Viernes, Mayo 7, 2021

Entrevista Patricio Donoso: “Las concesiones son el único mecanismo que se podría utilizar para desarrollar, en el corto plazo, la infraestructura hospitalaria”

EL MERCURIO – ¿Qué autocrítica y qué falencias identifica de parte de los socios en su relación con la comunidad y qué medida piensa adoptar para subsanarlas?

Como industria no fuimos lo suficientemente previsores ni oportunos en traspasar a nuestros socios la importancia de involucrar los requerimientos de la comunidad en el desarrollo de los proyectos. Las medidas ya se están tomando y una de ellas es considerar, desde el origen de los proyectos, a las comunidades como un actor relevante.

La Contraloría ha cuestionado permisos de edificación en al menos dos comunas. ¿Qué medida va a adoptar la Cámara Chilena de la Construcción frente a este problema?

Valoramos el rol de la Contraloría General de la República (…) Sin embargo, para evitar la duplicidad de funciones, consideramos que no debiera supervisar los procesos técnicos, ya que estos deben ser controlados por los organismos públicos atingentes.

Respecto de los casos cuestionados por la Contraloría (…), se deben principalmente a la deficiencia en la actual normativa de planificación urbana. Nuestro rol como gremio será defender la legalidad y certeza jurídica y -en paralelo- aportar con propuestas concretas para que esos vacíos normativos se solucionen.

¿Cómo van a controlar la no proliferación de los guetos verticales? ¿Lo consideran un problema que deben atender y evitar con sus asociados? ¿Cómo?

No estamos de acuerdo con el uso del concepto de guetos verticales, porque simplifica y estigmatiza una realidad social (…) más que controlar la proliferación de estos proyectos, lo importante es una adecuada planificación de cómo queremos nuestras ciudades en el largo plazo, contemplando un plan regulador comunal que considere una mejor calidad de vida para sus habitantes y que sea debidamente consensuado por todos los actores involucrados.

La construcción de acuerdos -que apunten a la promoción del desarrollo urbano y la calidad de vida de nuestras ciudades- es urgente para avanzar en esta materia. Hoy nuestro gremio puede jugar un rol significativo en la transición hacia mejores ciudades y es allí donde apunta nuestro proyecto.

¿Qué medidas van a adoptar para que los socios respeten y se hagan cargo de paliar las externalidades de sus obras en el entorno inmediato a ellas (frente a los vecinos)?

Para paliar las externalidades, en 2016 se promulgó la Ley de Aportes al Espacio Público, cuyo objetivo es que los proyectos inmobiliarios realicen mitigaciones directas y aportes al espacio público.

A partir de las lecciones aprendidas, como gremio estamos avanzando en la implementación temprana de herramientas de relacionamiento comunitario, de modo de apoyar a nuestros socios. En esa línea, desde el año pasado estamos trabajando un proyecto piloto cuyo objetivo es generar un cambio cultural que permita un adecuado relacionamiento comunitario en el desarrollo de los proyectos.

La industria ha vivido en el último tiempo múltiples episodios de judicialización de obras y paralizaciones, muchas veces vinculados con decisiones de DOM y/o alcaldes (Vespucio, 345, Parque Pümpin, etc.). ¿Qué medidas concretas proponen para superar este problema, y que sean de cargo de las constructoras?

Los casos de judicialización y/o paralización de obras han tenido principalmente como origen los vacíos normativos y la manera como se ha llevado adelante la relación con las comunidades cercanas. Estamos conscientes de que la normativa legal vigente es un mínimo obligatorio, por lo mismo, si queremos propiciar un cambio y tener una gestión más sostenible, debemos elevar nuestro desempeño para mejorar nuestra inserción en el entorno urbano y nuestra vinculación con las comunidades.

Si tuviera que elegir cinco grandes proyectos de infraestructura para los siguientes cuatro años, ¿cuáles debieran ser los prioritarios para el país? ¿Debieran hacerse vía concesión u obra pública?

Compartimos la intención del Gobierno de invertir en más líneas de metro en Santiago y agregamos la construcción de un metro en Concepción. Una segunda línea es en infraestructura que permita nivelar los estándares (calles, veredas, luminarias) y el equipamiento urbano, como áreas verdes (…) Es fundamental también terminar la conexión de Chile, concluyendo la carretera austral y aumentar la capacidad de las carreteras existentes. El desarrollo de un megapuerto de gran escala mejorará nuestros niveles de competitividad y es necesario el desarrollo de infraestructura hídrica. Respecto del financiamiento, todos los mecanismos (público, concesionado o mixto) son alternativas válidas.

El Gobierno ya ha dado señales de que en la reforma a las pensiones incluirá mayor competencia a las AFP. Como controladores de Habitat, a su juicio, ¿la falta de competencia es parte de los problemas a resolver con la reforma para mejorar las pensiones? ¿Qué actores podrían ingresar y que ustedes no lo consideren una competencia desleal? ¿Ven factible el ingreso de bancos, cajas de compensación, aseguradoras, u otras entidades?

Como principio, nosotros promovemos la libre competencia en igualdad de condiciones entre los actores que deseen participar.

El Presidente Piñera ya anunció que no bajará los impuestos corporativos debido a las urgencias fiscales y para cumplir el gasto social. ¿Respalda esta decisión?

Más que respaldarla, la comprendemos en el corto plazo, porque hay una prioridad social y un déficit fiscal que es necesario atender. Pero al mismo tiempo, creemos que sería responsable crear un plan a mediano y largo plazo de un buen uso de los recursos fiscales que permitan generar un programa de rebaja de tasa, incentivando de esta forma la inversión.

Por favor valore y pronúnciese en torno a las siguientes frases (si está de acuerdo o desacuerdo, medidas a adoptar, evaluación, etc.):

A) Voracidad inmobiliaria: No estamos de acuerdo. Son prejuicios y generalizaciones que solo complejizan el escenario de conflicto y hace más difícil colaborar. Creemos que el actual clima en torno al rubro inmobiliario surge de una serie de factores complejos, como la falta de planificación y una débil normativa e institucionalidad que debe hacerse cargo del desarrollo urbano.

B) Concesión de hospitales: Dada la coyuntura de recursos públicos escasos, las concesiones son el único mecanismo que se podría utilizar para desarrollar, en el corto plazo, la infraestructura hospitalaria que nuestro país requiere.

C) Ley de espacio público (aportar hasta el 44% de los terrenos a mitigaciones) Es una ley que está vigente y estamos seguros que será un gran aporte para las comunas de nuestro país, en la medida en que sus recursos se focalicen en proyectos que tengan real impacto en sus habitantes. Lo importante, sin embargo, es que la ley se cumpla en su letra y en su espíritu, y que limite la discrecionalidad en los procesos de aprobación y gestión de permisos.

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Fuente: El Mercurio, Domingo 15 de julio de 2018

EL MERCURIO – ¿Qué autocrítica y qué falencias identifica de parte de los socios en su relación con la comunidad y qué medida piensa adoptar para subsanarlas?

Como industria no fuimos lo suficientemente previsores ni oportunos en traspasar a nuestros socios la importancia de involucrar los requerimientos de la comunidad en el desarrollo de los proyectos. Las medidas ya se están tomando y una de ellas es considerar, desde el origen de los proyectos, a las comunidades como un actor relevante.

La Contraloría ha cuestionado permisos de edificación en al menos dos comunas. ¿Qué medida va a adoptar la Cámara Chilena de la Construcción frente a este problema?

Valoramos el rol de la Contraloría General de la República (…) Sin embargo, para evitar la duplicidad de funciones, consideramos que no debiera supervisar los procesos técnicos, ya que estos deben ser controlados por los organismos públicos atingentes.

Respecto de los casos cuestionados por la Contraloría (…), se deben principalmente a la deficiencia en la actual normativa de planificación urbana. Nuestro rol como gremio será defender la legalidad y certeza jurídica y -en paralelo- aportar con propuestas concretas para que esos vacíos normativos se solucionen.

¿Cómo van a controlar la no proliferación de los guetos verticales? ¿Lo consideran un problema que deben atender y evitar con sus asociados? ¿Cómo?

No estamos de acuerdo con el uso del concepto de guetos verticales, porque simplifica y estigmatiza una realidad social (…) más que controlar la proliferación de estos proyectos, lo importante es una adecuada planificación de cómo queremos nuestras ciudades en el largo plazo, contemplando un plan regulador comunal que considere una mejor calidad de vida para sus habitantes y que sea debidamente consensuado por todos los actores involucrados.

La construcción de acuerdos -que apunten a la promoción del desarrollo urbano y la calidad de vida de nuestras ciudades- es urgente para avanzar en esta materia. Hoy nuestro gremio puede jugar un rol significativo en la transición hacia mejores ciudades y es allí donde apunta nuestro proyecto.

¿Qué medidas van a adoptar para que los socios respeten y se hagan cargo de paliar las externalidades de sus obras en el entorno inmediato a ellas (frente a los vecinos)?

Para paliar las externalidades, en 2016 se promulgó la Ley de Aportes al Espacio Público, cuyo objetivo es que los proyectos inmobiliarios realicen mitigaciones directas y aportes al espacio público.

A partir de las lecciones aprendidas, como gremio estamos avanzando en la implementación temprana de herramientas de relacionamiento comunitario, de modo de apoyar a nuestros socios. En esa línea, desde el año pasado estamos trabajando un proyecto piloto cuyo objetivo es generar un cambio cultural que permita un adecuado relacionamiento comunitario en el desarrollo de los proyectos.

La industria ha vivido en el último tiempo múltiples episodios de judicialización de obras y paralizaciones, muchas veces vinculados con decisiones de DOM y/o alcaldes (Vespucio, 345, Parque Pümpin, etc.). ¿Qué medidas concretas proponen para superar este problema, y que sean de cargo de las constructoras?

Los casos de judicialización y/o paralización de obras han tenido principalmente como origen los vacíos normativos y la manera como se ha llevado adelante la relación con las comunidades cercanas. Estamos conscientes de que la normativa legal vigente es un mínimo obligatorio, por lo mismo, si queremos propiciar un cambio y tener una gestión más sostenible, debemos elevar nuestro desempeño para mejorar nuestra inserción en el entorno urbano y nuestra vinculación con las comunidades.

Si tuviera que elegir cinco grandes proyectos de infraestructura para los siguientes cuatro años, ¿cuáles debieran ser los prioritarios para el país? ¿Debieran hacerse vía concesión u obra pública?

Compartimos la intención del Gobierno de invertir en más líneas de metro en Santiago y agregamos la construcción de un metro en Concepción. Una segunda línea es en infraestructura que permita nivelar los estándares (calles, veredas, luminarias) y el equipamiento urbano, como áreas verdes (…) Es fundamental también terminar la conexión de Chile, concluyendo la carretera austral y aumentar la capacidad de las carreteras existentes. El desarrollo de un megapuerto de gran escala mejorará nuestros niveles de competitividad y es necesario el desarrollo de infraestructura hídrica. Respecto del financiamiento, todos los mecanismos (público, concesionado o mixto) son alternativas válidas.

El Gobierno ya ha dado señales de que en la reforma a las pensiones incluirá mayor competencia a las AFP. Como controladores de Habitat, a su juicio, ¿la falta de competencia es parte de los problemas a resolver con la reforma para mejorar las pensiones? ¿Qué actores podrían ingresar y que ustedes no lo consideren una competencia desleal? ¿Ven factible el ingreso de bancos, cajas de compensación, aseguradoras, u otras entidades?

Como principio, nosotros promovemos la libre competencia en igualdad de condiciones entre los actores que deseen participar.

El Presidente Piñera ya anunció que no bajará los impuestos corporativos debido a las urgencias fiscales y para cumplir el gasto social. ¿Respalda esta decisión?

Más que respaldarla, la comprendemos en el corto plazo, porque hay una prioridad social y un déficit fiscal que es necesario atender. Pero al mismo tiempo, creemos que sería responsable crear un plan a mediano y largo plazo de un buen uso de los recursos fiscales que permitan generar un programa de rebaja de tasa, incentivando de esta forma la inversión.

Por favor valore y pronúnciese en torno a las siguientes frases (si está de acuerdo o desacuerdo, medidas a adoptar, evaluación, etc.):

A) Voracidad inmobiliaria: No estamos de acuerdo. Son prejuicios y generalizaciones que solo complejizan el escenario de conflicto y hace más difícil colaborar. Creemos que el actual clima en torno al rubro inmobiliario surge de una serie de factores complejos, como la falta de planificación y una débil normativa e institucionalidad que debe hacerse cargo del desarrollo urbano.

B) Concesión de hospitales: Dada la coyuntura de recursos públicos escasos, las concesiones son el único mecanismo que se podría utilizar para desarrollar, en el corto plazo, la infraestructura hospitalaria que nuestro país requiere.

C) Ley de espacio público (aportar hasta el 44% de los terrenos a mitigaciones) Es una ley que está vigente y estamos seguros que será un gran aporte para las comunas de nuestro país, en la medida en que sus recursos se focalicen en proyectos que tengan real impacto en sus habitantes. Lo importante, sin embargo, es que la ley se cumpla en su letra y en su espíritu, y que limite la discrecionalidad en los procesos de aprobación y gestión de permisos.

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Fuente: El Mercurio, Domingo 15 de julio de 2018

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