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A N Á L I S I S C R Í T I C O D E
L O S P L A N E S D E
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Alternativamente, el Estado puede emitir un nuevo bono cero
cupón que permita pagar el bono anterior. En tal caso, tampoco
hay un efecto de caja y lo que se ha hecho es simplemente refi-
nanciar la deuda.
Cabe destacar que en Chile parte importante de la inversión potencial en
infraestructura pública está exenta de la restricción que impone la regla
fiscal
41
.
En efecto, la inversión que realizan las empresas públicas tradicionalmente
se financia con emisión de deuda. Este es el caso del Metro y de EFE,
en infraestructura, y de ENAP y Codelco, en actividades productivas.
En el caso de las autopistas, puertos y aeropuertos, se ha recurrido al
mecanismo de concesiones, que en gran parte son financiadas con deuda,
en este caso privada. En estas áreas el endeudamiento no ha presentado
problemas ni ha generado mayor controversia
42
. Más aún, en las áreas
de infraestructura que no considera este informe –energía, agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y telecomunicaciones–
nadie cuestiona el uso de endeudamiento de largo plazo.
Aun si la regla fiscal excluyera la inversión pública en infraestructura,
parece improbable que todo el esfuerzo de inversión en este plano que
necesita el país se pueda financiar con una combinación de ahorros
públicos y deuda. Esta restricción podría ser especialmente acuciante
en ciertos sectores clave como hospitales y transporte, donde hay una
agenda de inversiones muy ambiciosa para los próximos cuatro años.
41 Las transferencias que hace el gobierno central a las regiones y municipios para inversiones en
infraestructura son aportes de capital y forman parte de la inversión pública del “gobierno general”
para distinguirlo del “gobierno central”. En ese concepto se incluyen los recursos del FNDR, los
convenios de ejecución regional y los fondos “espejo” del Transantiago.
42 El uso de concesiones para la provisión de hospitales y cárceles ha resultado más conflictivo pero
por motivos ajenos al financiamiento.