Domingo, Diciembre 8, 2024

Reconstruir mejor: la igualdad en el centro, por Alicia Bárcena

COOPERATIVA – La pandemia de COVID-19 ha causado una crisis socioeconómica de un alcance y una amplitud sin precedentes. En todo el mundo, ha llevado a una disminución masiva de las horas de trabajo, equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo. También ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales relacionadas con la protección social y el mercado laboral, en particular las basadas en el género, la edad y la raza.

La pandemia está afectando de manera desproporcionada a las mujeres y a las personas pertenecientes a los grupos de población más vulnerables, especialmente a los más pobres, muchos de los cuales trabajan en el sector informal de la economía. A menudo, estas personas viven en condiciones de hacinamiento y sin acceso a agua ni saneamiento. También es más probable que tengan problemas de salud preexistentes que aumenten su riesgo de contagio y de muerte.

Esta crisis demuestra claramente la pertinencia de cambiar el paradigma de desarrollo en consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular los relativos a la desigualdad. Es urgente reconstruir mejor con igualdad y sostenibilidad ambiental.

Un reinicio total a nivel mundial, en el que exista un liderazgo político que permita acordar un pacto social entre los sectores público y privado y la sociedad, para alcanzar la protección social universal y crear sociedades más resilientes que estén preparadas para hacer frente a las crisis sociales, económicas y ambientales.

Lo que decidamos ahora será clave para las próximas décadas.

En junio, convocamos un panel virtual de alto nivel para llamar la atención sobre la difícil situación que atraviesan los 1.600 millones de trabajadores informales del mundo en esta pandemia[1].

Durante la reunión, destacamos la urgencia de adoptar medidas de protección social y empleo público para ayudar a los trabajadores informales a lidiar con los efectos devastadores de esta crisis, apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y evitar la destrucción de la capacidad productiva.

Compartimos ejemplos de medidas concretas adoptadas por los países para mitigar las vulnerabilidades a corto plazo en medio de la crisis, que principalmente consistieron en transferencias de efectivo, así como enfoques a mediano plazo, como los programas de empleo público, que protegerán las estructuras productivas y ofrecerán oportunidades de empleo a los trabajadores y sus comunidades después de la pandemia[2].

Por ejemplo, en Sudáfrica se amplió en poco tiempo el Programa de Trabajo Comunitario (Community Work Programme, CWP) para crear oportunidades de empleo adicionales, lo que permitió responder rápidamente a la pandemia: se contrató a 10.000 trabajadores sanitarios comunitarios para realizar pruebas, rastrear contactos, detectar casos y vigilar la propagación del COVID-19.

En Jordania y Portugal se está prestando apoyo a los refugiados, los trabajadores migratorios y otras personas que participan en la economía informal mediante el acceso a servicios financieros y permisos de trabajo, iniciativas de apoyo a los ingresos y de conservación del empleo, servicios de salud y otros, así como medidas de más largo plazo para ayudarlos a salir de la economía informal.

En los países de América Latina y el Caribe, las principales medidas de protección social implementadas han sido las transferencias en efectivo y en especie para compensar la disminución de los ingresos de los trabajadores informales y de otros grupos de población vulnerables; hasta ahora, estas han ascendido a unos 69.000 millones de dólares, aproximadamente el 1,4% del PIB de la región.

El éxito de las políticas de respuesta se medirá por la rapidez y eficacia con que se proteja a los trabajadores formales e informales, así como a las Pymes, en particular aquellas en las que participan mujeres, jóvenes y migrantes.

Nuestras respuestas deben centrarse en contrarrestar las pérdidas inmediatas de empleo y de ingresos y al mismo tiempo facilitar una recuperación intensiva en empleo combinada con una transición energética. No hay tiempo que perder ante la necesidad de tan cruciales esfuerzos.

Si bien algunas partes del mundo se encuentran todavía inmersas en la crisis sanitaria, debemos mirar hacia adelante para asegurarnos de reconstruir mejor, situando la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro de la fase de recuperación.

La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la globalización y de los modelos económicos y de desarrollo insostenibles y desiguales en los que se basa.

También ha evidenciado las brechas estructurales que presentan las economías de las regiones que actualmente se encuentran en el centro de la pandemia, como América Latina y el Caribe. Continuar como de costumbre no es una opción posible.

La creación de empleo es fundamental para responder de forma eficaz a esta pandemia, y existen oportunidades para reconstruir mejor; por ejemplo, en sectores como la energía renovable, empleos verdes[3], nuevas formas de transporte y movilidad e inversiones locales en infraestructura básica, así como en vivienda y atención de la salud. Se estima que se necesitarán 20 billones de dólares en inversiones públicas en todo el mundo en los próximas dos décadas. La seguridad de ingresos y las oportunidades de empleo que cree la inversión en la recuperación económica, social y ambiental pos-COVID sentarán los cimientos de un enfoque centrado en las personas que garantice la justicia social.

El trabajo decente, unos sistemas de salud sólidos y la protección social universal son los principales elementos constitutivos de la infraestructura de la vida, y deben colocarse en el centro.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es nuestra ruta común y nuestra herramienta más poderosa para reconstruir mejor.

1.Véase [en línea] https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2020/6/12/inequalities-amp-the-informal-economy-1how-to-move-from-crisis-response-to-long-term-resilience.

2.Existen varios programas de empleo público en diferentes partes del mundo, como el Programa Red de Seguridad Productiva (Productive Safety Net Programme, PSNP) de Etiopía, la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA) de la India, el Programa Ampliado de Obras Públicas (Expanded Public Works Programme, EPWP) de Sudáfrica y muchos otros.

3. La expresión “empleos verdes” hace referencia a estrategias para crear empleo decente en infraestructura y 3. sectores conexos (como la agricultura y el medio ambiente) para la creación de infraestructuras y bienes comunitarios que tengan beneficios directos para el medio ambiente o que respondan a una amenaza específica relacionada con el cambio climático.

Co autores de la columna , Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tatiana Valovaya, Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG).

Ver artículo
Fuente: Cooperativa, Martes 14 de Julio de 2020

COOPERATIVA – La pandemia de COVID-19 ha causado una crisis socioeconómica de un alcance y una amplitud sin precedentes. En todo el mundo, ha llevado a una disminución masiva de las horas de trabajo, equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo. También ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales relacionadas con la protección social y el mercado laboral, en particular las basadas en el género, la edad y la raza.

La pandemia está afectando de manera desproporcionada a las mujeres y a las personas pertenecientes a los grupos de población más vulnerables, especialmente a los más pobres, muchos de los cuales trabajan en el sector informal de la economía. A menudo, estas personas viven en condiciones de hacinamiento y sin acceso a agua ni saneamiento. También es más probable que tengan problemas de salud preexistentes que aumenten su riesgo de contagio y de muerte.

Esta crisis demuestra claramente la pertinencia de cambiar el paradigma de desarrollo en consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular los relativos a la desigualdad. Es urgente reconstruir mejor con igualdad y sostenibilidad ambiental.

Un reinicio total a nivel mundial, en el que exista un liderazgo político que permita acordar un pacto social entre los sectores público y privado y la sociedad, para alcanzar la protección social universal y crear sociedades más resilientes que estén preparadas para hacer frente a las crisis sociales, económicas y ambientales.

Lo que decidamos ahora será clave para las próximas décadas.

En junio, convocamos un panel virtual de alto nivel para llamar la atención sobre la difícil situación que atraviesan los 1.600 millones de trabajadores informales del mundo en esta pandemia[1].

Durante la reunión, destacamos la urgencia de adoptar medidas de protección social y empleo público para ayudar a los trabajadores informales a lidiar con los efectos devastadores de esta crisis, apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y evitar la destrucción de la capacidad productiva.

Compartimos ejemplos de medidas concretas adoptadas por los países para mitigar las vulnerabilidades a corto plazo en medio de la crisis, que principalmente consistieron en transferencias de efectivo, así como enfoques a mediano plazo, como los programas de empleo público, que protegerán las estructuras productivas y ofrecerán oportunidades de empleo a los trabajadores y sus comunidades después de la pandemia[2].

Por ejemplo, en Sudáfrica se amplió en poco tiempo el Programa de Trabajo Comunitario (Community Work Programme, CWP) para crear oportunidades de empleo adicionales, lo que permitió responder rápidamente a la pandemia: se contrató a 10.000 trabajadores sanitarios comunitarios para realizar pruebas, rastrear contactos, detectar casos y vigilar la propagación del COVID-19.

En Jordania y Portugal se está prestando apoyo a los refugiados, los trabajadores migratorios y otras personas que participan en la economía informal mediante el acceso a servicios financieros y permisos de trabajo, iniciativas de apoyo a los ingresos y de conservación del empleo, servicios de salud y otros, así como medidas de más largo plazo para ayudarlos a salir de la economía informal.

En los países de América Latina y el Caribe, las principales medidas de protección social implementadas han sido las transferencias en efectivo y en especie para compensar la disminución de los ingresos de los trabajadores informales y de otros grupos de población vulnerables; hasta ahora, estas han ascendido a unos 69.000 millones de dólares, aproximadamente el 1,4% del PIB de la región.

El éxito de las políticas de respuesta se medirá por la rapidez y eficacia con que se proteja a los trabajadores formales e informales, así como a las Pymes, en particular aquellas en las que participan mujeres, jóvenes y migrantes.

Nuestras respuestas deben centrarse en contrarrestar las pérdidas inmediatas de empleo y de ingresos y al mismo tiempo facilitar una recuperación intensiva en empleo combinada con una transición energética. No hay tiempo que perder ante la necesidad de tan cruciales esfuerzos.

Si bien algunas partes del mundo se encuentran todavía inmersas en la crisis sanitaria, debemos mirar hacia adelante para asegurarnos de reconstruir mejor, situando la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro de la fase de recuperación.

La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la globalización y de los modelos económicos y de desarrollo insostenibles y desiguales en los que se basa.

También ha evidenciado las brechas estructurales que presentan las economías de las regiones que actualmente se encuentran en el centro de la pandemia, como América Latina y el Caribe. Continuar como de costumbre no es una opción posible.

La creación de empleo es fundamental para responder de forma eficaz a esta pandemia, y existen oportunidades para reconstruir mejor; por ejemplo, en sectores como la energía renovable, empleos verdes[3], nuevas formas de transporte y movilidad e inversiones locales en infraestructura básica, así como en vivienda y atención de la salud. Se estima que se necesitarán 20 billones de dólares en inversiones públicas en todo el mundo en los próximas dos décadas. La seguridad de ingresos y las oportunidades de empleo que cree la inversión en la recuperación económica, social y ambiental pos-COVID sentarán los cimientos de un enfoque centrado en las personas que garantice la justicia social.

El trabajo decente, unos sistemas de salud sólidos y la protección social universal son los principales elementos constitutivos de la infraestructura de la vida, y deben colocarse en el centro.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es nuestra ruta común y nuestra herramienta más poderosa para reconstruir mejor.

1.Véase [en línea] https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2020/6/12/inequalities-amp-the-informal-economy-1how-to-move-from-crisis-response-to-long-term-resilience.

2.Existen varios programas de empleo público en diferentes partes del mundo, como el Programa Red de Seguridad Productiva (Productive Safety Net Programme, PSNP) de Etiopía, la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA) de la India, el Programa Ampliado de Obras Públicas (Expanded Public Works Programme, EPWP) de Sudáfrica y muchos otros.

3. La expresión “empleos verdes” hace referencia a estrategias para crear empleo decente en infraestructura y 3. sectores conexos (como la agricultura y el medio ambiente) para la creación de infraestructuras y bienes comunitarios que tengan beneficios directos para el medio ambiente o que respondan a una amenaza específica relacionada con el cambio climático.

Co autores de la columna , Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tatiana Valovaya, Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG).

Ver artículo
Fuente: Cooperativa, Martes 14 de Julio de 2020

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