LA TERCERA – El Presidente Boric señaló recientemente en el Encuentro Anual de la Industria de la Sofofa, que “hoy en Chile nos estamos quedando atrás, porque nuestro sistema de permisos es incoherente, es irracional; se ha transformado en la práctica en un impuesto más que no recauda”. En la ocasión, el mandatario se comprometió a bajar por lo menos en un 30% el plazo de los permisos para aprobar inversiones. Y para esto, enviará antes de fin de año al Congreso un proyecto de ley de reforma integral a los permisos no ambientales, como también una reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA).
Si bien es una señal positiva que el Presidente de la República se haga cargo de la preocupación que el tema genera entre los inversionistas, la pregunta legítima que subyace a las iniciativas anunciadas y prontas a discutirse en el Parlamento es por qué ahora y no en el pasado una reforma al sistema de permisos sectoriales y al SEA terminará en una ley que se haga cargo con sentido de urgencia de las dificultades que están enfrentando los proyectos de inversión. Cabe recordar, por ejemplo, la iniciativa que se ingresó al inicio del gobierno anterior para reformar al SEA y que en su primer trámite en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara recibió cientos de indicaciones patrocinadas por los parlamentarios de la actual coalición gobernante, las que terminaron sepultando anticipadamente la tramitación del proyecto.
En este contexto, y a la espera de que esta vez las iniciativas anunciadas sí logren convertirse en ley, la pregunta que surge es cuánto se puede avanzar sin cambios legislativos para mejorar la gestión interna de las distintas instituciones del Estado, reduciendo los tiempos y mejorando la previsibilidad de los procesos de aprobación. Y la respuesta es que se puede avanzar mucho. Por ejemplo, el Ejecutivo se comprometió reducir en un 33% los plazos para aprobación de proyectos mineros y, a la fecha, de las medidas levantadas por el sector, más del 60% son de carácter administrativo, es decir no requieren un cambio en la legislación.
Asimismo, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), propone, por ejemplo, avanzar en focalizarse en alrededor de 30 permisos sectoriales, donde se concentra el principal desafío para acelerar los tiempos de tramitación. Estos permisos se caracterizan, según la CNEP, por su nivel de complejidad, profundidad y especificidad de la información requerida para su aprobación. Por ello, se propone establecer una etapa donde se genera una discusión técnica entre inversionistas y servicios públicos sobre el alcance del proyecto en cuestión, permitiendo así que las observaciones y requerimientos de los servicios públicos se incorporen al diseño del instrumento. Con ello se aseguraría un plazo más cierto para su tramitación. Adicionalmente, la CNEP propone dotar de mecanismos de revisión externos de proyectos de alto nivel técnico para apoyar a los servicios públicos, sin duplicar funciones ni elevar el costo para el fisco.
Si bien hay que valorar el llamado del Presidente para reducir los plazos de tramitación de los proyectos, es importante constatar que el escenario legislativo que enfrentarán las iniciativas no será fácil ni tampoco lo expedito que se requiere hoy para la inversión. Por ello, los avances administrativos que impulse en el intertanto el Ejecutivo para mejorar la certeza y los tiempos de respuesta de los organismos estatales en la tramitación de los proyectos de inversión serán clave para obtener resultados concretos en el corto plazo.
Fuente: La Tercera, Jueves 02 de Noviembre de 2023
