LA TERCERA – Este medio informó acerca del destino de los usos de los denominados “fondos espejo” que se entregan a las regiones de modo de compensar el gasto público que se realiza año a año para financiar el Transantiago. La investigación reveló que un porcentaje de los recursos fue destinado a áreas no relacionadas con soluciones de transporte público -el foco que tenían dichos recursos de acuerdo con la ley- sino a equipamiento urbano e inversiones en el sector salud, educación y seguridad ciudadana.
De los casi US$ 2 mil millones que considera la ley de subsidio al Transantiago para 2018, la mitad de esos fondos va a parar a regiones. De ellos, un 30% va destinado a un fondo orientado a financiar acciones que mejoren el transporte público administrado directamente por el ministerio del ramo. El 70% restante se entrega a las regiones para que sean ellas las que decidan en cómo utilizar esos recursos, con dos focos claros: proyectos de infraestructura y ferrocarriles. En el caso del primero, la ley admite la posibilidad de que esos proyectos no sean del área de transportes.
Es por ello que no debiera extrañar que parte de dichos recursos haya sido destinada a otras áreas de interés social, particularmente algunas que están relacionadas con las principales preocupaciones de la ciudadanía, y que otro porcentaje significativo haya sido destinado a ahorro. Son las autoridades regionales -actuales intendentes, futuros gobernadores junto al consejo regional- quienes están mejor informados acerca de los principales problemas de cada una de sus regiones y están en mejor posición para decidir cuál es la manera más adecuada de solucionarlos. Pretender que desde Santiago se tiene más clara la realidad regional o que desde el Congreso se pueden idear las mejores alternativas para el resto del país es un símil a los errores que terminaron generando la necesidad de esta ley.
El Transantiago nació de la idea que un ente gubernamental podría planear mejor que la suma de cientos de ciudadanos las necesidades de transporte de Santiago. A más de 11 años de su fracasada implementación, cada año los contribuyentes deben destinar enormes recursos para solventar su funcionamiento. Ello era claramente injusto con los millones chilenos que tienen que destinar parte de sus ingresos a financiar un sistema de transporte público que no utilizan. Los “fondos espejo” vinieron a compensar dicha situación. Sin embargo, en la medida que se obliga a utilizar parte importante de dichos recursos principalmente en temas de transporte, se vuelve a caer en el error de creer que las autoridades nacionales conocen mejor las necesidades que sus contrapartes locales. Por lo demás, esto no parece ser una situación de mayor gravedad dado que, en palabras del subsecretario de Desarrollo Regional, menos de un quinto de los recursos fue destinado a usos distintos a los relacionados con el área de transportes.
Por lo anterior, “amarrar” dichos recursos a usos determinados, y en particular para subsidiar tarifas como se propone en un proyecto de ley enviado a fines del gobierno anterior, no parece ir en la línea de permitir que las regiones prioricen las que son sus reales necesidades de desarrollo, lo que aconseja que la actual ley sea revisada en el Congreso.
Fuente: La Tercera, Sábado 5 de mayo de 2018
