EDITORIAL – Para algunos, lo que ha enfrentado Chile desde el 18-O hasta ahora, es una “tormenta pluscuamperfecta”, como dijo un ex Ministro de Hacienda: un estado de convulsión social sin paragón en nuestra historia reciente; la peor sequía de la que se tenga registro, en un ambiente de cambio climático que amenaza con la desertificación de buena parte del país; una pandemia global que también está afectando con virulencia a Chile, frente a la cual ha sido necesario tomar medidas radicales que han reducido en forma significativa la actividad económica, y una crisis internacional de origen equivalente, con un fuerte impacto en los productos que exportamos. Todo esto en un ambiente de debilidad estructural de la economía nacional, lo que limita su capacidad de reacción. En efecto, nuestro crecimiento se ha venido debilitando en los últimos 10 años y el PIB tendencial ha ido decreciendo sistemáticamente.
Frente a esto el gobierno ha reaccionado de diferentes maneras, algunas veces en forma errática y otras, como es en el caso de la crisis sanitaria, en forma oportuna y con radicalidad. Queda demostrado que, cuando hay convicción, “si se puede”. El “paquete” de medidas anunciadas para facilitar la adaptación del mundo productivo a las nuevas circunstancias de salubridad es tal vez lo más potente que se conozca como reacción ante situaciones críticas. Es posible que una intervención de esta profundidad no logre paliar todos los efectos negativos a los que estarán expuestos los trabajadores y sus familias, pero claramente será un alivio para muchos que podrán mantener un cierto nivel de actividad razonable en condiciones tan adversas. De igual forma, la “cuarentena progresiva”, el toque de queda y otras medidas que restringen transitoriamente la libertad de las personas en función del bien común, ayudarán a evitar que el virus se expanda en forma acelerada y que sus efectos sean más devastadores sobre la vida de quienes habitamos en este país.
La magnitud de la tormenta que nos ha afectado es de tal envergadura que ya se comienza a discutir sobre los cambios que esto traerá consigo. Si bien hoy es el momento de ocuparse de atender las demandas más urgentes que enfrentamos como país, como es limitar la propagación del virus y minimizar sus efectos letales, la incertidumbre acerca del futuro en el campo económico ya se ha instalado y se hace urgente entrar en dicho análisis. A su vez al ser Chile una economía abierta al mundo, la menor actividad -algunos ya hablan de recesión- que se pronostica en los mercados mundiales tendrá efectos aún más negativos para nosotros.
Ante esta situación, las autoridades de gobierno, encargadas de enfrentar estos difíciles momentos, deben -junto a la importancia que le den a las evaluaciones técnicas de las medidas que se adopten- mirar cómo se adecúan los mercados a las diferentes circunstancias, asumiendo que el rol del Estado es fundamental para evitar ciertas conductas especulativas que surgen en las crisis; supervisar el comportamiento de los agentes económicos que proveen de bienes públicos con criterios de realismo y oportunidad, de tal manera que sus esfuerzos puedan encaminarse hacia el bien común, más allá de los legítimos intereses de rentabilidad; y orientar los destinos de la economía en el largo plazo, especialmente cuando las decisiones de inversión que habrá que tomar una vez que pase todo esto, trascienden los períodos del actual gobierno.
En este contexto, por ejemplo, los llamados que se hacen desde las empresas de agua potable y saneamiento para tomar medidas que aseguren el normal abastecimiento de agua a la población son fundamentales. De interrumpirse este por cualquier motivo agudizaría aún más la situación crítica que afecta a la mayor parte de la población. Si bien las empresas del sector son las principales responsables de cumplir con el mandato de asegurar el abastecimiento de agua a quienes vivimos en las ciudades -y es bueno no olvidarlo-, adecuar las regulaciones para que esto sea una condición ineludible de su función parece razonable, dado los cambios que han tenido lugar en la disponibilidad del recurso en los últimos años.
Algo similar se requiere en la disponibilidad de banda ancha para asegurar la comunicación a distancia. Una consecuencia evidente de la reducción de las actividades que se ha constatado a raíz de la situación sanitaria que afecta al país, es la multiplicación del trabajo a distancia, para lo cual es necesario contar con la máxima certeza y calidad en los sistemas de transmisión de datos y voz. Chile ha avanzado en conectividad digital, aunque aún nos falta mucho. Este es un buen momento para poner urgencia a las inversiones que son necesarias llevar a cabo para asegurar la calidad de los servicios y la plena cobertura a lo largo del país. Es seguro que esta crisis permitirá dar un salto importante en la tecnificación del trabajo y en validar la importancia de las inversiones de soporte que esto demanda.
Lo que será difícil de resolver en el corto plazo es la disponibilidad de camas de hospitales, ojalá las medidas paliativas que se están tomado tengan un efecto razonable. En buena medida las razones que se han esgrimido para reducir las actividades y solicitar a la población asumir con responsabilidad periodos de “cuarentena” voluntarios es la escasa capacidad de nuestro sistema hospitalario para responder a la presión que podría recaer sobre este, si la pandemia se despliega en plenitud. Se sostiene que la falta de camas obligaría a tomar medidas dramáticas como las que han sido necesarias en otros países cuyo sistema hospitalario colapsó. Lamentablemente la constante postergación en la construcción de nuevos hospitales por falta de recursos y por el rechazo sistemático de gremios vinculados al sector a la posibilidad de llevarlos a cabo a través del sistema de concesiones nos está pasando la cuenta.
Situaciones diferenciadas será lo que sucederá con otras infraestructuras. Algunas verán que la carga que se dejará caer sobre ellas se reducirá al ritmo de la declinación de la economía nacional e internacional; otras deberán adecuarse a postergaciones históricas de las inversiones en su sector, necesarias para permitir al país recuperar sus ritmos de actividad y seguir avanzando. Habrá también algunas que surgirán como nuevas oportunidades ante los cambios económicos y sociales que tendrán lugar como consecuencia de esta tormenta que enfrentamos como país.
En este sentido, superada la crisis, será el momento de recuperar los espacios para una discusión pausada en la que se pongan nuevamente en el tapete los requerimientos que tendrá este nuevo Chile que emergerá en materia de infraestructura productiva y social, redundante y resiliente; las posibilidades que tendrá para enfrentar esos desafíos con recursos provenientes de las arcas fiscales; la disponibilidad de recursos privados para complementar los esfuerzos públicos y los requisitos de credibilidad sociales que deberá tener un nuevo acuerdo público privado para dotarnos de las mejores condiciones posibles para asegurar un desarrollo inclusivo, ambientalmente sustentable y compartido por la gran mayoría de la población. Esta es una buena oportunidad para darnos el tiempo suficiente en profundizar una reflexión al respecto y retomar lo antes posible el proceso de inversiones que sea necesario para recuperar nuestro camino hacia el desarrollo. Tal como lo ha sostenido el ministro de Hacienda, Chile está mejor preparado que otros países para superar esta crisis. Si es así, es posible que esta sea una oportunidad para dar ese salto tan relevante que nos permita situarnos de una vez por todas en el club de los países desarrollados. Será función del gobierno señalar la ruta que deberemos seguir para ello.
Fuente: Consejo de Políticas de Infraestructura, Martes 24 de Marzo de 2020
Coyuntura e Infraestructura Pública, por Carlos Cruz L.
EDITORIAL – Para algunos, lo que ha enfrentado Chile desde el 18-O hasta ahora, es una “tormenta pluscuamperfecta”, como dijo un ex Ministro de Hacienda: un estado de convulsión social sin paragón en nuestra historia reciente; la peor sequía de la que se tenga registro, en un ambiente de cambio climático que amenaza con la desertificación de buena parte del país; una pandemia global que también está afectando con virulencia a Chile, frente a la cual ha sido necesario tomar medidas radicales que han reducido en forma significativa la actividad económica, y una crisis internacional de origen equivalente, con un fuerte impacto en los productos que exportamos. Todo esto en un ambiente de debilidad estructural de la economía nacional, lo que limita su capacidad de reacción. En efecto, nuestro crecimiento se ha venido debilitando en los últimos 10 años y el PIB tendencial ha ido decreciendo sistemáticamente.
Frente a esto el gobierno ha reaccionado de diferentes maneras, algunas veces en forma errática y otras, como es en el caso de la crisis sanitaria, en forma oportuna y con radicalidad. Queda demostrado que, cuando hay convicción, “si se puede”. El “paquete” de medidas anunciadas para facilitar la adaptación del mundo productivo a las nuevas circunstancias de salubridad es tal vez lo más potente que se conozca como reacción ante situaciones críticas. Es posible que una intervención de esta profundidad no logre paliar todos los efectos negativos a los que estarán expuestos los trabajadores y sus familias, pero claramente será un alivio para muchos que podrán mantener un cierto nivel de actividad razonable en condiciones tan adversas. De igual forma, la “cuarentena progresiva”, el toque de queda y otras medidas que restringen transitoriamente la libertad de las personas en función del bien común, ayudarán a evitar que el virus se expanda en forma acelerada y que sus efectos sean más devastadores sobre la vida de quienes habitamos en este país.
La magnitud de la tormenta que nos ha afectado es de tal envergadura que ya se comienza a discutir sobre los cambios que esto traerá consigo. Si bien hoy es el momento de ocuparse de atender las demandas más urgentes que enfrentamos como país, como es limitar la propagación del virus y minimizar sus efectos letales, la incertidumbre acerca del futuro en el campo económico ya se ha instalado y se hace urgente entrar en dicho análisis. A su vez al ser Chile una economía abierta al mundo, la menor actividad -algunos ya hablan de recesión- que se pronostica en los mercados mundiales tendrá efectos aún más negativos para nosotros.
Ante esta situación, las autoridades de gobierno, encargadas de enfrentar estos difíciles momentos, deben -junto a la importancia que le den a las evaluaciones técnicas de las medidas que se adopten- mirar cómo se adecúan los mercados a las diferentes circunstancias, asumiendo que el rol del Estado es fundamental para evitar ciertas conductas especulativas que surgen en las crisis; supervisar el comportamiento de los agentes económicos que proveen de bienes públicos con criterios de realismo y oportunidad, de tal manera que sus esfuerzos puedan encaminarse hacia el bien común, más allá de los legítimos intereses de rentabilidad; y orientar los destinos de la economía en el largo plazo, especialmente cuando las decisiones de inversión que habrá que tomar una vez que pase todo esto, trascienden los períodos del actual gobierno.
En este contexto, por ejemplo, los llamados que se hacen desde las empresas de agua potable y saneamiento para tomar medidas que aseguren el normal abastecimiento de agua a la población son fundamentales. De interrumpirse este por cualquier motivo agudizaría aún más la situación crítica que afecta a la mayor parte de la población. Si bien las empresas del sector son las principales responsables de cumplir con el mandato de asegurar el abastecimiento de agua a quienes vivimos en las ciudades -y es bueno no olvidarlo-, adecuar las regulaciones para que esto sea una condición ineludible de su función parece razonable, dado los cambios que han tenido lugar en la disponibilidad del recurso en los últimos años.
Algo similar se requiere en la disponibilidad de banda ancha para asegurar la comunicación a distancia. Una consecuencia evidente de la reducción de las actividades que se ha constatado a raíz de la situación sanitaria que afecta al país, es la multiplicación del trabajo a distancia, para lo cual es necesario contar con la máxima certeza y calidad en los sistemas de transmisión de datos y voz. Chile ha avanzado en conectividad digital, aunque aún nos falta mucho. Este es un buen momento para poner urgencia a las inversiones que son necesarias llevar a cabo para asegurar la calidad de los servicios y la plena cobertura a lo largo del país. Es seguro que esta crisis permitirá dar un salto importante en la tecnificación del trabajo y en validar la importancia de las inversiones de soporte que esto demanda.
Lo que será difícil de resolver en el corto plazo es la disponibilidad de camas de hospitales, ojalá las medidas paliativas que se están tomado tengan un efecto razonable. En buena medida las razones que se han esgrimido para reducir las actividades y solicitar a la población asumir con responsabilidad periodos de “cuarentena” voluntarios es la escasa capacidad de nuestro sistema hospitalario para responder a la presión que podría recaer sobre este, si la pandemia se despliega en plenitud. Se sostiene que la falta de camas obligaría a tomar medidas dramáticas como las que han sido necesarias en otros países cuyo sistema hospitalario colapsó. Lamentablemente la constante postergación en la construcción de nuevos hospitales por falta de recursos y por el rechazo sistemático de gremios vinculados al sector a la posibilidad de llevarlos a cabo a través del sistema de concesiones nos está pasando la cuenta.
Situaciones diferenciadas será lo que sucederá con otras infraestructuras. Algunas verán que la carga que se dejará caer sobre ellas se reducirá al ritmo de la declinación de la economía nacional e internacional; otras deberán adecuarse a postergaciones históricas de las inversiones en su sector, necesarias para permitir al país recuperar sus ritmos de actividad y seguir avanzando. Habrá también algunas que surgirán como nuevas oportunidades ante los cambios económicos y sociales que tendrán lugar como consecuencia de esta tormenta que enfrentamos como país.
En este sentido, superada la crisis, será el momento de recuperar los espacios para una discusión pausada en la que se pongan nuevamente en el tapete los requerimientos que tendrá este nuevo Chile que emergerá en materia de infraestructura productiva y social, redundante y resiliente; las posibilidades que tendrá para enfrentar esos desafíos con recursos provenientes de las arcas fiscales; la disponibilidad de recursos privados para complementar los esfuerzos públicos y los requisitos de credibilidad sociales que deberá tener un nuevo acuerdo público privado para dotarnos de las mejores condiciones posibles para asegurar un desarrollo inclusivo, ambientalmente sustentable y compartido por la gran mayoría de la población. Esta es una buena oportunidad para darnos el tiempo suficiente en profundizar una reflexión al respecto y retomar lo antes posible el proceso de inversiones que sea necesario para recuperar nuestro camino hacia el desarrollo. Tal como lo ha sostenido el ministro de Hacienda, Chile está mejor preparado que otros países para superar esta crisis. Si es así, es posible que esta sea una oportunidad para dar ese salto tan relevante que nos permita situarnos de una vez por todas en el club de los países desarrollados. Será función del gobierno señalar la ruta que deberemos seguir para ello.
Fuente: Consejo de Políticas de Infraestructura, Martes 24 de Marzo de 2020
