Martes, Agosto 3, 2021

Plan maestro para el despliegue de infraestructura digital, por Rodrigo Ramírez P.

EL MOSTRADOR – Para enfrentar la evolución de las nuevas generaciones tecnológicas se requiere introducir más espectro en el mercado y promover la inversión en infraestructura digital.

Desplegar una arquitectura digital, una nueva topología de red, con Internet a muy alta velocidad y calidad, asequible, a través de todo el territorio nacional, con nuevos nodos de acceso y con servicios de “última milla”, requiere construir un nuevo modelo de despliegue junto a los gobiernos locales, aliados de los municipios, de sus vecinos y de su futuro, basado en una política convergente que integre, por una parte, un marco regulatorio favorable para la expansión de redes y, por otra, el desarrollo urbano que promueva la equidad, la ciudad sustentable e inclusiva, la estrategia productiva. Todo esto, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, siendo su base habilitante la estrategia de conectividad y de infraestructura digital. La estrategia debe ser ejemplo de paridad, sustentabilidad, ecológica y digital.

Hace unos días, el Gobierno daba a conocer los resultados de la convocatoria del concurso público por nuevas concesiones de servicios inalámbricos para redes de alta velocidad, donde se confirmaba que Chile recaudaba US$453 millones por 1800 MHz, dando inicio a uno de los primeros hitos en la ruta hacia la tecnología 5G.

Eso sí, hay que tener cautela y despejar previamente un par de cosas para no crear una sobreexpectativa, una promesa que no se pueda cumplir, o que mañana mismo un usuario de una localidad rural del Maule se acerque a una oficina comercial de su operador móvil y exija un nuevo plan 5G con su actual teléfono celular. No están los tiempos para letras chicas.

Para enfrentar la evolución de las nuevas generaciones tecnológicas se requiere introducir más espectro en el mercado y promover la inversión en infraestructura digital. La necesidad por infraestructura de telecomunicaciones es constante. El país es testigo de que en plena pandemia ha sido Internet la que está sosteniendo la vida social y económica. La infraestructura digital es la condición habilitante para soportar la digitalización y despliegue de una red 4G que aún necesita crecer, de capilaridad de fibra óptica y sobre todo de una futura red 5G.

La industria móvil necesita sí o sí de la infraestructura de fibra óptica para las radiobases y las small cells (pequeñas celdas). A su vez, ambos mundos (fijo/móvil) requieren de la industria de la energía para soportar sus servicios y las tres industrias requieren de políticas públicas y regulaciones que les facilite el despliegue de infraestructura.

No hay posibilidad de avanzar y cumplir con más hogares conectados a una red fija, de extender la red hacia zonas rurales y suburbanas y desplegar una red 5G en tres años con el actual modelo sobreburocrático y errático que autoriza la instalación y despliegue de infraestructura. Sencillamente no es posible. La promesa de enfrentar la desigualdad digital, y contar con millones de aparatos conectados, de sensorización en las calles, de la gestión del tránsito y del transporte, en el actual escenario no es posible.

Más aún, los esfuerzos para ir por los que se están quedando atrás es el doble de lo que hemos hecho hasta ahora para disminuir la desigualdad digital, de ahí que sea imperativo un Plan Maestro para el despliegue de infraestructura digital. La fractura digital no es algo rígido, no es estática, pero sigue estando presente mayormente entre mujeres, mayores de edad, ingresos bajos y que viven en la ruralidad. Es hora de hacerlo mejor. Nunca ha sido tan clara la necesidad de acceder a Internet, ni el costo para quienes no lo tienen. Una Internet asequible, segura, confiable y de calidad, con dispositivos adecuados, con los gigas necesarios y con planes al alcance del bolsillo, son los mínimos para un bienestar digital digno.

Nos encontramos en plena ola de cambios de la industria de telecomunicaciones. Desagregación por capas, de infraestructura, de red, de servicios; despliegue de redes abiertas; la compartición de infraestructura y la cooperación entre operadores. Las soluciones creativas e innovadoras de estándar neutral y agnóstico, tanto para los recursos móviles y fijos, como una buena oportunidad para hacerse cargo de la alta densificación de redes, promover la calidad de los servicios y generar y garantizar más conectividad a los usuarios finales y de última milla, a la masificación del mercado residencial, al negocio mayorista y a los enlaces de punto a punto para las redes 5G.

A la falta de normativa actualizada e integral para promover el despliegue de infraestructura, se suman los conocidos problemas de armonización entre los distintos niveles de gobierno o las imposiciones de tasas arbitrarias. Las ciudades, los municipios, tienen un rol crucial para promover la inclusión digital, con ello las habilitaciones de nuevos emplazamientos, el uso de más postería de calle, ductos y para la promoción de los nuevos modelos de conectividad, como el Internet de las cosas, e incluso para la provisión de servicios de seguridad ciudadana, que tanto demandan. Sin embargo, solo pocas han hecho el “clic” necesario para entender el vertiginoso cambio en el que está inmersa esta industria.

Un Plan Maestro para el despliegue de redes de infraestructura digital requiere de un nuevo pacto con los gobiernos locales. ¿Para un municipio debe ser importante que se invierta en telecomunicaciones en su comuna? Por supuesto. Si se aumenta un 10% la inversión total de telecomunicaciones en un territorio, este tiene impacto positivo en reducir pobreza, incremento en atención de salud y bienestar, incremento en trabajo decente, más crecimiento económico, más acceso a la educación, sube la participación de los quintiles más pobres en los ingresos, ayuda a la acción por el clima. Es decir, disponer, acceder y usar a una conectividad digital tiene un impacto objetivo en mejorar la vida de los ciudadanos.

Los elementos que debe contener un Plan Maestro para el despliegue de la infraestructura digital debe dar cuenta de una planificación a corto, mediano y largo plazo, con metas e indicadores objetivos y medibles, pertinente a cada contexto local y vinculante entre los organismos del Estado, considerando al menos los siguientes aspectos:

-Promover a los operadores de infraestructura, como concesionarios de servicios intermedios, que posibiliten el desarrollo de infraestructuras neutrales en redes de alta velocidad en un ambiente competitivo, con redes de agregación, nodos comunales y con capilaridad para redes de acceso y garantizar competencia hasta el hogar.

-Fomentar inversión hasta la última milla. Llegar con banda ancha hasta la casa, en los sectores de menores ingresos y densidad poblacional, requiere inversión en la última milla, con operadores intermedios de infraestructura, sin que se permita la integración vertical, posibilita ofrecer en sectores urbanos, suburbanos y rurales, con un subsidio a la oferta equivalente por hogar y un subsidio a la demanda para los sectores de menores ingresos por hogar, llegando a penetraciones superiores a 50% de los hogares en comunas en que el 90% de los hogares pertenece a los estratos C3, D y E. Los Fondos estarían dentro de un nuevo Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los FIC regionales y FNDR de cada gobierno regional.

-Establecer un Régimen concesional único. Un modelo integrado para que los operadores con una sola concesión puedan prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones, que promueva los procesos de convergencia tecnológica y de competencia entre proveedores. Así se disminuyen los trámites y la alta demora en los tiempos de modificación de concesión, solo siendo necesario informar oportuna y adecuadamente al regulador.

-Establecer una Ventanilla Única. Concentrar y gestionar en una sola plataforma interoperable la tramitación de solicitudes, permisos y autorizaciones para proveedores y operadores de infraestructura y de servicios. Hoy se requiere de varios procesos paralelos en distintas entidades municipales y ministerios, los que pueden ser simplificados, unificados y coordinados de manera eficiente. Debe ser el propio Estado el que interactúe con sus instituciones para reducir los trámites. Aquí es fundamental que concurran los municipios, Subtel, los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, Bienes Nacionales y Economía.

-Establecer la compartición de infraestructura. Los gobiernos locales y los organismos de competencia, como la Fiscalía Nacional Económica (FNE), deben promover la compartición de infraestructura y las servidumbres sobre todo tipo de otras infraestructuras habilitantes para servicios de telecomunicaciones. Establecer la compartición de infraestructura común, un sistema de intercambio de infraestructura y usufructo, tales como ductos, redes de alcantarillado, redes viales, redes ferroviarias y de Metro, redes de agua potable, redes eléctricas, redes portuarias y aeroportuarias.

-Definir una Regulación convergente. Regulación convergente intersectorial que asuma de manera global las particularidades y cuellos de botella de cada regulación sectorial. La obligación de homologar criterios y simplificar trámites entre instituciones del Estado. La expresión más fiel es construir una sola regulación para el despliegue de infraestructura que recoja las normativas del municipio, Serviu, Vialidad, MOP, Bienes Nacionales y Minvu. Además, en toda licitación pública y paquete de concesiones se debe considerar de antemano la incorporación de las condiciones para desplegar conectividad digital, tanto del MOP, Minvu, Salud, Educación, Energía, y otros.

-Hacer valer el “silencio administrativo positivo”. Se debe dar por aprobada de manera automática una solicitud cuando se cumpla el plazo definido. Esto implica armonizar criterios, homologar el costo de la revisión de expedientes y actualizar regulaciones municipales. La simplificación de trámites y reducir los tiempos de autorización son críticos, de ahí que deba establecerse un mecanismo a través del cual los operadores puedan presentar apelaciones contra las decisiones de los Departamentos de Obras Municipales DOM o con las exigencias de paralelismo y “atravieso” de la Dirección de Vialidad del MOP, hoy uno de los principales cuellos de botella en los despliegues de fibra óptica del país, lo que hace inviable llegar a ciertas localidades.

-Construir rankings comunales de indicadores de infraestructura digital con una Smart Data abierta. Disponer de un mapa actualizado e interactivo con los índices de variables que favorecen al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en las comunas del país. Aquí es posible observar las barreras identificadas, tiempos de demora en autorizar despliegues, tipos de obstáculos o prohibiciones que van en contra de la instalación o despliegue de infraestructura. Se premia a las comunas por reducir su nivel de restricciones, incluyéndolas en rankings “por hacer las cosas bien”. Los incentivos deben ser reputacionales e ingresar recursos económicos en sus presupuestos de la administración local para mejorar la conectividad digital local. Esta Smart Data Abierta y Pública obliga a los Departamentos de Obras Municipales a compartir la información catastral sobre zonas preferenciales para el despliegue de infraestructura. En esta base de datos geolocalizados también se debe incorporar los activos del Estado que se pueden utilizar para el despliegue de infraestructura.

-Recoger códigos de buenas prácticas y modelos de ordenanzas municipales. Se proponen modelos de legislaciones y ordenanzas municipales sobre despliegue de redes fijas y móviles, para que las comunas adhieran con incentivos económicos para mejorar la conectividad y cobertura digital.

-Difundir campañas de educación pública sobre efectos del impacto de las redes de telecomunicaciones. La comunicación pública es fundamental en virtud de los temores sobre este tema por parte de las vecinas y los vecinos. Las campañas de educación pública deben ser organizadas y promovidas por el Estado (del regulador y también de las autoridades de salud), ya que se valora su orientación al bien común.

-Actuar con el instructivo presidencial del año 2018. Considerando la disponibilidad de infraestructura pública, ya sea a través de bienes fiscales o bien a través de contratos suscritos por organismos del Estado con particulares, se facilitan dichas infraestructuras para la instalación o soporte de sistemas de telecomunicaciones que contribuyan al despliegue y cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Es clave la facilitación de infraestructura pública, mobiliario público, bienes fiscales, dependencias públicas, bienes nacionales de uso público y de interés social para desplegar infraestructura. Esto también permitiría crear un índice de las tarifas para la implementación de sitios móviles, los que hoy son arbitrariamente altos.

-Superintendencia de Telecomunicaciones. Seguir con la discusión del proyecto de ley que crea la Superintendencia con el fin de establecer un regulador independiente, robusto y con capacidad, para el sector de las telecomunicaciones.

-Incentivos para el desarrollo de una red de entrega de contenidos o CDN (Content Delivery Networks), para disminuir los altos costos de la conectividad internacional (que concentran la mayor parte del tráfico de Internet) y, de este modo, reducir costos en la prestación del servicio de acceso a Internet y mejorar su calidad.

-Modificar y elaborar un cambio estructural al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que incluya una nueva aproximación a los subsidios a la demanda, incentivos para incrementar el despliegue de redes de nueva generación en zonas de baja densidad, bajos ingresos y descentralizar recursos para promover el acceso universal.

-Definir Incentivos tributarios para quienes presenten planes de despliegue en zonas de baja conectividad. Proponer incentivos que apunten a rebajas tributarias para aquellos actores comprometidos en invertir en estos sectores de baja densidad, bajos ingresos, localidades extremas y de difícil acceso, potenciando el despliegue de redes en estas zonas de nuestro país. Dicho incentivo buscaría optimizar el retorno de la inversión por la vía de una arquitectura tributaria creativa donde, por ejemplo, se permita una suspensión temporal o reducción del pago de impuestos o incentivos tributarios específicos como en las zonas francas.

-Actualización de la Ley General de Telecomunicaciones que, dado el avance tecnológico, la convergencia de servicios y los requerimientos sociales actuales, ya se encuentra obsoleta.

-Acuerdos con las Asociaciones de Municipalidades. Para que exista más y mejor conectividad a Internet debe existir, por parte de las Agencias del Estado, la convicción de incentivar y promover la inversión en el sector; asimismo, los municipios, agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, y en la Asociación de Municipios de Chile, AMUCH, deben cocrear un nuevo modelo para llegar a tiempo con la conectividad y la inclusión digital de los vecinos y territorios, para así reducir los costos de despliegue de redes, simplificación y más agilidad en la solicitud de concesiones y permisos; estandarizar procedimientos y reducir tiempos que viabilicen la inversión en el sector.

Desplegar una arquitectura digital, una nueva topología de red, con Internet a muy alta velocidad y calidad, asequible, a través de todo el territorio nacional, con nuevos nodos de acceso y con servicios de “última milla” requiere construir un nuevo modelo de despliegue junto a los gobiernos locales, aliados de los municipios, de sus vecinos y de su futuro, basado en una política convergente que integre, por una parte, un marco regulatorio favorable para la expansión de redes y, por otra, el desarrollo urbano que promueva la equidad, la ciudad sustentable e inclusiva, la estrategia productiva. Todo esto, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, siendo su base habilitante la estrategia de conectividad y de infraestructura digital. La estrategia debe ser ejemplo de paridad, sustentabilidad, ecológica y digital.

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Fuente: El Mostrador, Miércoles 24 de Marzo de 2021

EL MOSTRADOR – Para enfrentar la evolución de las nuevas generaciones tecnológicas se requiere introducir más espectro en el mercado y promover la inversión en infraestructura digital.

Desplegar una arquitectura digital, una nueva topología de red, con Internet a muy alta velocidad y calidad, asequible, a través de todo el territorio nacional, con nuevos nodos de acceso y con servicios de “última milla”, requiere construir un nuevo modelo de despliegue junto a los gobiernos locales, aliados de los municipios, de sus vecinos y de su futuro, basado en una política convergente que integre, por una parte, un marco regulatorio favorable para la expansión de redes y, por otra, el desarrollo urbano que promueva la equidad, la ciudad sustentable e inclusiva, la estrategia productiva. Todo esto, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, siendo su base habilitante la estrategia de conectividad y de infraestructura digital. La estrategia debe ser ejemplo de paridad, sustentabilidad, ecológica y digital.

Hace unos días, el Gobierno daba a conocer los resultados de la convocatoria del concurso público por nuevas concesiones de servicios inalámbricos para redes de alta velocidad, donde se confirmaba que Chile recaudaba US$453 millones por 1800 MHz, dando inicio a uno de los primeros hitos en la ruta hacia la tecnología 5G.

Eso sí, hay que tener cautela y despejar previamente un par de cosas para no crear una sobreexpectativa, una promesa que no se pueda cumplir, o que mañana mismo un usuario de una localidad rural del Maule se acerque a una oficina comercial de su operador móvil y exija un nuevo plan 5G con su actual teléfono celular. No están los tiempos para letras chicas.

Para enfrentar la evolución de las nuevas generaciones tecnológicas se requiere introducir más espectro en el mercado y promover la inversión en infraestructura digital. La necesidad por infraestructura de telecomunicaciones es constante. El país es testigo de que en plena pandemia ha sido Internet la que está sosteniendo la vida social y económica. La infraestructura digital es la condición habilitante para soportar la digitalización y despliegue de una red 4G que aún necesita crecer, de capilaridad de fibra óptica y sobre todo de una futura red 5G.

La industria móvil necesita sí o sí de la infraestructura de fibra óptica para las radiobases y las small cells (pequeñas celdas). A su vez, ambos mundos (fijo/móvil) requieren de la industria de la energía para soportar sus servicios y las tres industrias requieren de políticas públicas y regulaciones que les facilite el despliegue de infraestructura.

No hay posibilidad de avanzar y cumplir con más hogares conectados a una red fija, de extender la red hacia zonas rurales y suburbanas y desplegar una red 5G en tres años con el actual modelo sobreburocrático y errático que autoriza la instalación y despliegue de infraestructura. Sencillamente no es posible. La promesa de enfrentar la desigualdad digital, y contar con millones de aparatos conectados, de sensorización en las calles, de la gestión del tránsito y del transporte, en el actual escenario no es posible.

Más aún, los esfuerzos para ir por los que se están quedando atrás es el doble de lo que hemos hecho hasta ahora para disminuir la desigualdad digital, de ahí que sea imperativo un Plan Maestro para el despliegue de infraestructura digital. La fractura digital no es algo rígido, no es estática, pero sigue estando presente mayormente entre mujeres, mayores de edad, ingresos bajos y que viven en la ruralidad. Es hora de hacerlo mejor. Nunca ha sido tan clara la necesidad de acceder a Internet, ni el costo para quienes no lo tienen. Una Internet asequible, segura, confiable y de calidad, con dispositivos adecuados, con los gigas necesarios y con planes al alcance del bolsillo, son los mínimos para un bienestar digital digno.

Nos encontramos en plena ola de cambios de la industria de telecomunicaciones. Desagregación por capas, de infraestructura, de red, de servicios; despliegue de redes abiertas; la compartición de infraestructura y la cooperación entre operadores. Las soluciones creativas e innovadoras de estándar neutral y agnóstico, tanto para los recursos móviles y fijos, como una buena oportunidad para hacerse cargo de la alta densificación de redes, promover la calidad de los servicios y generar y garantizar más conectividad a los usuarios finales y de última milla, a la masificación del mercado residencial, al negocio mayorista y a los enlaces de punto a punto para las redes 5G.

A la falta de normativa actualizada e integral para promover el despliegue de infraestructura, se suman los conocidos problemas de armonización entre los distintos niveles de gobierno o las imposiciones de tasas arbitrarias. Las ciudades, los municipios, tienen un rol crucial para promover la inclusión digital, con ello las habilitaciones de nuevos emplazamientos, el uso de más postería de calle, ductos y para la promoción de los nuevos modelos de conectividad, como el Internet de las cosas, e incluso para la provisión de servicios de seguridad ciudadana, que tanto demandan. Sin embargo, solo pocas han hecho el “clic” necesario para entender el vertiginoso cambio en el que está inmersa esta industria.

Un Plan Maestro para el despliegue de redes de infraestructura digital requiere de un nuevo pacto con los gobiernos locales. ¿Para un municipio debe ser importante que se invierta en telecomunicaciones en su comuna? Por supuesto. Si se aumenta un 10% la inversión total de telecomunicaciones en un territorio, este tiene impacto positivo en reducir pobreza, incremento en atención de salud y bienestar, incremento en trabajo decente, más crecimiento económico, más acceso a la educación, sube la participación de los quintiles más pobres en los ingresos, ayuda a la acción por el clima. Es decir, disponer, acceder y usar a una conectividad digital tiene un impacto objetivo en mejorar la vida de los ciudadanos.

Los elementos que debe contener un Plan Maestro para el despliegue de la infraestructura digital debe dar cuenta de una planificación a corto, mediano y largo plazo, con metas e indicadores objetivos y medibles, pertinente a cada contexto local y vinculante entre los organismos del Estado, considerando al menos los siguientes aspectos:

-Promover a los operadores de infraestructura, como concesionarios de servicios intermedios, que posibiliten el desarrollo de infraestructuras neutrales en redes de alta velocidad en un ambiente competitivo, con redes de agregación, nodos comunales y con capilaridad para redes de acceso y garantizar competencia hasta el hogar.

-Fomentar inversión hasta la última milla. Llegar con banda ancha hasta la casa, en los sectores de menores ingresos y densidad poblacional, requiere inversión en la última milla, con operadores intermedios de infraestructura, sin que se permita la integración vertical, posibilita ofrecer en sectores urbanos, suburbanos y rurales, con un subsidio a la oferta equivalente por hogar y un subsidio a la demanda para los sectores de menores ingresos por hogar, llegando a penetraciones superiores a 50% de los hogares en comunas en que el 90% de los hogares pertenece a los estratos C3, D y E. Los Fondos estarían dentro de un nuevo Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los FIC regionales y FNDR de cada gobierno regional.

-Establecer un Régimen concesional único. Un modelo integrado para que los operadores con una sola concesión puedan prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones, que promueva los procesos de convergencia tecnológica y de competencia entre proveedores. Así se disminuyen los trámites y la alta demora en los tiempos de modificación de concesión, solo siendo necesario informar oportuna y adecuadamente al regulador.

-Establecer una Ventanilla Única. Concentrar y gestionar en una sola plataforma interoperable la tramitación de solicitudes, permisos y autorizaciones para proveedores y operadores de infraestructura y de servicios. Hoy se requiere de varios procesos paralelos en distintas entidades municipales y ministerios, los que pueden ser simplificados, unificados y coordinados de manera eficiente. Debe ser el propio Estado el que interactúe con sus instituciones para reducir los trámites. Aquí es fundamental que concurran los municipios, Subtel, los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, Bienes Nacionales y Economía.

-Establecer la compartición de infraestructura. Los gobiernos locales y los organismos de competencia, como la Fiscalía Nacional Económica (FNE), deben promover la compartición de infraestructura y las servidumbres sobre todo tipo de otras infraestructuras habilitantes para servicios de telecomunicaciones. Establecer la compartición de infraestructura común, un sistema de intercambio de infraestructura y usufructo, tales como ductos, redes de alcantarillado, redes viales, redes ferroviarias y de Metro, redes de agua potable, redes eléctricas, redes portuarias y aeroportuarias.

-Definir una Regulación convergente. Regulación convergente intersectorial que asuma de manera global las particularidades y cuellos de botella de cada regulación sectorial. La obligación de homologar criterios y simplificar trámites entre instituciones del Estado. La expresión más fiel es construir una sola regulación para el despliegue de infraestructura que recoja las normativas del municipio, Serviu, Vialidad, MOP, Bienes Nacionales y Minvu. Además, en toda licitación pública y paquete de concesiones se debe considerar de antemano la incorporación de las condiciones para desplegar conectividad digital, tanto del MOP, Minvu, Salud, Educación, Energía, y otros.

-Hacer valer el “silencio administrativo positivo”. Se debe dar por aprobada de manera automática una solicitud cuando se cumpla el plazo definido. Esto implica armonizar criterios, homologar el costo de la revisión de expedientes y actualizar regulaciones municipales. La simplificación de trámites y reducir los tiempos de autorización son críticos, de ahí que deba establecerse un mecanismo a través del cual los operadores puedan presentar apelaciones contra las decisiones de los Departamentos de Obras Municipales DOM o con las exigencias de paralelismo y “atravieso” de la Dirección de Vialidad del MOP, hoy uno de los principales cuellos de botella en los despliegues de fibra óptica del país, lo que hace inviable llegar a ciertas localidades.

-Construir rankings comunales de indicadores de infraestructura digital con una Smart Data abierta. Disponer de un mapa actualizado e interactivo con los índices de variables que favorecen al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en las comunas del país. Aquí es posible observar las barreras identificadas, tiempos de demora en autorizar despliegues, tipos de obstáculos o prohibiciones que van en contra de la instalación o despliegue de infraestructura. Se premia a las comunas por reducir su nivel de restricciones, incluyéndolas en rankings “por hacer las cosas bien”. Los incentivos deben ser reputacionales e ingresar recursos económicos en sus presupuestos de la administración local para mejorar la conectividad digital local. Esta Smart Data Abierta y Pública obliga a los Departamentos de Obras Municipales a compartir la información catastral sobre zonas preferenciales para el despliegue de infraestructura. En esta base de datos geolocalizados también se debe incorporar los activos del Estado que se pueden utilizar para el despliegue de infraestructura.

-Recoger códigos de buenas prácticas y modelos de ordenanzas municipales. Se proponen modelos de legislaciones y ordenanzas municipales sobre despliegue de redes fijas y móviles, para que las comunas adhieran con incentivos económicos para mejorar la conectividad y cobertura digital.

-Difundir campañas de educación pública sobre efectos del impacto de las redes de telecomunicaciones. La comunicación pública es fundamental en virtud de los temores sobre este tema por parte de las vecinas y los vecinos. Las campañas de educación pública deben ser organizadas y promovidas por el Estado (del regulador y también de las autoridades de salud), ya que se valora su orientación al bien común.

-Actuar con el instructivo presidencial del año 2018. Considerando la disponibilidad de infraestructura pública, ya sea a través de bienes fiscales o bien a través de contratos suscritos por organismos del Estado con particulares, se facilitan dichas infraestructuras para la instalación o soporte de sistemas de telecomunicaciones que contribuyan al despliegue y cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Es clave la facilitación de infraestructura pública, mobiliario público, bienes fiscales, dependencias públicas, bienes nacionales de uso público y de interés social para desplegar infraestructura. Esto también permitiría crear un índice de las tarifas para la implementación de sitios móviles, los que hoy son arbitrariamente altos.

-Superintendencia de Telecomunicaciones. Seguir con la discusión del proyecto de ley que crea la Superintendencia con el fin de establecer un regulador independiente, robusto y con capacidad, para el sector de las telecomunicaciones.

-Incentivos para el desarrollo de una red de entrega de contenidos o CDN (Content Delivery Networks), para disminuir los altos costos de la conectividad internacional (que concentran la mayor parte del tráfico de Internet) y, de este modo, reducir costos en la prestación del servicio de acceso a Internet y mejorar su calidad.

-Modificar y elaborar un cambio estructural al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que incluya una nueva aproximación a los subsidios a la demanda, incentivos para incrementar el despliegue de redes de nueva generación en zonas de baja densidad, bajos ingresos y descentralizar recursos para promover el acceso universal.

-Definir Incentivos tributarios para quienes presenten planes de despliegue en zonas de baja conectividad. Proponer incentivos que apunten a rebajas tributarias para aquellos actores comprometidos en invertir en estos sectores de baja densidad, bajos ingresos, localidades extremas y de difícil acceso, potenciando el despliegue de redes en estas zonas de nuestro país. Dicho incentivo buscaría optimizar el retorno de la inversión por la vía de una arquitectura tributaria creativa donde, por ejemplo, se permita una suspensión temporal o reducción del pago de impuestos o incentivos tributarios específicos como en las zonas francas.

-Actualización de la Ley General de Telecomunicaciones que, dado el avance tecnológico, la convergencia de servicios y los requerimientos sociales actuales, ya se encuentra obsoleta.

-Acuerdos con las Asociaciones de Municipalidades. Para que exista más y mejor conectividad a Internet debe existir, por parte de las Agencias del Estado, la convicción de incentivar y promover la inversión en el sector; asimismo, los municipios, agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, y en la Asociación de Municipios de Chile, AMUCH, deben cocrear un nuevo modelo para llegar a tiempo con la conectividad y la inclusión digital de los vecinos y territorios, para así reducir los costos de despliegue de redes, simplificación y más agilidad en la solicitud de concesiones y permisos; estandarizar procedimientos y reducir tiempos que viabilicen la inversión en el sector.

Desplegar una arquitectura digital, una nueva topología de red, con Internet a muy alta velocidad y calidad, asequible, a través de todo el territorio nacional, con nuevos nodos de acceso y con servicios de “última milla” requiere construir un nuevo modelo de despliegue junto a los gobiernos locales, aliados de los municipios, de sus vecinos y de su futuro, basado en una política convergente que integre, por una parte, un marco regulatorio favorable para la expansión de redes y, por otra, el desarrollo urbano que promueva la equidad, la ciudad sustentable e inclusiva, la estrategia productiva. Todo esto, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, siendo su base habilitante la estrategia de conectividad y de infraestructura digital. La estrategia debe ser ejemplo de paridad, sustentabilidad, ecológica y digital.

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Fuente: El Mostrador, Miércoles 24 de Marzo de 2021

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