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C O N S E J O D E
P O L Í T I C A S D E
I N F R A E S T R U C T U R A
negocio, más parecido a un “
leasing
inmobiliario” que a una concesión,
ha dado origen a una profunda controversia.
Lo que se ha criticado es si este particular mecanismo es “costo efectivo”.
La discusión más reciente sobre el tema, principalmente enfocada
en la construcción y operación de hospitales, ha puesto de relieve dos
aspectos en los cuales la política pública debería profundizar: el límite de
la concesión y el costo, comparado con la alternativa de financiamiento
público.
El límite de la concesión se refiere al modelo de negocio que se estaría
concesionando. En el caso de los hospitales lo que habría ocurrido es
que la concesión incluye ciertos compromisos respecto de la intensidad
de uso de la infraestructura y equipos, así como la provisión de servicios
complementarios (alimentos, estacionamientos, ropa y otros). Las
principales objeciones por parte de las actuales autoridades de salud al
sistema han sido que los costos son mayores y que las culturas operativas
(pública y privada) “no son compatibles”.
Por parte de los sindicatos de empleados, la principal objeción es que
las concesiones serían el primer paso hacia la privatización de la salud
pública.
Como vimos en el caso de los hospitales (sección 2.4.c.), cuando se
dice que las concesiones son “más caras” que la construcción pública,
generalmente se están comparando bienes y servicios que son diferentes.
Por último, se señala que hay un elemento de riesgo que afecta a la obra
concesionada, que no afectaría a la obra con fondos públicos, y que hace
que el costo financiero sea mayor para el concesionario que para el Estado.
En teoría este argumento es correcto: los Estados normalmente enfrentan
una tasa de interés menor que la del concesionario
46
.
Este argumento no considera el costo de oportunidad que representa para
el país retrasar una obra hasta que se disponga de los recursos. Un caso
fue la postergación de la construcción de la Línea 3 del Metro, en 1985 y
46 En la práctica los Estados sí dejan de pagar sus deudas y por eso hay primas de riesgo diferenciales
entre los países, que se reflejan en mayores tasas de interés. En el caso chileno, durante la década de
1990 Codelco enfrentaba una tasa de interés menor que la del Estado de Chile.