Martes, Julio 23, 2024

Permisología: la gran amenaza para el desarrollo de Chile

LA TERCERA – “La permisología nos está matando”, dijo el expresidente Eduardo Frei hace unas semanas, haciendo referencia a la enorme cantidad de trámites que se requiere en Chile para la aprobación de un proyecto de inversión. Algo que no es nuevo, pero que está adquiriendo ribetes muy preocupantes, no sólo a nivel local, sino también internacional.

Hace unos días, la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, en el marco de la celebración de los 20 años del Tratado de Libre Comercio (TCL) con Estados Unidos, señaló que la permisología se ha constituido en una traba constante para la inversión, particularmente para los grandes proyectos, haciendo referencia al exorbitante número de autorizaciones, a nivel nacional, regional y local, que retrasan los proyectos en hasta seis años sólo en trámites burocráticos. Lo anterior, agregó, está significando el traslado de faenas a países con menor burocracia, entre ellos, Perú.

Se trata de un diagnóstico conocido. Diversos estudios han concluido que el sistema de permisos para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile es ineficiente y genera incerteza jurídica. Las razones de esto son variadas, pero entre las más relevantes están la ausencia de plazos o el incumplimiento de ellos para su otorgamiento, la existencia de procesos obsoletos, una baja digitalización, falta de coordinación entre los servicios y una alta discrecionalidad en los criterios aplicados. En suma, una tormenta perfecta que se está convirtiendo en la mayor amenaza para el desarrollo del país.

La situación es grave. Se estima que hoy un proyecto grande tarda al menos 10 años en lograr la tramitación de los permisos exigidos, si es que logra sortear la evaluación política que incluye el proceso de tramitación ambiental y que ha sido responsable del fracaso de muchos de ellos. Porque lo insólito en Chile es que aunque una iniciativa logre sortear el largo y sinuoso camino de la permisología, siempre puede ser detenido por la autoridad política.

Pese a las dañinas consecuencias que tiene todo esto para el país, se avanza muy poco en corregir el problema. Y las cifras hablan de una realidad muy poco alentadora. Al cierre del primer semestre de este año, la inversión aprobada por la autoridad ambiental cayó a su nivel más bajo en 16 años. Desde 1997 que no ingresan y se aprobaba un número tan bajo de iniciativas, lo que si bien tiene algo de explicación por el ciclo económico, lo cierto es que la permisología explica gran parte de lo que está ocurriendo.

El gobierno tiene claro el tema. Durante la Cuenta Pública del 1 de junio, el Presidente Boric se refirió al tema señalando que este año se terminarán de digitalizar los permisos sectoriales críticos, para que toda la tramitación sea electrónica en una ventanilla única. Y también anunció que, para abordar el problema de raíz, este semestre se ingresará al Congreso una ley de reforma integral a la tramitación de más de 300 permisos sectoriales.

Se trata sin duda de una buena noticia, pero hay que recordar que mejorar el sistema de permisos ha estado en casi todas las agendas gubernamentales de los últimos 20 años, sin mayores resultados. Por ende, tener éxito en esta materia requiere una determinación que va mucho más allá de los anuncios, partiendo por el hecho de que en el Servicio de Evaluación Ambiental definen el sistema como valorado nacional e internacionalmente por su transparencia y rigor técnico. Es decir, ellos no parecen ver el problema en que estamos.

En esto hay que entender dos cosas importantes. Lo primero es que la permisología como la que existe en Chile llega a los límites de impedir el desarrollo sostenible sin lograr ninguna ganancia ambiental. Es decir, es cuando la burocracia termina por ahogar los proyectos que son sustentables. Por ello, lo que se pide no es bajar los estándares ambientales, como denuncian algunas voces, sino tener un sistema eficiente.

Segundo, desde el gobierno se insiste en que debemos ponernos de acuerdo en avanzar en temas como el Pacto Fiscal o la reforma de pensiones. Pues bien, mientras no exista un verdadero gran acuerdo para terminar con la burocracia del sistema de evaluación, entonces el país avanzará poco o nada en términos de alcanzar el desarrollo.

Fuente: La Tercera, Miércoles 18 de Agosto de 2023

LA TERCERA – “La permisología nos está matando”, dijo el expresidente Eduardo Frei hace unas semanas, haciendo referencia a la enorme cantidad de trámites que se requiere en Chile para la aprobación de un proyecto de inversión. Algo que no es nuevo, pero que está adquiriendo ribetes muy preocupantes, no sólo a nivel local, sino también internacional.

Hace unos días, la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, en el marco de la celebración de los 20 años del Tratado de Libre Comercio (TCL) con Estados Unidos, señaló que la permisología se ha constituido en una traba constante para la inversión, particularmente para los grandes proyectos, haciendo referencia al exorbitante número de autorizaciones, a nivel nacional, regional y local, que retrasan los proyectos en hasta seis años sólo en trámites burocráticos. Lo anterior, agregó, está significando el traslado de faenas a países con menor burocracia, entre ellos, Perú.

Se trata de un diagnóstico conocido. Diversos estudios han concluido que el sistema de permisos para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile es ineficiente y genera incerteza jurídica. Las razones de esto son variadas, pero entre las más relevantes están la ausencia de plazos o el incumplimiento de ellos para su otorgamiento, la existencia de procesos obsoletos, una baja digitalización, falta de coordinación entre los servicios y una alta discrecionalidad en los criterios aplicados. En suma, una tormenta perfecta que se está convirtiendo en la mayor amenaza para el desarrollo del país.

La situación es grave. Se estima que hoy un proyecto grande tarda al menos 10 años en lograr la tramitación de los permisos exigidos, si es que logra sortear la evaluación política que incluye el proceso de tramitación ambiental y que ha sido responsable del fracaso de muchos de ellos. Porque lo insólito en Chile es que aunque una iniciativa logre sortear el largo y sinuoso camino de la permisología, siempre puede ser detenido por la autoridad política.

Pese a las dañinas consecuencias que tiene todo esto para el país, se avanza muy poco en corregir el problema. Y las cifras hablan de una realidad muy poco alentadora. Al cierre del primer semestre de este año, la inversión aprobada por la autoridad ambiental cayó a su nivel más bajo en 16 años. Desde 1997 que no ingresan y se aprobaba un número tan bajo de iniciativas, lo que si bien tiene algo de explicación por el ciclo económico, lo cierto es que la permisología explica gran parte de lo que está ocurriendo.

El gobierno tiene claro el tema. Durante la Cuenta Pública del 1 de junio, el Presidente Boric se refirió al tema señalando que este año se terminarán de digitalizar los permisos sectoriales críticos, para que toda la tramitación sea electrónica en una ventanilla única. Y también anunció que, para abordar el problema de raíz, este semestre se ingresará al Congreso una ley de reforma integral a la tramitación de más de 300 permisos sectoriales.

Se trata sin duda de una buena noticia, pero hay que recordar que mejorar el sistema de permisos ha estado en casi todas las agendas gubernamentales de los últimos 20 años, sin mayores resultados. Por ende, tener éxito en esta materia requiere una determinación que va mucho más allá de los anuncios, partiendo por el hecho de que en el Servicio de Evaluación Ambiental definen el sistema como valorado nacional e internacionalmente por su transparencia y rigor técnico. Es decir, ellos no parecen ver el problema en que estamos.

En esto hay que entender dos cosas importantes. Lo primero es que la permisología como la que existe en Chile llega a los límites de impedir el desarrollo sostenible sin lograr ninguna ganancia ambiental. Es decir, es cuando la burocracia termina por ahogar los proyectos que son sustentables. Por ello, lo que se pide no es bajar los estándares ambientales, como denuncian algunas voces, sino tener un sistema eficiente.

Segundo, desde el gobierno se insiste en que debemos ponernos de acuerdo en avanzar en temas como el Pacto Fiscal o la reforma de pensiones. Pues bien, mientras no exista un verdadero gran acuerdo para terminar con la burocracia del sistema de evaluación, entonces el país avanzará poco o nada en términos de alcanzar el desarrollo.

Fuente: La Tercera, Miércoles 18 de Agosto de 2023

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