Miércoles, Mayo 12, 2021

Uso de agua de mar para desalinización: acuerdan 15 días para informe complementario

DIARIO CONSTITUCIONAL – La Sala del Senado comenzó el debate del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre el uso de agua de mar para desalinización.

La Sala del Senado comenzó el debate del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre el uso de agua de mar para desalinización.

La presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y una de las autoras de la moción, senadora Adriana Muñoz, indicó que el Ejecutivo solicitó tener la posibilidad de analizar algunos temas con la instancia especializada, por lo que se acordó un nuevo segundo informe complementario, el que deberá estar a disposición en 15 días, para luego someter la moción a votación en particular.

La legisladora destacó los alcances del texto legal que tiene entre sus objetivos primordiales el establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público. Asimismo, precisó que la Comisión celebró 21 sesiones, en donde se escuchó a especialistas, académicos y entidades relacionadas.

La propuesta incluye, además, el crear una Estrategia Nacional de Desalinización, con la finalidad de establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras y modifica el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establecer la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos.

El senador Jorge Pizarro, uno de los mocionantes, destacó que se busca crear una estrategia de desalinización, con proyectos que siempre deben someterse a evaluación ambiental e indicó que se exploró el poder tener una cierta tarifa de extracción.

A su turno, el senador Claudio Alvarado, valoró que se pueda escuchar al Ejecutivo y buscar ciertos principios de acuerdo. Mientras que el senador José Miguel Insulza advirtió que en la actualidad falta una política pública. Luego, el senador Francisco Chahuán reconoció que el proyecto ha mejorado sustantivamente y destacó la política nacional de desalinización.

La senadora Isabel Allende, otra de las autoras, reconoció que nunca se tuvo proactividad del Ejecutivo, con más de 1 año esperando. Con todo, recalcó que se avanza hacia una política nacional, regulando las concesiones y el carácter del agua desalada.

El senador Alejandro Navarro recordó que presentó una moción para que el uso del agua de mar en funciones mineras y de termoeléctricas tenga asociado un costo, “porque el agua del mar es gratis” y solicitó que este texto se incorpore al proyecto en debate.

“Es imprescindible que este proyecto deje establecido que el resultante de la desalinización es un bien de uso público”, argumentó el senador Rabindranath Quinteros.

En tanto, el senador Rafael Prohens hizo notar que el metro cúbico de agua desalada cuesta entre 3 y 7 dólares, por lo que, si se piensa como una solución para el recurso humanos, “las plantas deben ser construidas por el Estado”.

La importancia de poner estos temas en el debate, ante la sequía que se enfrenta, fue puesto en realce por el senador Guido Girardi, quien enfatizó que se debe restablecer el agua como bien de uso público. Coincidentemente, la senadora Carmen Gloria Aravena reforzó que se deben buscar nuevas fuentes de agua y recalcó que la inversión público / privada es necesaria.

El senador Alfonso De Urresti señaló que el proyecto debería apuntar a cuál es la estrategia hídrica del país. “No se trata de una fuente inagotable de agua y que no ocurra lo que ocurrió con las concesiones acuícolas en el sur”, reclamó.

En otra vereda, la senadora Luz Ebensperger reconoció que no coincide con que el agua desalada sea bien nacional de usos público, “porque creo que es un producto de una materia prima que efectivamente es de bien nacional de uso público”.

La senadora Yasna Provoste resaltó que es urgente que estos debates se hagan con sentido de realidad de los territorios; y precisó que presentó una indicación para hacer exigible que estas plantas se sometan a estudios de impacto ambiental, “porque hay que mirar el conjunto del territorio”

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Fuente: Diario Constitucional, Viernes 9 de Abril de 2021

DIARIO CONSTITUCIONAL – La Sala del Senado comenzó el debate del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre el uso de agua de mar para desalinización.

La Sala del Senado comenzó el debate del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre el uso de agua de mar para desalinización.

La presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y una de las autoras de la moción, senadora Adriana Muñoz, indicó que el Ejecutivo solicitó tener la posibilidad de analizar algunos temas con la instancia especializada, por lo que se acordó un nuevo segundo informe complementario, el que deberá estar a disposición en 15 días, para luego someter la moción a votación en particular.

La legisladora destacó los alcances del texto legal que tiene entre sus objetivos primordiales el establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público. Asimismo, precisó que la Comisión celebró 21 sesiones, en donde se escuchó a especialistas, académicos y entidades relacionadas.

La propuesta incluye, además, el crear una Estrategia Nacional de Desalinización, con la finalidad de establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras y modifica el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establecer la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos.

El senador Jorge Pizarro, uno de los mocionantes, destacó que se busca crear una estrategia de desalinización, con proyectos que siempre deben someterse a evaluación ambiental e indicó que se exploró el poder tener una cierta tarifa de extracción.

A su turno, el senador Claudio Alvarado, valoró que se pueda escuchar al Ejecutivo y buscar ciertos principios de acuerdo. Mientras que el senador José Miguel Insulza advirtió que en la actualidad falta una política pública. Luego, el senador Francisco Chahuán reconoció que el proyecto ha mejorado sustantivamente y destacó la política nacional de desalinización.

La senadora Isabel Allende, otra de las autoras, reconoció que nunca se tuvo proactividad del Ejecutivo, con más de 1 año esperando. Con todo, recalcó que se avanza hacia una política nacional, regulando las concesiones y el carácter del agua desalada.

El senador Alejandro Navarro recordó que presentó una moción para que el uso del agua de mar en funciones mineras y de termoeléctricas tenga asociado un costo, “porque el agua del mar es gratis” y solicitó que este texto se incorpore al proyecto en debate.

“Es imprescindible que este proyecto deje establecido que el resultante de la desalinización es un bien de uso público”, argumentó el senador Rabindranath Quinteros.

En tanto, el senador Rafael Prohens hizo notar que el metro cúbico de agua desalada cuesta entre 3 y 7 dólares, por lo que, si se piensa como una solución para el recurso humanos, “las plantas deben ser construidas por el Estado”.

La importancia de poner estos temas en el debate, ante la sequía que se enfrenta, fue puesto en realce por el senador Guido Girardi, quien enfatizó que se debe restablecer el agua como bien de uso público. Coincidentemente, la senadora Carmen Gloria Aravena reforzó que se deben buscar nuevas fuentes de agua y recalcó que la inversión público / privada es necesaria.

El senador Alfonso De Urresti señaló que el proyecto debería apuntar a cuál es la estrategia hídrica del país. “No se trata de una fuente inagotable de agua y que no ocurra lo que ocurrió con las concesiones acuícolas en el sur”, reclamó.

En otra vereda, la senadora Luz Ebensperger reconoció que no coincide con que el agua desalada sea bien nacional de usos público, “porque creo que es un producto de una materia prima que efectivamente es de bien nacional de uso público”.

La senadora Yasna Provoste resaltó que es urgente que estos debates se hagan con sentido de realidad de los territorios; y precisó que presentó una indicación para hacer exigible que estas plantas se sometan a estudios de impacto ambiental, “porque hay que mirar el conjunto del territorio”

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Fuente: Diario Constitucional, Viernes 9 de Abril de 2021

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