Domingo, Febrero 5, 2023

XLV Diálogo del CPI – Activación de inversiones en infraestructura exige recomponer confianzas público-privadas

CPI – En diálogo organizado por el CPI, en el que participaron más de 70 actores vinculados a la industria, se analizaron los mecanismos que podrían ponerse en marcha para reactivar al sector de la infraestructura y a la economía nacional post pandemia.
Una actitud del Estado que motive y facilite las inversiones, así como la recomposición de las confianzas entre los sectores público y privados, serán factores decisivos para reactivar los proyectos de infraestructura y, por ende, la economía del país. Esa fue una de las conclusiones centrales del segundo diálogo -en línea- realizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
El encuentro, en el que participaron más de 70 personas vinculadas a la industria, abordó las oportunidades de financiamiento privado de infraestructura de uso público y las restricciones para la reactivación económica. El expositor principal fue el gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, cuya presentación fue comentada por Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal; Arturo Cifuentes, investigador de Caples-UC, y Antonio Silveira, vicepresidente del área de Infraestructura del Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF).
Al analizar la situación país, Javier Hurtado destacó que el impacto de la crisis social y la crisis sanitaria en el PIB no tiene precedente alguno y que los niveles de incertidumbre económica y el deterioro de las expectativas de los empresarios han alcanzado récords históricos.
“Hay un riesgo inminente -advirtió- de que se produzca una crisis de confianza que agrave aún más el efecto del coronavirus en el ciclo económico”.
Comentó que el significativo deterioro de las expectativas de los empresarios de la construcción, y el entorno de elevada incertidumbre acerca de la profundidad de la crisis sanitaria, explica que para este año se espere una importante caída de la inversión en construcción esperada, la que se proyecta entre -9,5% y -11,5%.
El representante de la CChC estima que las medidas de cuarentena, aplicadas por el gobierno para reducir el nivel de contagios por Covid-19, se han traducido en detención de numerosos proyectos de infraestructura e inmobiliarios.
A esto se suma que las reasignaciones presupuestarias, para atender las demandas sociales, significarán una caída de 7% en la inversión fiscal en infraestructura de uso público.
Dado este escenario desfavorable, Hurtado enfatizó que la actitud del Estado, en especial de los ministerios vinculados con inversión pública, debe ser motivadora y facilitadora de la inversión privada. “Urge recuperar las confianzas en las relaciones público-privado”, señaló.
En la actualidad, dijo, y desde hace ya algún tiempo, las relaciones contractuales entre el Estado y contratistas privados -en particular para el desarrollo y ejecución de obras públicas- no es la mejor.
Así lo confirma la última Encuesta de Conflictividad Mandante–Contratista, donde 81% de los contratos celebrados -entre empresas privadas y su cliente más habitual que es el sector público- tuvieron algún tipo de divergencia. “Este indicador es el más alto respecto a otro tipo de mandantes, por lo que se puede desprender que existe una cierta percepción de desconfianza en cuanto a sobrellevar relaciones armónicas entre ambas partes”, explicó.
Mecanismos de inversión
En esta línea, propuso generar una estrategia de recuperación, considerando que por cada 10% que aumenta la inversión en infraestructura
de uso público, el Producto Interno Bruto crece en promedio 1,7% en términos per cápita.
Esta estrategia debería priorizar las inversiones en infraestructura de uso público que se encuentran deficitarias. Por ejemplo, ampliar la cobertura sanitaria para resolver el actual descalce presente entre áreas urbanas y áreas de concesión sanitaria, concesionando servicios de agua potable y alcantarillado.
Para ello se podrían utilizar la actual ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC); el Fondo de Infraestructura y la Ley de Concesiones de Obra Pública que se ha utilizado para el desarrollo de carreteras, aeropuertos, hospitales y cárceles. Hurtado estimó que podría ampliarse su aplicación en cobertura y aceptación, agregando otras métricas asociadas a estándares de servicio, tales como servicialidad de las obras y disponibilidad de estas, por ejemplo.
“Dado el actual contexto en materia de política fiscal resulta muy difícil ampliar el uso de recursos públicos para efectos del desarrollo de infraestructura de uso público. Este contexto genera la oportunidad de continuar profundizando las Alianzas Público-Privadas (APP) y así aportar a generar dinamismo que permita gatillar parciamente la reactivación económica”, destacó.
En esta línea, los asistentes concordaron en las deficiencias que tiene el modelo de concesiones y que se podrían mejorar como los problemas institucionales; la credibilidad del sistema, que exige una mayor transparencia; y la falta de adaptabilidad a otras actividades no propias del MOP (agua, ferrocarriles, otros servicios urbanos, etc.).
Junto con ello, se mencionó la necesidad de recuperar la confianza en el modelo por parte de los inversionistas arraigados en Chile
También como alternativas para activar las inversiones sectoriales, Arturo Cifuentes y Antonio Silveiro mencionaron los bonos estructurados -como forma de bajar la presión al gasto público-; los Social Impact Bonds, donde se asegura una tasa de retorno si se garantiza el cumplimiento de objetivos sociales predefinidos, y los créditos de los organismos multilaterales para infraestructura.
“Chile tiene el mejor ranking crediticio de América Latina, tiene capacidad de endeudarse emitiendo bonos en el mercado global que permitan financiar, indirectamente, algunos proyectos de infraestructura”, resaltó Cifuentes.
El economista agregó que, además, el Fisco podría hacer un aporte de capital y emitir deuda por 70% u 80% (bonos) que esté apoyado por un portafolio de proyectos de infraestructura. Eso se ha hecho en varios países y ha funcionado bien, afirmó.
Por su parte, Jeannette von Wolfersdorff, aseveró que esta crisis es una buena oportunidad para que la reactivación sea sostenible y que la infraestructura cumpla con objetivos sociales y medioambientales.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de avanzar en mayores niveles de transparencia en obras públicas en aspectos como identificación y desarrollo de los proyectos, expropiaciones, licitaciones, construcción y modificaciones de contratos y operación.
“Los proyectos tienen, en lo posible, que estar muy centrados en las personas y contar con estas en sus diseños. Así se evitan problemas posteriores. Deben hacerse cargo de la 4ª revolución industrial y de la sostenibilidad, de acuerdo a las normas Environmental, Social y Governance (ESG) que ya operan en los países de la OECD”, afirmó.
Ver presentación Javier Hurtado

CUADERNO DEL CPI N°120

FINANCIAMIENTO PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO: Oportunidades y restricciones para la reactivación económicaVer Cuaderno

Fuente: CPI, Jueves 28 de mayo de 2020

CPI – En diálogo organizado por el CPI, en el que participaron más de 70 actores vinculados a la industria, se analizaron los mecanismos que podrían ponerse en marcha para reactivar al sector de la infraestructura y a la economía nacional post pandemia.
Una actitud del Estado que motive y facilite las inversiones, así como la recomposición de las confianzas entre los sectores público y privados, serán factores decisivos para reactivar los proyectos de infraestructura y, por ende, la economía del país. Esa fue una de las conclusiones centrales del segundo diálogo -en línea- realizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
El encuentro, en el que participaron más de 70 personas vinculadas a la industria, abordó las oportunidades de financiamiento privado de infraestructura de uso público y las restricciones para la reactivación económica. El expositor principal fue el gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, cuya presentación fue comentada por Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal; Arturo Cifuentes, investigador de Caples-UC, y Antonio Silveira, vicepresidente del área de Infraestructura del Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF).
Al analizar la situación país, Javier Hurtado destacó que el impacto de la crisis social y la crisis sanitaria en el PIB no tiene precedente alguno y que los niveles de incertidumbre económica y el deterioro de las expectativas de los empresarios han alcanzado récords históricos.
“Hay un riesgo inminente -advirtió- de que se produzca una crisis de confianza que agrave aún más el efecto del coronavirus en el ciclo económico”.
Comentó que el significativo deterioro de las expectativas de los empresarios de la construcción, y el entorno de elevada incertidumbre acerca de la profundidad de la crisis sanitaria, explica que para este año se espere una importante caída de la inversión en construcción esperada, la que se proyecta entre -9,5% y -11,5%.
El representante de la CChC estima que las medidas de cuarentena, aplicadas por el gobierno para reducir el nivel de contagios por Covid-19, se han traducido en detención de numerosos proyectos de infraestructura e inmobiliarios.
A esto se suma que las reasignaciones presupuestarias, para atender las demandas sociales, significarán una caída de 7% en la inversión fiscal en infraestructura de uso público.
Dado este escenario desfavorable, Hurtado enfatizó que la actitud del Estado, en especial de los ministerios vinculados con inversión pública, debe ser motivadora y facilitadora de la inversión privada. “Urge recuperar las confianzas en las relaciones público-privado”, señaló.
En la actualidad, dijo, y desde hace ya algún tiempo, las relaciones contractuales entre el Estado y contratistas privados -en particular para el desarrollo y ejecución de obras públicas- no es la mejor.
Así lo confirma la última Encuesta de Conflictividad Mandante–Contratista, donde 81% de los contratos celebrados -entre empresas privadas y su cliente más habitual que es el sector público- tuvieron algún tipo de divergencia. “Este indicador es el más alto respecto a otro tipo de mandantes, por lo que se puede desprender que existe una cierta percepción de desconfianza en cuanto a sobrellevar relaciones armónicas entre ambas partes”, explicó.
Mecanismos de inversión
En esta línea, propuso generar una estrategia de recuperación, considerando que por cada 10% que aumenta la inversión en infraestructura
de uso público, el Producto Interno Bruto crece en promedio 1,7% en términos per cápita.
Esta estrategia debería priorizar las inversiones en infraestructura de uso público que se encuentran deficitarias. Por ejemplo, ampliar la cobertura sanitaria para resolver el actual descalce presente entre áreas urbanas y áreas de concesión sanitaria, concesionando servicios de agua potable y alcantarillado.
Para ello se podrían utilizar la actual ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC); el Fondo de Infraestructura y la Ley de Concesiones de Obra Pública que se ha utilizado para el desarrollo de carreteras, aeropuertos, hospitales y cárceles. Hurtado estimó que podría ampliarse su aplicación en cobertura y aceptación, agregando otras métricas asociadas a estándares de servicio, tales como servicialidad de las obras y disponibilidad de estas, por ejemplo.
“Dado el actual contexto en materia de política fiscal resulta muy difícil ampliar el uso de recursos públicos para efectos del desarrollo de infraestructura de uso público. Este contexto genera la oportunidad de continuar profundizando las Alianzas Público-Privadas (APP) y así aportar a generar dinamismo que permita gatillar parciamente la reactivación económica”, destacó.
En esta línea, los asistentes concordaron en las deficiencias que tiene el modelo de concesiones y que se podrían mejorar como los problemas institucionales; la credibilidad del sistema, que exige una mayor transparencia; y la falta de adaptabilidad a otras actividades no propias del MOP (agua, ferrocarriles, otros servicios urbanos, etc.).
Junto con ello, se mencionó la necesidad de recuperar la confianza en el modelo por parte de los inversionistas arraigados en Chile
También como alternativas para activar las inversiones sectoriales, Arturo Cifuentes y Antonio Silveiro mencionaron los bonos estructurados -como forma de bajar la presión al gasto público-; los Social Impact Bonds, donde se asegura una tasa de retorno si se garantiza el cumplimiento de objetivos sociales predefinidos, y los créditos de los organismos multilaterales para infraestructura.
“Chile tiene el mejor ranking crediticio de América Latina, tiene capacidad de endeudarse emitiendo bonos en el mercado global que permitan financiar, indirectamente, algunos proyectos de infraestructura”, resaltó Cifuentes.
El economista agregó que, además, el Fisco podría hacer un aporte de capital y emitir deuda por 70% u 80% (bonos) que esté apoyado por un portafolio de proyectos de infraestructura. Eso se ha hecho en varios países y ha funcionado bien, afirmó.
Por su parte, Jeannette von Wolfersdorff, aseveró que esta crisis es una buena oportunidad para que la reactivación sea sostenible y que la infraestructura cumpla con objetivos sociales y medioambientales.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de avanzar en mayores niveles de transparencia en obras públicas en aspectos como identificación y desarrollo de los proyectos, expropiaciones, licitaciones, construcción y modificaciones de contratos y operación.
“Los proyectos tienen, en lo posible, que estar muy centrados en las personas y contar con estas en sus diseños. Así se evitan problemas posteriores. Deben hacerse cargo de la 4ª revolución industrial y de la sostenibilidad, de acuerdo a las normas Environmental, Social y Governance (ESG) que ya operan en los países de la OECD”, afirmó.
Ver presentación Javier Hurtado

CUADERNO DEL CPI N°120

FINANCIAMIENTO PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO: Oportunidades y restricciones para la reactivación económicaVer Cuaderno

Fuente: CPI, Jueves 28 de mayo de 2020

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