Domingo, Octubre 24, 2021

Un Estado más activo, diálogo con los territorios y potenciar la infraestructura existente: las claves para avanzar a un sistema de transmisión resiliente

PAÍS CIRCULAR – La necesidad de descarbonizar el planeta, ante una emergencia climática cada vez más evidente, están impulsando de forma acelerada dos procesos hoy complementarios: la transición energética hacia una matriz de generación limpia, y una mayor electrificación de la economía y de las ciudades. Pero esto requerirá de importantes obras de infraestructura, tanto de parques eólicos y solares, como de líneas de transmisión de varios cientos -y miles- de kilómetros que lleven esa energía a los centros de consumo. Y tanto en Chile como en el resto del mundo, eso empieza a generar conflicto en los territorios por donde pasan estos trazados.

¿Cómo abordar este desafío? País Circular convocó a Ana Lía Rojas, directora de EnerConnex; Andrés Romero, director de Valgesta Energía; y a Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile, para analizar los escenarios que enfrenta el sector en el seminario web “Transmisión y descarbonización: el rol de las comunidades y el territorio en la transición energética”, y cómo compatibilizar el desarrollo de una infraestructra clave en el contexto actual del país.

Para Ana Lía Rojas, hoy existe un consenso internacional en que hay básicamente tres cosas que hacer para reducir las emisiones de carbono: más energías renovables, incluyendo no solo la capacidad instalada sino también la capacidad de gestión de la red para su inserción en el sistema; mayor eficiencia energética, donde la generación y transporte de energía sean eficientes, baratos y seguros; y la electrificación de los consumos.

“Está claro que para lograr las ambiciones climáticas de reducción de emisiones al 2050 no nos quedan 30 años para hacer todo lo que hay que hacer; en realidad quedan 10 años para poder hacer ajustes, señales regulatorias, inversiones, etc; y otros 20 años donde vamos a implementar muchas de las cosas que decidamos en los próximos años. Por eso es clave que los diagnósticos -que creo están todos hechos ya- sean bien entendidos y priorizados”, afirmó.

El problema es que hoy existe una relación más compleja con los territorios, con las comunidades, para desarrollar este tipo de proyectos, principalmente por la falta de un ordenamiento territorial a nivel nacional que dificulta un consenso en esta materia.

La pregunta entonces es -planteó Rojas- “qué hacemos para el emplazamiento de la generación y transmisión -al menos 25 GW de aquí a 2030-, a efectos de dar cuenta de un sistema eléctrico con una demanda creciente y un plan de descarbonización ambicioso que pretende eliminar el carbón de aquí a 2030”.

Ante ese escenario, planteó Javier Tapia, hoy se ve un cierto atraso en el desarrollo que debiera tener el sector. Hoy está en licitación el proyecto de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que aparece como la principal solución para el traslado de energía desde el norte a la zona centro, “pero ese es un proyecto que probablemente, dada nuestra experiencia pasada, se va a extender más allá de los plazos. Y es un proyecto que probablemente quede corto. Calculando el nivel de energía que tiene que traerse, esto ‘ya está vendido’, por decirlo de alguna manera”.

Por ello, planteó, hoy se requiere trabajar en tres aspectos fundamentales. Primero, la seguridad y la resiliencia del sistema como una política pública. “Si vamos a tener una economía mucho más electrificada, esto debiera estar en el primer lugar. Hoy estamos viendo ciertas restricciones, por ejemplo para realizar mantenimiento”.

En segundo lugar, medidas de corto plazo como la ampliación o el fortalecimiento de la infraestructura ya existente, para sortear el período de construcción de nuevos proyectos. Y tercero, la sostenibilidad, de la mano de un trabajo de diálogo con las comunidades y los territorios, tanto de parte de las empresas como del Estado.

“La transmisión recorre miles de kilómetros y se forman ecosistemas pequeños, hay interacción muchas comunidades, con proveedores, y de todos estos aspectos -en un nivel extenso geográficamente- hay que preocuparse. Nosotros lo estamos haciendo, y en esto creemos que la capacidad del Estado se puede ocupar mucho mejor; tiene una experiencia enorme en materia de relacionamiento comunitario y podría ponerse al servicio de la transmisión al igual que se hace en otros sectores, como las autopistas, donde el involucramiento estatal en procesos de resolución de calificación ambiental es mucho mayor. Si consideramos que la transmisión es una política pública de primera importancia, el involucramiento estatal en la relación con las comunidades debiera ser un poco más fuerte”, propuso Tapia.

En ese sentido, Andrés Romero planteó que los estudios de franja incorporados en los cambios regulatorios de 2016 tenían por objetivo que fuera el Estado el que realizara un diálogo previo con las comunidades, entendiendo que este tipo de proyectos apunta al bien común, realizando un correcto balance de los aspectos sociales, económicos y ambientales para definir por donde deberían pasar los trazados que requiere el sistema de transmisión.

“Esa labor de búsqueda del bien común no la hace el privado, es la labor ineludible del Estado. Es por eso que creamos una figura donde el Estado hace participación ciudadana temprana, evalúa alternativas, hace evaluación ambiental estratégica, consulta indígena si es necesario, etc., y en base a ese proceso -que dura aproximadamente dos años- finalmente se define por donde debiera pasar es proyecto”, explicó.

Hoy el estudio de franjas se está aplicando al trazado de dos líneas de transmisión en la zona sur, pero el gobierno no lo incluyó para Kimal-Lo Aguirre, la línea más larga que se construirá en el país y que pasa por zonas de alta conflictividad, bajo el argumento de acelerar el proyecto. “Es una muy mala decisión -dijo Romero-, básicamente porque el tiempo que se está ganando ahora se va a perder después, en judicialización, en conflicto. Pero además, lo segundo es que el Estado no puede renunciar a hacer su pega”.

En ello coincidió Ana Lía Rojas, para quien en esta materia ya existe cierto consenso. “Estamos los tres de acuerdo -dijo- en que el estudio de franjas era absolutamente necesario aplicarlo al activo más importante de transmisión, de 1.500 kilómetros de extensión, que se va a construir en los próximos años. Y que el hecho de sacarlo, desde el punto de vista de su realización, en vez de apurar la entrada de la línea lo que va a hacer es retrasarla. Instalar que se va a atrasar, que es un proyecto que nace atrasado, no es conveniente, pero también es realista”.

Eliminar el estudio de franjas, agregó, conlleva también el traspaso de un riesgo que va a repercutir después en la etapa de los permisos, “y ahí viene la afectación que hace el Estado al no querer intervenir de la forma en que generalmente se hace en las experiencias internacionales. Los atrasos que hay en la obtención de la permisología, de operación ambiental, es algo común en todos los mercados de América Latina, y lo que reclaman los actores involucrados en los procesos de desarrollo y construcción es que es ahí donde el Estado tiene las soluciones que logran solventar los atrasos que se dan en la obtención de esos permisos en los territorios”.

Repotenciamiento de líneas de transmisión

Reforzar -o repotenciar- las líneas de transmisión existentes aparece como una de las alternativas más viables para mejorar la capacidad del sistema a la espera de la construcción de los nuevos proyectos, y empresas del sector ya han propuesto alternativas en esa línea. Un opción que sin embargo, por ahora, no está siendo considerada por los administradores del sistema eléctrico nacional.

Para Ana Lía Rojas, ese escenario requiere que esté muy claro de parte de las empresas y los inversionistas cómo se remuneran estos reforzamientos de la red, “porque evidentemente el privado va a hacer aquello que le de certeza jurídica a sus inversiones, y es muy importante entender cómo estas inversiones van a ser remuneradas. Luego, lo que tenemos que entender también, entre Estado y sociedad, es cómo eso se nos va a cobrar en las cuentas eléctricas (…) Hay que ir entendiendo que la transición energética no es ni gratis ni barata”.

¿Por qué el regulador no avanza en esa línea? Para Andrés Romero, más que un problema regulatorio es un problema metodológico. “Creo que el análisis que está haciendo la CNE todavía usa una metodología un poco anclada en lo tradicional, y no estamos evaluando distintas alternativas como repotenciamiento de líneas o sistemas de almacenamiento. Hay estrategias que ya se han utilizado en otras partes que creo que hoy no las estamos evaluando correctamente”.

“Nosotros tendríamos que hacer una agenda de corto plazo. No podemos esperar Kimal-Lo Aguirre, y si lo esperamos los vamos a pasar mal 10 años. Por más que le sigamos metiendo proyectos de generación al sistema vamos a seguir teniendo más y más congestión, vamos a tener muchos nudos del sistema a precio cero durante algunas horas del día, y después en otras horas vamos a tener de US$200 porque no vamos a tener la energía barata y limpia del día. Entonces, tenemos que hacer una agenda de corto plazo que nos saque de la situación que tuvimos en agosto de este año -por ejemplo- donde se agudiza la sequía, falla una máquina, y llegamos al colapso. Realmente no podemos mostrar esa cara, y para eso es clave que la solución en transmisión la hagamos ahora”, agregó.

Para Javier Tapia, tanto el repotenciamiento de líneas existentes como el establecimiento de una agenda de corto plazo hoy son claves, en el marco de garantizar la seguridad y resiliencia del sistema. “Esto no lo tenemos hacia el norte, así de simple. Y esto redunda después en una variabilidad de precios tremenda, pero también en problemas de seguridad que efectivamente podemos tener si no realizamos estos repotenciamientos. Muchas veces ocurre que las compañías presentan soluciones y se toman como solución de una compañía, y no soluciones de sistema. Claro, es el rol de la autoridad pública definir cuándo es un problema de sistema o no, pero hoy aparece bastante insoslayable el hecho de que esta sí es una solución sistémica, y que se requiere”, afirmó.

Normativa: impactos en ruido, paisaje y territorio

Otro desafío importante para la instalación de esta infraestructura es la aplicación de la normativa ambiental en los territorios, desde los impactos paisajísticos hasta otros más complejos de resolver, como el ruido. En este último caso, porque muchas veces el impacto se genera no cuando se evalúa la obra, señalan en la industria, sino que cuando posteriormente se instalan comunidades a terrenos donde ya están definidos los trazados.

Esto tiene dos ámbitos de análisis, dijo Ana Lía Roja. Desde un punto de vista general, esto tiene que ver con los planes de ordenamiento territoriales, donde “la ausencia de éste hace que cuando aterrizamos esto a un proyecto específico tenemos que ir resolviendo en partes, o en forma desarticulada con respecto a lo que pasa con respecto del territorio”.

También, agregó, por “cómo tu enfrentas la definición de la localización de un proyecto que se evalúa y se construye en ciertas circunstancias, que luego cambian a propósito de emplazamientos de población, y entran entonces en conflicto una vez que esa obra ya está autorizada, o cuando ya esté en construcción. Por eso volvemos a esta matriz original que es la importancia de ponernos de acuerdo en dónde vamos a hacer generación, dónde vamos a hacer transmisión, cómo lo hacemos para que precisamente en el área chica, en la aplicación, el territorio no entre en conflicto con los estándares que nosotros mismos hemos impuesto o que las empresas se han esforzado en cumplir”.

“Por supuesto -dijo- que hay casos en que los titulares no cumplen con sus estándares, pero para eso está la legislación, la fiscalización y todo el sistema de aplicación de multas que existe. Eso es parte del mecanismo de resolución. Lo que no está resuelto hoy día es cómo enfrentas las decisiones de localización que tienen que cumplir con ciertos estándares, pero que en el proceso del desarrollo, la instalación y la construcción, se cambian esas condiciones de cumplimiento. Temas de ruido, el cambio de uso de suelo, la afectación visual, todos los proyectos de infraestructura siempre van a tener efectos, y lo que el marco legal y los compromisos exigidos a cada proyecto deben hacer es mitigar, compensar y hacer un plan de adaptación de la obra a la realidad del territorio”.

Para Javier Tapia, en tanto, uno de los problemas es que en el país el ruido no se mide en quien lo emite, sino en el receptor del ruido, a diferencia de lo que ocurre en otros países, planteó. “Podemos tener una línea de transmisión en medio de la nada, por ejemplo, pero como se mide en el receptor alguien puede llegar expost, bastantes años después, y decir que le molesta el ruido de la línea. Y eso es lo que ha estado ocurriendo con el desarrollo territorial del país, se han ido haciendo parcelaciones que se van acercando a las líneas, y se han producido mayores molestias en relación al ruido donde antes no existían. Y estas molestias, que son súper atendibles, le caen a la empresa que construyó en un lugar donde no había nada”, señaló.

Esto, en una línea de mil kilómetros de extensión, no tiene una solución viable en términos de construir, por ejemplo, infraestructura aledaña que aísle el ruido. “Entonces -explicó Tapia- estamos empezando a trabajar proactivamente en este tema, y queremos llegar en el corto plazo a hacer investigación y desarrollo en este tema en busca de una solución que disminuya o elimine el ruido de las líneas. Independiente de que esto es un problema regulatorio que hay que solucionar de alguna forma, queremos también trabajar constructivamente en esto para encontrar algunas soluciones, porque para nosotros son temas importantes”.

Lo mismo ocurre, agregó, con el impacto en el paisaje. “Evidentemente la construcción de líneas molesta más en ciertos entornos que en otros. En Santiago convivimos con subestaciones, con líneas de transmisión importantes que se ven, pero entremedio de un montón de cosas. En otros paisajes molesta mucho más. Entonces, el diálogo temprano para esto es absolutamente fundamental. Las cosas que tiene solución con diálogo, solucionémoslas con diálogo. Las que no, tratemos de solucionarlas regulatoriamente de alguna forma; y proactivamente, como en el tema del ruido”.

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Fuente: País Circular, Miércoles 15 de Septiembre de 2021

PAÍS CIRCULAR – La necesidad de descarbonizar el planeta, ante una emergencia climática cada vez más evidente, están impulsando de forma acelerada dos procesos hoy complementarios: la transición energética hacia una matriz de generación limpia, y una mayor electrificación de la economía y de las ciudades. Pero esto requerirá de importantes obras de infraestructura, tanto de parques eólicos y solares, como de líneas de transmisión de varios cientos -y miles- de kilómetros que lleven esa energía a los centros de consumo. Y tanto en Chile como en el resto del mundo, eso empieza a generar conflicto en los territorios por donde pasan estos trazados.

¿Cómo abordar este desafío? País Circular convocó a Ana Lía Rojas, directora de EnerConnex; Andrés Romero, director de Valgesta Energía; y a Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile, para analizar los escenarios que enfrenta el sector en el seminario web “Transmisión y descarbonización: el rol de las comunidades y el territorio en la transición energética”, y cómo compatibilizar el desarrollo de una infraestructra clave en el contexto actual del país.

Para Ana Lía Rojas, hoy existe un consenso internacional en que hay básicamente tres cosas que hacer para reducir las emisiones de carbono: más energías renovables, incluyendo no solo la capacidad instalada sino también la capacidad de gestión de la red para su inserción en el sistema; mayor eficiencia energética, donde la generación y transporte de energía sean eficientes, baratos y seguros; y la electrificación de los consumos.

“Está claro que para lograr las ambiciones climáticas de reducción de emisiones al 2050 no nos quedan 30 años para hacer todo lo que hay que hacer; en realidad quedan 10 años para poder hacer ajustes, señales regulatorias, inversiones, etc; y otros 20 años donde vamos a implementar muchas de las cosas que decidamos en los próximos años. Por eso es clave que los diagnósticos -que creo están todos hechos ya- sean bien entendidos y priorizados”, afirmó.

El problema es que hoy existe una relación más compleja con los territorios, con las comunidades, para desarrollar este tipo de proyectos, principalmente por la falta de un ordenamiento territorial a nivel nacional que dificulta un consenso en esta materia.

La pregunta entonces es -planteó Rojas- “qué hacemos para el emplazamiento de la generación y transmisión -al menos 25 GW de aquí a 2030-, a efectos de dar cuenta de un sistema eléctrico con una demanda creciente y un plan de descarbonización ambicioso que pretende eliminar el carbón de aquí a 2030”.

Ante ese escenario, planteó Javier Tapia, hoy se ve un cierto atraso en el desarrollo que debiera tener el sector. Hoy está en licitación el proyecto de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que aparece como la principal solución para el traslado de energía desde el norte a la zona centro, “pero ese es un proyecto que probablemente, dada nuestra experiencia pasada, se va a extender más allá de los plazos. Y es un proyecto que probablemente quede corto. Calculando el nivel de energía que tiene que traerse, esto ‘ya está vendido’, por decirlo de alguna manera”.

Por ello, planteó, hoy se requiere trabajar en tres aspectos fundamentales. Primero, la seguridad y la resiliencia del sistema como una política pública. “Si vamos a tener una economía mucho más electrificada, esto debiera estar en el primer lugar. Hoy estamos viendo ciertas restricciones, por ejemplo para realizar mantenimiento”.

En segundo lugar, medidas de corto plazo como la ampliación o el fortalecimiento de la infraestructura ya existente, para sortear el período de construcción de nuevos proyectos. Y tercero, la sostenibilidad, de la mano de un trabajo de diálogo con las comunidades y los territorios, tanto de parte de las empresas como del Estado.

“La transmisión recorre miles de kilómetros y se forman ecosistemas pequeños, hay interacción muchas comunidades, con proveedores, y de todos estos aspectos -en un nivel extenso geográficamente- hay que preocuparse. Nosotros lo estamos haciendo, y en esto creemos que la capacidad del Estado se puede ocupar mucho mejor; tiene una experiencia enorme en materia de relacionamiento comunitario y podría ponerse al servicio de la transmisión al igual que se hace en otros sectores, como las autopistas, donde el involucramiento estatal en procesos de resolución de calificación ambiental es mucho mayor. Si consideramos que la transmisión es una política pública de primera importancia, el involucramiento estatal en la relación con las comunidades debiera ser un poco más fuerte”, propuso Tapia.

En ese sentido, Andrés Romero planteó que los estudios de franja incorporados en los cambios regulatorios de 2016 tenían por objetivo que fuera el Estado el que realizara un diálogo previo con las comunidades, entendiendo que este tipo de proyectos apunta al bien común, realizando un correcto balance de los aspectos sociales, económicos y ambientales para definir por donde deberían pasar los trazados que requiere el sistema de transmisión.

“Esa labor de búsqueda del bien común no la hace el privado, es la labor ineludible del Estado. Es por eso que creamos una figura donde el Estado hace participación ciudadana temprana, evalúa alternativas, hace evaluación ambiental estratégica, consulta indígena si es necesario, etc., y en base a ese proceso -que dura aproximadamente dos años- finalmente se define por donde debiera pasar es proyecto”, explicó.

Hoy el estudio de franjas se está aplicando al trazado de dos líneas de transmisión en la zona sur, pero el gobierno no lo incluyó para Kimal-Lo Aguirre, la línea más larga que se construirá en el país y que pasa por zonas de alta conflictividad, bajo el argumento de acelerar el proyecto. “Es una muy mala decisión -dijo Romero-, básicamente porque el tiempo que se está ganando ahora se va a perder después, en judicialización, en conflicto. Pero además, lo segundo es que el Estado no puede renunciar a hacer su pega”.

En ello coincidió Ana Lía Rojas, para quien en esta materia ya existe cierto consenso. “Estamos los tres de acuerdo -dijo- en que el estudio de franjas era absolutamente necesario aplicarlo al activo más importante de transmisión, de 1.500 kilómetros de extensión, que se va a construir en los próximos años. Y que el hecho de sacarlo, desde el punto de vista de su realización, en vez de apurar la entrada de la línea lo que va a hacer es retrasarla. Instalar que se va a atrasar, que es un proyecto que nace atrasado, no es conveniente, pero también es realista”.

Eliminar el estudio de franjas, agregó, conlleva también el traspaso de un riesgo que va a repercutir después en la etapa de los permisos, “y ahí viene la afectación que hace el Estado al no querer intervenir de la forma en que generalmente se hace en las experiencias internacionales. Los atrasos que hay en la obtención de la permisología, de operación ambiental, es algo común en todos los mercados de América Latina, y lo que reclaman los actores involucrados en los procesos de desarrollo y construcción es que es ahí donde el Estado tiene las soluciones que logran solventar los atrasos que se dan en la obtención de esos permisos en los territorios”.

Repotenciamiento de líneas de transmisión

Reforzar -o repotenciar- las líneas de transmisión existentes aparece como una de las alternativas más viables para mejorar la capacidad del sistema a la espera de la construcción de los nuevos proyectos, y empresas del sector ya han propuesto alternativas en esa línea. Un opción que sin embargo, por ahora, no está siendo considerada por los administradores del sistema eléctrico nacional.

Para Ana Lía Rojas, ese escenario requiere que esté muy claro de parte de las empresas y los inversionistas cómo se remuneran estos reforzamientos de la red, “porque evidentemente el privado va a hacer aquello que le de certeza jurídica a sus inversiones, y es muy importante entender cómo estas inversiones van a ser remuneradas. Luego, lo que tenemos que entender también, entre Estado y sociedad, es cómo eso se nos va a cobrar en las cuentas eléctricas (…) Hay que ir entendiendo que la transición energética no es ni gratis ni barata”.

¿Por qué el regulador no avanza en esa línea? Para Andrés Romero, más que un problema regulatorio es un problema metodológico. “Creo que el análisis que está haciendo la CNE todavía usa una metodología un poco anclada en lo tradicional, y no estamos evaluando distintas alternativas como repotenciamiento de líneas o sistemas de almacenamiento. Hay estrategias que ya se han utilizado en otras partes que creo que hoy no las estamos evaluando correctamente”.

“Nosotros tendríamos que hacer una agenda de corto plazo. No podemos esperar Kimal-Lo Aguirre, y si lo esperamos los vamos a pasar mal 10 años. Por más que le sigamos metiendo proyectos de generación al sistema vamos a seguir teniendo más y más congestión, vamos a tener muchos nudos del sistema a precio cero durante algunas horas del día, y después en otras horas vamos a tener de US$200 porque no vamos a tener la energía barata y limpia del día. Entonces, tenemos que hacer una agenda de corto plazo que nos saque de la situación que tuvimos en agosto de este año -por ejemplo- donde se agudiza la sequía, falla una máquina, y llegamos al colapso. Realmente no podemos mostrar esa cara, y para eso es clave que la solución en transmisión la hagamos ahora”, agregó.

Para Javier Tapia, tanto el repotenciamiento de líneas existentes como el establecimiento de una agenda de corto plazo hoy son claves, en el marco de garantizar la seguridad y resiliencia del sistema. “Esto no lo tenemos hacia el norte, así de simple. Y esto redunda después en una variabilidad de precios tremenda, pero también en problemas de seguridad que efectivamente podemos tener si no realizamos estos repotenciamientos. Muchas veces ocurre que las compañías presentan soluciones y se toman como solución de una compañía, y no soluciones de sistema. Claro, es el rol de la autoridad pública definir cuándo es un problema de sistema o no, pero hoy aparece bastante insoslayable el hecho de que esta sí es una solución sistémica, y que se requiere”, afirmó.

Normativa: impactos en ruido, paisaje y territorio

Otro desafío importante para la instalación de esta infraestructura es la aplicación de la normativa ambiental en los territorios, desde los impactos paisajísticos hasta otros más complejos de resolver, como el ruido. En este último caso, porque muchas veces el impacto se genera no cuando se evalúa la obra, señalan en la industria, sino que cuando posteriormente se instalan comunidades a terrenos donde ya están definidos los trazados.

Esto tiene dos ámbitos de análisis, dijo Ana Lía Roja. Desde un punto de vista general, esto tiene que ver con los planes de ordenamiento territoriales, donde “la ausencia de éste hace que cuando aterrizamos esto a un proyecto específico tenemos que ir resolviendo en partes, o en forma desarticulada con respecto a lo que pasa con respecto del territorio”.

También, agregó, por “cómo tu enfrentas la definición de la localización de un proyecto que se evalúa y se construye en ciertas circunstancias, que luego cambian a propósito de emplazamientos de población, y entran entonces en conflicto una vez que esa obra ya está autorizada, o cuando ya esté en construcción. Por eso volvemos a esta matriz original que es la importancia de ponernos de acuerdo en dónde vamos a hacer generación, dónde vamos a hacer transmisión, cómo lo hacemos para que precisamente en el área chica, en la aplicación, el territorio no entre en conflicto con los estándares que nosotros mismos hemos impuesto o que las empresas se han esforzado en cumplir”.

“Por supuesto -dijo- que hay casos en que los titulares no cumplen con sus estándares, pero para eso está la legislación, la fiscalización y todo el sistema de aplicación de multas que existe. Eso es parte del mecanismo de resolución. Lo que no está resuelto hoy día es cómo enfrentas las decisiones de localización que tienen que cumplir con ciertos estándares, pero que en el proceso del desarrollo, la instalación y la construcción, se cambian esas condiciones de cumplimiento. Temas de ruido, el cambio de uso de suelo, la afectación visual, todos los proyectos de infraestructura siempre van a tener efectos, y lo que el marco legal y los compromisos exigidos a cada proyecto deben hacer es mitigar, compensar y hacer un plan de adaptación de la obra a la realidad del territorio”.

Para Javier Tapia, en tanto, uno de los problemas es que en el país el ruido no se mide en quien lo emite, sino en el receptor del ruido, a diferencia de lo que ocurre en otros países, planteó. “Podemos tener una línea de transmisión en medio de la nada, por ejemplo, pero como se mide en el receptor alguien puede llegar expost, bastantes años después, y decir que le molesta el ruido de la línea. Y eso es lo que ha estado ocurriendo con el desarrollo territorial del país, se han ido haciendo parcelaciones que se van acercando a las líneas, y se han producido mayores molestias en relación al ruido donde antes no existían. Y estas molestias, que son súper atendibles, le caen a la empresa que construyó en un lugar donde no había nada”, señaló.

Esto, en una línea de mil kilómetros de extensión, no tiene una solución viable en términos de construir, por ejemplo, infraestructura aledaña que aísle el ruido. “Entonces -explicó Tapia- estamos empezando a trabajar proactivamente en este tema, y queremos llegar en el corto plazo a hacer investigación y desarrollo en este tema en busca de una solución que disminuya o elimine el ruido de las líneas. Independiente de que esto es un problema regulatorio que hay que solucionar de alguna forma, queremos también trabajar constructivamente en esto para encontrar algunas soluciones, porque para nosotros son temas importantes”.

Lo mismo ocurre, agregó, con el impacto en el paisaje. “Evidentemente la construcción de líneas molesta más en ciertos entornos que en otros. En Santiago convivimos con subestaciones, con líneas de transmisión importantes que se ven, pero entremedio de un montón de cosas. En otros paisajes molesta mucho más. Entonces, el diálogo temprano para esto es absolutamente fundamental. Las cosas que tiene solución con diálogo, solucionémoslas con diálogo. Las que no, tratemos de solucionarlas regulatoriamente de alguna forma; y proactivamente, como en el tema del ruido”.

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Fuente: País Circular, Miércoles 15 de Septiembre de 2021

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