Miércoles, Mayo 12, 2021

El Fondo de Infraestructura tendrá "neutralidad competitiva" con los privados

PAUTA – Luego de ser creado por ley en marzo de 2018 y tener su primer directorio en diciembre de ese año, el Fondo de Infraestructura entra en tierra derecha. La nueva sociedad anónima estatal no solo tiene web y un nuevo nombre, sino que ya presentó su primer plan quinquenal de negocios a la junta de accionistas (integrada por Corfo y los ministerios de Hacienda y Obras Públicas) que recoge las líneas de proyecto que espera desarrollar.
Los avances se dan bajo la gestión de su nuevo gerente general, el ingeniero civil industrial Patricio Rey, quien asumió en septiembre de 2019 sucediendo al ingeniero comercial Juan Carlos Jobet, designado como ministro de Energía.
Exintendente de O’Higgins y candidato a diputado en la lista UDI en 2013, Rey fue seleccionado para el cargo por un head hunter mientras se desempeñaba como gerente de la Red Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción.
Liderando un equipo de siete personas, Rey afirma que el foco es trabajar con transparencia, excelencia y visión de largo plazo para cumplir la misión de desarrollar proyectos de infraestructura que apunten a mejorar la calidad de vida. Como ejemplo, cuenta que funcionarios de la firma viajaron a Canadá, Inglaterra y Colombia para conocer los modelos de negocio de empresas similares.
“No hay para qué partir de cero si hay instituciones de este tipo en el mundo con más de 30 años de experiencia de las cuales aprender. Vendrán sorpresas interesantes de modelos innovadores que queremos adoptar, que han tenido muy buenos resultados en términos de rapidez y costos”, afirma.
– Ha habido ciertas dudas en el sector privado sobre el ámbito en que actuaría esta empresa. Por ejemplo, si ofrecería financiamiento, como se describe en la ley que la creó. ¿Hay avances en esa dirección?
“Hubo ciertas aprehensiones en un comienzo, pero parte de lo que ha definido el directorio es que nosotros tendremos una neutralidad competitiva. La idea es que el fondo pueda aportar en esos espacios en que, ya sea por falta de garantía o de historia, los privados no entran. Por ejemplo, cuando se construyó la Costanera Norte, el Estado tuvo que poner una garantía porque no existía ese negocio, no se sabía el tráfico que tendría. Ahora que es una industria desarrollada, una garantía no es necesaria”.
“La idea no es competir con los privados dando financiamiento de un banco, eso ya está resuelto por el mercado. De hecho, las líneas de proyecto que queremos deben tener rentabilidad social; porque si no, no tiene sentido. Serían proyectos totalmente privados”.

– ¿Qué pasa con los activos? Se esperaba que la primera obra en ser transferida al patrimonio de esta sociedad era la ruta Talca-Chillán, ya que vencía el plazo de concesión. Pero se está relicitando.
“Cuando en la ley se detallan los activos iniciales que iban a llegar [el aporte a valor económico de todas aquellas rutas y carreteras concesionadas que le sean traspasadas], siempre se hizo un cálculo de un monto en torno a US$ 9 mil millones, aunque nosotros estimamos una cifra algo inferior”.
“Pero esos ingresos se tendrían en el tiempo y se estaba calculando el valor presente. Lo primero que iba a entrar es Talca-Chillán, pero hasta que eso se licitara, se adjudicara y comenzaran a entrar recursos al fondo, igual pasarían dos o tres años. Siempre se vio que los fondos iban a llegar de manera gradual, lo que permite que la empresa vaya creciendo de manera pausada, que vaya generando músculo de forma orgánica”.
“Tenemos esa fórmula de financiamiento, lo que no quita que a través de buenos proyecto o ideas podamos presentarlas a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para poder obtener aumentos de capital y poder realizarlos. Es parte también de lo que se puede hacer”.
En 2019 se planteó que la firma requería de algunos cambios legales para poder operar de modo eficiente e incluso se trabajó un proyecto. ¿En qué está ese tema?
“Inicialmente, cuando el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) lo propuso, esto apuntaba a un fondo de garantía, pero en el debate en el Congreso se amplió mucho el giro. Si bien el año pasado se identificaron ciertos cambios legales, nosotros estamos viendo la necesidad de realizarlos a la luz de las líneas de proyecto que analizamos. No es un tema tan simple. Pudiese ser que para ese tipo de proyectos no sea necesario hacer cambios en forma inmediata”.
“Sobre el punto específico de la prenda especial de concesión (descrita en el artículo 21 del decreto 900 del MOP), aunque estaríamos expresamente excluidos de concesionar a través de esa fórmula, es algo que también estamos analizando desde el punto de vista legal, porque no está 100% claro. Pero para lo que estamos diseñando se puede trabajar perfectamente sin eso”.
– ¿Qué novedades surgen tras la reciente junta de accionistas?
“Básicamente se aprobó toda la estructura fundamental para echar a andar la empresa en el marco de los requisitos que se exigen a una sociedad anónima abierta. Eso implicó la estructura corporativa, los procesos contables y modificaciones a nuestros estatutos para acoger sugerencias formales de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”.
“Ahora estamos confeccionando el plan quinquenal, donde más que incluir proyectos específicos presentaremos las líneas de proyectos que estamos definiendo con el directorio. El plan se presenta al MOP para recoger comentarios y luego tiene que aprobarlo la junta de accionistas. Podríamos tener novedades en torno a abril”.
– ¿Por qué cambiar el nombre de la empresa a DesarrolloPaís?
“Precisamente porque en el trámite del proyecto de ley esto dejo de ser simplemente un fondo. Es una empresa, una sociedad anónima del Estado que puede hacer muchas más cosas que simplemente ser un fondo. Por lo tanto, no era totalmente correcto que se llamara Fondo de Infraestructura. Nos apoyamos en una consultora para dar con el nuevo nombre y como está tan arraigado que la infraestructura trae desarrollo, se basa en ese concepto”.
Ver artículo
Fuente: Pauta,  Sábado 01 de Febrero de 2020

PAUTA – Luego de ser creado por ley en marzo de 2018 y tener su primer directorio en diciembre de ese año, el Fondo de Infraestructura entra en tierra derecha. La nueva sociedad anónima estatal no solo tiene web y un nuevo nombre, sino que ya presentó su primer plan quinquenal de negocios a la junta de accionistas (integrada por Corfo y los ministerios de Hacienda y Obras Públicas) que recoge las líneas de proyecto que espera desarrollar.
Los avances se dan bajo la gestión de su nuevo gerente general, el ingeniero civil industrial Patricio Rey, quien asumió en septiembre de 2019 sucediendo al ingeniero comercial Juan Carlos Jobet, designado como ministro de Energía.
Exintendente de O’Higgins y candidato a diputado en la lista UDI en 2013, Rey fue seleccionado para el cargo por un head hunter mientras se desempeñaba como gerente de la Red Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción.
Liderando un equipo de siete personas, Rey afirma que el foco es trabajar con transparencia, excelencia y visión de largo plazo para cumplir la misión de desarrollar proyectos de infraestructura que apunten a mejorar la calidad de vida. Como ejemplo, cuenta que funcionarios de la firma viajaron a Canadá, Inglaterra y Colombia para conocer los modelos de negocio de empresas similares.
“No hay para qué partir de cero si hay instituciones de este tipo en el mundo con más de 30 años de experiencia de las cuales aprender. Vendrán sorpresas interesantes de modelos innovadores que queremos adoptar, que han tenido muy buenos resultados en términos de rapidez y costos”, afirma.
– Ha habido ciertas dudas en el sector privado sobre el ámbito en que actuaría esta empresa. Por ejemplo, si ofrecería financiamiento, como se describe en la ley que la creó. ¿Hay avances en esa dirección?
“Hubo ciertas aprehensiones en un comienzo, pero parte de lo que ha definido el directorio es que nosotros tendremos una neutralidad competitiva. La idea es que el fondo pueda aportar en esos espacios en que, ya sea por falta de garantía o de historia, los privados no entran. Por ejemplo, cuando se construyó la Costanera Norte, el Estado tuvo que poner una garantía porque no existía ese negocio, no se sabía el tráfico que tendría. Ahora que es una industria desarrollada, una garantía no es necesaria”.
“La idea no es competir con los privados dando financiamiento de un banco, eso ya está resuelto por el mercado. De hecho, las líneas de proyecto que queremos deben tener rentabilidad social; porque si no, no tiene sentido. Serían proyectos totalmente privados”.

– ¿Qué pasa con los activos? Se esperaba que la primera obra en ser transferida al patrimonio de esta sociedad era la ruta Talca-Chillán, ya que vencía el plazo de concesión. Pero se está relicitando.
“Cuando en la ley se detallan los activos iniciales que iban a llegar [el aporte a valor económico de todas aquellas rutas y carreteras concesionadas que le sean traspasadas], siempre se hizo un cálculo de un monto en torno a US$ 9 mil millones, aunque nosotros estimamos una cifra algo inferior”.
“Pero esos ingresos se tendrían en el tiempo y se estaba calculando el valor presente. Lo primero que iba a entrar es Talca-Chillán, pero hasta que eso se licitara, se adjudicara y comenzaran a entrar recursos al fondo, igual pasarían dos o tres años. Siempre se vio que los fondos iban a llegar de manera gradual, lo que permite que la empresa vaya creciendo de manera pausada, que vaya generando músculo de forma orgánica”.
“Tenemos esa fórmula de financiamiento, lo que no quita que a través de buenos proyecto o ideas podamos presentarlas a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para poder obtener aumentos de capital y poder realizarlos. Es parte también de lo que se puede hacer”.
En 2019 se planteó que la firma requería de algunos cambios legales para poder operar de modo eficiente e incluso se trabajó un proyecto. ¿En qué está ese tema?
“Inicialmente, cuando el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) lo propuso, esto apuntaba a un fondo de garantía, pero en el debate en el Congreso se amplió mucho el giro. Si bien el año pasado se identificaron ciertos cambios legales, nosotros estamos viendo la necesidad de realizarlos a la luz de las líneas de proyecto que analizamos. No es un tema tan simple. Pudiese ser que para ese tipo de proyectos no sea necesario hacer cambios en forma inmediata”.
“Sobre el punto específico de la prenda especial de concesión (descrita en el artículo 21 del decreto 900 del MOP), aunque estaríamos expresamente excluidos de concesionar a través de esa fórmula, es algo que también estamos analizando desde el punto de vista legal, porque no está 100% claro. Pero para lo que estamos diseñando se puede trabajar perfectamente sin eso”.
– ¿Qué novedades surgen tras la reciente junta de accionistas?
“Básicamente se aprobó toda la estructura fundamental para echar a andar la empresa en el marco de los requisitos que se exigen a una sociedad anónima abierta. Eso implicó la estructura corporativa, los procesos contables y modificaciones a nuestros estatutos para acoger sugerencias formales de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”.
“Ahora estamos confeccionando el plan quinquenal, donde más que incluir proyectos específicos presentaremos las líneas de proyectos que estamos definiendo con el directorio. El plan se presenta al MOP para recoger comentarios y luego tiene que aprobarlo la junta de accionistas. Podríamos tener novedades en torno a abril”.
– ¿Por qué cambiar el nombre de la empresa a DesarrolloPaís?
“Precisamente porque en el trámite del proyecto de ley esto dejo de ser simplemente un fondo. Es una empresa, una sociedad anónima del Estado que puede hacer muchas más cosas que simplemente ser un fondo. Por lo tanto, no era totalmente correcto que se llamara Fondo de Infraestructura. Nos apoyamos en una consultora para dar con el nuevo nombre y como está tan arraigado que la infraestructura trae desarrollo, se basa en ese concepto”.
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Fuente: Pauta,  Sábado 01 de Febrero de 2020

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