Martes, Mayo 28, 2024

Reconstrucción inclusiva, sostenible y resiliente

EL MERCURIO – Una vez más vemos con dolor cómo miles de personas lo pierden todo en incendios provocados (presumiblemente) por otras personas. Conceptos recurrentes en este tiempo son: abandono, modelo depredador y monocultivo. Siendo precisamente los centros rurales los más afectados por este abandono y más amenazados por este modelo depredador de plantación indiscriminada de monocultivos.

La definición de lo rural en términos estadísticos se considera como aquello que no es urbano. Esta concepción de lo rural por descarte a lo urbano ha contribuido a un sesgo “anti-rural” en los planes y programas para este sector (Dirven et al., 2011). Chile es más rural de lo que se piensa. Un 83% del territorio nacional corresponde a territorio rural, con un total de 241 comunas rurales, de 345.

Uno de los elementos que han cruzado al mundo rural son mayores niveles de exclusión social que el urbano. La pobreza energética en el sector rural del centro sur se manifiesta en su bajo acceso, el mal aislamiento térmico de las viviendas, el excesivo uso de leña y la falta de políticas públicas para la realidad específica. Problemas a los cuales no se les han dado soluciones suficientes, generando una situación tan compleja como urgente. En cuanto a la accesibilidad energética, aún existen miles de personas que carecen de esta, contando con sistemas deficientes e inseguros. Según el mapa de vulnerabilidad energética creado en 2019 por el Ministerio de Energía, 24.556 viviendas rurales en Chile no tienen acceso a electricidad, equivalente al 3,5% de la población.

Según datos generados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía concentran la mayor cantidad de incendios a lo largo del país, siendo a la vez los lugares que a nivel nacional presentan la mayor prevalencia de personas adultas en situación de discapacidad del país (22,9%, 21,9% y 22%, respectivamente) según Endide 2022, las cuales enfrentan una mayor cantidad de barreras que en zonas urbanas.

Con estos elementos en consideración, los pasos siguientes en lo inmediato deben ser oportunos, pero sobre todo pertinentes. Los paquetes de ayuda en el marco de la recuperación económica deben estar orientados a “reconstruir mejor”, no limitarse simplemente a recuperar los medios de vida. Las políticas de recuperación deberán activar la inversión e impulsar cambios estructurales que reduzcan la probabilidad de futuras crisis e incrementen la resiliencia de la sociedad frente a ellas.

De esta manera se hace necesario que la reconstrucción se adapte a la realidad de cada sector, garantizando acceso a saneamiento con baños sépticos y sistemas de paneles solares que permitan dotar de electricidad para iluminación, refrigeración (medicamentos/alimentos) y en los casos que corresponda bombas de agua conectadas a pozos. Considerar también medidas de accesibilidad universal para las soluciones de emergencia habitacional desde aspectos tan básicos como anchos de puertas, radios de giros o rampas de acceso. Adicionalmente, poder contar con teléfonos satelitales que garanticen continuidad en la comunicación, para así entregar y recibir información de cualquier nueva emergencia oportunamente. Desde luego las normativas de la industria forestal deben salvaguardar como principio fundamental la vida de las comunidades.

Importante en este sentido es recordar los más de $7.700 millones de inversión realizada por el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, para la instalación de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos en las cinco comunas afectadas por los aluviones del 25 de marzo de 2015 en Atacama. También los aprendizajes que nos dejó la reconstrucción de Santa Olga, donde la construcción de confianzas se estableció como un elemento clave. Una vez que hay proyectos precisos, hay que ver cómo “bajar los recursos”, quién dirige en la región, cómo acordamos con los municipios y cómo apuramos los diseños (Galilea S., 2019).

Lamentablemente la historia de nuestro país es la historia de reconstruir luego de cada tragedia, de levantarse, y los aprendizajes nos muestran que los siguientes pasos deben estar siempre orientados a reconstruir mejor.

Ana Albornoz Cuevas
Secretaria Asociación de Municipios Libres
Alcaldesa de Santa Juana

Mauro Tamayo Rozas
Presidente Asociación de Municipios Libres
Alcalde de Cerro Navia

Fuente: El Mercurio, Miércoles 15 de Febrero de 2023

EL MERCURIO – Una vez más vemos con dolor cómo miles de personas lo pierden todo en incendios provocados (presumiblemente) por otras personas. Conceptos recurrentes en este tiempo son: abandono, modelo depredador y monocultivo. Siendo precisamente los centros rurales los más afectados por este abandono y más amenazados por este modelo depredador de plantación indiscriminada de monocultivos.

La definición de lo rural en términos estadísticos se considera como aquello que no es urbano. Esta concepción de lo rural por descarte a lo urbano ha contribuido a un sesgo “anti-rural” en los planes y programas para este sector (Dirven et al., 2011). Chile es más rural de lo que se piensa. Un 83% del territorio nacional corresponde a territorio rural, con un total de 241 comunas rurales, de 345.

Uno de los elementos que han cruzado al mundo rural son mayores niveles de exclusión social que el urbano. La pobreza energética en el sector rural del centro sur se manifiesta en su bajo acceso, el mal aislamiento térmico de las viviendas, el excesivo uso de leña y la falta de políticas públicas para la realidad específica. Problemas a los cuales no se les han dado soluciones suficientes, generando una situación tan compleja como urgente. En cuanto a la accesibilidad energética, aún existen miles de personas que carecen de esta, contando con sistemas deficientes e inseguros. Según el mapa de vulnerabilidad energética creado en 2019 por el Ministerio de Energía, 24.556 viviendas rurales en Chile no tienen acceso a electricidad, equivalente al 3,5% de la población.

Según datos generados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía concentran la mayor cantidad de incendios a lo largo del país, siendo a la vez los lugares que a nivel nacional presentan la mayor prevalencia de personas adultas en situación de discapacidad del país (22,9%, 21,9% y 22%, respectivamente) según Endide 2022, las cuales enfrentan una mayor cantidad de barreras que en zonas urbanas.

Con estos elementos en consideración, los pasos siguientes en lo inmediato deben ser oportunos, pero sobre todo pertinentes. Los paquetes de ayuda en el marco de la recuperación económica deben estar orientados a “reconstruir mejor”, no limitarse simplemente a recuperar los medios de vida. Las políticas de recuperación deberán activar la inversión e impulsar cambios estructurales que reduzcan la probabilidad de futuras crisis e incrementen la resiliencia de la sociedad frente a ellas.

De esta manera se hace necesario que la reconstrucción se adapte a la realidad de cada sector, garantizando acceso a saneamiento con baños sépticos y sistemas de paneles solares que permitan dotar de electricidad para iluminación, refrigeración (medicamentos/alimentos) y en los casos que corresponda bombas de agua conectadas a pozos. Considerar también medidas de accesibilidad universal para las soluciones de emergencia habitacional desde aspectos tan básicos como anchos de puertas, radios de giros o rampas de acceso. Adicionalmente, poder contar con teléfonos satelitales que garanticen continuidad en la comunicación, para así entregar y recibir información de cualquier nueva emergencia oportunamente. Desde luego las normativas de la industria forestal deben salvaguardar como principio fundamental la vida de las comunidades.

Importante en este sentido es recordar los más de $7.700 millones de inversión realizada por el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, para la instalación de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos en las cinco comunas afectadas por los aluviones del 25 de marzo de 2015 en Atacama. También los aprendizajes que nos dejó la reconstrucción de Santa Olga, donde la construcción de confianzas se estableció como un elemento clave. Una vez que hay proyectos precisos, hay que ver cómo “bajar los recursos”, quién dirige en la región, cómo acordamos con los municipios y cómo apuramos los diseños (Galilea S., 2019).

Lamentablemente la historia de nuestro país es la historia de reconstruir luego de cada tragedia, de levantarse, y los aprendizajes nos muestran que los siguientes pasos deben estar siempre orientados a reconstruir mejor.

Ana Albornoz Cuevas
Secretaria Asociación de Municipios Libres
Alcaldesa de Santa Juana

Mauro Tamayo Rozas
Presidente Asociación de Municipios Libres
Alcalde de Cerro Navia

Fuente: El Mercurio, Miércoles 15 de Febrero de 2023

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