EL MERCURIO – Si se intenta observar la situación con algo de distancia, puede estimarse que el alza del pasaje del metro fue un detonante más bien sorpresivo de la protesta social y de las acciones de masiva destrucción de bienes públicos y privados que el país ha sufrido. Ello, considerando la magnitud de esa alza, menor que las que ocurrieron durante el gobierno anterior. Incluso, y por lo mismo, cabe la hipótesis de que cualquier otra medida impopular hubiera ocasionado un resultado similar. Pero, precisamente por la forma en que se dieron los hechos, es importante analizar el actual mecanismo de fijación de valores y comprender su funcionamiento.
Como se sabe, las tarifas del transporte público se basan en un polinomio de distintos índices de precios que influyen en los costos de proveer este servicio: el precio del petróleo, el de la mano de obra, el IPC, lubricantes y neumáticos, valor del dólar y euro, y finalmente un índice de precios de productos importados industriales. Cada vez que cambian estos valores se modifica el del polinomio, y por lo tanto las tarifas. Lo que hace el Panel de Expertos del sector es validar tales valores y la consistencia del procedimiento utilizado con el indicado en la normativa. El Panel no tiene capacidad discrecional: si se sigue el procedimiento, las tarifas que resultan son las del transporte público.
El sistema recibe un subsidio importante, que corresponde a más del 40% del valor del pasaje. Este subsidio tiene una racionalidad: se trata de premiar las externalidades del transporte público al reducir la congestión y la contaminación. Hay quienes piensan que se debe ir más allá y que la existencia de externalidades justifica un transporte gratuito para promover su uso. El problema es que los recursos para ello deben provenir de alguna parte. En el caso de que hubiera un transporte público gratuito, esto significaría reducir otros gastos públicos o aumentar los impuestos, con todas las distorsiones y costos para la economía que ello provoca.
El transporte en Chile no es particularmente caro como fracción de los ingresos. Según estudios recientes, el país tiene un transporte público de valor relativamente alto comparado con otros países de América Latina, pero esto refleja el hecho de tener mayores costos salariales y una mejor calidad del transporte. De hecho, en términos del gasto familiar en transporte público, Chile se sitúa en la medianía de los países de la región. Ello, por supuesto, no significa desconocer que para muchas familias este costo, sumado a otros gastos ineludibles, puede implicar una pesada carga.
Existen, pues, antecedentes que llaman a dimensionar mejor el efecto del alza en el estallido de las protestas. Efectivamente, esta actuó como el elemento movilizador inicial, pero ni su monto —acotado— ni el porcentaje que representa dentro de los presupuestos familiares —similar al de países vecinos— explican del todo la magnitud de la reacción desatada; antes bien, el alza parece haber sido la chispa que encendió un terreno preparado para incendiarse. Por la misma razón, en tanto no se llegue a una buena explicación de las causas del malestar de la sociedad, no debería precipitarse el cambio de un mecanismo razonable, aun cuando puede ser pertinente la discusión sobre la magnitud del subsidio a destinar para la provisión de este servicio.
Fuente: El Mercurio, Jueves 24 de Octubre de 2019
Tarifas del transporte
EL MERCURIO – Si se intenta observar la situación con algo de distancia, puede estimarse que el alza del pasaje del metro fue un detonante más bien sorpresivo de la protesta social y de las acciones de masiva destrucción de bienes públicos y privados que el país ha sufrido. Ello, considerando la magnitud de esa alza, menor que las que ocurrieron durante el gobierno anterior. Incluso, y por lo mismo, cabe la hipótesis de que cualquier otra medida impopular hubiera ocasionado un resultado similar. Pero, precisamente por la forma en que se dieron los hechos, es importante analizar el actual mecanismo de fijación de valores y comprender su funcionamiento.
Como se sabe, las tarifas del transporte público se basan en un polinomio de distintos índices de precios que influyen en los costos de proveer este servicio: el precio del petróleo, el de la mano de obra, el IPC, lubricantes y neumáticos, valor del dólar y euro, y finalmente un índice de precios de productos importados industriales. Cada vez que cambian estos valores se modifica el del polinomio, y por lo tanto las tarifas. Lo que hace el Panel de Expertos del sector es validar tales valores y la consistencia del procedimiento utilizado con el indicado en la normativa. El Panel no tiene capacidad discrecional: si se sigue el procedimiento, las tarifas que resultan son las del transporte público.
El sistema recibe un subsidio importante, que corresponde a más del 40% del valor del pasaje. Este subsidio tiene una racionalidad: se trata de premiar las externalidades del transporte público al reducir la congestión y la contaminación. Hay quienes piensan que se debe ir más allá y que la existencia de externalidades justifica un transporte gratuito para promover su uso. El problema es que los recursos para ello deben provenir de alguna parte. En el caso de que hubiera un transporte público gratuito, esto significaría reducir otros gastos públicos o aumentar los impuestos, con todas las distorsiones y costos para la economía que ello provoca.
El transporte en Chile no es particularmente caro como fracción de los ingresos. Según estudios recientes, el país tiene un transporte público de valor relativamente alto comparado con otros países de América Latina, pero esto refleja el hecho de tener mayores costos salariales y una mejor calidad del transporte. De hecho, en términos del gasto familiar en transporte público, Chile se sitúa en la medianía de los países de la región. Ello, por supuesto, no significa desconocer que para muchas familias este costo, sumado a otros gastos ineludibles, puede implicar una pesada carga.
Existen, pues, antecedentes que llaman a dimensionar mejor el efecto del alza en el estallido de las protestas. Efectivamente, esta actuó como el elemento movilizador inicial, pero ni su monto —acotado— ni el porcentaje que representa dentro de los presupuestos familiares —similar al de países vecinos— explican del todo la magnitud de la reacción desatada; antes bien, el alza parece haber sido la chispa que encendió un terreno preparado para incendiarse. Por la misma razón, en tanto no se llegue a una buena explicación de las causas del malestar de la sociedad, no debería precipitarse el cambio de un mecanismo razonable, aun cuando puede ser pertinente la discusión sobre la magnitud del subsidio a destinar para la provisión de este servicio.
Fuente: El Mercurio, Jueves 24 de Octubre de 2019
