Domingo, Noviembre 3, 2024

Rol estatal y viviendas sociales: el llamado al Minvu tras la crisis

PULSO – A casi un mes del estallido social, la agenda de la discusión en Chile cambió en muchas áreas como pensiones, trabajo, salud e incluso se habla de cambiar la Constitución. Sin embargo, entre los anuncios uno de los ausentes fue la vivienda.
Desde el mundo de la academia y organizaciones sociales, si bien valoran el foco que ha tenido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por medio de su trabajo en la integración social, hacen un llamado a la cartera a cambiar su agenda en base a este nuevo contexto que vive el país. En medio del proceso de reflexión que han realizado las instituciones, el diagnóstico coincide en que el futuro de la política de la vivienda tiene que avanzar para que sea considerada como un derecho social garantizado por el Estado y que el eje clave de las políticas habitacionales debe ser entregar propiedades que no se encuentren alejadas de todos los servicios que ofrece la ciudad.
El director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica (UC), Luis Fuentes, reconoce que en las políticas de vivienda han existido avances significativos en lo que se relaciona con la infraestructura, pero que no lo ha hecho a la hora de abordar el aumento del precio de los terrenos, que no solo ha significado un problema para los sectores más vulnerables, sino que también para la clase media. “No podemos utilizar las mismas herramientas que teníamos en los 90 para tratar de solucionar los problemas que existen hoy en la vivienda”, apunta el académico de la UC, quien cree que las políticas públicas del Minvu hoy no van cambiar la forma sobre cómo se configura la ciudad.
Por su parte, el jefe de carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile (UCh), Juan Pablo Urrutia, también valora el trabajo del Minvu, pero coincide en que debería ir más allá en sus políticas. “El llamado que se le hace al gobierno, en el corto plazo, es que trabaje para garantizar casas en áreas centrales. Hay terrenos muy grandes y bien localizados, que pertenecen al Estado, y podrían ser gestionando por el Minvu”, dice Urrutia.
Desde la fundación Urbanismo Social apuntan que una nueva agenda del gobierno en materia de vivienda debería hacerse cargo de la población que tiene problemas para acceder a la vivienda, no solo enfocada en los sectores más vulnerables, sino que en aquellos que gozan de una mejor situación económica, que los margina de los beneficios estatales y que no es suficiente para comprar una vivienda en el mercado.
“Es el momento para realizar cambios importantes en el rol del Estado como garante de la vivienda. En la discusión de la nueva Constitución va a ser un tema fundamental”, dice la directora de Gestión Urbana de la organización, Camila Ramírez.
Por su parte, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo (UDD), Pablo Allard, plantea que “se debe avanzar con urgencia en las correcciones necesarias para que se haga efectivo el Proyecto de Ley de Integración Urbana” y que se incremente el porcentaje de unidades disponibles para subsidio en estos proyectos inmobiliarios. Esto, para que más personas puedan acceder a un lugar de la ciudad que cuente con buen acceso al transporte y equipamiento, dice Allard.
El mea culpa de las universidades, tras las jornadas de reflexiones que han existido en estos días, apunta a que “el mundo de la academia no ha sabido comunicar los diagnósticos que se han levantado y las propuestas que se han desarrollado”, plantea el jefe de la carrera de arquitectura de la UCh.
La agenda del Minvu
El trabajo de la cartera encabezada por Cristián Monckeberg continuará apostando sobre su agenda de impulsar la construcción de viviendas con integración social. Mientras, que los nuevos cambios en el trabajo del Minvu corresponden a la contingencia, donde asoma una inversión de $10 mil millones para recuperar los espacios afectados por las manifestaciones y el trabajo con Hacienda para impulsar proyectos que reactiven la inversión, como la construcción de viviendas sociales, la recuperación de propiedades deterioradas y el trabajo en obras urbanas. “Queremos incrementar el ritmo de construcción para que los proyectos partan rápido y comencemos a dinamizar la economía y el empleo”, dice el titular de la cartera .
Fuente: Pulso, Viernes 15 de Noviembre de 2019

PULSO – A casi un mes del estallido social, la agenda de la discusión en Chile cambió en muchas áreas como pensiones, trabajo, salud e incluso se habla de cambiar la Constitución. Sin embargo, entre los anuncios uno de los ausentes fue la vivienda.
Desde el mundo de la academia y organizaciones sociales, si bien valoran el foco que ha tenido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por medio de su trabajo en la integración social, hacen un llamado a la cartera a cambiar su agenda en base a este nuevo contexto que vive el país. En medio del proceso de reflexión que han realizado las instituciones, el diagnóstico coincide en que el futuro de la política de la vivienda tiene que avanzar para que sea considerada como un derecho social garantizado por el Estado y que el eje clave de las políticas habitacionales debe ser entregar propiedades que no se encuentren alejadas de todos los servicios que ofrece la ciudad.
El director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica (UC), Luis Fuentes, reconoce que en las políticas de vivienda han existido avances significativos en lo que se relaciona con la infraestructura, pero que no lo ha hecho a la hora de abordar el aumento del precio de los terrenos, que no solo ha significado un problema para los sectores más vulnerables, sino que también para la clase media. “No podemos utilizar las mismas herramientas que teníamos en los 90 para tratar de solucionar los problemas que existen hoy en la vivienda”, apunta el académico de la UC, quien cree que las políticas públicas del Minvu hoy no van cambiar la forma sobre cómo se configura la ciudad.
Por su parte, el jefe de carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile (UCh), Juan Pablo Urrutia, también valora el trabajo del Minvu, pero coincide en que debería ir más allá en sus políticas. “El llamado que se le hace al gobierno, en el corto plazo, es que trabaje para garantizar casas en áreas centrales. Hay terrenos muy grandes y bien localizados, que pertenecen al Estado, y podrían ser gestionando por el Minvu”, dice Urrutia.
Desde la fundación Urbanismo Social apuntan que una nueva agenda del gobierno en materia de vivienda debería hacerse cargo de la población que tiene problemas para acceder a la vivienda, no solo enfocada en los sectores más vulnerables, sino que en aquellos que gozan de una mejor situación económica, que los margina de los beneficios estatales y que no es suficiente para comprar una vivienda en el mercado.
“Es el momento para realizar cambios importantes en el rol del Estado como garante de la vivienda. En la discusión de la nueva Constitución va a ser un tema fundamental”, dice la directora de Gestión Urbana de la organización, Camila Ramírez.
Por su parte, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo (UDD), Pablo Allard, plantea que “se debe avanzar con urgencia en las correcciones necesarias para que se haga efectivo el Proyecto de Ley de Integración Urbana” y que se incremente el porcentaje de unidades disponibles para subsidio en estos proyectos inmobiliarios. Esto, para que más personas puedan acceder a un lugar de la ciudad que cuente con buen acceso al transporte y equipamiento, dice Allard.
El mea culpa de las universidades, tras las jornadas de reflexiones que han existido en estos días, apunta a que “el mundo de la academia no ha sabido comunicar los diagnósticos que se han levantado y las propuestas que se han desarrollado”, plantea el jefe de la carrera de arquitectura de la UCh.
La agenda del Minvu
El trabajo de la cartera encabezada por Cristián Monckeberg continuará apostando sobre su agenda de impulsar la construcción de viviendas con integración social. Mientras, que los nuevos cambios en el trabajo del Minvu corresponden a la contingencia, donde asoma una inversión de $10 mil millones para recuperar los espacios afectados por las manifestaciones y el trabajo con Hacienda para impulsar proyectos que reactiven la inversión, como la construcción de viviendas sociales, la recuperación de propiedades deterioradas y el trabajo en obras urbanas. “Queremos incrementar el ritmo de construcción para que los proyectos partan rápido y comencemos a dinamizar la economía y el empleo”, dice el titular de la cartera .
Fuente: Pulso, Viernes 15 de Noviembre de 2019

TITULARES