo que significó poner en marcha esta industria hasta principios de los 2000.

¿Cuál es el aporte y qué modificaciones debe tener el Panel de Concesiones?

El Panel de Expertos es fundamental para intentar objetivar las controversias entre el socio Estado y su socio privado. Es natural que existan controversias porque ambos tienen funciones objetivo diferentes que deben expresarse en un contrato. Estos nunca pueden recoger todo lo que se pretende; siempre hay contingencias que complejizan la relación.  Por lo tanto, una instancia que medie entre ambos buscando un encuentro virtuoso para la marcha del proyecto es fundamental. Para ello el Panel debe contar con más capacidad propia para emitir opinión. Eso supone, fundamentalmente, recursos para generar información independiente.

¿Qué evaluación tiene del Consejo de Concesiones?

Es una creación importante en la medida que vaya más allá del rol que se le ha asignado. Hoy opera como analista y evaluador de proyectos de iniciativa privada que aspiran a ser llevados a cabo a través del sistema de concesiones. No debe renunciar a ello, pero antes de eso, es muy importante que el Consejo tenga una visión de lo que el Estado pretende en materia de infraestructura de servicios públicos. Si no cuenta con esa visión, es muy difícil que pueda evaluar el aporte de una iniciativa que provenga del sector privado. Por lo tanto, el Consejo debe involucrarse en la mirada estratégica del sector, las diferentes áreas a desarrollar, los criterios para optar por financiamiento público, privado o mixto, entre otras. A partir de esa mirada, debe ser un apoyo para las autoridades responsables de los contratos de concesiones, aportando con su visión.

¿Qué piensa de la propuesta del CPI de crear una Comisión Asesora de Políticas de Infraestructura Nacional?

Me siento muy comprometido con esa propuesta. Es preciso destacar que esta surge de una serie de recomendaciones dadas por la OCDE, el BID, la Comisión Nacional de Productividad, entre otras. Lo que nosotros hemos hecho como CPI ha sido difundirla. Seguiremos en ello de modo de conseguir un amplio acuerdo y el patrocinio del Ejecutivo para que en un plazo razonable pueda transformarse en realidad.

¿Qué obras de infraestructura resultan relevantes de concretar mirando las próximas décadas?

Hay que seguir adelante con el soporte que a través del sistema de concesiones se le da a la infraestructura logística. Esto supone continuar con la ampliación de nuestra red vial, la que necesariamente debe complementarse con la ampliación de la red vial financiada con recursos públicos; con el mejoramiento y expansión de nuestra red ferroviaria, especialmente, en el área de influencia de EFE. Tal como se está pensando mejorar el servicio entre Santiago y Valparaíso a través del sistema de concesiones, es posible hacerlo para toda la red de carga, hoy bastante rezagada para lo que el país requiere. No hay que olvidar que la carga transportada por la red EFE hoy es casi un 20% menos que hace 10 años y en buena medida ello se debe a la carencia de infraestructura adecuada.

El sistema de concesiones puede ser muy útil también para resolver el problema de congestión en algunas ciudades de mayor densidad, como corredores de transporte público, rutas circunvalares, sistemas de tranvías, trenes de acercamiento y teleféricos, donde corresponda. De igual forma, el sistema debiera utilizarse por parte del Estado para ver cómo resolver la carencia de infraestructura en otros servicios como son los hospitales, las cárceles, la infraestructura para la educación, para la cultura, para la buena prestación de los servicios de los gobiernos regionales, entre otras.

Dadas las limitaciones presupuestarias del Estado ¿qué nuevas áreas podrían sumarse al sistema de APP?

Mi impresión es que lo más urgente es resolver el tremendo problema estructural que está viviendo Chile como consecuencia de la carencia de agua en la zona centro norte y centro sur. Esta es la zona más densamente poblada, la más productiva y la de mayor relevancia para el desarrollo nacional. El problema es que se está quedando sin agua y así no podrá seguir funcionando como corresponde. Tenemos agua de mar relativamente cerca de las zonas de mayor consumo; contamos con una luminosidad que puede transformarse en energía y el desarrollo tecnológico hoy hace posible la desalinización de agua a un menor costo. Las prevenciones ambientales son susceptibles de mediatizarse a través de las propias tecnologías que se han desarrollado. Por lo tanto, este debiera ser el sector prioritario en el cual el Estado debiera focalizar un nuevo emprendimiento en asociación con el sector privado.

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