Domingo, Mayo 16, 2021

San Antonio defiende flexibilizar reglas para concesión de megapuerto tras rechazo de FNE

EL MERCURIO – El presidente de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), José Luis Mardones, afirmó que la consulta de la portuaria estatal sobre flexibilizar las normas de participación para la licitación del Puerto de Gran Escala (PGE) realizada al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) busca elevar la competencia y atraer a más interesados -y de mayor tamaño- para la futura concesión del megaterminal. Esta iniciativa, anunciada en enero pasado por el anterior gobierno, demandaría US$ 3.360 millones en inversiones y se prevé que inicie sus operaciones hacia 2027.

Mardones defendió ayer esa posición, luego de que se conociera la opinión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aportada al TDLC en el marco del proceso que fijará las condiciones de competencia de la licitación del megapuerto en San Antonio. La fiscalía económica se refirió, entre otros temas, a la posibilidad planteada por EPSA de elevar a 80% el umbral de la restricción a la integración vertical, ligada a la participación que pueden tener los usuarios relevantes de los puertos en las concesiones de terminales (por ejemplo, una naviera, importador o exportador que pertenece a un grupo propietario de puerto).

La Fiscalía opinó que se debe establecer en 40% dicho umbral -como es actualmente-, o en un nivel no superior a 60%, aunque sujeto a la opción de elevarlo durante la concesión “si las condiciones de competencia son más favorables a las estimadas inicialmente”, indicó el texto de la FNE.

Mardones señaló que estudiarán en detalle el informe de la FNE para luego hacer las presentaciones respectivas al TDLC dentro de este proceso que duraría ocho a 10 meses, estimó. “Debemos revisar las razones de la Fiscalía y ver si justificamos de mejor manera ese 80% o si proponemos alguna otra cifra”, señaló.

El titular de EPSA, quien fue presidente ejecutivo del Comité de Coordinación de Licitaciones Portuarias en el primer ciclo de concesiones (1998-1999) en Chile, comentó que si bien el 40% se planteó para las primeras adjudicaciones de puertos, aseguró que hoy existe una mayor competencia en el sistema portuario de la V Región, con diversos concesionarios, por lo que se podrían levantar algunas restricciones.

“Siempre pensamos que fuera un 80% y no 100%, porque nos parece conveniente que haya un accionista minoritario que ejerza un control adicional sobre el concesionario”, sostuvo. Añadió que buscan que el operador no tenga un trato diferente para sus firmas relacionadas.

José Luis Mardones afirmó que la propuesta de EPSA en materia de restricción vertical atraería a más interesados, y “abriría el apetito de los jugadores más grandes del mercado”, como grandes empresas portuarias o navieras del exterior. Destacó que también esperan que participen los actores locales en la licitación.

El ejecutivo agregó que al flexibilizarse dicha norma “aumentaría la competencia por la cancha y creemos que habrá mucha competencia en la cancha”.

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Fuente: El Mercurio, Viernes 4 de mayo de 2018

EL MERCURIO – El presidente de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), José Luis Mardones, afirmó que la consulta de la portuaria estatal sobre flexibilizar las normas de participación para la licitación del Puerto de Gran Escala (PGE) realizada al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) busca elevar la competencia y atraer a más interesados -y de mayor tamaño- para la futura concesión del megaterminal. Esta iniciativa, anunciada en enero pasado por el anterior gobierno, demandaría US$ 3.360 millones en inversiones y se prevé que inicie sus operaciones hacia 2027.

Mardones defendió ayer esa posición, luego de que se conociera la opinión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aportada al TDLC en el marco del proceso que fijará las condiciones de competencia de la licitación del megapuerto en San Antonio. La fiscalía económica se refirió, entre otros temas, a la posibilidad planteada por EPSA de elevar a 80% el umbral de la restricción a la integración vertical, ligada a la participación que pueden tener los usuarios relevantes de los puertos en las concesiones de terminales (por ejemplo, una naviera, importador o exportador que pertenece a un grupo propietario de puerto).

La Fiscalía opinó que se debe establecer en 40% dicho umbral -como es actualmente-, o en un nivel no superior a 60%, aunque sujeto a la opción de elevarlo durante la concesión “si las condiciones de competencia son más favorables a las estimadas inicialmente”, indicó el texto de la FNE.

Mardones señaló que estudiarán en detalle el informe de la FNE para luego hacer las presentaciones respectivas al TDLC dentro de este proceso que duraría ocho a 10 meses, estimó. “Debemos revisar las razones de la Fiscalía y ver si justificamos de mejor manera ese 80% o si proponemos alguna otra cifra”, señaló.

El titular de EPSA, quien fue presidente ejecutivo del Comité de Coordinación de Licitaciones Portuarias en el primer ciclo de concesiones (1998-1999) en Chile, comentó que si bien el 40% se planteó para las primeras adjudicaciones de puertos, aseguró que hoy existe una mayor competencia en el sistema portuario de la V Región, con diversos concesionarios, por lo que se podrían levantar algunas restricciones.

“Siempre pensamos que fuera un 80% y no 100%, porque nos parece conveniente que haya un accionista minoritario que ejerza un control adicional sobre el concesionario”, sostuvo. Añadió que buscan que el operador no tenga un trato diferente para sus firmas relacionadas.

José Luis Mardones afirmó que la propuesta de EPSA en materia de restricción vertical atraería a más interesados, y “abriría el apetito de los jugadores más grandes del mercado”, como grandes empresas portuarias o navieras del exterior. Destacó que también esperan que participen los actores locales en la licitación.

El ejecutivo agregó que al flexibilizarse dicha norma “aumentaría la competencia por la cancha y creemos que habrá mucha competencia en la cancha”.

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Fuente: El Mercurio, Viernes 4 de mayo de 2018

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