Martes, Mayo 18, 2021

En beneficio del tren de Santiago a Valparaíso

EL MERCURIO – Esta se ha hecho cada vez más necesaria en la medida en que los volúmenes de carga y el desplazamiento de pasajeros se han incrementado y la capacidad de la Ruta 68 se ha visto sobrepasada.

De igual forma, en las últimas décadas, los países desarrollados han ido sofisticando su oferta de trenes, tanto de pasajeros de carga, por las evidentes ventajas que ellos ofrecen, mientras que en nuestro país han estado en condición de abandono, con la excepción de algunos trenes de cercanía.

En este sentido, la propuesta del consorcio integrado por China Railways Group Limited (CREC) y el grupo nacional Sigdo Koppers (a través de consorcio TVS) de establecer un tren de carga Santiago-Valparaíso y Santiago-San Antonio, así como uno de pasajeros entre Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, genera una gran expectativa nacional.

De acuerdo con el proyecto presentado, el potencial tren se movería a 200 kilómetros por hora, cin una inversión total de US$ 1.600 millones, sin requerimientos de subsidios por parte del Estado.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha sido prudente al pedir que sean expertos quienes determinen si el conducto utilizado por la empresa, la Ley de Ferrocarriles del Estado (LGF), es el más acorde para esta iniciativa, en vez de que se desarrolle a través de una concesión. Ello permitiría al consorcio construir infraestructura y operarla -por un máximo de 90 años- como servicio público y privado, concediéndosele el uso de terrenos fiscales para la vía, a cambio de una renta.

Según lo que propone la empresa, si el proyecto se hace a través de una concesión con el MOP, y no vía Ley General de Ferrocarriles, “se complicaría el proyecto” y podría demorar hasta 12 años, en lugar de cuatro o cinco.

Sin embargo, no necesariamente debiera ser así.

Por un parte, la Ley General de Ferrocarriles data de 1931 y no se ha utilizado en mucho tiempo. Por otra, si se hace a través de la Ley de Concesiones del Ministerios de Obras Públicas (MOP) y el Gobierno le pone urgencia al proyecto, podría demorar perfectamente – de acuerdo con expertos- un lapso de cinco o seis años.

Pero incluso en el caso de que se demore más, parece preferible que una obra de una envergadura como la propuesta, que tiene una alta significancia nacional y muchos recursos en juego, siga la senda exitosa que ha tenido nuestro país en materia de concesiones, ya que ellas han brindado competencia, transparencia y legitimidad. Y esta no debiera ser la excepción.

Ver artículo

Fuente: El Mercurio, Lunes 28 de mayo de 2018

EL MERCURIO – Esta se ha hecho cada vez más necesaria en la medida en que los volúmenes de carga y el desplazamiento de pasajeros se han incrementado y la capacidad de la Ruta 68 se ha visto sobrepasada.

De igual forma, en las últimas décadas, los países desarrollados han ido sofisticando su oferta de trenes, tanto de pasajeros de carga, por las evidentes ventajas que ellos ofrecen, mientras que en nuestro país han estado en condición de abandono, con la excepción de algunos trenes de cercanía.

En este sentido, la propuesta del consorcio integrado por China Railways Group Limited (CREC) y el grupo nacional Sigdo Koppers (a través de consorcio TVS) de establecer un tren de carga Santiago-Valparaíso y Santiago-San Antonio, así como uno de pasajeros entre Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, genera una gran expectativa nacional.

De acuerdo con el proyecto presentado, el potencial tren se movería a 200 kilómetros por hora, cin una inversión total de US$ 1.600 millones, sin requerimientos de subsidios por parte del Estado.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha sido prudente al pedir que sean expertos quienes determinen si el conducto utilizado por la empresa, la Ley de Ferrocarriles del Estado (LGF), es el más acorde para esta iniciativa, en vez de que se desarrolle a través de una concesión. Ello permitiría al consorcio construir infraestructura y operarla -por un máximo de 90 años- como servicio público y privado, concediéndosele el uso de terrenos fiscales para la vía, a cambio de una renta.

Según lo que propone la empresa, si el proyecto se hace a través de una concesión con el MOP, y no vía Ley General de Ferrocarriles, “se complicaría el proyecto” y podría demorar hasta 12 años, en lugar de cuatro o cinco.

Sin embargo, no necesariamente debiera ser así.

Por un parte, la Ley General de Ferrocarriles data de 1931 y no se ha utilizado en mucho tiempo. Por otra, si se hace a través de la Ley de Concesiones del Ministerios de Obras Públicas (MOP) y el Gobierno le pone urgencia al proyecto, podría demorar perfectamente – de acuerdo con expertos- un lapso de cinco o seis años.

Pero incluso en el caso de que se demore más, parece preferible que una obra de una envergadura como la propuesta, que tiene una alta significancia nacional y muchos recursos en juego, siga la senda exitosa que ha tenido nuestro país en materia de concesiones, ya que ellas han brindado competencia, transparencia y legitimidad. Y esta no debiera ser la excepción.

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Fuente: El Mercurio, Lunes 28 de mayo de 2018

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