Martes, Diciembre 3, 2024

“El racionamiento evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua que tenemos y la necesidad de una transformación profunda”

PAÍS CIRCULAR – Por estos días el tema de la crisis hídrica se ha tomado los titulares de los medios de prensa nacionales, en parte por la contingencia de un posible racionamiento de agua en el sector oriente de Santiago -advertido por el Presidente Gabriel Boric a pocos días de asumir-, pero también porque hoy, 22 de marzo, se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Agua. El objetivo de la conmemoración -establecida por Naciones Unidas hace 30 años- es recordar la relevancia de este recurso porque, aunque “todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable”, según señala la ONU.

En ese contexto, la situación de Chile es dramática: más del 50% de las comunas están con decretos de escasez hídrica, desde Atacama hasta Aysén, es decir, casi 8 millones de personas con problemas serios de abastecimiento; 13 años de sequía; 76% de la superficie afectada por sequía, desertificación y suelo degradado, por mencionar solo algunas cifras.

Se han hecho múltiples diagnósticos sobre este problema y también sugerencias para empezar a solucionarlo, sin embargo, prácticamente nada se ha concretado. Como muestra un botón: en 2013 el Banco Mundial emitió un informe donde identifica 43 servicios públicos con atribuciones en materia de agua, lo que impide una buena gestión del recurso en Chile; propone, entonces, que un solo organismo lidere y que, además, se establezcan organismos de cuenca, que gestionen el agua a nivel local. Han pasado nueve años y la cantidad de servicios públicos con atribuciones en materia de agua ha aumentado a 56, según un reciente análisis de Escenarios Hídricos 2030, y no hay ningún avance en materia de organismos de cuenca, siendo Chile el único país de la OCDE que no ha implementado esta forma de gestión de los recursos hídricos.

La líder de Escenarios Hídricos 2030 (EH2030) y subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, Ulrike Broschek, quien lleva años trabajando en esta materia, es tajante: “El hecho de que hayamos llegado a la posibilidad de un racionamiento en Santiago demuestra la falta de prioridad que ha tenido el agua en Chile y la falta de acciones para haber prevenido esta situación, que estaba alertada y diagnosticada hace muchos años”.

No obstante, Broschek confía en que el nuevo gobierno tendrá la intención de atender la crisis hídrica de forma integral aunque, subraya, no será fácil. “Se ha planteado como el primer gobierno ecologista y verde, lo que necesariamente incluye el agua y sus fuentes naturales. En distintos medios sus ministros han dicho que va a ser una de las prioridades, lo que genera expectativas y esperanzas de que se puede producir una efectiva transformación”.

Esa transformación, sostiene la especialista, “tiene que ser necesariamente mediante la adopción de una serie de acciones paralelas. No hay una solución única. Nosotros como equipo proponemos una serie de medidas, pero implementar solo una de ellas no es suficiente. La magnitud de la crisis y la urgencia a la que nos vemos enfrentados imponen adoptar ahora, y al mismo tiempo, medidas que tendrán resultados en el corto plazo y medidas estructurales para el mediano y largo plazo”.

¿Cuáles son esas acciones?

Lo primero es anunciar una Transición Hídrica priorizando la crisis hídrica en Chile, una transformación que implica cambiar de paradigma en torno al agua y hacer las cosas de un modo diferente, porque el paradigma actual es el que nos ha llevado a la crisis.

Habría que crear un equipo interministerial para liderar con dedicación exclusiva un despliegue territorial, a nivel nacional y local. Ahí deben estar representantes los ministerios de Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Obras Públicas -la Dirección General de Aguas, DGA-, y eventualmente Hacienda, entre otros. Y con los profesionales de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) involucradas, en conjunto con los gobernadores, universidades y centros especializados, se deben comenzar a crear organismos de cuenca.

Hay que elaborar una Política y un Plan Nacional de seguridad hídrica, donde se definan los lineamientos estratégicos, acciones, compromisos y metas que el país se va a proponer para el corto, mediano y largo plazo. Esa Política y Plan de acción deben ser construidos con insumos desde los organismos de cuenca, por eso es necesario que se constituyan pronto.

Paralelamente, se deben ingresar los proyectos de ley para formalizar una nueva institucionalidad compuesta por los organismos de cuenca y una Autoridad Nacional del Agua, que lidere estas medidas desde el nivel nacional.

Y, por supuesto, hay que atender el corto plazo con medidas de emergencia.

¿Por qué es tan relevante el organismo de cuenca y por qué no puede ser una gestión a nivel regional, o provincial, por ejemplo?

La única posibilidad de atender la crisis en forma efectiva es descentralizando la gestión para aprovechar los conocimientos y recursos locales. Los organismos de cuenca crean la opción de un espacio de colaboración y trabajo multisectorial. De acuerdo con nuestro análisis el organismo de cuenca se debe componer de dos órganos: una autoridad y un comité.

La autoridad de cuenca es la que entrega el apoyo técnico. Se puede conformar con los funcionarios de las Seremi y de los gobiernos regionales, para que presten apoyo a las distintas cuencas de cada región. Cumple funciones de aporte de insumos, seguimiento de avances (métricas), coordinación con el nivel nacional desde los territorios, apoyo metodológico y planificación del trabajo para el organismo de cuenca en su conjunto.

El comité de cuenca es para la toma de decisiones, bajo el principio de una participación amplia. Puede estar convocado y liderado por el gobernador regional e involucra a todos los sectores usuarios del agua y comunidades, con y sin derechos de agua. Se tienen que establecer los esquemas y reglamentos para la debida representación, en equilibrio y en equidad, y en función de las actividades productivas que tenga cada cuenca y sus características propias.

De esta forma se despliega un trabajo en materia hídrica desde la unidad base de gestión territorial, que es la cuenca hidrográfica, lo que permite acercar con mayor efectividad la participación, planificación y la toma de decisiones sobre las soluciones para la gestión hídrica, en función de las características de cada territorio. La forma de organizar esta gestión debe ser por cuenca porque es el área natural compartida donde ocurren las intervenciones sobre los recursos hídricos que pueden afectar los distintos usos por la importante interdependencia e interrelación que tienen las fuentes de agua en esta unidad territorial. Los límites administrativos que tenemos en Chile no han contemplado hasta ahora el componente ambiental y de los recursos hídricos, entonces hay regiones con varias cuencas o cuencas divididas en más de una región. A nivel internacional la gestión hídrica en función de las unidades de cuenca ha sido ampliamente reconocida.

Todo esto que he mencionado es parte de una propuesta que presentamos como EH2030 hace unos meses, y que fue elaborada mediante un proceso de diálogo y construcción colectiva de dos años, con una amplia participación territorial, con representantes de diversas visiones e intereses, desde Arica y Parinacota hasta Los Ríos.

Además de esa nueva institucionalidad, ¿qué otras medidas se deben adoptar cuanto antes?

Algo indispensable en el corto plazo es materializar la priorización de consumo humano establecida en la recién aprobada reforma al Código de Aguas. Se debe generar un protocolo para la aplicación de esa prioridad, es decir, que del agua disponible en un territorio el primer uso lo tenga siempre el ser humano, en zonas urbanas y rurales. En este sentido, del volumen de agua que está disponible en una cuenca hidrográfica y en función de los usos que allí existan, se deberá generar una especie de prorrata por parte de la autoridad, para la distribución del agua. Entonces, una vez asegurado el abastecimiento humano se dispone el resto para los otros usos.

En países como Australia e Israel, por ejemplo, se hace un análisis anual de la cantidad de agua que va a estar disponible y de ese volumen se determina cuánto va para el consumo humano, cuánto va para las otras prioridades de uso, por ejemplo, los caudales ecológicos.

Con sequía esta priorización incentiva un cambio en el manejo de agua desde los procesos productivos, que tienen que adaptarse y empezar a funcionar con menos agua; se gatilla una transformación y modernización de los procesos productivos, donde lógicamente debe haber apoyo desde el Estado para los sectores productivos más vulnerables, como la pequeña agricultura.

Pero con la sequía no hay agua para repartir…

Hay menos agua disponible por la disminución de las precipitaciones, pero esa no es la causa principal de la crisis hídrica que estamos viviendo, sino una mala gestión e incremento importante del consumo que además se proyecta seguirá subiendo (44% de las causas de los problemas hídricos son de gestión y gobernanza ineficiente, 17% por aumento de demanda y solo 17% son atribuibles al cambio climático).

Siguen existiendo aguas superficiales y subterráneas, pero a medida que se van consumiendo por los usuarios a lo largo de la cuenca se empieza a secar el río en lugares donde antes llegaba agua. Esta nueva situación hace más necesaria la priorización de los usos críticos, partiendo por el consumo humano, cuyo volumen es muy pequeño (en torno al 6% del consumo total). Es decir, el agua disponible alcanza de todas maneras para cubrir el consumo humano en Chile.

Se deben reconocer todos los acuerdos entre el sector sanitario y la agricultura que han permitido asegurar el abastecimiento humano los últimos años a pesar de la reducción de los caudales. Se trata de acuerdos voluntarios; la autoridad debe apoyar ese tipo de iniciativas para fortalecerlas ya que pueden ser frágiles e infructuosas.

¿Qué otras acciones son necesarias de forma urgente para enfrentar la emergencia?

Es necesario atender la disponibilidad de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales, en los Servicios Sanitarios Rurales (ex APR). Es algo que se puede y debe resolver en el corto plazo. No es aceptable que llevemos años hablando de que tenemos un millón de habitantes en nuestro país sin el vital recurso y que no seamos capaces de resolverlo en forma definitiva.

Además, debe adoptarse de forma urgente un programa de conservación y protección de fuentes naturales de agua y ecosistemas críticos asociados. Esto permitirá restablecer el buen funcionamiento del ciclo natural del agua, frenar y hacer retroceder la desertificación y erosión del suelo, para mejorar las condiciones hídricas y recuperar las reservas de agua. Estas son medidas de corto plazo, con resultados visibles en dos años. Además, generan empleo, son de bajo costo y tienen alta rentabilidad social, ambiental y económica; se estima que por cada dólar invertido en estas soluciones hay una retribución de 2 a 10 dólares. Este tipo de acciones -como las Soluciones basadas en la Naturaleza- apoyan la adaptación y mitigación del cambio climático, además de otorgar resiliencia.

Una tercera acción de emergencia es regular los usos más intensivos implementando por ejemplo una tarificación escalonada del sobreconsumo residencial para incentivar el uso eficiente; es decir, que sea mucho más caro el sobreconsumo para desincentivarlo. En Santiago hay comunas donde el consumo per cápita es hasta cuatro veces más alto que el promedio nacional e internacional, y eso es insostenible.

Algunas de estas medidas podrían afectar a algunos sectores productivos…

Hay ecosistemas hídricos que se han perdido o dañado por cambios de uso de suelo y expansión de los sectores productivos en zonas críticas; la recuperación de esos ecosistemas para asegurar las fuentes de agua podría afectar a algunos de esos sectores, pero es la forma de sostener a futuro el desarrollo por lo que se requiere de diálogo y colaboración de todos.

¿De qué manera la nueva Constitución podría contribuir a esta Transición Hídrica?

Hay ciertos ámbitos clave que pueden acelerar una transición hídrica. Explicitar que el agua es un bien nacional de uso público es muy relevante como principio y punto de partida. En segundo lugar, señalar prioridades de uso también puede ser relevante, como el derecho humano al agua, el agua para los ecosistemas y los caudales ecológicos y ambientales. La definición de la cuenca como la unidad base para la gestión del agua y los recursos hídricos también es importante.

Surgió en la Comisión de sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional la gran oportunidad de definir una Autoridad (o Agencia) Nacional del Agua y organismos de cuenca para la gestión hídrica. Incluirlo aceleraría significativamente la implementación de esta institucionalidad, en la que hasta ahora no se ha podido avanzar a pesar de muchos años de diagnósticos y propuestas. Pero ahora existe un consenso transversal de todos los sectores para definir esta institucionalidad en la nueva Constitución, lo que nos ha alegrado enormemente porque además muestra el importante acuerdo en torno a este tema en el país. .

Los últimos días se ha hablado de la posibilidad de un racionamiento de agua en Santiago, ¿qué le parece esa medida?

Se trata de una decisión técnica, no es una definición política. Si los caudales de agua han disminuido a tal punto que no alcanza para asegurar el abastecimiento antes de que llueva, se tendría que dar ese racionamiento. Hasta ahora se han hecho varias gestiones y esfuerzos para evitar los cortes, usando agua de otros sectores usuarios, como la agricultura, pero el hecho de que estemos en esta situación evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua que tenemos y la necesidad de una transformación. Queda en evidencia la falta de acciones sostenibles, que requerimos una planificación mucho más preventiva y que implemente el conjunto de acciones necesarias para asegurar la disponibilidad de agua no solo para el consumo humano, sino también para los ecosistemas, caudales ecológicos y el desarrollo productivo que necesitamos seguir sosteniendo.

Esto tiene que dejar un aprendizaje de por qué llegamos a este punto y la urgencia de una transformación de magnitud proporcional a la crisis. El hecho de que hayamos llegado a este punto demuestra la falta de prioridad que ha tenido el agua y los recursos hídricos en Chile, que estamos llegando tarde y que han faltado acciones para prevenir esta situación, que estaba alertada y diagnosticada hace muchos años.

Asimismo, vemos que el tema está hoy en los medios de comunicación porque el problema toca a Santiago, lo que evidencia la mirada centralizada; pero hay muchas comunidades que están en esta situación, con camiones aljibe, algunas comunidades han tenido que comenzar a racionar el agua y no han sido visibilizadas ni debidamente atendidas. Es claro que el problema es estructural y de gran alcance geográfico. La situación demuestra la ausencia total del Estado y de una autoridad para haber prevenido y trabajado hacia la seguridad hídrica en este difícil contexto.

Si miramos todos los diagnósticos que han hecho organismos internacionales sobre Chile vemos una mirada bastante crítica hacia la forma en que hemos gestionado los recursos hídricos y lo atrasados que estamos. Yo veo un atraso en relación con otros países latinoamericanos, como Perú, Brasil, México (…) Pienso que estamos en esta situación porque no ha existido la voluntad de avanzar en esto que es tan vital.

¿Por qué ha faltado esa voluntad?

Lo hemos reflexionado harto con el equipo y viendo todas las oportunidades que tenemos, cuesta entenderlo. Últimamente hemos concluido que quien asuma el liderazgo de esta transformación tiene que eventualmente aceptar también el costo político que significa hacerse cargo de este problema. No va a ser fácil abordarlo y se van a tener que tomar decisiones que a veces no le van a gustar a todos, pero que son importantes por el bien del país. Eso requiere de un liderazgo importante y una decisión de la autoridad. Necesitamos al Estado ejerciendo el rol público en torno al agua, para garantizar el recurso para los diferentes usos y el desarrollo futuro de Chile.

Ver artículo

Fuente: País Circular, Martes 22 de Marzo de 2022

PAÍS CIRCULAR – Por estos días el tema de la crisis hídrica se ha tomado los titulares de los medios de prensa nacionales, en parte por la contingencia de un posible racionamiento de agua en el sector oriente de Santiago -advertido por el Presidente Gabriel Boric a pocos días de asumir-, pero también porque hoy, 22 de marzo, se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Agua. El objetivo de la conmemoración -establecida por Naciones Unidas hace 30 años- es recordar la relevancia de este recurso porque, aunque “todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable”, según señala la ONU.

En ese contexto, la situación de Chile es dramática: más del 50% de las comunas están con decretos de escasez hídrica, desde Atacama hasta Aysén, es decir, casi 8 millones de personas con problemas serios de abastecimiento; 13 años de sequía; 76% de la superficie afectada por sequía, desertificación y suelo degradado, por mencionar solo algunas cifras.

Se han hecho múltiples diagnósticos sobre este problema y también sugerencias para empezar a solucionarlo, sin embargo, prácticamente nada se ha concretado. Como muestra un botón: en 2013 el Banco Mundial emitió un informe donde identifica 43 servicios públicos con atribuciones en materia de agua, lo que impide una buena gestión del recurso en Chile; propone, entonces, que un solo organismo lidere y que, además, se establezcan organismos de cuenca, que gestionen el agua a nivel local. Han pasado nueve años y la cantidad de servicios públicos con atribuciones en materia de agua ha aumentado a 56, según un reciente análisis de Escenarios Hídricos 2030, y no hay ningún avance en materia de organismos de cuenca, siendo Chile el único país de la OCDE que no ha implementado esta forma de gestión de los recursos hídricos.

La líder de Escenarios Hídricos 2030 (EH2030) y subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, Ulrike Broschek, quien lleva años trabajando en esta materia, es tajante: “El hecho de que hayamos llegado a la posibilidad de un racionamiento en Santiago demuestra la falta de prioridad que ha tenido el agua en Chile y la falta de acciones para haber prevenido esta situación, que estaba alertada y diagnosticada hace muchos años”.

No obstante, Broschek confía en que el nuevo gobierno tendrá la intención de atender la crisis hídrica de forma integral aunque, subraya, no será fácil. “Se ha planteado como el primer gobierno ecologista y verde, lo que necesariamente incluye el agua y sus fuentes naturales. En distintos medios sus ministros han dicho que va a ser una de las prioridades, lo que genera expectativas y esperanzas de que se puede producir una efectiva transformación”.

Esa transformación, sostiene la especialista, “tiene que ser necesariamente mediante la adopción de una serie de acciones paralelas. No hay una solución única. Nosotros como equipo proponemos una serie de medidas, pero implementar solo una de ellas no es suficiente. La magnitud de la crisis y la urgencia a la que nos vemos enfrentados imponen adoptar ahora, y al mismo tiempo, medidas que tendrán resultados en el corto plazo y medidas estructurales para el mediano y largo plazo”.

¿Cuáles son esas acciones?

Lo primero es anunciar una Transición Hídrica priorizando la crisis hídrica en Chile, una transformación que implica cambiar de paradigma en torno al agua y hacer las cosas de un modo diferente, porque el paradigma actual es el que nos ha llevado a la crisis.

Habría que crear un equipo interministerial para liderar con dedicación exclusiva un despliegue territorial, a nivel nacional y local. Ahí deben estar representantes los ministerios de Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Obras Públicas -la Dirección General de Aguas, DGA-, y eventualmente Hacienda, entre otros. Y con los profesionales de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) involucradas, en conjunto con los gobernadores, universidades y centros especializados, se deben comenzar a crear organismos de cuenca.

Hay que elaborar una Política y un Plan Nacional de seguridad hídrica, donde se definan los lineamientos estratégicos, acciones, compromisos y metas que el país se va a proponer para el corto, mediano y largo plazo. Esa Política y Plan de acción deben ser construidos con insumos desde los organismos de cuenca, por eso es necesario que se constituyan pronto.

Paralelamente, se deben ingresar los proyectos de ley para formalizar una nueva institucionalidad compuesta por los organismos de cuenca y una Autoridad Nacional del Agua, que lidere estas medidas desde el nivel nacional.

Y, por supuesto, hay que atender el corto plazo con medidas de emergencia.

¿Por qué es tan relevante el organismo de cuenca y por qué no puede ser una gestión a nivel regional, o provincial, por ejemplo?

La única posibilidad de atender la crisis en forma efectiva es descentralizando la gestión para aprovechar los conocimientos y recursos locales. Los organismos de cuenca crean la opción de un espacio de colaboración y trabajo multisectorial. De acuerdo con nuestro análisis el organismo de cuenca se debe componer de dos órganos: una autoridad y un comité.

La autoridad de cuenca es la que entrega el apoyo técnico. Se puede conformar con los funcionarios de las Seremi y de los gobiernos regionales, para que presten apoyo a las distintas cuencas de cada región. Cumple funciones de aporte de insumos, seguimiento de avances (métricas), coordinación con el nivel nacional desde los territorios, apoyo metodológico y planificación del trabajo para el organismo de cuenca en su conjunto.

El comité de cuenca es para la toma de decisiones, bajo el principio de una participación amplia. Puede estar convocado y liderado por el gobernador regional e involucra a todos los sectores usuarios del agua y comunidades, con y sin derechos de agua. Se tienen que establecer los esquemas y reglamentos para la debida representación, en equilibrio y en equidad, y en función de las actividades productivas que tenga cada cuenca y sus características propias.

De esta forma se despliega un trabajo en materia hídrica desde la unidad base de gestión territorial, que es la cuenca hidrográfica, lo que permite acercar con mayor efectividad la participación, planificación y la toma de decisiones sobre las soluciones para la gestión hídrica, en función de las características de cada territorio. La forma de organizar esta gestión debe ser por cuenca porque es el área natural compartida donde ocurren las intervenciones sobre los recursos hídricos que pueden afectar los distintos usos por la importante interdependencia e interrelación que tienen las fuentes de agua en esta unidad territorial. Los límites administrativos que tenemos en Chile no han contemplado hasta ahora el componente ambiental y de los recursos hídricos, entonces hay regiones con varias cuencas o cuencas divididas en más de una región. A nivel internacional la gestión hídrica en función de las unidades de cuenca ha sido ampliamente reconocida.

Todo esto que he mencionado es parte de una propuesta que presentamos como EH2030 hace unos meses, y que fue elaborada mediante un proceso de diálogo y construcción colectiva de dos años, con una amplia participación territorial, con representantes de diversas visiones e intereses, desde Arica y Parinacota hasta Los Ríos.

Además de esa nueva institucionalidad, ¿qué otras medidas se deben adoptar cuanto antes?

Algo indispensable en el corto plazo es materializar la priorización de consumo humano establecida en la recién aprobada reforma al Código de Aguas. Se debe generar un protocolo para la aplicación de esa prioridad, es decir, que del agua disponible en un territorio el primer uso lo tenga siempre el ser humano, en zonas urbanas y rurales. En este sentido, del volumen de agua que está disponible en una cuenca hidrográfica y en función de los usos que allí existan, se deberá generar una especie de prorrata por parte de la autoridad, para la distribución del agua. Entonces, una vez asegurado el abastecimiento humano se dispone el resto para los otros usos.

En países como Australia e Israel, por ejemplo, se hace un análisis anual de la cantidad de agua que va a estar disponible y de ese volumen se determina cuánto va para el consumo humano, cuánto va para las otras prioridades de uso, por ejemplo, los caudales ecológicos.

Con sequía esta priorización incentiva un cambio en el manejo de agua desde los procesos productivos, que tienen que adaptarse y empezar a funcionar con menos agua; se gatilla una transformación y modernización de los procesos productivos, donde lógicamente debe haber apoyo desde el Estado para los sectores productivos más vulnerables, como la pequeña agricultura.

Pero con la sequía no hay agua para repartir…

Hay menos agua disponible por la disminución de las precipitaciones, pero esa no es la causa principal de la crisis hídrica que estamos viviendo, sino una mala gestión e incremento importante del consumo que además se proyecta seguirá subiendo (44% de las causas de los problemas hídricos son de gestión y gobernanza ineficiente, 17% por aumento de demanda y solo 17% son atribuibles al cambio climático).

Siguen existiendo aguas superficiales y subterráneas, pero a medida que se van consumiendo por los usuarios a lo largo de la cuenca se empieza a secar el río en lugares donde antes llegaba agua. Esta nueva situación hace más necesaria la priorización de los usos críticos, partiendo por el consumo humano, cuyo volumen es muy pequeño (en torno al 6% del consumo total). Es decir, el agua disponible alcanza de todas maneras para cubrir el consumo humano en Chile.

Se deben reconocer todos los acuerdos entre el sector sanitario y la agricultura que han permitido asegurar el abastecimiento humano los últimos años a pesar de la reducción de los caudales. Se trata de acuerdos voluntarios; la autoridad debe apoyar ese tipo de iniciativas para fortalecerlas ya que pueden ser frágiles e infructuosas.

¿Qué otras acciones son necesarias de forma urgente para enfrentar la emergencia?

Es necesario atender la disponibilidad de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales, en los Servicios Sanitarios Rurales (ex APR). Es algo que se puede y debe resolver en el corto plazo. No es aceptable que llevemos años hablando de que tenemos un millón de habitantes en nuestro país sin el vital recurso y que no seamos capaces de resolverlo en forma definitiva.

Además, debe adoptarse de forma urgente un programa de conservación y protección de fuentes naturales de agua y ecosistemas críticos asociados. Esto permitirá restablecer el buen funcionamiento del ciclo natural del agua, frenar y hacer retroceder la desertificación y erosión del suelo, para mejorar las condiciones hídricas y recuperar las reservas de agua. Estas son medidas de corto plazo, con resultados visibles en dos años. Además, generan empleo, son de bajo costo y tienen alta rentabilidad social, ambiental y económica; se estima que por cada dólar invertido en estas soluciones hay una retribución de 2 a 10 dólares. Este tipo de acciones -como las Soluciones basadas en la Naturaleza- apoyan la adaptación y mitigación del cambio climático, además de otorgar resiliencia.

Una tercera acción de emergencia es regular los usos más intensivos implementando por ejemplo una tarificación escalonada del sobreconsumo residencial para incentivar el uso eficiente; es decir, que sea mucho más caro el sobreconsumo para desincentivarlo. En Santiago hay comunas donde el consumo per cápita es hasta cuatro veces más alto que el promedio nacional e internacional, y eso es insostenible.

Algunas de estas medidas podrían afectar a algunos sectores productivos…

Hay ecosistemas hídricos que se han perdido o dañado por cambios de uso de suelo y expansión de los sectores productivos en zonas críticas; la recuperación de esos ecosistemas para asegurar las fuentes de agua podría afectar a algunos de esos sectores, pero es la forma de sostener a futuro el desarrollo por lo que se requiere de diálogo y colaboración de todos.

¿De qué manera la nueva Constitución podría contribuir a esta Transición Hídrica?

Hay ciertos ámbitos clave que pueden acelerar una transición hídrica. Explicitar que el agua es un bien nacional de uso público es muy relevante como principio y punto de partida. En segundo lugar, señalar prioridades de uso también puede ser relevante, como el derecho humano al agua, el agua para los ecosistemas y los caudales ecológicos y ambientales. La definición de la cuenca como la unidad base para la gestión del agua y los recursos hídricos también es importante.

Surgió en la Comisión de sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional la gran oportunidad de definir una Autoridad (o Agencia) Nacional del Agua y organismos de cuenca para la gestión hídrica. Incluirlo aceleraría significativamente la implementación de esta institucionalidad, en la que hasta ahora no se ha podido avanzar a pesar de muchos años de diagnósticos y propuestas. Pero ahora existe un consenso transversal de todos los sectores para definir esta institucionalidad en la nueva Constitución, lo que nos ha alegrado enormemente porque además muestra el importante acuerdo en torno a este tema en el país. .

Los últimos días se ha hablado de la posibilidad de un racionamiento de agua en Santiago, ¿qué le parece esa medida?

Se trata de una decisión técnica, no es una definición política. Si los caudales de agua han disminuido a tal punto que no alcanza para asegurar el abastecimiento antes de que llueva, se tendría que dar ese racionamiento. Hasta ahora se han hecho varias gestiones y esfuerzos para evitar los cortes, usando agua de otros sectores usuarios, como la agricultura, pero el hecho de que estemos en esta situación evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua que tenemos y la necesidad de una transformación. Queda en evidencia la falta de acciones sostenibles, que requerimos una planificación mucho más preventiva y que implemente el conjunto de acciones necesarias para asegurar la disponibilidad de agua no solo para el consumo humano, sino también para los ecosistemas, caudales ecológicos y el desarrollo productivo que necesitamos seguir sosteniendo.

Esto tiene que dejar un aprendizaje de por qué llegamos a este punto y la urgencia de una transformación de magnitud proporcional a la crisis. El hecho de que hayamos llegado a este punto demuestra la falta de prioridad que ha tenido el agua y los recursos hídricos en Chile, que estamos llegando tarde y que han faltado acciones para prevenir esta situación, que estaba alertada y diagnosticada hace muchos años.

Asimismo, vemos que el tema está hoy en los medios de comunicación porque el problema toca a Santiago, lo que evidencia la mirada centralizada; pero hay muchas comunidades que están en esta situación, con camiones aljibe, algunas comunidades han tenido que comenzar a racionar el agua y no han sido visibilizadas ni debidamente atendidas. Es claro que el problema es estructural y de gran alcance geográfico. La situación demuestra la ausencia total del Estado y de una autoridad para haber prevenido y trabajado hacia la seguridad hídrica en este difícil contexto.

Si miramos todos los diagnósticos que han hecho organismos internacionales sobre Chile vemos una mirada bastante crítica hacia la forma en que hemos gestionado los recursos hídricos y lo atrasados que estamos. Yo veo un atraso en relación con otros países latinoamericanos, como Perú, Brasil, México (…) Pienso que estamos en esta situación porque no ha existido la voluntad de avanzar en esto que es tan vital.

¿Por qué ha faltado esa voluntad?

Lo hemos reflexionado harto con el equipo y viendo todas las oportunidades que tenemos, cuesta entenderlo. Últimamente hemos concluido que quien asuma el liderazgo de esta transformación tiene que eventualmente aceptar también el costo político que significa hacerse cargo de este problema. No va a ser fácil abordarlo y se van a tener que tomar decisiones que a veces no le van a gustar a todos, pero que son importantes por el bien del país. Eso requiere de un liderazgo importante y una decisión de la autoridad. Necesitamos al Estado ejerciendo el rol público en torno al agua, para garantizar el recurso para los diferentes usos y el desarrollo futuro de Chile.

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Fuente: País Circular, Martes 22 de Marzo de 2022

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