Martes, Junio 15, 2021

Ley de Convivencia Vial, por Francisca Astaburuaga

AUSTRAL DE VALDIVIA – La reciente promulgación de ley de Convivencia Vial -o de Modos- que introduce importantes modificaciones a la actual Ley de Tránsito, y que aspira a democratizar el espacio público vial, nos ha enfrentado de golpe a la obligación de madurar cívicamente en lo que se refiere a la asignación de deberes y derechos como usuarios de los distintos modos de transporte.

En este escenario, la ley viene a dar un marco, definiendo aspiraciones, y estableciendo ciertas lógicas en un espacio que hoy funciona con una organización precaria y muchas veces bajo la premisa de que gana el más fuerte, lo que ha generado conflictos y lamentables accidentes.

No es fácil ceder espacios que consideramos propios. Sin embargo, las crecientes trifulcas entre peatones, ciclistas y vehículos motorizados nos recuerdan que tenemos un área vial finita, de crecimiento limitado, lo que nos lleva a un punto de inflexión en el que es imperativo modificar y ordenar la manera en que utilizamos nuestro espacio compartido, y que es el espíritu detrás de esta ley.

Probablemente todos coincidimos en este punto, pero discrepamos en la forma en que este proceso debe llevarse a cabo.

Son varias las entidades que, desde sus ámbitos de competencia, han levantado la voz en las últimas semanas para poner de manifiesto su preocupación por la puesta en marcha de la ley, en circunstancias de que actualmente existe una carencia de recursos desde la perspectiva de infraestructura. El argumento principal es que antes de modificar la normativa, se debe contar con las condiciones mínimas que velen por la comodidad e integridad física de los distintos actores involucrados.

Sin embargo, esperar a que esté disponible la infraestructura para echar a andar la ley, nos tomará mucho más tiempo del que disponemos. En el escenario actual, las obras civiles tendrán que seguir a esta ley que actúa, en este sentido, como un apalancador de la infraestructura.

En el intertanto y con urgencia, cada municipio -coordinado con sus símiles- debería desarrollar un plan de contingencia temporal que contemple medidas como demarcación y vías segregadas o dedicadas, como alternativas viables y de rápido despliegue, que de a poco vayan visibilizando las especificidades que permitan mejorar la norma y gradualmente sean reemplazadas por un sistema permanente de infraestructura para ciclos debidamente planificado.

Todo este movimiento va de la mano de un importante cambio cultural ciudadano, que no va a suceder de la noche a la mañana y va a requerir de educación, apoyo y fiscalización criteriosa por parte de las autoridades hasta que sea integrado.

Francisca Astaburuaga
Coordinadora Comité de Ciudad e Infraestructura
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

Ver Artículo

Fuente: Diario Austral, Jueves 29 de noviembre de 2018

AUSTRAL DE VALDIVIA – La reciente promulgación de ley de Convivencia Vial -o de Modos- que introduce importantes modificaciones a la actual Ley de Tránsito, y que aspira a democratizar el espacio público vial, nos ha enfrentado de golpe a la obligación de madurar cívicamente en lo que se refiere a la asignación de deberes y derechos como usuarios de los distintos modos de transporte.

En este escenario, la ley viene a dar un marco, definiendo aspiraciones, y estableciendo ciertas lógicas en un espacio que hoy funciona con una organización precaria y muchas veces bajo la premisa de que gana el más fuerte, lo que ha generado conflictos y lamentables accidentes.

No es fácil ceder espacios que consideramos propios. Sin embargo, las crecientes trifulcas entre peatones, ciclistas y vehículos motorizados nos recuerdan que tenemos un área vial finita, de crecimiento limitado, lo que nos lleva a un punto de inflexión en el que es imperativo modificar y ordenar la manera en que utilizamos nuestro espacio compartido, y que es el espíritu detrás de esta ley.

Probablemente todos coincidimos en este punto, pero discrepamos en la forma en que este proceso debe llevarse a cabo.

Son varias las entidades que, desde sus ámbitos de competencia, han levantado la voz en las últimas semanas para poner de manifiesto su preocupación por la puesta en marcha de la ley, en circunstancias de que actualmente existe una carencia de recursos desde la perspectiva de infraestructura. El argumento principal es que antes de modificar la normativa, se debe contar con las condiciones mínimas que velen por la comodidad e integridad física de los distintos actores involucrados.

Sin embargo, esperar a que esté disponible la infraestructura para echar a andar la ley, nos tomará mucho más tiempo del que disponemos. En el escenario actual, las obras civiles tendrán que seguir a esta ley que actúa, en este sentido, como un apalancador de la infraestructura.

En el intertanto y con urgencia, cada municipio -coordinado con sus símiles- debería desarrollar un plan de contingencia temporal que contemple medidas como demarcación y vías segregadas o dedicadas, como alternativas viables y de rápido despliegue, que de a poco vayan visibilizando las especificidades que permitan mejorar la norma y gradualmente sean reemplazadas por un sistema permanente de infraestructura para ciclos debidamente planificado.

Todo este movimiento va de la mano de un importante cambio cultural ciudadano, que no va a suceder de la noche a la mañana y va a requerir de educación, apoyo y fiscalización criteriosa por parte de las autoridades hasta que sea integrado.

Francisca Astaburuaga
Coordinadora Comité de Ciudad e Infraestructura
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

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Fuente: Diario Austral, Jueves 29 de noviembre de 2018

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