Domingo, Mayo 19, 2024

El nuevo intento por corregir la “permisología” que afecta a los proyectos de inversión

LA SEGUNDA – Cuando se creó la Comisión Nacional de Productividad en 2015, invitaron a todos los ministros de Economía desde la presidencia de Ricardo Lagos para ver qué estaba restringiendo la productividad. “Todos dijeron que lo que más les dobló la mano fue la larga tramitación que tienen los proyectos de inversión”, recuerda Joseph Ramos, vicepresidente de la comisión y quien la presidió en sus inicios. Prácticamente todos estos ministros también realizaron esfuerzos por corregir la llamada “permisología”. Sin embargo, no lograron mejoras sustantivas.
Ahora, la comisión llega con un nuevo intento. Aparte de mejoras de eficiencia y mayor certeza jurídica, que no han definido específicamente, tiene una propuesta más novedosa: la creación de una institucionalidad regulatoria.
“Es conveniente que exista una entidad de carácter independiente y con capacidades técnicas específicas”, dice Raphael Bergoeing, presidente de la comisión. La idea, explica, sería que esta institucionalidad no burocratice más a la administración del Estado, sino que sea una “entidad ágil que actúe como colaboradora y revisora de los procesos que deben llevar adelante en otros órganos del Estado”. Esto, agrega, acompañado de esfuerzos particulares de cada órgano por mejoras regulatorias.
Sin embargo, los expertos advierten que hay riesgos. Dicen que se requiere apoyo sectorial para que los cambios funcionen y que hay dudas sobre cómo se debe desarrollar esta institucionalidad. Tomás Flores, economista de LyD y ex subsecretario de Economía, advierte que solo en la medida en que haya apoyo en los ministerios sectoriales para reducir los trámites bajo su administración, será posible avanzar. “Lamentablemente no siempre está ese apoyo”, agrega.
Y hay diferencias sobre si la institucionalidad regulatoria debe ser centralizada. Ramos, de la comisión, cree que sí debe serlo y que debe estar lo más cerca posible de la Presidencia, para evitar disputas entre ministerios. “Es importante que tenga un peso político”, advierte.
Para el director de Espacio Público, Luis Cordero, sin embargo, una institucionalidad regulatoria no debería ser centralizada, sino que debería promover las mejores prácticas regulatorias en cada sector. “Tener una institucionalidad concentrada, como mecanismo de control, traslada la responsabilidad a un tercero y eso puede llevar a los sectores a que no se hagan responsables”, advierte.
Permisos duplicados
Los empresarios, desde hace tiempo, han levantado alertas sobre la ineficiencia en la tramitación de permisos. Entre los últimos estuvo Carlo Solari, presidente de Falabella, quien dijo a La Tercera el domingo que todavía hay mucha oportunidad para simplificar los trámites. “Puedes cumplir con la misma normativa, pero de una manera que sea mucho más ágil”, dijo.
La ineficiencia fue confirmada por la comisión en un estudio publicado la semana pasada que da cuenta de 400 permisos únicos, entregados por 53 entidades, entre los que habría varios duplicados y superpuestos. El estudio, además, analizó en detalle 23 permisos “relevantes” para el sector público y privado. Y concluyó dos problemas principales: bajo nivel de eficiencia (los permisos tardan mucho tiempo en ser otorgados y falta “coherencia normativa”) y bajo grado de certeza jurídica. Esto representa un costo significativo en la inversión y lleva a que varios proyectos ni siquiera se presenten, dice Ramos.
“Hay un espacio importante de mejora en los plazos de aprobación”, dice Bergoeing, presidente de la comisión. “Más de la mitad de los permisos en nuestro estudio no tienen un plazo específico y algunos de los que tienen plazo establecido, lo superan ampliamente”, agrega.
Posibles soluciones
En la comisión ya están barajando cambios, aparte de la institucionalidad regulatoria, que podrían volver más eficiente el otorgamiento de permisos, explica Bergoeing. Se centran en tres elementos: gestión (mapear procesos, digitalizarlos e identificar áreas críticas); normativa (definir plazos y mejorar la coordinación entre servicios), y certeza jurídica (aclarar las vías para impugnar).
Estas soluciones se suman a esfuerzos del Ejecutivo, como la creación de la oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) el año pasado, destinada a resolver cuellos de botella para las inversiones. Y la Agenda de Simplificación regulatoria, lanzada por Piñera la semana pasada, que busca derogar leyes “obsoletas”.
“Efectivamente el tiempo que demoran los permisos es uno de los problemas que tenemos y que generan pérdidas de productividad”, dice Hernán de Solminihac, director de Clapes UC. Agrega que el foco propuesto de calidad en la regulación que tiene la comisión, otorgaría certezas tanto a inversionistas como a la comunidad, y elimina aspectos burocráticos. “Si se logra dar mayores certezas esta es una muy buena solución”, agrega.
Concuerda Cordero, de Espacio Público. “Actualmente los proyectos no saben a qué ventanillas acudir y las comunidades a quién reclamar”, dice.
Desde la comisión confían en que este intento por simplificar las regulaciones sí funcionará. “La gran diferencia de nuestro estudio con otros procesos previos es la mirada sistémica. A partir de un análisis de permisos particulares, hemos identificado aspectos generales que permiten hacer intervenciones de mayor amplitud y profundidad”, dice Bergoeing. Estos esfuerzos, además, tendrían el valor de que sobrevivieron a un cambio de periodo presidencial.
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Fuente: La Segunda, Miércoles 24 de Abril de 2019

LA SEGUNDA – Cuando se creó la Comisión Nacional de Productividad en 2015, invitaron a todos los ministros de Economía desde la presidencia de Ricardo Lagos para ver qué estaba restringiendo la productividad. “Todos dijeron que lo que más les dobló la mano fue la larga tramitación que tienen los proyectos de inversión”, recuerda Joseph Ramos, vicepresidente de la comisión y quien la presidió en sus inicios. Prácticamente todos estos ministros también realizaron esfuerzos por corregir la llamada “permisología”. Sin embargo, no lograron mejoras sustantivas.
Ahora, la comisión llega con un nuevo intento. Aparte de mejoras de eficiencia y mayor certeza jurídica, que no han definido específicamente, tiene una propuesta más novedosa: la creación de una institucionalidad regulatoria.
“Es conveniente que exista una entidad de carácter independiente y con capacidades técnicas específicas”, dice Raphael Bergoeing, presidente de la comisión. La idea, explica, sería que esta institucionalidad no burocratice más a la administración del Estado, sino que sea una “entidad ágil que actúe como colaboradora y revisora de los procesos que deben llevar adelante en otros órganos del Estado”. Esto, agrega, acompañado de esfuerzos particulares de cada órgano por mejoras regulatorias.
Sin embargo, los expertos advierten que hay riesgos. Dicen que se requiere apoyo sectorial para que los cambios funcionen y que hay dudas sobre cómo se debe desarrollar esta institucionalidad. Tomás Flores, economista de LyD y ex subsecretario de Economía, advierte que solo en la medida en que haya apoyo en los ministerios sectoriales para reducir los trámites bajo su administración, será posible avanzar. “Lamentablemente no siempre está ese apoyo”, agrega.
Y hay diferencias sobre si la institucionalidad regulatoria debe ser centralizada. Ramos, de la comisión, cree que sí debe serlo y que debe estar lo más cerca posible de la Presidencia, para evitar disputas entre ministerios. “Es importante que tenga un peso político”, advierte.
Para el director de Espacio Público, Luis Cordero, sin embargo, una institucionalidad regulatoria no debería ser centralizada, sino que debería promover las mejores prácticas regulatorias en cada sector. “Tener una institucionalidad concentrada, como mecanismo de control, traslada la responsabilidad a un tercero y eso puede llevar a los sectores a que no se hagan responsables”, advierte.
Permisos duplicados
Los empresarios, desde hace tiempo, han levantado alertas sobre la ineficiencia en la tramitación de permisos. Entre los últimos estuvo Carlo Solari, presidente de Falabella, quien dijo a La Tercera el domingo que todavía hay mucha oportunidad para simplificar los trámites. “Puedes cumplir con la misma normativa, pero de una manera que sea mucho más ágil”, dijo.
La ineficiencia fue confirmada por la comisión en un estudio publicado la semana pasada que da cuenta de 400 permisos únicos, entregados por 53 entidades, entre los que habría varios duplicados y superpuestos. El estudio, además, analizó en detalle 23 permisos “relevantes” para el sector público y privado. Y concluyó dos problemas principales: bajo nivel de eficiencia (los permisos tardan mucho tiempo en ser otorgados y falta “coherencia normativa”) y bajo grado de certeza jurídica. Esto representa un costo significativo en la inversión y lleva a que varios proyectos ni siquiera se presenten, dice Ramos.
“Hay un espacio importante de mejora en los plazos de aprobación”, dice Bergoeing, presidente de la comisión. “Más de la mitad de los permisos en nuestro estudio no tienen un plazo específico y algunos de los que tienen plazo establecido, lo superan ampliamente”, agrega.
Posibles soluciones
En la comisión ya están barajando cambios, aparte de la institucionalidad regulatoria, que podrían volver más eficiente el otorgamiento de permisos, explica Bergoeing. Se centran en tres elementos: gestión (mapear procesos, digitalizarlos e identificar áreas críticas); normativa (definir plazos y mejorar la coordinación entre servicios), y certeza jurídica (aclarar las vías para impugnar).
Estas soluciones se suman a esfuerzos del Ejecutivo, como la creación de la oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) el año pasado, destinada a resolver cuellos de botella para las inversiones. Y la Agenda de Simplificación regulatoria, lanzada por Piñera la semana pasada, que busca derogar leyes “obsoletas”.
“Efectivamente el tiempo que demoran los permisos es uno de los problemas que tenemos y que generan pérdidas de productividad”, dice Hernán de Solminihac, director de Clapes UC. Agrega que el foco propuesto de calidad en la regulación que tiene la comisión, otorgaría certezas tanto a inversionistas como a la comunidad, y elimina aspectos burocráticos. “Si se logra dar mayores certezas esta es una muy buena solución”, agrega.
Concuerda Cordero, de Espacio Público. “Actualmente los proyectos no saben a qué ventanillas acudir y las comunidades a quién reclamar”, dice.
Desde la comisión confían en que este intento por simplificar las regulaciones sí funcionará. “La gran diferencia de nuestro estudio con otros procesos previos es la mirada sistémica. A partir de un análisis de permisos particulares, hemos identificado aspectos generales que permiten hacer intervenciones de mayor amplitud y profundidad”, dice Bergoeing. Estos esfuerzos, además, tendrían el valor de que sobrevivieron a un cambio de periodo presidencial.
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Fuente: La Segunda, Miércoles 24 de Abril de 2019

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