Lunes, Marzo 4, 2024

Fondos espejo: el otro costo del Transantiago

DIARIO FINANCIERO – La puesta en marcha del sistema Transantiago en 2007 dejó en evidencia a una política pública plagada de tantos y tan gruesos errores, que su implementación y financiamiento dieron pie a una crisis política para el gobierno de la época. Tal vez el costo más imprevisto de dicha crisis fue la decisión de que el Estado, que ya destinaba al Transantiago recursos mucho más cuantiosos que los previstos originalmente, asignara un monto equivalente al llamado “fondo espejo” para regiones, con el propósito de que éstas lo usaran para mejorar la infraestructura de transporte en otras ciudades del país.
En una década de existencia desde que fue creado en 2009, el Fondo de Apoyo Regional no ha servido al propósito para el que fue concebido y el transporte urbano en regiones no muestra mejoras relevantes. De hecho, como recordó este diario ayer, buena parte de esos recursos —que en total suman unos US$ 800 millones al año— ha ido a fines completamente distintos, como consultorios, cuarteles policiales o canchas deportivas, entre otros.
La actual titular del Ministerio de Transportes, correctamente, señala que lo anterior justifica —de hecho, vuelve necesario— modificar una ley que no ha cumplido su objetivo y que implica un enorme gasto fiscal. Pero la solución que propone —que sea el gobierno central, y no las regiones, quien administre los fondos espejo— dista mucho de garantizar el propósito que ella persigue, cual es invertirlos eficientemente en el transporte urbano de regiones. Más aun, estando ad portas de la primera elección de intendentes regionales en 2020, la idea de trasladar a Santiago la administración del fondo espejo arriesga enfrentar una oposición política tan dura que la haga inviable.
La intención de corregir lo que es a todas luces una política que malgasta el dinero público debe ser bienvenida. Pero centralizar en la capital la gestión de esos recursos no parece la fórmula más eficiente —ni políticamente viable— de hacerlo.
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Fuente: Diario Financiero, Viernes 21 de Junio de 2019

DIARIO FINANCIERO – La puesta en marcha del sistema Transantiago en 2007 dejó en evidencia a una política pública plagada de tantos y tan gruesos errores, que su implementación y financiamiento dieron pie a una crisis política para el gobierno de la época. Tal vez el costo más imprevisto de dicha crisis fue la decisión de que el Estado, que ya destinaba al Transantiago recursos mucho más cuantiosos que los previstos originalmente, asignara un monto equivalente al llamado “fondo espejo” para regiones, con el propósito de que éstas lo usaran para mejorar la infraestructura de transporte en otras ciudades del país.
En una década de existencia desde que fue creado en 2009, el Fondo de Apoyo Regional no ha servido al propósito para el que fue concebido y el transporte urbano en regiones no muestra mejoras relevantes. De hecho, como recordó este diario ayer, buena parte de esos recursos —que en total suman unos US$ 800 millones al año— ha ido a fines completamente distintos, como consultorios, cuarteles policiales o canchas deportivas, entre otros.
La actual titular del Ministerio de Transportes, correctamente, señala que lo anterior justifica —de hecho, vuelve necesario— modificar una ley que no ha cumplido su objetivo y que implica un enorme gasto fiscal. Pero la solución que propone —que sea el gobierno central, y no las regiones, quien administre los fondos espejo— dista mucho de garantizar el propósito que ella persigue, cual es invertirlos eficientemente en el transporte urbano de regiones. Más aun, estando ad portas de la primera elección de intendentes regionales en 2020, la idea de trasladar a Santiago la administración del fondo espejo arriesga enfrentar una oposición política tan dura que la haga inviable.
La intención de corregir lo que es a todas luces una política que malgasta el dinero público debe ser bienvenida. Pero centralizar en la capital la gestión de esos recursos no parece la fórmula más eficiente —ni políticamente viable— de hacerlo.
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Fuente: Diario Financiero, Viernes 21 de Junio de 2019

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