Martes, Agosto 16, 2022

Una propuesta para abordar la sequía, por Carlos Cruz

DIARIO EL CENTRO – La crisis hídrica que afecta a Chile es estructural. Es decir, no se prevé reversión en forma natural al mediano plazo y, por lo tanto, es necesario evaluar de forma urgente cómo el país se hará cargo de los efectos de este cambio en las personas y en las actividades productivas.
La demanda por recursos hídricos puede agruparse en dos grandes categorías: la formal y moderna, a la que pertenece todos aquellos que son abastecidos por las empresas sanitarias, la gran y mediana minería y la agricultura empresariazada, con una vocación exportadora; y la informal y tradicional, que incluye la pequeña agricultura de subsistencia, la agricultura tradicional para consumo nacional, los asentamientos humanos abastecidos por programas de Agua Potable Rural (APR) y la pequeña minería.
Se supone que el sector formal y moderno tiene sus propias formas de reacción, ante esta situación crítica de escases de recursos hídricos. Su estructura organizacional y su capacidad económica sugieren opciones racionales, ante las cuales es posible esperar inversiones que permitan asegurar, en la medida de lo posible, el abastecimiento de agua para el consumo humano y para el desarrollo de las actividades productivas o el cambio de estas por otras que se adecuen más a las disponibilidades potenciales del recurso. Finalmente contar con agua será un problema de precio, de regulación y de adecuada fiscalización.
Sin embargo, el sector informal y tradicional se enfrenta a una situación diferente. Constituyen una parte representativa de la población nacional (8% aproximadamente); ocupan buena parte del territorio; es donde aún está radicada nuestra multi cultura como país agrícola y vinculado a las tradiciones de la tierra; provee de buena parte de los alimentos que se consumen en las ciudades; son los trabajadores permanentes del campo moderno que se extiende más allá de los confines urbanos.
Para abastecer de agua a estos sectores el Estado es insustituible, si se aspira a su conservación y modernización paulatina, asegurando su arraigo. Exponer a estos grupos a las consecuencias del cambio climático y a la competencia con el sector moderno es condenarlos a la desaparición, con el impacto político, social y económico que ello puede significar para el país. Esta ayuda por parte del Estado resulta urgente de abordar, ya que la situación de estos sectores será cada vez peor y los impactos de la sequía sobre ellos cada vez más dramáticos.
Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) proponemos explorar diversas fórmulas para asegurar agua para estos sectores en el corto-mediano plazo, entre las que se debe mencionar la mejor gestión de las cuencas, el embalsamiento de aguas excedentarias (cada vez más escasas), el trasvase de cuencas y la desalación.
Respecto de esta última, hemos presentado una propuesta a la Mesa del Agua que dirige el Ministerio de Obras Públicas, la cual consiste -en lo sustancial- en un proyecto de “seguridad hídrica”. Allí se contempla la construcción de 7 plantas desaladoras y sus conducciones, las que generarían del orden de 10 m3 por segundo y asegurarían la disponibilidad de agua en cuatro de las regiones más afectadas por la sequía.
El Estado debiera comprometerse a adquirir el 75% del agua generada para distribuir entre los sectores más afectados, reservándose el proveedor del agua la posibilidad de comercializar el remanente como “seguro hídrico”, contratos de largo plazo, venta spot o algún otro mecanismo. El valor de adquisición de esa agua por parte del Estado debiera ser resultado de una licitación entre varios concurrentes especializados, asegurándose así el mejor resultado.
Estamos seguros que el impacto social de una medida de esta naturaleza es tan alto que demás justifica el esfuerzo que el Estado debiera hacer por resolver la carencia de recursos hídricos en forma estructural. Una política de Estado de estas características cimentaría un vínculo estrecho con el territorio, sustentando un desarrollo económico armónico y un beneficio social incuestionable.
Además, nos parece que llevar adelante iniciativas de este tipo, o las que la autoridad estime para abordar la sequía, es urgente y deben ser impulsadas a la brevedad ya que el cambio climático llegó para quedarse y sus impactos serán cada vez mas severos, especialmente en la población mas vulnerable.
Ver artículo
Fuente: Diario El Centro, Viernes 05 de Junio de 2020

DIARIO EL CENTRO – La crisis hídrica que afecta a Chile es estructural. Es decir, no se prevé reversión en forma natural al mediano plazo y, por lo tanto, es necesario evaluar de forma urgente cómo el país se hará cargo de los efectos de este cambio en las personas y en las actividades productivas.
La demanda por recursos hídricos puede agruparse en dos grandes categorías: la formal y moderna, a la que pertenece todos aquellos que son abastecidos por las empresas sanitarias, la gran y mediana minería y la agricultura empresariazada, con una vocación exportadora; y la informal y tradicional, que incluye la pequeña agricultura de subsistencia, la agricultura tradicional para consumo nacional, los asentamientos humanos abastecidos por programas de Agua Potable Rural (APR) y la pequeña minería.
Se supone que el sector formal y moderno tiene sus propias formas de reacción, ante esta situación crítica de escases de recursos hídricos. Su estructura organizacional y su capacidad económica sugieren opciones racionales, ante las cuales es posible esperar inversiones que permitan asegurar, en la medida de lo posible, el abastecimiento de agua para el consumo humano y para el desarrollo de las actividades productivas o el cambio de estas por otras que se adecuen más a las disponibilidades potenciales del recurso. Finalmente contar con agua será un problema de precio, de regulación y de adecuada fiscalización.
Sin embargo, el sector informal y tradicional se enfrenta a una situación diferente. Constituyen una parte representativa de la población nacional (8% aproximadamente); ocupan buena parte del territorio; es donde aún está radicada nuestra multi cultura como país agrícola y vinculado a las tradiciones de la tierra; provee de buena parte de los alimentos que se consumen en las ciudades; son los trabajadores permanentes del campo moderno que se extiende más allá de los confines urbanos.
Para abastecer de agua a estos sectores el Estado es insustituible, si se aspira a su conservación y modernización paulatina, asegurando su arraigo. Exponer a estos grupos a las consecuencias del cambio climático y a la competencia con el sector moderno es condenarlos a la desaparición, con el impacto político, social y económico que ello puede significar para el país. Esta ayuda por parte del Estado resulta urgente de abordar, ya que la situación de estos sectores será cada vez peor y los impactos de la sequía sobre ellos cada vez más dramáticos.
Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) proponemos explorar diversas fórmulas para asegurar agua para estos sectores en el corto-mediano plazo, entre las que se debe mencionar la mejor gestión de las cuencas, el embalsamiento de aguas excedentarias (cada vez más escasas), el trasvase de cuencas y la desalación.
Respecto de esta última, hemos presentado una propuesta a la Mesa del Agua que dirige el Ministerio de Obras Públicas, la cual consiste -en lo sustancial- en un proyecto de “seguridad hídrica”. Allí se contempla la construcción de 7 plantas desaladoras y sus conducciones, las que generarían del orden de 10 m3 por segundo y asegurarían la disponibilidad de agua en cuatro de las regiones más afectadas por la sequía.
El Estado debiera comprometerse a adquirir el 75% del agua generada para distribuir entre los sectores más afectados, reservándose el proveedor del agua la posibilidad de comercializar el remanente como “seguro hídrico”, contratos de largo plazo, venta spot o algún otro mecanismo. El valor de adquisición de esa agua por parte del Estado debiera ser resultado de una licitación entre varios concurrentes especializados, asegurándose así el mejor resultado.
Estamos seguros que el impacto social de una medida de esta naturaleza es tan alto que demás justifica el esfuerzo que el Estado debiera hacer por resolver la carencia de recursos hídricos en forma estructural. Una política de Estado de estas características cimentaría un vínculo estrecho con el territorio, sustentando un desarrollo económico armónico y un beneficio social incuestionable.
Además, nos parece que llevar adelante iniciativas de este tipo, o las que la autoridad estime para abordar la sequía, es urgente y deben ser impulsadas a la brevedad ya que el cambio climático llegó para quedarse y sus impactos serán cada vez mas severos, especialmente en la población mas vulnerable.
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Fuente: Diario El Centro, Viernes 05 de Junio de 2020

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