Viernes, Agosto 6, 2021

Financiamiento de la recuperación económica “pos pandemia”, por Carlos Cruz

EDITORIAL – El desafío que representa pensar a Chile “post pandemia”, nos invita a imaginar soluciones para abordar la(s) forma(s) a través de las cuales recuperaremos un nuevo ritmo de actividad económica que nos proyecte lo antes posible al desarrollo. En lo fundamental, esto significa preguntarnos de qué manera el país volverá a alcanzar niveles de inversión en actividades relevantes que no solo se hagan cargo de resolver los problemas de desempleo de corto plazo -que tendremos que enfrentar con urgencia- sino que permitan, a la vez, ir dibujando el país que aspiramos a construir con una mirada de largo plazo. En esto el rol del Estado es insustituible. Solo el Estado puede proyectar nuestro destino a 30 o 40 años -a lo cual debemos concurrir todos- e invertir en proyectos cuyos resultados comiencen a vislumbrarse luego de sus primeros 10 años de maduración.

Estas son las señales que se generan a partir de las inversiones en infraestructura, la que, como hemos dicho en más de una oportunidad, no solo tiene por objeto hacerse cargo de carencias muy importantes, sino también, de crear nuevas oportunidades que nos proyecten al futuro. En este sentido, la triple crisis que enfrenta Chile en forma simultánea (hídrica, social y de salud), devela requerimientos que debemos abordar sin dilación, para lo cual el esfuerzo de inversión en infraestructura pública es esencial. Si a eso agregamos los nuevos rubros en los que debemos comenzar a delinear nuestra inserción económica en el mundo que se avecina, es muy probable que esta deba multiplicarse aún por más.

El problema es que el triple shock que Chile ha debido enfrentar lo ha empobrecido y, por tanto, los recursos disponibles a los que se podrá recurrir son más restringidos. En efecto, la recaudación de parte del Gobierno se verá afectada por una caída en la actividad económica que tendrá implicancias evidentes en la disponibilidad de recursos para inversión. En efecto, la modalidad tendencial a través de la cual se asignan los recursos del presupuesto público para los diferentes usos se verá alterada por las reasignaciones a las que se recurrirá para cubrir el déficit corriente, el que se manifestará con mayor profundidad, como consecuencia de las grandes demandas sociales que habrá que afrontar.

Se profundizará así la tendencia que el BID ha detectado en los países de la región, en los que progresivamente aumenta el gasto corriente, en desmedro del gasto de inversión en cualquier fase del ciclo económico. Cuando la economía se expande y la recaudación pública aumenta, es tentador aumentar el gasto corriente por el retorno político que este representa y, cuando la economía se contrae, siempre es más fácil “postergar” el gasto en inversión que el gasto corriente.

Es por eso que para algunos comienza a aparecer como algo plausible diseñar una Plan de Recuperación especial, que ponga énfasis en la buena inversión en infraestructura y para lo cual se recurra a aportes especiales, provenientes de diferentes fuentes poco utilizadas por Chile.

Un ejemplo de esto es el rol que jugó en la Europa de la post II Guerra Mundial el Plan Marshall. Este tuvo mejores resultados en Alemania a través de la creación del KFW (Instituto de Crédito para la Reconstrucción), institución cuyo propósito principal consistió en la “realización de  contratospúblicos como el fomento a medianas empresas  de reciente fundación y la financiación  de proyectos de infraestructura, técnicas de ahorro de electricidad y construcción  de viviendas”. Para ello se diseñó una institución especializada que administró esos recursos rigurosamente y con especial énfasis en evitar que fueran a “fondo perdido.

Esta es una experiencia de la cual podemos beneficiarnos.

En efecto, Chile cuenta con las características para incursionar en un ejercicio de esta naturaleza.  De hecho, es un país que ha dado suficientes pruebas de buen manejo de las finanzas públicas en los últimos decenios. En esto, la independencia del Banco Central juega un rol fundamental. La responsabilidad fiscal se aprecia en los bajos índices de riesgo país, estando aún el nuestro en la categoría de los países en vías de desarrollo, en la aceptación política del rol de las instituciones y en la creciente valoración de la transparencia y seguimiento en el uso de los recursos públicos.

Para llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza habrá que tener en consideración algunos aspectos fundamentales para iniciar una discusión al respecto:

  • Un plan de estas características debe echar mano a recursos fuera del balance público. La idea es aislar el uso de esos recursos del manejo anual del presupuesto de la nación, de modo de que efectivamente pueda evaluarse su gestión con una perspectiva de largo plazo.
  • Algunas de las fuentes a las que se podría recurrir son los aportes fiscales por una sola vez; créditos de desarrollo de la banca multilateral y aportes privados como “capital preferente”, especialmente ahora que las tasas de interés están tan bajas.
  • La administración de estos recursos debiera ser independiente del manejo del presupuesto. Para ello, deberá crearse una institución – similar a un fondo de reconstrucción- que tenga manejo independiente, con una capacidad de dirección estable en el tiempo, de alta competencia técnica, sin desconocer la importancia que deben tener las políticas públicas en que se apoye y el tipo de proyectos seleccionados.
  • Los criterios de selección de los proyectos deben estar basados en sus niveles de rentabilidad social, con una proyección de retorno al largo plazo identificable y medible. Sin embargo, habrá que tener presente que la única forma de cautelar la sostenibilidad del Fondo es que este pueda mostrar utilidades que le permitan mantener su capital en el largo plazo.
  • Un criterio que parece relevante a la hora de destinar los recursos es que estos, más que inversión directa, se utilicen como garantía para movilizar recursos privados hacia proyectos de infraestructura de uso público. Entre estos podrían incluirse plantas desaladoras multipropósito, sistemas de transporte no contaminante a nivel urbano e interurbano de alta eficiencia, digitalización de las comunicaciones y la habilitación de espacios urbanos para programas de integración habitacional e integración energética para un país cero emisiones al 2040, entre otros.

Aprovechar este momento para encarar definitivamente el esfuerzo que el país debe hacer para avanzar en su desarrollo es una muy buena oportunidad. Hagamos lo posible por no desperdiciarla.
Fuente: CPI, Lunes 27 de Abril de 2020

EDITORIAL – El desafío que representa pensar a Chile “post pandemia”, nos invita a imaginar soluciones para abordar la(s) forma(s) a través de las cuales recuperaremos un nuevo ritmo de actividad económica que nos proyecte lo antes posible al desarrollo. En lo fundamental, esto significa preguntarnos de qué manera el país volverá a alcanzar niveles de inversión en actividades relevantes que no solo se hagan cargo de resolver los problemas de desempleo de corto plazo -que tendremos que enfrentar con urgencia- sino que permitan, a la vez, ir dibujando el país que aspiramos a construir con una mirada de largo plazo. En esto el rol del Estado es insustituible. Solo el Estado puede proyectar nuestro destino a 30 o 40 años -a lo cual debemos concurrir todos- e invertir en proyectos cuyos resultados comiencen a vislumbrarse luego de sus primeros 10 años de maduración.

Estas son las señales que se generan a partir de las inversiones en infraestructura, la que, como hemos dicho en más de una oportunidad, no solo tiene por objeto hacerse cargo de carencias muy importantes, sino también, de crear nuevas oportunidades que nos proyecten al futuro. En este sentido, la triple crisis que enfrenta Chile en forma simultánea (hídrica, social y de salud), devela requerimientos que debemos abordar sin dilación, para lo cual el esfuerzo de inversión en infraestructura pública es esencial. Si a eso agregamos los nuevos rubros en los que debemos comenzar a delinear nuestra inserción económica en el mundo que se avecina, es muy probable que esta deba multiplicarse aún por más.

El problema es que el triple shock que Chile ha debido enfrentar lo ha empobrecido y, por tanto, los recursos disponibles a los que se podrá recurrir son más restringidos. En efecto, la recaudación de parte del Gobierno se verá afectada por una caída en la actividad económica que tendrá implicancias evidentes en la disponibilidad de recursos para inversión. En efecto, la modalidad tendencial a través de la cual se asignan los recursos del presupuesto público para los diferentes usos se verá alterada por las reasignaciones a las que se recurrirá para cubrir el déficit corriente, el que se manifestará con mayor profundidad, como consecuencia de las grandes demandas sociales que habrá que afrontar.

Se profundizará así la tendencia que el BID ha detectado en los países de la región, en los que progresivamente aumenta el gasto corriente, en desmedro del gasto de inversión en cualquier fase del ciclo económico. Cuando la economía se expande y la recaudación pública aumenta, es tentador aumentar el gasto corriente por el retorno político que este representa y, cuando la economía se contrae, siempre es más fácil “postergar” el gasto en inversión que el gasto corriente.

Es por eso que para algunos comienza a aparecer como algo plausible diseñar una Plan de Recuperación especial, que ponga énfasis en la buena inversión en infraestructura y para lo cual se recurra a aportes especiales, provenientes de diferentes fuentes poco utilizadas por Chile.

Un ejemplo de esto es el rol que jugó en la Europa de la post II Guerra Mundial el Plan Marshall. Este tuvo mejores resultados en Alemania a través de la creación del KFW (Instituto de Crédito para la Reconstrucción), institución cuyo propósito principal consistió en la “realización de  contratospúblicos como el fomento a medianas empresas  de reciente fundación y la financiación  de proyectos de infraestructura, técnicas de ahorro de electricidad y construcción  de viviendas”. Para ello se diseñó una institución especializada que administró esos recursos rigurosamente y con especial énfasis en evitar que fueran a “fondo perdido.

Esta es una experiencia de la cual podemos beneficiarnos.

En efecto, Chile cuenta con las características para incursionar en un ejercicio de esta naturaleza.  De hecho, es un país que ha dado suficientes pruebas de buen manejo de las finanzas públicas en los últimos decenios. En esto, la independencia del Banco Central juega un rol fundamental. La responsabilidad fiscal se aprecia en los bajos índices de riesgo país, estando aún el nuestro en la categoría de los países en vías de desarrollo, en la aceptación política del rol de las instituciones y en la creciente valoración de la transparencia y seguimiento en el uso de los recursos públicos.

Para llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza habrá que tener en consideración algunos aspectos fundamentales para iniciar una discusión al respecto:

  • Un plan de estas características debe echar mano a recursos fuera del balance público. La idea es aislar el uso de esos recursos del manejo anual del presupuesto de la nación, de modo de que efectivamente pueda evaluarse su gestión con una perspectiva de largo plazo.
  • Algunas de las fuentes a las que se podría recurrir son los aportes fiscales por una sola vez; créditos de desarrollo de la banca multilateral y aportes privados como “capital preferente”, especialmente ahora que las tasas de interés están tan bajas.
  • La administración de estos recursos debiera ser independiente del manejo del presupuesto. Para ello, deberá crearse una institución – similar a un fondo de reconstrucción- que tenga manejo independiente, con una capacidad de dirección estable en el tiempo, de alta competencia técnica, sin desconocer la importancia que deben tener las políticas públicas en que se apoye y el tipo de proyectos seleccionados.
  • Los criterios de selección de los proyectos deben estar basados en sus niveles de rentabilidad social, con una proyección de retorno al largo plazo identificable y medible. Sin embargo, habrá que tener presente que la única forma de cautelar la sostenibilidad del Fondo es que este pueda mostrar utilidades que le permitan mantener su capital en el largo plazo.
  • Un criterio que parece relevante a la hora de destinar los recursos es que estos, más que inversión directa, se utilicen como garantía para movilizar recursos privados hacia proyectos de infraestructura de uso público. Entre estos podrían incluirse plantas desaladoras multipropósito, sistemas de transporte no contaminante a nivel urbano e interurbano de alta eficiencia, digitalización de las comunicaciones y la habilitación de espacios urbanos para programas de integración habitacional e integración energética para un país cero emisiones al 2040, entre otros.

Aprovechar este momento para encarar definitivamente el esfuerzo que el país debe hacer para avanzar en su desarrollo es una muy buena oportunidad. Hagamos lo posible por no desperdiciarla.
Fuente: CPI, Lunes 27 de Abril de 2020

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