Domingo, Mayo 9, 2021

Fondo de Infraestructura en la encrucijada: La S.A. estatal que aún no ve la luz

LA SEGUNDA – La empresa estatal Fondo de Infraestructura Pública S.A. (FIP), una idea del gobierno anterior para acelerar la inversión en obras públicas, fue aprobada por el Congreso el 2 de enero pasado. Ese día, el ministro Alberto Undurraga dijo que el plazo para concluir su implementación era de seis meses. Pero tras dejar atrás la primera mitad del año, aún no cuenta ni con directorio ni con estatutos que establezcan su orgánica.

Aunque el gobierno esgrime que aún cuenta con plazo para cumplir con la ley, los que conocen del tema aducen que el retraso se debe a una razón de fondo: al Gobierno no le gusta el FIP.
“Me extraña que en circunstancias que nosotros dejamos promulgada la ley para que la implementaran rápido, el Gobierno no haya puesto en marcha el FIP, que es un instrumento enfocado a aumentar el crecimiento y el empleo; hay un dejo ahí”, dice Enrique Álvarez, ex jefe de asesores del ministro Undurraga.

No obstante, desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), hoy encabezado por Juan Andrés Fontaine, niegan esa dejación: “Como Gobierno estamos avanzando de acuerdo a los tiempos necesarios que establece la propia ley, con un plazo de implementación que va hasta el 24 de septiembre”. Lo que ocurre es que, pese a ser despachada en enero, la ley fue promulgada recién el 10 de marzo y publicada en el Diario Oficial el 24 de ese mes. A partir de esa fecha corren los plazos.

El MOP dice que está trabajando con el Ministerio de Hacienda para cumplir el plazo y las obligaciones. Entre ellas, nombrar a cinco directores y redactar los estatutos de la compañía. Ahora bien, la designación del directorio no será inmediata, pues la ley establece que sólo dos directores serán designados por el Presidente de la República directamente. Los otros tres los nombrará el Mandatario vía Alta Dirección Pública. Y en el MOP aseguran estar trabajando actualmente en “definir los perfiles profesionales de los directores”.
El ex ministro de Obras Públicas Sergio Bitar reclama por la tardanza. “No veo al gobierno trabajando en esto todavía, sino más bien aprobando proyectos que estaban ya estudiados para poder licitarlos o adjudicarlos”, dice.

De hecho, estima probable que las actuales autoridades no consideren que el fondo es urgente, ya que en el sector privado hay interesados en financiar los grandes proyectos. “No existe una sed de recursos en este momento”, razona.

Críticas de fondo

Pero esa poca urgencia del Gobierno, los expertos la vinculan más con que el Fondo de Infraestructura no es de su gusto, por cuanto competiría con ventaja con los inversionistas del sector privado.

“Así como está, le va a competir al sector privado por proveer financiamiento, sea vía deuda o capital, a los pocos proyectos que va a sacar el ministerio”, advierte Sergio Merino, consultor del Banco Mundial en materias de infraestructura pública. “Habiendo pocos proyectos, se van a financiar los que tengan menor costo de capital, y obviamente el FIP tiene un costo de capital muy bajo”, sentencia.

Merino asegura que al exigirle la ley al FIP que tenga utilidades, la única forma de obtenerlas será compitiendo con el sector privado en proyectos probadamente rentables, “donde precisamente no se necesita la acción del Estado”.

Y es precisamente éste el punto que un profundo conocedor del ministerio y de la gestación de la ley señala que le molesta al sector privado. “Obvio que no les gusta a los bancos. Ahora que habrá un fondo de garantía, las AFP podrán meterse a invertir en la etapa de construcción. Hoy sólo se meten en etapa de explotación, que es menos riesgosa”, razona.

Otros, como Álvarez, estiman que además hay poco interés en una pronta implementación por parte de la Dipres, que tendría una mirada “más economicista”, reticente al hecho de que la capacidad de tomar decisiones sobre financiamiento y garantía de proyectos que tendrá el FIP, la perderá esa repartición.

No obstante, desde la entidad que dirige Rodrigo Cerda aseguran que las gestiones están en curso. “El MOP está a cargo y nosotros los apoyamos, tenemos una relación muy fluida y trabajamos dentro de los plazos. Dipres no tiene parado nada”, aseguran.

Quien pone paños fríos al debate es el ex ministro Alberto Undurraga. “Es natural que haya tironeos entre Hacienda y Obras Públicas, pero el FIP fue aprobado con lógica de Estado y transversalmente en el Congreso; el Gobierno ahora debe implementarlo”, advierte.

Ver Artículo

Fuente: La Segunda, Lunes 23 de julio de 2018

LA SEGUNDA – La empresa estatal Fondo de Infraestructura Pública S.A. (FIP), una idea del gobierno anterior para acelerar la inversión en obras públicas, fue aprobada por el Congreso el 2 de enero pasado. Ese día, el ministro Alberto Undurraga dijo que el plazo para concluir su implementación era de seis meses. Pero tras dejar atrás la primera mitad del año, aún no cuenta ni con directorio ni con estatutos que establezcan su orgánica.

Aunque el gobierno esgrime que aún cuenta con plazo para cumplir con la ley, los que conocen del tema aducen que el retraso se debe a una razón de fondo: al Gobierno no le gusta el FIP.
“Me extraña que en circunstancias que nosotros dejamos promulgada la ley para que la implementaran rápido, el Gobierno no haya puesto en marcha el FIP, que es un instrumento enfocado a aumentar el crecimiento y el empleo; hay un dejo ahí”, dice Enrique Álvarez, ex jefe de asesores del ministro Undurraga.

No obstante, desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), hoy encabezado por Juan Andrés Fontaine, niegan esa dejación: “Como Gobierno estamos avanzando de acuerdo a los tiempos necesarios que establece la propia ley, con un plazo de implementación que va hasta el 24 de septiembre”. Lo que ocurre es que, pese a ser despachada en enero, la ley fue promulgada recién el 10 de marzo y publicada en el Diario Oficial el 24 de ese mes. A partir de esa fecha corren los plazos.

El MOP dice que está trabajando con el Ministerio de Hacienda para cumplir el plazo y las obligaciones. Entre ellas, nombrar a cinco directores y redactar los estatutos de la compañía. Ahora bien, la designación del directorio no será inmediata, pues la ley establece que sólo dos directores serán designados por el Presidente de la República directamente. Los otros tres los nombrará el Mandatario vía Alta Dirección Pública. Y en el MOP aseguran estar trabajando actualmente en “definir los perfiles profesionales de los directores”.
El ex ministro de Obras Públicas Sergio Bitar reclama por la tardanza. “No veo al gobierno trabajando en esto todavía, sino más bien aprobando proyectos que estaban ya estudiados para poder licitarlos o adjudicarlos”, dice.

De hecho, estima probable que las actuales autoridades no consideren que el fondo es urgente, ya que en el sector privado hay interesados en financiar los grandes proyectos. “No existe una sed de recursos en este momento”, razona.

Críticas de fondo

Pero esa poca urgencia del Gobierno, los expertos la vinculan más con que el Fondo de Infraestructura no es de su gusto, por cuanto competiría con ventaja con los inversionistas del sector privado.

“Así como está, le va a competir al sector privado por proveer financiamiento, sea vía deuda o capital, a los pocos proyectos que va a sacar el ministerio”, advierte Sergio Merino, consultor del Banco Mundial en materias de infraestructura pública. “Habiendo pocos proyectos, se van a financiar los que tengan menor costo de capital, y obviamente el FIP tiene un costo de capital muy bajo”, sentencia.

Merino asegura que al exigirle la ley al FIP que tenga utilidades, la única forma de obtenerlas será compitiendo con el sector privado en proyectos probadamente rentables, “donde precisamente no se necesita la acción del Estado”.

Y es precisamente éste el punto que un profundo conocedor del ministerio y de la gestación de la ley señala que le molesta al sector privado. “Obvio que no les gusta a los bancos. Ahora que habrá un fondo de garantía, las AFP podrán meterse a invertir en la etapa de construcción. Hoy sólo se meten en etapa de explotación, que es menos riesgosa”, razona.

Otros, como Álvarez, estiman que además hay poco interés en una pronta implementación por parte de la Dipres, que tendría una mirada “más economicista”, reticente al hecho de que la capacidad de tomar decisiones sobre financiamiento y garantía de proyectos que tendrá el FIP, la perderá esa repartición.

No obstante, desde la entidad que dirige Rodrigo Cerda aseguran que las gestiones están en curso. “El MOP está a cargo y nosotros los apoyamos, tenemos una relación muy fluida y trabajamos dentro de los plazos. Dipres no tiene parado nada”, aseguran.

Quien pone paños fríos al debate es el ex ministro Alberto Undurraga. “Es natural que haya tironeos entre Hacienda y Obras Públicas, pero el FIP fue aprobado con lógica de Estado y transversalmente en el Congreso; el Gobierno ahora debe implementarlo”, advierte.

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Fuente: La Segunda, Lunes 23 de julio de 2018

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