PAÍS CIRCULAR – El pasado 9 de marzo, el Congreso aprobó de forma unánime la Ley Marco de Cambio Climático -compuesta por 54 artículos y 9 títulos- que fija la meta de carbono neutralidad para Chile al año 2050 como aspecto principal, pero considera además una serie de instrumentos y obligaciones que apuntan a fijar e institucionalizar la lucha contra el cambio climático como una política de Estado. Con ello, Chile se transforma así en el primer país de América Latina en fijar una meta de carbono neutralidad por ley, la que ahora deber ser promulgada.
Entre los instrumentos de gestión establecidos en la ley están una Estrategia Climática de Largo Plazo que definirá un presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y 2050, así como presupuestos de emisión para sectores específicos establecidos en la ley que deberán cumplirse en un plazo de 10 años.
A ello se suma la Contribución Nacional Determinada (NDC), los planes de mitigación y de adaptación al cambio climático, un Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático para el monitoreo e información de avance de las medidas en este ámbito, la creación de planes de acción regionales de cambio climático y de planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Se establecen además los sistemas de información, monitoreo, reporte y verificación, y establece la gobernanza climática que entrega las facultades, responsabilidades y obligaciones vinculantes de cada órgano del Estado, tanto a nivel vertical como horizontal.
Con el objetivo de analizar sus alcances, desafíos y materias pendientes que quedaron tras su aprobación, País Circular convocó al seminario web “Los impactos de la nueva Ley Marco de Cambio Climático” a tres expertos en la materia: Javier Naranjo, ex ministro del Medio Ambiente; Pamela Poo, directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur y activa participante en la tramitación de la ley en el Congreso; y Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).
Para Naranjo, la tramitación de dicha ley generó una amplia discusión técnica –“e incluso acalorada”- que derivó en un gran consenso político para su aprobación. Al ser esta una ley marco, agregó, actúa como un “paraguas” respecto de los demás componentes con que se va a generar la acción climática, entregando las directrices generales de como enfrentar las materias asociadas al cambio climático.
Allí se establecen además principios importantes que están contenidos en la misma ley, explicó: “Es muy relevante destacar el principio de no regresión, porque cuando hablamos de acción climática, hablamos de la necesidad de que todo el Estado, todo el sector privado y toda la sociedad civil se involucren en la acción climática. Y cuando hablamos de no regresión, es que no se puede volver atrás”.
Y en cuanto a la meta de carbono neutralidad a 2050, en que parte de la discusión parlamentaria fue adelantarla a 2040, señaló que en la ley se señala esta fecha como “a más tardar”, lo que implica que este es un tope final pero que se puede acortar, afirmó.
En materia de adaptación, señaló Naranjo, un aspecto importante es que se incluyó a los distintos sectores, entre ellos ciudades, biodiversidad, recursos hídricos, infraestructura, energía, minería, transportes, en fin. Estos sectores, dijo, deberán definir sus planes “bajo la supervisión del Ministerio del Medio Ambiente, para efectos de que la contabilización que se haga respecto de los GEI se haga bajo la tutela de la principal autoridad respecto del cambio climático”.
Además, Naranjo destacó la incorporación del instrumento de gestión denominado Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático (RANCC), que deberá demostrar los avances de Chile en la materia. “Este reporte establece una obligación bien novedosa, que es que cuando la ministra o ministro del Medio Ambiente genere un nuevo reporte tendrá que dar cuenta a ambas cámaras del Congreso respecto de su cumplimiento. Si se observa un incumplimiento de la acción climática por parte de alguno de los distintos sectores, existe la posibilidad en la ley de que ese ministro sea interpelado por la Cámara de Diputados a efectos de preguntar cuáles son los efectos. Y en el caso de que un sector no de cumplimiento a sus planes en los tiempos establecidos, se establece también la posibilidad de que Contraloría se involucre directamente con las sanciones al jefe de servicio”, explicó.
“Esta es una ley muy ambiciosa -dijo Naranjo-, que se pone a la vanguardia de Latinoamérica y al mismo nivel de países de la Unión Europea en materia de cambio climático. Por supuesto que puede haber críticas, o cosas que pueden faltar, pero lo cierto es que si uno revisa la legislación comparada, hoy Chile cuenta con un marco jurídico relevante, muy ambicioso, pero además de eso es responsable. Todos los objetivos y obligaciones lo son, y se pueden cumplir”.
“Proyecto de ley debiera haberse preocupado de la adaptación”
Para Pamela Poo, la crisis climática y ecológica actual tiene aspectos más políticos que técnicos. “Si bien la técnica y la ciencia nos van a ayudar -dijo-, el tema es político, y lo vemos a raíz de que en cada COP vamos fracasando porque los intereses de los distintos países se cruzan”.
De hecho, explicó, la crisis climática ya se preveía desde los años 70 -donde fue clave la publicación del informe “Los límites del crecimiento”- debido a un modelo de desarrollo intensificado, que no ha logrado hacerse cargo de esta crisis socioambiental que estamos viviendio, y que cada año va empeorando. “Las emisiones no han bajado, sino que han aumentando”, afirmó.
En un escenario donde los grandes emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son los países industrializados como Estados Unidos, Rusia o la Unión Europea, es allí donde tiene sentido una ley enfocada en la mitigación. “No para países como Chile, en que -donde aunque tenemos que aportar con nuestra cuota para bajar las emisiones globales- la verdad es que nuestras emisiones son bastantes marginales. Esto en relación a un proyecto de ley que debiera haberse preocupado de la adaptación, que es el problema que hoy tiene Chile (…) Nuestro país cumple 7 de las 9 vulnerabilidades de la CMNUCC, por lo tanto, la adaptación es nuestro tema”, afirmó.
Respecto del proyecto propiamente tal, Pamela Poo afirma que este se basa mucho en metas sectoriales, y criticó el que se haya establecido la carbono neutralidad “a más tardar en 2050”. “Quienes trabajamos en política pública bien sabemos que cuando las metas no son claras, que se diga ‘es tal año’, probablemente siempre nos pasemos 10 años más. Por lo tanto, yo creo que la carbono neutralidad la vamos a cumplir el 2060 (…) Si hay una crisis económica, se va a decir ‘no podemos hacer que la economía pare’. Hay muchas justificaciones, por lo tanto es bien complejo dejar una meta tan lejana”.
En cuanto a las sanciones establecidas en la ley para los jefes de servicio de los ministerios -los subsecretarios- por el incumplimiento de los planes sectoriales, afirmó que estas son mínimas, ya que estas son de media remuneración mensual previo sumario de Contraloría, y de persistirse en el incumplimiento llegan al doble de la multa y cinco días de suspensión del cargo.
“Yo siento que cuando estamos hablando de cambio climático, y cuando hay vidas humanas en juego, me parece que esta medida disciplinaria de solo una multa, y que no haya una responsabilidad política; si bien hay una señal, esta es insuficiente”, planteó.
También apuntó al rol del Consejo de Ministros en la aprobación de varios de los instrumentos de gestión de la ley (“Hoy en día el consejo son los ministerios productivos, y cuando se cruza lo productivo con la ciencia -que dice esto es lo que hay que reducir- nuevamente lo llevamos a un plano en que probablemente las cosas sean bastante más tímidas”, afirmó), y a que se haya dejado un artículo transitorio señalando que la Estrategia Climática a Largo Plazo no puede ser modificada hasta 2030: “¿Y si la realidad cambia?¿Y si la realidad se nos pone mucho más cuesta arriba y el escenario es peor, no podemos modificarla? Esto es preocupante, y yo creo que es un amarre que quedó en la ley”, planteó Poo.
“La ley es un giro histórico y cultural que nos desafía a todos”
Juan José Ugarte, en tanto, destacó el que Chile asuma el desafío que implica el cambio climático como un desafío de Estado, más allá de un gobierno específico y con una perspectiva intergeneracional. “Las migraciones -dijo- no son solamente de otros países hacia Chile, sino también dentro del territorio por los efectos que estamos viviendo: sequías extremas y otras condiciones que están alterando nuestra convivencia al interior de nuestro territorio. Y Chile tiene una tremenda oportunidad para hacer frente a esta gigantesca pregunta y demanda sobre el cambio climático”.
Y en esa línea, destacó dos factores que hacen viable que Chile alcance la carbono neutralidad: porque puede basar su desarrollo en energías renovables, y porque tiene bosques que pueden capturar ese carbono emitido y tranformarlo en oxígeno. “Son pocos los países que tienen ese doble factor, por una geografía diversa, por codiciones específicas. Estamos todos conscientes de la tremenda oportunidad que tiene Chile de cambiar su matriz energética, y tal vez un poco menos conscientes del tremendo potencial que tienen los bosques en Chile”, afirmó.
Ugarte recordó que un cuarto del país, un 24% de Chile son bosques: 14,6 millones de hectáreas de bosque nativo, y 2,4 millones de hectáreas de plantaciones. “Desde ahí, desde la capacidad de absorción de los bosques, de la capacidad productiva en la economía circular de generar construcciones en madera, reemplazar el plástico por papel y cartón, reemplazar las fibras de poliéster por fibras textiles de árboles, cambia un ciclo económico muy importante donde efectivamente, con esa doble componente -cambiar la matriz energética y desarrollar una forestación responsable-, Chile tiene esa perspectiva de futuro y esa responsabilidad con las futuras generaciones”, afirmó.
Si bien esta ley es perfectible “sin lugar a dudas” -dijo Ugarte, “representa un giro histórico y cultural que nos desafía a todos. Una ley que fue aprobada unánimemente por ambas cámaras, plantea una alta ambición climática, genera un marco de vanguardia y al mismo tiempo responsable, de manera que -basado en los principios en los cuales ha sido fundada la ley- podamos estar conscientes de que estamos cumpliendo con nuestro rol generacional y generando las condiciones habilitantes para las futuras generaciones”.
Respecto de la ley en sí, Ugarte destacó cinco principios contenidos en esta. El primero, dijo, es que está basada en la ciencia, donde además la entonces directora del CR2 y actual ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, jugó un rol relevante que hoy genera una continuidad de política a esta visión de Estado, y de efectivamente fundar la acción política en evidencia científica.
Un segundo aspecto es la inclusión de financiamieto y de conceptos de costo efectividad. “Incluir los costos indirectos de la inacción en esa decesión es realmente una palanca movilizadora. Moviliza la acción de los privados, la capacidad efectiva de cumplir con estos objetivos y con estas metas sectoriales”, dijo.
Tercero, el hecho de que plantea un enfoque ecológico integral con justicia intergeneracional para la mitigación y la adaptación; y en cuarto punto, la participación y transparencia con que se desarrolló todo el proceso de elaboración y discusión de la ley, donde se creó una comisión en la que estuvieron presentes pueblos originarios, científicos, académicos, mundo productivo, ong´s, abierta a la participación de otras experiencias internacionales que informaran de este desarrollo.
“Por último”, dijo, “tiene un sentido de urgencia”, donde hay un presupuesto de ir reduciendo las emisiones y aumentar la posibilidad de captura para avanzar a la carbono neutralidad.
“Hay un itinerario que seguir, donde sí importa lo que hagamos a 2025, 2030. Sí importa toda esa secuencia. Por lo mismo, destacar que esta ley que mandata a 30 años, pero que tiene bajadas mucho más específicas, como una revisión cada 5 años de las NDCs, de la estrategia climática de largo plazo, la implementación cada tres años de planes regionales y comunales, el tener un reporte público desde el Ministerio del Medio Ambiente a nivel nacional. Por lo tanto, puede sonar lejano 30 años, pero en dos años tenemos el reporte nacional que tiene que remecernos, tiene que tener la suficiente participación, difusión, para que efectivamente cumplamos en tiempo y oportunidad aquello”, afirmó.
Otro aspecto destacado por Ugarte es el hecho de que el rol de los privados para poder implementar los instrumentos de gestión contenidos en la ley está incluido en los espacios de participación nacionales, regionales, y territoriales.
“Son espacios en que está la autoridad pública política -local y nacional, representantes de los ciudadanos, de los territorios, pueblos originarios y el mundo empresarial. Creo que solo con ese concepto de unidad y esa visión de Estado, con ese sentido de urgencia y con esta medición y reporte cada dos años, creemos que hemos dado un paso muy significativo y un punto de inicio, de inercia Pero hay muchísimo más que hacer para que efectivamente en dos años podamos dar un reporte en que al menos podamos satisfacer las metas sectoriales (…) Hay que acelerar la acción, asumir compromisos claros y transparentes, y generar la fuerza para romper la inercia. Este es el más importante desafío que tenemos hoy”, afirmó.
Fuente: País Circular, Martes 29 de Marzo de 2022
