LA DISCUSIÓN – La aprobación en el Senado del proyecto de ley que busca modernizar y agilizar los permisos sectoriales marca un paso importante para enfrentar uno de los principales cuellos de botella del desarrollo económico en Chile: la llamada “permisología”. Este término, que ha ganado fuerza en los últimos años, resume una realidad conocida por emprendedores, inversionistas, autoridades locales y comunidades: la excesiva burocracia que frena proyectos, ahuyenta inversiones y agudiza las brechas de crecimiento entre regiones.
En zonas como Ñuble, donde el desarrollo aún arrastra deudas históricas, los efectos de la permisología se sienten con más fuerza. La tramitación lenta y poco clara de autorizaciones, especialmente en sectores como la construcción, la energía o la agroindustria, no solo frena la ejecución de proyectos, sino que limita la creación de empleo, afecta la competitividad y agudiza las desigualdades territoriales. En un entorno global, un sistema ineficiente puede marcar la diferencia entre una inversión que llega y una que se va a otra región o a otro país.
Pero conviene detenerse en un punto esencial: avanzar hacia un Estado más ágil y eficiente es una necesidad urgente. Pero también lo es resguardar nuestro patrimonio natural, que en regiones como la nuestra no solo representa la riqueza biológica de nuestro singular territorio, sino también la base concreta de sectores clave como la agricultura, el turismo y las energías limpias.
Es cierto que los permisos sectoriales se han tornado cada vez más complejos en las últimas dos décadas, no por decisión de un gobierno en particular, sino por la acumulación y superposición de normativas, criterios técnicos y requisitos que muchas veces no dialogan entre sí. Esta maraña regulatoria, más que proteger, termina por entorpecer.
Sin embargo, la rapidez no puede ser sinónimo de superficialidad. Y eso aplica especialmente al sistema de evaluación ambiental. Hay que aclararlo: las demoras en estos procesos rara vez se deben a la lentitud del Estado. En la mayoría de los casos, la ralentización se origina en la deficiente calidad de los estudios presentados por los propios titulares de los proyectos. Cuando un expediente llega incompleto, mal fundamentado o con información ambigua, la función de los servicios públicos es pedir aclaraciones. Hacer otra cosa sería violar la ley y abrir espacio al abuso y la corrupción.
Por eso, resulta crucial distinguir entre trámites administrativos que pueden y deben simplificarse, y procedimientos técnicos como la evaluación ambiental, que requieren rigor, responsabilidad y transparencia. En el afán de “eliminar la permisología”, no podemos caer en la tentación de debilitar los mecanismos que garantizan el cuidado del territorio. Porque sin territorio sano, no hay desarrollo sostenible.
En Ñuble lo sabemos bien. Nuestra región posee un potencial agrícola, energético y turístico enorme. Pero ese potencial depende, en gran medida, de un equilibrio delicado con los ecosistemas, las fuentes hídricas, los suelos y los paisajes. Cuidar esos activos no es un capricho ambientalista. Es una estrategia de desarrollo a largo plazo.
Fuente: La Discusión, Viernes 20 de Junio de 2025
