Lunes, Febrero 6, 2023

“La infraestructura puede jugar un rol clave en reactivación del empleo”, entrevista a Carlos Cruz L.

CPI – El reciente anuncio de recortes en los presupuestos de los ministerios de Obras Públicas y Vivienda será otro revés para el empleo en el país. Se estima que el impacto equivaldrá a 350 mil puestos de trabajo mes. En un año esto podría tener un efecto en 30 mil puestos empleos menos en forma permanente.
En este contexto, en el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) se discuten  propuestas que podrían ayudar a paliar las altas cifras de desempleo que se esperan para los próximos meses, las que podrían situarse entre 12% y 14%.
“Después de la emergencia, el principal problema que enfrentará Chile es el desempleo y desde la infraestructura hay formas de abordarlo”, sostiene el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
– ¿Qué acciones se podrían implementar para ayudar a reducir esta merma en puestos de trabajo?
Hay que generar propuestas intensivas en empleo y que, además tengan un impacto social y productivo. Por ejemplo, se podrían activar obras de pavimentos secundarios, de canales de regadío y obras urbanas que aporten a reducir las brechas que son evidentes en nuestras ciudades.
– ¿Hay espacio para retomar la ambiciosa cartera de licitaciones por US$ 14.000 millones que anunció el MOP previo a la crisis social y sanitaria?
Va a ser difícil llevar a cabo el programa de concesiones del MOP en los próximos 2 años. Por lo tanto, creo que es el momento de negociar mejoras de los servicios a partir de los  contratos de las mismas concesiones existentes. Esas mejoras pueden ser muy intensivas en mano de obra, fáciles de ejecutar y sólo requieren de  un significativo  grado de consenso político, dado el cuestionamiento que ha tenido el mundo concesional.  Pero, en estas circunstancias es un mecanismo que no debiera desecharse,  dado el alto impacto social positivo que podría tener.
– En paralelo a la crisis social y ahora sanitaria se vive una crisis hídrica nunca vista en el país. ¿Qué vías de solución ve el CPI en este ámbito?
La escasez de agua ha tenido una expresión dramática en zonas apartadas y hay que hacer un esfuerzo inmediato que resuelva estructuralmente el abastecimiento. No puede ser que un país que aspira a ser parte de la OCDE siga abasteciendo de agua a 1,4 millones de personas con camiones aljibes.
Hay que buscar distintas alternativas desde plantas de desalación pequeñas o multipropósito,  perforación de pozos y búsqueda de agua subterránea, hasta mecanismos de swap de agua que han contribuido a resolver este problema en algunos lugares. Esta es una urgencia humanitaria y que adquiere aún más urgencia dadas las condiciones sanitarias críticas que se están experimentando.
– Otra área que ha mostrado necesidad de inversión durante esta pandemia es la infraestructura digital ¿lo ve como una oportunidad?
Con la emergencia sanitaria han surgido nuevas prácticas (teletrabajo, clases en línea, comercio electrónico, etc) que tienen alto efecto productivo, pero que sólo serán sostenibles si se asegura la capacidad de transmisión vía banda ancha de datos y voz. Eso sólo es posible si se realizan las inversiones en el proceso de digitalización (desde fibra óptica hasta llegada a la última milla de forma más extendida en el territorio nacional, asegurando calidad y precios más razonables). Si no se hace, los niveles de desigualdad van a ser crecientes.
Mirando a futuro, ¿qué desafíos deberá enfrentar la infraestructura una vez superada la emergencia generada por el Covid-19?
Sin duda, asegurar el abastecimiento de agua potable para las personas, donde es importante revisar en función de la obligatoriedad de las empresas sanitarias de proveerlo en las zonas urbanas y cómo eso se expresa en las tarifas. Asimismo, en los sectores silvoagropecuarios hay que explorar alternativas como las plantas desaladoras multipropósito, como lo han hecho otros países, o distintas formas de trasvase de cuencas.
Hay que enfrentar esto si consideramos que estos sectores son claves para el desarrollo económico del país.
– En materia urbana, el estallido social de octubre mostró las enormes tareas que aún tiene pendiente el país. ¿Qué es lo más urgente de abordar en este tema, según el CPI?
Hay urbanistas destacados que señalan que no hay nada más productivo que invertir en calidad de vida para los habitantes de las ciudades. Esto es fundamental y  pasa por resolver brechas urbanas muy manifiestas, más y mejores servicios, asegurar una movilidad más expedita para las personas  y atender la logística urbana.
– También estas crisis (social y sanitaria) han revelado la gran importancia de contar con una infraestructura logística potente. ¿Hay que reordenar las prioridades que se tenían? ¿Dónde deberían ponerse los esfuerzos?
Las condiciones en los mercados externos van a cambiar. Ya no es tan claro que el transporte de carga -en lo económico- sea atractivo hacerlo a través de grandes barcos de 400 mts de eslora. Las naves de menor tamaño empiezan a adquirir relevancia. En ese contexto, tal vez nuestro proyecto estrella, que durante años hemos empujado con fuerza, que es el puerto de gran escala en San Antonio, haya que revisarlo y posponerlo. Quizá lo que corresponde hoy es  reforzar lo que se ha estado haciendo en relación a hacer más eficientes los servicios portuarios actualmente disponibles.
Aún hay mucho déficit en la cadena logística –en acceso a puertos, en infraestructura carretera, en ferrocarriles- que hay que potenciar y disminuir sus costos y servicios; en aeropuertos también hay tarea pendiente, al igual que en pasos fronterizos.
– Un tema recurrente, en el sector infraestructura, es la falta de coordinación entre las distintas instituciones que operan y que, muchas veces, traban las inversiones.
Ese es otro de los desafíos pendientes. Tenemos que ser capaces de pasar de una coordinación no vinculante a una operativa en base a una mirada estratégica compartida. Seguimos teniendo una coordinación interinstitucional muy precaria y las mejoras se han ido postergando. Lo importante es aumentar la coordinación para aprovechar mejor los recursos públicos y así incentivar inversión privada.
– Considerando los menores recursos públicos para destinar a proyectos de infraestructura ¿qué rol le asigna a la Asociación Público- Privada (APP)?
– Hay que pensar en nuevas fórmulas de APP. Los fondos de pensiones y las compañías de seguros cuentas con recursos para invertir. El desafío está en generar una relación diferente y que permita juntar disponibilidad con necesidades.
Además, deberíamos revisar los estándares que se exigían a los proyectos. La gran infraestructura que estábamos diseñando y construyendo se asemejaba a la de países desarrollados. En virtud de la menor disponibilidad de recursos y las nuevas exigencias que han surgido, habría que revisar esos estándares y adecuarlos al nivel de desarrollo que tiene el país, generando condiciones en contratos de APP  donde se puedan ir mejorando cuando el país lo va requiriendo y no partir de estándares tan altos cuando aún no tenemos las condiciones. Eso quizá puede disminuir los requerimientos de inversión en ciertos proyectos y facilitar la participación de empresas que hasta ahora estaban fuera de la industria de las concesiones. Lo importante es asegurar un muy buen nivel de servicios en el tiempo, por lo que la infraestructura debiera adaptarse a esa exigencia, en la media que va siendo necesario.
Fuente: CPI, Miércoles 6 de Mayo de 2020

CPI – El reciente anuncio de recortes en los presupuestos de los ministerios de Obras Públicas y Vivienda será otro revés para el empleo en el país. Se estima que el impacto equivaldrá a 350 mil puestos de trabajo mes. En un año esto podría tener un efecto en 30 mil puestos empleos menos en forma permanente.
En este contexto, en el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) se discuten  propuestas que podrían ayudar a paliar las altas cifras de desempleo que se esperan para los próximos meses, las que podrían situarse entre 12% y 14%.
“Después de la emergencia, el principal problema que enfrentará Chile es el desempleo y desde la infraestructura hay formas de abordarlo”, sostiene el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
– ¿Qué acciones se podrían implementar para ayudar a reducir esta merma en puestos de trabajo?
Hay que generar propuestas intensivas en empleo y que, además tengan un impacto social y productivo. Por ejemplo, se podrían activar obras de pavimentos secundarios, de canales de regadío y obras urbanas que aporten a reducir las brechas que son evidentes en nuestras ciudades.
– ¿Hay espacio para retomar la ambiciosa cartera de licitaciones por US$ 14.000 millones que anunció el MOP previo a la crisis social y sanitaria?
Va a ser difícil llevar a cabo el programa de concesiones del MOP en los próximos 2 años. Por lo tanto, creo que es el momento de negociar mejoras de los servicios a partir de los  contratos de las mismas concesiones existentes. Esas mejoras pueden ser muy intensivas en mano de obra, fáciles de ejecutar y sólo requieren de  un significativo  grado de consenso político, dado el cuestionamiento que ha tenido el mundo concesional.  Pero, en estas circunstancias es un mecanismo que no debiera desecharse,  dado el alto impacto social positivo que podría tener.
– En paralelo a la crisis social y ahora sanitaria se vive una crisis hídrica nunca vista en el país. ¿Qué vías de solución ve el CPI en este ámbito?
La escasez de agua ha tenido una expresión dramática en zonas apartadas y hay que hacer un esfuerzo inmediato que resuelva estructuralmente el abastecimiento. No puede ser que un país que aspira a ser parte de la OCDE siga abasteciendo de agua a 1,4 millones de personas con camiones aljibes.
Hay que buscar distintas alternativas desde plantas de desalación pequeñas o multipropósito,  perforación de pozos y búsqueda de agua subterránea, hasta mecanismos de swap de agua que han contribuido a resolver este problema en algunos lugares. Esta es una urgencia humanitaria y que adquiere aún más urgencia dadas las condiciones sanitarias críticas que se están experimentando.
– Otra área que ha mostrado necesidad de inversión durante esta pandemia es la infraestructura digital ¿lo ve como una oportunidad?
Con la emergencia sanitaria han surgido nuevas prácticas (teletrabajo, clases en línea, comercio electrónico, etc) que tienen alto efecto productivo, pero que sólo serán sostenibles si se asegura la capacidad de transmisión vía banda ancha de datos y voz. Eso sólo es posible si se realizan las inversiones en el proceso de digitalización (desde fibra óptica hasta llegada a la última milla de forma más extendida en el territorio nacional, asegurando calidad y precios más razonables). Si no se hace, los niveles de desigualdad van a ser crecientes.
Mirando a futuro, ¿qué desafíos deberá enfrentar la infraestructura una vez superada la emergencia generada por el Covid-19?
Sin duda, asegurar el abastecimiento de agua potable para las personas, donde es importante revisar en función de la obligatoriedad de las empresas sanitarias de proveerlo en las zonas urbanas y cómo eso se expresa en las tarifas. Asimismo, en los sectores silvoagropecuarios hay que explorar alternativas como las plantas desaladoras multipropósito, como lo han hecho otros países, o distintas formas de trasvase de cuencas.
Hay que enfrentar esto si consideramos que estos sectores son claves para el desarrollo económico del país.
– En materia urbana, el estallido social de octubre mostró las enormes tareas que aún tiene pendiente el país. ¿Qué es lo más urgente de abordar en este tema, según el CPI?
Hay urbanistas destacados que señalan que no hay nada más productivo que invertir en calidad de vida para los habitantes de las ciudades. Esto es fundamental y  pasa por resolver brechas urbanas muy manifiestas, más y mejores servicios, asegurar una movilidad más expedita para las personas  y atender la logística urbana.
– También estas crisis (social y sanitaria) han revelado la gran importancia de contar con una infraestructura logística potente. ¿Hay que reordenar las prioridades que se tenían? ¿Dónde deberían ponerse los esfuerzos?
Las condiciones en los mercados externos van a cambiar. Ya no es tan claro que el transporte de carga -en lo económico- sea atractivo hacerlo a través de grandes barcos de 400 mts de eslora. Las naves de menor tamaño empiezan a adquirir relevancia. En ese contexto, tal vez nuestro proyecto estrella, que durante años hemos empujado con fuerza, que es el puerto de gran escala en San Antonio, haya que revisarlo y posponerlo. Quizá lo que corresponde hoy es  reforzar lo que se ha estado haciendo en relación a hacer más eficientes los servicios portuarios actualmente disponibles.
Aún hay mucho déficit en la cadena logística –en acceso a puertos, en infraestructura carretera, en ferrocarriles- que hay que potenciar y disminuir sus costos y servicios; en aeropuertos también hay tarea pendiente, al igual que en pasos fronterizos.
– Un tema recurrente, en el sector infraestructura, es la falta de coordinación entre las distintas instituciones que operan y que, muchas veces, traban las inversiones.
Ese es otro de los desafíos pendientes. Tenemos que ser capaces de pasar de una coordinación no vinculante a una operativa en base a una mirada estratégica compartida. Seguimos teniendo una coordinación interinstitucional muy precaria y las mejoras se han ido postergando. Lo importante es aumentar la coordinación para aprovechar mejor los recursos públicos y así incentivar inversión privada.
– Considerando los menores recursos públicos para destinar a proyectos de infraestructura ¿qué rol le asigna a la Asociación Público- Privada (APP)?
– Hay que pensar en nuevas fórmulas de APP. Los fondos de pensiones y las compañías de seguros cuentas con recursos para invertir. El desafío está en generar una relación diferente y que permita juntar disponibilidad con necesidades.
Además, deberíamos revisar los estándares que se exigían a los proyectos. La gran infraestructura que estábamos diseñando y construyendo se asemejaba a la de países desarrollados. En virtud de la menor disponibilidad de recursos y las nuevas exigencias que han surgido, habría que revisar esos estándares y adecuarlos al nivel de desarrollo que tiene el país, generando condiciones en contratos de APP  donde se puedan ir mejorando cuando el país lo va requiriendo y no partir de estándares tan altos cuando aún no tenemos las condiciones. Eso quizá puede disminuir los requerimientos de inversión en ciertos proyectos y facilitar la participación de empresas que hasta ahora estaban fuera de la industria de las concesiones. Lo importante es asegurar un muy buen nivel de servicios en el tiempo, por lo que la infraestructura debiera adaptarse a esa exigencia, en la media que va siendo necesario.
Fuente: CPI, Miércoles 6 de Mayo de 2020

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