INFOMIBA – En un contexto de colapso estructural del sistema penitenciario bonaerense, la senadora de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, presentó un proyecto de ley que propone habilitar la participación del sector privado en la construcción, operación y administración de cárceles, aunque bajo supervisión estatal en áreas clave.
La iniciativa apunta a introducir un esquema de concesiones, total o parcial, de unidades penitenciarias a operadores privados, con el argumento de ampliar la capacidad del sistema frente a la sobrepoblación y el deterioro de la infraestructura existente. Según el texto, el Poder Ejecutivo provincial quedaría facultado para avanzar en estos procesos, siempre delimitando las funciones que no podrán ser delegadas.
En ese sentido, el proyecto establece que la seguridad, la vigilancia, el tratamiento y la rehabilitación de las personas privadas de la libertad continuarán bajo responsabilidad exclusiva del Estado. La propuesta, según explicó Arietto, busca “ofrecer una alternativa concreta a la construcción y gestión de establecimientos carcelarios” sin resignar el control de los aspectos sensibles del sistema.
Además, la iniciativa fija una serie de condiciones para los procesos licitatorios. Los pliegos deberán garantizar estándares mínimos en infraestructura, salud, alimentación, educación y programas de reinserción. También se incluye una cláusula que intenta evitar distorsiones en el modelo: las concesiones no podrán generar “beneficios excesivos a expensas de la calidad de vida y el bienestar de los reclusos”.
En paralelo, el proyecto incorpora mecanismos de control y transparencia. Se prevé la obligación de detallar el costo público de cada contrato, la rentabilidad estimada de las empresas adjudicatarias y las sanciones ante eventuales incumplimientos. Asimismo, las firmas concesionarias deberán publicar informes periódicos con datos sobre población carcelaria, condiciones de detención y políticas de reinserción.
Arietto enmarca la iniciativa dentro de una tendencia internacional que ya registra experiencias en países como Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Colombia, donde existen distintos niveles de participación privada en sistemas penitenciarios.
En simultáneo, la legisladora presentó pedidos de informes al Ejecutivo provincial, encabezado por Axel Kicillof, para obtener precisiones sobre el funcionamiento del sistema penitenciario bonaerense y la implementación de dispositivos como las tobilleras electrónicas.
El proyecto también se inscribe en una disputa política más amplia. Arietto cuestionó el ritmo de la Legislatura y criticó al oficialismo por no avanzar en iniciativas vinculadas a la seguridad. “Piden votar el día del venado de las pampas, la fiesta del tero, el día del lobo. Pero la prohibición de celulares en cárceles, desalojos inmediatos o el límite a excarcelaciones no lo votan”, afirmó.
Fuente: Infomiba, Martes 21 de Abril de 2026
