Domingo, Junio 13, 2021

Gobierno impulsa plan para soterrar cables en nuevos proyectos de infraestructura

DIARIO FINANCIERO – La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) está impulsando un plan de soterramiento de cables. El organismo liderado por Pamela Gidi está coordinando a distintos ministerios con un gran objetivo: que nuevas iniciativas de inversión, como carreteras y grandes obras habitacionales, sean desarrolladas con el cableado bajo tierra.

“Este trabajo debemos mirarlo a futuro, ya que retroactivamente es muy complicado soterrar redes de telecomunicaciones por los altos costos de inversión que implica. Por ello nuestro énfasis está en empujar el soterramiento de los proyectos que están en vías de construcción”, destacó la subsecretaria Gidi.

“Subtel ha puesto el tema en las distintas mesas de trabajo que participa con las empresas, de modo de sensibilizar a los privados frente a este tópico. Las respuestas han sido variadas. Mientras algunas firmas se han mostrado más cautas a la hora de hablar del tema, otras han manifestado su interés de explorar el área, y considerarla dentro de sus presupuestos para los próximos años”, añadió la autoridad.

Destacó que hoy “se trabaja de manera coordinada” con otros organismos gubernamentales, como los Ministerios de Vivienda, Energía y Obras Públicas, “de modo de generar miradas comunes que se traduzcan en eficiencias a la hora de construir proyectos de distinto tipo, y que consideren el soterramiento de infraestructura de telecomunicaciones como una alternativa”.

El tema cada tanto se toma los titulares, principalmente ante eventos climáticos adversos, como los temporales, cuando millones de habitantes de Santiago han debido soportar la interrupción de la energía por caída de ramas sobre los cables.

En Chile existen más de 2,5 millones de postes para instalaciones de distribución eléctrica y casi 170 mil kilómetros de red. Del total, alrededor de 2% está instalado bajo tierra.

El debate sobre la necesidad de soterrar los tendidos, otorgando una mayor seguridad y estabilidad al sistema, se ha centrado en el costo.

El nivel de inversión no es menor. Esto, porque la diferencia entre optar por instalar redes en postes por vía aérea o bajo tierra es de 1 a 10.

De ahí que una de las grandes vallas que presenta esta modalidad es quién financia las inversiones. Según la ley eléctrica, son los clientes quienes, vía tarifa, financian las obras que llevan a cabo las empresas. Esta situación hace prácticamente inviable soterrar.

Descontaminación visual

La consultora Systep determinó que poner bajo tierra el 100% de las redes de media y alta tensión, así como los transformadores, podría incrementar en unos $ 2.400 la boleta mensual de un usuario con tarifa BT1, que corresponde a los usuarios residenciales.

Frente a esto, se ha analizado utilizar el sistema de concesiones.

Se estima que la explotación de poliductos podría ser un negocio tan lucrativo como las concesiones de carreteras, sin un incremento en las tarifas a público ni millonarias inversiones por parte de los municipios. No obstante, hasta ahora no hay ninguna decisión al respecto.

Mientras, las autoridades trabajan en el despeje de los cables en desuso.

En el caso del despeje de cables, Santiago y Valdivia son algunas de las municipalidades que han trabajado en conjunto con Subtel, ejecutando planes de descontaminación visual. En el caso de la Región de los Ríos, a noviembre de 2017, se han retirado 46.487 metros de cables en desuso.

La Municipalidad de Santiago, a partir de mayo, inició trabajos en el Barrio Yungay, retirando a la fecha 5,5 kilómetros de cable de un total de 6 kilómetros contemplados.

El costo de soterrar: US$ 35 mil millones

Desde hace más de una década se ha planteado la necesidad de soterrar los cables, por lo menos en Santiago. En junio de 2005, bajo la administración de Ricardo Lagos, se firmó el “Protocolo de Santiago 2005. Propuesta para un Plan Sostenible de Gestión Urbana. Soterramiento de Redes en Santiago”, en virtud del cual la Comisión Bicentenario, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Asociación Chilena de Municipalidades, el Colegio de Arquitectos y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Telefónica CTC (hoy Movistar) y Chilectra (hoy Enel Distribución) se reunieron con el propósito de discutir el soterramiento de redes en la capital, a través de la conformación de una mesa de trabajo que debía analizar las propuestas para concretar esto en Santiago.

No se presentó ninguna propuesta en concreto. Si se han elaborado mociones. Actualmente, hay tres proyectos de ley que duermen en el Congreso.

Uno de ellos es el presentado en 2012 por Juan Pablo Letelier, que busca obligar a las empresas a enterrar bajo tierra todos los cables aéreos de servicio público para ciudades de más de 50 mil habitantes en un plazo de dos años. El alto costo del proyecto, cercano a los US$ 35 mil millones, y quién deberá asumir el costo final de esta inversión son las grandes interrogantes. Otra presentación parlamentaria apunta a despejar de cables las zonas consideradas patrimoniales.

Ver Artículo

Fuente: Diario Financiero, Martes 23 de octubre de 2018

DIARIO FINANCIERO – La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) está impulsando un plan de soterramiento de cables. El organismo liderado por Pamela Gidi está coordinando a distintos ministerios con un gran objetivo: que nuevas iniciativas de inversión, como carreteras y grandes obras habitacionales, sean desarrolladas con el cableado bajo tierra.

“Este trabajo debemos mirarlo a futuro, ya que retroactivamente es muy complicado soterrar redes de telecomunicaciones por los altos costos de inversión que implica. Por ello nuestro énfasis está en empujar el soterramiento de los proyectos que están en vías de construcción”, destacó la subsecretaria Gidi.

“Subtel ha puesto el tema en las distintas mesas de trabajo que participa con las empresas, de modo de sensibilizar a los privados frente a este tópico. Las respuestas han sido variadas. Mientras algunas firmas se han mostrado más cautas a la hora de hablar del tema, otras han manifestado su interés de explorar el área, y considerarla dentro de sus presupuestos para los próximos años”, añadió la autoridad.

Destacó que hoy “se trabaja de manera coordinada” con otros organismos gubernamentales, como los Ministerios de Vivienda, Energía y Obras Públicas, “de modo de generar miradas comunes que se traduzcan en eficiencias a la hora de construir proyectos de distinto tipo, y que consideren el soterramiento de infraestructura de telecomunicaciones como una alternativa”.

El tema cada tanto se toma los titulares, principalmente ante eventos climáticos adversos, como los temporales, cuando millones de habitantes de Santiago han debido soportar la interrupción de la energía por caída de ramas sobre los cables.

En Chile existen más de 2,5 millones de postes para instalaciones de distribución eléctrica y casi 170 mil kilómetros de red. Del total, alrededor de 2% está instalado bajo tierra.

El debate sobre la necesidad de soterrar los tendidos, otorgando una mayor seguridad y estabilidad al sistema, se ha centrado en el costo.

El nivel de inversión no es menor. Esto, porque la diferencia entre optar por instalar redes en postes por vía aérea o bajo tierra es de 1 a 10.

De ahí que una de las grandes vallas que presenta esta modalidad es quién financia las inversiones. Según la ley eléctrica, son los clientes quienes, vía tarifa, financian las obras que llevan a cabo las empresas. Esta situación hace prácticamente inviable soterrar.

Descontaminación visual

La consultora Systep determinó que poner bajo tierra el 100% de las redes de media y alta tensión, así como los transformadores, podría incrementar en unos $ 2.400 la boleta mensual de un usuario con tarifa BT1, que corresponde a los usuarios residenciales.

Frente a esto, se ha analizado utilizar el sistema de concesiones.

Se estima que la explotación de poliductos podría ser un negocio tan lucrativo como las concesiones de carreteras, sin un incremento en las tarifas a público ni millonarias inversiones por parte de los municipios. No obstante, hasta ahora no hay ninguna decisión al respecto.

Mientras, las autoridades trabajan en el despeje de los cables en desuso.

En el caso del despeje de cables, Santiago y Valdivia son algunas de las municipalidades que han trabajado en conjunto con Subtel, ejecutando planes de descontaminación visual. En el caso de la Región de los Ríos, a noviembre de 2017, se han retirado 46.487 metros de cables en desuso.

La Municipalidad de Santiago, a partir de mayo, inició trabajos en el Barrio Yungay, retirando a la fecha 5,5 kilómetros de cable de un total de 6 kilómetros contemplados.

El costo de soterrar: US$ 35 mil millones

Desde hace más de una década se ha planteado la necesidad de soterrar los cables, por lo menos en Santiago. En junio de 2005, bajo la administración de Ricardo Lagos, se firmó el “Protocolo de Santiago 2005. Propuesta para un Plan Sostenible de Gestión Urbana. Soterramiento de Redes en Santiago”, en virtud del cual la Comisión Bicentenario, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Asociación Chilena de Municipalidades, el Colegio de Arquitectos y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Telefónica CTC (hoy Movistar) y Chilectra (hoy Enel Distribución) se reunieron con el propósito de discutir el soterramiento de redes en la capital, a través de la conformación de una mesa de trabajo que debía analizar las propuestas para concretar esto en Santiago.

No se presentó ninguna propuesta en concreto. Si se han elaborado mociones. Actualmente, hay tres proyectos de ley que duermen en el Congreso.

Uno de ellos es el presentado en 2012 por Juan Pablo Letelier, que busca obligar a las empresas a enterrar bajo tierra todos los cables aéreos de servicio público para ciudades de más de 50 mil habitantes en un plazo de dos años. El alto costo del proyecto, cercano a los US$ 35 mil millones, y quién deberá asumir el costo final de esta inversión son las grandes interrogantes. Otra presentación parlamentaria apunta a despejar de cables las zonas consideradas patrimoniales.

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Fuente: Diario Financiero, Martes 23 de octubre de 2018

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