Martes, Junio 22, 2021

Legitimar la planificación de infraestructura, por Paola Tapia

DIARIO EL CENTRO – La anunciada decisión de construir un bypass en la nueva licitación de la Ruta Talca-Chillán por parte del Ministerio de Obras Públicas, ha puesto en el tapete una discusión a nivel nacional sobre la participación ciudadana en la planificación urbana.

Hay argumentos a favor y en contra de la construcción de dicho bypass, pero la pregunta es otra. Un proyecto que en definitiva comprende a más de 270.000 personas que viven hoy en la gran conurbación de la Región del Maule, que implicaría una inversión de 521 millones de dólares y que modificaría considerablemente los desplazamientos actuales ¿no debió considerar un trabajo con la ciudadanía y la comunidad local?

Se trata de un tema estructural del desarrollo de las políticas públicas. Cómo resguardar que esta planificación considere la visión local, no sólo por los recursos que involucra, sino por generar un mejor entorno, que considere las necesidades de la población, la accesibilidad, la conectividad de los medios de transporte público, la interacción con otros modos no motorizados, entre otros aspectos.

Se hace indispensable sobre este punto hacer un llamado para proyectar una planificación integrada de infraestructura, que considere no sólo las directrices nacionales sino también regionales y locales, contempladas en los distintos planes de planificación territorial, objetivo por lo demás contemplado en la Política Nacional de Desarrollo Urbano.

El Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, busca precisamente eso, aunar una política de Estado integral y transversal que es clave para la calidad de vida de las personas.

La desconfianza y desafección precisamente se generan por la falta de diálogo, colaboración y coordinación. Frente a ello es necesario, más allá de las exigencias normativas, considerar estos elementos en la planificación de la infraestructura que impacta en el mediano y largo plazo.

La participación ciudadana en la planificación de infraestructura pública es una expresión patente del derecho a la ciudad; incorporarla para que se considere en la elaboración y toma de decisión, es de la esencia de los procesos, con una visión política y estratégica que comprenda la visión de ciudad que debemos construir y que legitima los proyectos, considerando entre otros, los valores sociales, culturales y medioambientales.

Paola Tapia Salas
Consejera Consejo de Políticas de Infraestructura
Red Ciudad Futura

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Fuente: Diario El Centro, Miércoles 05 de diciembre de 2018

DIARIO EL CENTRO – La anunciada decisión de construir un bypass en la nueva licitación de la Ruta Talca-Chillán por parte del Ministerio de Obras Públicas, ha puesto en el tapete una discusión a nivel nacional sobre la participación ciudadana en la planificación urbana.

Hay argumentos a favor y en contra de la construcción de dicho bypass, pero la pregunta es otra. Un proyecto que en definitiva comprende a más de 270.000 personas que viven hoy en la gran conurbación de la Región del Maule, que implicaría una inversión de 521 millones de dólares y que modificaría considerablemente los desplazamientos actuales ¿no debió considerar un trabajo con la ciudadanía y la comunidad local?

Se trata de un tema estructural del desarrollo de las políticas públicas. Cómo resguardar que esta planificación considere la visión local, no sólo por los recursos que involucra, sino por generar un mejor entorno, que considere las necesidades de la población, la accesibilidad, la conectividad de los medios de transporte público, la interacción con otros modos no motorizados, entre otros aspectos.

Se hace indispensable sobre este punto hacer un llamado para proyectar una planificación integrada de infraestructura, que considere no sólo las directrices nacionales sino también regionales y locales, contempladas en los distintos planes de planificación territorial, objetivo por lo demás contemplado en la Política Nacional de Desarrollo Urbano.

El Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, busca precisamente eso, aunar una política de Estado integral y transversal que es clave para la calidad de vida de las personas.

La desconfianza y desafección precisamente se generan por la falta de diálogo, colaboración y coordinación. Frente a ello es necesario, más allá de las exigencias normativas, considerar estos elementos en la planificación de la infraestructura que impacta en el mediano y largo plazo.

La participación ciudadana en la planificación de infraestructura pública es una expresión patente del derecho a la ciudad; incorporarla para que se considere en la elaboración y toma de decisión, es de la esencia de los procesos, con una visión política y estratégica que comprenda la visión de ciudad que debemos construir y que legitima los proyectos, considerando entre otros, los valores sociales, culturales y medioambientales.

Paola Tapia Salas
Consejera Consejo de Políticas de Infraestructura
Red Ciudad Futura

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Fuente: Diario El Centro, Miércoles 05 de diciembre de 2018

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