Martes, Mayo 28, 2024

Sobre las polémicas parcelaciones rurales

DIARIO FINANCIERO – Álgido ha sido el debate en torno al intento de detención de las parcelaciones rurales por parte del Ministerio de Agricultura. Recientemente, el 7° Juzgado Civil de Santiago suspendió las medidas adoptadas por el Gobierno, que a través de un instructivo del Ministerio de Agricultura ofició al SAG para suspender la certificación de las subdivisiones de predios rústicos.

La motivación detrás de esta decisión sería evitar seguir vulnerando la normativa vigente al subdividir predios rurales con fines habitacionales, que simulan continuar con su destino agrícola, ganadero o forestal como exige la ley. De esta forma, el Ministerio de Agricultura buscaría preservar el suelo rural para los fines indicados y evitar los efectos que genera el desarrollo de mega loteos, al margen de la planificación territorial.

Sin duda se requiere ordenar el sistema, reconociendo la realidad existente y los pasos necesarios para su real perfeccionamiento.

La respuesta no demoró en llegar por parte de empresas inmobiliarias -que, por cierto, han operado de igual forma por décadas- y de algunos actores políticos que acusan un cambio de reglas ilegal y arbitrario. El fallo judicial podría darles la razón, aun cuando el ministro del ramo ha declarado no haberse visto sorprendido y confiar en que ello se revierta en la Corte Suprema. A ello se sumaría un proyecto de ley en la misma línea que sería presentado por el Ejecutivo en el mes de diciembre.

El debate seguirá su curso, pero bien cabe preguntarse cómo se llegó a la situación actual y si esta no responde a una falla regulatoria que requiere ser abordada. Hacer loteos regulares parece haberse vuelto excesivamente complejo y la planificación urbana toma años y hasta décadas para pasar por el proceso de consultas y trámites. La solución por la vía de la prohibición puede ser la más simple, pero no por ello la más apropiada, pues probablemente generará mayor informalidad y mercado negro.

Sin duda se requiere ordenar el sistema, reconociendo la realidad existente y los pasos necesarios para su real perfeccionamiento. Pero el camino no va ni por la asimilación con las tomas ilegales que ha pretendido el ministro, ni por aceptar que una situación recurrente, pero no por ello legal, se perpetúe en el tiempo.

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Fuente: Diario Financiero, Martes 29 de Noviembre de 2022

DIARIO FINANCIERO – Álgido ha sido el debate en torno al intento de detención de las parcelaciones rurales por parte del Ministerio de Agricultura. Recientemente, el 7° Juzgado Civil de Santiago suspendió las medidas adoptadas por el Gobierno, que a través de un instructivo del Ministerio de Agricultura ofició al SAG para suspender la certificación de las subdivisiones de predios rústicos.

La motivación detrás de esta decisión sería evitar seguir vulnerando la normativa vigente al subdividir predios rurales con fines habitacionales, que simulan continuar con su destino agrícola, ganadero o forestal como exige la ley. De esta forma, el Ministerio de Agricultura buscaría preservar el suelo rural para los fines indicados y evitar los efectos que genera el desarrollo de mega loteos, al margen de la planificación territorial.

Sin duda se requiere ordenar el sistema, reconociendo la realidad existente y los pasos necesarios para su real perfeccionamiento.

La respuesta no demoró en llegar por parte de empresas inmobiliarias -que, por cierto, han operado de igual forma por décadas- y de algunos actores políticos que acusan un cambio de reglas ilegal y arbitrario. El fallo judicial podría darles la razón, aun cuando el ministro del ramo ha declarado no haberse visto sorprendido y confiar en que ello se revierta en la Corte Suprema. A ello se sumaría un proyecto de ley en la misma línea que sería presentado por el Ejecutivo en el mes de diciembre.

El debate seguirá su curso, pero bien cabe preguntarse cómo se llegó a la situación actual y si esta no responde a una falla regulatoria que requiere ser abordada. Hacer loteos regulares parece haberse vuelto excesivamente complejo y la planificación urbana toma años y hasta décadas para pasar por el proceso de consultas y trámites. La solución por la vía de la prohibición puede ser la más simple, pero no por ello la más apropiada, pues probablemente generará mayor informalidad y mercado negro.

Sin duda se requiere ordenar el sistema, reconociendo la realidad existente y los pasos necesarios para su real perfeccionamiento. Pero el camino no va ni por la asimilación con las tomas ilegales que ha pretendido el ministro, ni por aceptar que una situación recurrente, pero no por ello legal, se perpetúe en el tiempo.

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Fuente: Diario Financiero, Martes 29 de Noviembre de 2022

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