Lunes, Junio 24, 2024

Urgencia de reforma

EL MERCURIO – La necesidad de reactivar la economía para impulsar el empleo, los salarios y los ingresos fiscales requiere que los no tan abundantes proyectos de inversión puedan realizarse a tiempo. Como hay atrasos que “desesperan” —expresión del ministro Marcel—, los trámites necesarios para llevar dichos proyectos adelante están siendo examinados con detalle. Entre ellos, la actuación del Consejo de Monumentos Nacionales ha cobrado relevancia y ha generado polémica. Según la ley, el Consejo “ejerce la protección y tuición del patrimonio cultural y natural de carácter monumental, velando por su identificación, protección oficial, supervisión, conservación y puesta en valor, potenciando su aporte a la identidad y al desarrollo humano”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha informado que el Consejo es el tercer organismo con el mayor número de solicitudes de “permisos críticos” para la inversión entre 2018 y 2022. Estos siguen una tramitación lenta y engorrosa, en que sus seis comisiones revisan los requerimientos respectivos sobre permisos de distinto tipo que se solicitan al organismo, y que luego debe zanjar el pleno, el que sesiona con una frecuencia promedio de solo dos veces al mes. Según la ley, son monumentos arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. La laxitud con que se utiliza esa definición hace que piezas con una antigüedad levemente superior a los 50 años, pero calificadas como “sub-históricas”, también queden sujetas a ese tipo de trámites. Una mirada a las actas de este organismo da cuenta de la variedad de actividades que requieren de su pronunciamiento, desde obras necesarias para el desarrollo de proyectos mineros hasta autorizaciones para ampliar el aforo en las competencias de canotaje que se desarrollarán en la laguna de San Pedro de la Paz, en los Juegos Panamericanos, pasando por iniciativas de mejoramiento del borde costero en distintas comunas, proyectos habitacionales o la instalación de cámaras de seguridad y luminarias en un barrio declarado zona típica.

No está en cuestión el que muchas piezas antiguas tengan un valor histórico o patrimonial, ni la importancia de que las sociedades se preocupen de preservarlo. Lo que se discute es que cuando dichos objetos tienen una importancia menor, o negligible en algunos casos, si se les compara con los costos y perjuicios que su preservación provoca a proyectos de alto beneficio social, ello también sea tomado en cuenta. O, incluso, que aun cuando ese valor sea considerado importante, y preservarlos sea necesario, ello se haga con celeridad —no como ocurre en la actualidad—, para así disminuir los costos que para la ciudadanía tiene el atraso de los proyectos involucrados. Lo anterior puede implicar establecer una instancia, distinta del propio Consejo —para que no actúe como juez y parte—, que estime la urgencia con que se deba proceder y la importancia relativa de los hallazgos en cuestión. Es posible que ello precise de mayores recursos para el Consejo, pero si el país le asigna un valor a su patrimonio histórico, debe asignarle los recursos necesarios para hacerlo de manera eficaz, además de costoeficiente.

No resulta aconsejable seguir como hasta ahora, sin introducir reformas al funcionamiento del Consejo. Se ha denunciado que este no posee un catastro de aquello que pretende preservar, o de aquellas piezas que ha ido acumulando en sus intervenciones, la gran mayoría de las cuales no son nunca revisadas ni catalogadas, tanto porque son muchas, como porque una infinidad de ellas no corresponden a objetos de real valor. Mantener al Consejo como una instancia legal con un poder de veto respecto de otras actividades, sin que haya un tercero independiente que califique la importancia, urgencia o valor de lo que este realiza, solo puede contribuir a extender los plazos de ejecución de proyectos importantes para el país, y a entronizar una aproximación burocrática a un tema que requiere de criterios modernos y ágiles para ser abordado adecuadamente.

Fuente: El Mercurio, Jueves 19 de Octubre de 2023

EL MERCURIO – La necesidad de reactivar la economía para impulsar el empleo, los salarios y los ingresos fiscales requiere que los no tan abundantes proyectos de inversión puedan realizarse a tiempo. Como hay atrasos que “desesperan” —expresión del ministro Marcel—, los trámites necesarios para llevar dichos proyectos adelante están siendo examinados con detalle. Entre ellos, la actuación del Consejo de Monumentos Nacionales ha cobrado relevancia y ha generado polémica. Según la ley, el Consejo “ejerce la protección y tuición del patrimonio cultural y natural de carácter monumental, velando por su identificación, protección oficial, supervisión, conservación y puesta en valor, potenciando su aporte a la identidad y al desarrollo humano”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha informado que el Consejo es el tercer organismo con el mayor número de solicitudes de “permisos críticos” para la inversión entre 2018 y 2022. Estos siguen una tramitación lenta y engorrosa, en que sus seis comisiones revisan los requerimientos respectivos sobre permisos de distinto tipo que se solicitan al organismo, y que luego debe zanjar el pleno, el que sesiona con una frecuencia promedio de solo dos veces al mes. Según la ley, son monumentos arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. La laxitud con que se utiliza esa definición hace que piezas con una antigüedad levemente superior a los 50 años, pero calificadas como “sub-históricas”, también queden sujetas a ese tipo de trámites. Una mirada a las actas de este organismo da cuenta de la variedad de actividades que requieren de su pronunciamiento, desde obras necesarias para el desarrollo de proyectos mineros hasta autorizaciones para ampliar el aforo en las competencias de canotaje que se desarrollarán en la laguna de San Pedro de la Paz, en los Juegos Panamericanos, pasando por iniciativas de mejoramiento del borde costero en distintas comunas, proyectos habitacionales o la instalación de cámaras de seguridad y luminarias en un barrio declarado zona típica.

No está en cuestión el que muchas piezas antiguas tengan un valor histórico o patrimonial, ni la importancia de que las sociedades se preocupen de preservarlo. Lo que se discute es que cuando dichos objetos tienen una importancia menor, o negligible en algunos casos, si se les compara con los costos y perjuicios que su preservación provoca a proyectos de alto beneficio social, ello también sea tomado en cuenta. O, incluso, que aun cuando ese valor sea considerado importante, y preservarlos sea necesario, ello se haga con celeridad —no como ocurre en la actualidad—, para así disminuir los costos que para la ciudadanía tiene el atraso de los proyectos involucrados. Lo anterior puede implicar establecer una instancia, distinta del propio Consejo —para que no actúe como juez y parte—, que estime la urgencia con que se deba proceder y la importancia relativa de los hallazgos en cuestión. Es posible que ello precise de mayores recursos para el Consejo, pero si el país le asigna un valor a su patrimonio histórico, debe asignarle los recursos necesarios para hacerlo de manera eficaz, además de costoeficiente.

No resulta aconsejable seguir como hasta ahora, sin introducir reformas al funcionamiento del Consejo. Se ha denunciado que este no posee un catastro de aquello que pretende preservar, o de aquellas piezas que ha ido acumulando en sus intervenciones, la gran mayoría de las cuales no son nunca revisadas ni catalogadas, tanto porque son muchas, como porque una infinidad de ellas no corresponden a objetos de real valor. Mantener al Consejo como una instancia legal con un poder de veto respecto de otras actividades, sin que haya un tercero independiente que califique la importancia, urgencia o valor de lo que este realiza, solo puede contribuir a extender los plazos de ejecución de proyectos importantes para el país, y a entronizar una aproximación burocrática a un tema que requiere de criterios modernos y ágiles para ser abordado adecuadamente.

Fuente: El Mercurio, Jueves 19 de Octubre de 2023

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