Sábado, Julio 20, 2024

Permisos y proyectos empresariales, por Karen Thal y Lorenzo Gazmuri

EL MERCURIO – En medio de la discusión de un potencial pacto tributario, de una mejor gestión del gasto público y de la evidencia que nos habla de despilfarro y mala administración, se nos aparece la urgencia de modificar los procesos de aprobación de los proyectos de inversión. Esta constituye una de las principales prioridades del mundo empresarial y económico, porque incide en la recuperación de la inversión, con todos sus beneficios asociados.

En un reciente encuentro de Icare, tratamos este desafío que es, a la vez, una gran oportunidad. En una conversación franca, el ministro de Economía, Nicolás Grau; el exministro de Hacienda Ignacio Briones y destacados representantes del sector privado, llegaron al mismo consenso sobre el diagnóstico, la solución y su urgencia.

Algunas cifras, en las que existe acuerdo técnico: hoy, los proyectos de inversión deben superar las vallas de más de 439 permisos sectoriales, exigidos por 53 entidades diferentes, las cuales no tienen plazos comprometidos de resolución ni trazabilidad digital que permita gestionar su avance. Un ejemplo concreto es el de una planta desaladora, que puede demorar 11 años y siete meses en ser aprobada. Las mayores demoras están en la Subsecretaría de las FF.AA., la DGAC, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Coordinador Eléctrico. Estos organismos concentraban al 31 de diciembre pasado 5.517 trámites pendientes de aprobación. Todo esto, de acuerdo con el recién publicado informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

La burocracia afecta el sentido de urgencia y debilita la inversión, elemento clave para retomar el crecimiento y el desarrollo del país. Si lográramos reducir los plazos de los permisos de 10 a 5 años, por cada 1.000 millones de dólares de inversión, el Estado recaudaría 320 millones de dólares en impuestos en valor presente. Por otro lado, si miramos en forma sectorial, en minería los plazos normativos teóricos son de cuatro años en promedio, pero la realidad los eleva a más de 10 años. En el sector solar/eólico, que busca descarbonizar la matriz energética, los plazos normativos son de 15 meses; sin embargo, la realidad los está extendiendo a 49 meses.

Hay quienes argumentarán que simplificar estos procesos significa rebajar los estándares ambientales y de protección de las comunidades. Claramente, ello no es así. Un proceso moderno, trazable, con plazos definidos y permisos que no se dupliquen, permite darle certeza a la inversión y rechazar, corregir o enmendar en muy pocos meses los proyectos que no cumplen los estándares que el país debe exigir.

Los problemas más relevantes identificados por el ministro Grau en el encuentro de Icare son tres: 1) no existe un sistema de permisos sectoriales, sino una multiplicidad de permisos que se han ido generando en el tiempo; 2) no existen tiempos estipulados para la resolución de cada servicio ni una agencia estatal responsable de su cumplimiento, y 3) hay permisos sectoriales que se duplican en el proceso de aprobación ambiental. Lo estimulante es el acuerdo tanto en el diagnóstico como en la solución entre el gobierno anterior y el actual. Todo este cambio requerirá aprobar proyectos de ley que necesitarán de un gran acuerdo para ser aprobados, lo que hace resurgir la idea de que esta materia sea incorporada en el llamado pacto tributario.

No olvidemos las oportunidades únicas que enfrenta Chile, todas las cuales requieren de miles de millones de dólares de inversión y la certeza jurídica indispensable para concretarlas: hidrógeno verde, litio, combustibles sintéticos y la urgencia que hoy enfrentamos de contar con nuevas líneas de transmisión, entre otros. Chile es el único país del mundo que puede descarbonizar su matriz energética al 2040 con solo proyectos privados. Ello requiere sobre los 40.000 millones de dólares de inversión y la necesaria expedición en los permisos y las exigencias.

Sabemos que se trata de una tarea titánica, que además servirá de aprendizaje para el ineludible desafío de modernizar nuestro Estado. Están las capacidades, los diagnósticos y los planes de acción. Debemos lograr un acuerdo transversal para lograr sacar adelante este desafío.

Icare, como punto de encuentro, está disponible para colaborar en los acuerdos que se requieran; solo pedimos no dilatar la urgencia.

Karen Thal
Presidenta de Icare

Lorenzo Gazmuri
Pastpresident y director de Icare

Fuente: El Mercurio, Viernes 21 de Julio de 2023

EL MERCURIO – En medio de la discusión de un potencial pacto tributario, de una mejor gestión del gasto público y de la evidencia que nos habla de despilfarro y mala administración, se nos aparece la urgencia de modificar los procesos de aprobación de los proyectos de inversión. Esta constituye una de las principales prioridades del mundo empresarial y económico, porque incide en la recuperación de la inversión, con todos sus beneficios asociados.

En un reciente encuentro de Icare, tratamos este desafío que es, a la vez, una gran oportunidad. En una conversación franca, el ministro de Economía, Nicolás Grau; el exministro de Hacienda Ignacio Briones y destacados representantes del sector privado, llegaron al mismo consenso sobre el diagnóstico, la solución y su urgencia.

Algunas cifras, en las que existe acuerdo técnico: hoy, los proyectos de inversión deben superar las vallas de más de 439 permisos sectoriales, exigidos por 53 entidades diferentes, las cuales no tienen plazos comprometidos de resolución ni trazabilidad digital que permita gestionar su avance. Un ejemplo concreto es el de una planta desaladora, que puede demorar 11 años y siete meses en ser aprobada. Las mayores demoras están en la Subsecretaría de las FF.AA., la DGAC, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Coordinador Eléctrico. Estos organismos concentraban al 31 de diciembre pasado 5.517 trámites pendientes de aprobación. Todo esto, de acuerdo con el recién publicado informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

La burocracia afecta el sentido de urgencia y debilita la inversión, elemento clave para retomar el crecimiento y el desarrollo del país. Si lográramos reducir los plazos de los permisos de 10 a 5 años, por cada 1.000 millones de dólares de inversión, el Estado recaudaría 320 millones de dólares en impuestos en valor presente. Por otro lado, si miramos en forma sectorial, en minería los plazos normativos teóricos son de cuatro años en promedio, pero la realidad los eleva a más de 10 años. En el sector solar/eólico, que busca descarbonizar la matriz energética, los plazos normativos son de 15 meses; sin embargo, la realidad los está extendiendo a 49 meses.

Hay quienes argumentarán que simplificar estos procesos significa rebajar los estándares ambientales y de protección de las comunidades. Claramente, ello no es así. Un proceso moderno, trazable, con plazos definidos y permisos que no se dupliquen, permite darle certeza a la inversión y rechazar, corregir o enmendar en muy pocos meses los proyectos que no cumplen los estándares que el país debe exigir.

Los problemas más relevantes identificados por el ministro Grau en el encuentro de Icare son tres: 1) no existe un sistema de permisos sectoriales, sino una multiplicidad de permisos que se han ido generando en el tiempo; 2) no existen tiempos estipulados para la resolución de cada servicio ni una agencia estatal responsable de su cumplimiento, y 3) hay permisos sectoriales que se duplican en el proceso de aprobación ambiental. Lo estimulante es el acuerdo tanto en el diagnóstico como en la solución entre el gobierno anterior y el actual. Todo este cambio requerirá aprobar proyectos de ley que necesitarán de un gran acuerdo para ser aprobados, lo que hace resurgir la idea de que esta materia sea incorporada en el llamado pacto tributario.

No olvidemos las oportunidades únicas que enfrenta Chile, todas las cuales requieren de miles de millones de dólares de inversión y la certeza jurídica indispensable para concretarlas: hidrógeno verde, litio, combustibles sintéticos y la urgencia que hoy enfrentamos de contar con nuevas líneas de transmisión, entre otros. Chile es el único país del mundo que puede descarbonizar su matriz energética al 2040 con solo proyectos privados. Ello requiere sobre los 40.000 millones de dólares de inversión y la necesaria expedición en los permisos y las exigencias.

Sabemos que se trata de una tarea titánica, que además servirá de aprendizaje para el ineludible desafío de modernizar nuestro Estado. Están las capacidades, los diagnósticos y los planes de acción. Debemos lograr un acuerdo transversal para lograr sacar adelante este desafío.

Icare, como punto de encuentro, está disponible para colaborar en los acuerdos que se requieran; solo pedimos no dilatar la urgencia.

Karen Thal
Presidenta de Icare

Lorenzo Gazmuri
Pastpresident y director de Icare

Fuente: El Mercurio, Viernes 21 de Julio de 2023

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