Domingo, Agosto 7, 2022

El futuro de las asociaciones público-privadas, por Catalina Binder

DIARIO FINANCIERO – Hace ya más de 25 años que en Chile se licitó la primera concesión aeroportuaria, y entró en funcionamiento la primera obra pública licitada bajo el sistema de concesiones. Este sistema de asociación público-privada (APP) ha sido una política pública impulsada desde el Estado que ha permitido el desarrollo de infraestructura que, de otra forma, no habría sido posible realizar, contribuyendo con ello al desarrollo económico y social, mejorando los estándares de servicios, productividad y calidad de vida de los ciudadanos.

No obstante, hoy el modelo está sometido a una exigencia de revalidación y actualización que no debiera postergarse, por tratarse de un factor clave para aumentar la productividad y competitividad de nuestro país. Algunos de los principales desafíos corresponden a una planificación integrada, con ciclos de inversión independientes de los ciclos políticos; una mayor eficiencia y productividad en la gestión de los proyectos de infraestructura pública; ya un marco institucional sólido y evolutivo.

En relación con la planificación integrada y los ciclos de inversión, si bien existe el Plan de Concesiones 2021-2025 -que considera la licitación de 53 contratos por un monto de inversión estimado de US $ 16.232 millones-, este no es suficiente para desvincular esta planificación del ciclo temporal de un gobierno y evitar las tensiones y costos que ello implica. Para evitarlo, debiera contarse, al menos, con procedimientos claros y permanentes de corrección o actualización.

En este sentido, los programas de infraestructura concesionada debieran ser consistentes con una visión estratégica de país, y basarse en una planificación integrada a partir de los planes de los distintos ministerios, servicios y empresas públicas, que contemple herramientas de evaluación transparentes que permitan mejorar la calidad de las decisiones. También debiera ocuparse de generar espacios para que se identifiquen los costos y posibles impactos de los proyectos estratégicos y prioritarios a nivel nacional, para así diseñar políticas de mitigación y negociaciones con actores locales, como lo ha señalado también la Comisión Nacional de Productividad.

En relación con una mayor eficiencia y productividad en la gestión, estudios del FMI han demostrado que, a nivel mundial, un país promedio pierde alrededor del 30% del valor de sus inversiones debido a la ineficiencia en los procesos de inversión pública relacionada con una mala gobernanza y una deficiente planificación y asignación de recursos.

A esto contribuye un marco jurídico rígido, que genera una serie de factores de riesgo importantes para el sistema. Entre ellos, cabe mencionar que los contratos de concesión no contienen las herramientas necesarias para adaptarse a proyectos que, por naturaleza, son propensos a experimentar modificaciones, no contemplan mecanismos que permitan prevenir y disminuir el nivel de conflictividad que se da en la relación entre el Estado y la sociedad concesionaria, ni existen las flexibilidades necesarias para incorporar las mejores prácticas de la industria a nivel internacional. Todos, factores indispensables para avanzar en una mayor eficiencia y productividad de los proyectos de infraestructura pública.

Por último, estos cambios sólo serán posibles mediante el esfuerzo conjunto entre empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y cuyo legítimo beneficio esté alineado con el interés público, y un Estado proactivo, consciente de su rol articulador.

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Fuente: Diario Financiero, Lunes 8 de Noviembre de 2021

DIARIO FINANCIERO – Hace ya más de 25 años que en Chile se licitó la primera concesión aeroportuaria, y entró en funcionamiento la primera obra pública licitada bajo el sistema de concesiones. Este sistema de asociación público-privada (APP) ha sido una política pública impulsada desde el Estado que ha permitido el desarrollo de infraestructura que, de otra forma, no habría sido posible realizar, contribuyendo con ello al desarrollo económico y social, mejorando los estándares de servicios, productividad y calidad de vida de los ciudadanos.

No obstante, hoy el modelo está sometido a una exigencia de revalidación y actualización que no debiera postergarse, por tratarse de un factor clave para aumentar la productividad y competitividad de nuestro país. Algunos de los principales desafíos corresponden a una planificación integrada, con ciclos de inversión independientes de los ciclos políticos; una mayor eficiencia y productividad en la gestión de los proyectos de infraestructura pública; ya un marco institucional sólido y evolutivo.

En relación con la planificación integrada y los ciclos de inversión, si bien existe el Plan de Concesiones 2021-2025 -que considera la licitación de 53 contratos por un monto de inversión estimado de US $ 16.232 millones-, este no es suficiente para desvincular esta planificación del ciclo temporal de un gobierno y evitar las tensiones y costos que ello implica. Para evitarlo, debiera contarse, al menos, con procedimientos claros y permanentes de corrección o actualización.

En este sentido, los programas de infraestructura concesionada debieran ser consistentes con una visión estratégica de país, y basarse en una planificación integrada a partir de los planes de los distintos ministerios, servicios y empresas públicas, que contemple herramientas de evaluación transparentes que permitan mejorar la calidad de las decisiones. También debiera ocuparse de generar espacios para que se identifiquen los costos y posibles impactos de los proyectos estratégicos y prioritarios a nivel nacional, para así diseñar políticas de mitigación y negociaciones con actores locales, como lo ha señalado también la Comisión Nacional de Productividad.

En relación con una mayor eficiencia y productividad en la gestión, estudios del FMI han demostrado que, a nivel mundial, un país promedio pierde alrededor del 30% del valor de sus inversiones debido a la ineficiencia en los procesos de inversión pública relacionada con una mala gobernanza y una deficiente planificación y asignación de recursos.

A esto contribuye un marco jurídico rígido, que genera una serie de factores de riesgo importantes para el sistema. Entre ellos, cabe mencionar que los contratos de concesión no contienen las herramientas necesarias para adaptarse a proyectos que, por naturaleza, son propensos a experimentar modificaciones, no contemplan mecanismos que permitan prevenir y disminuir el nivel de conflictividad que se da en la relación entre el Estado y la sociedad concesionaria, ni existen las flexibilidades necesarias para incorporar las mejores prácticas de la industria a nivel internacional. Todos, factores indispensables para avanzar en una mayor eficiencia y productividad de los proyectos de infraestructura pública.

Por último, estos cambios sólo serán posibles mediante el esfuerzo conjunto entre empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y cuyo legítimo beneficio esté alineado con el interés público, y un Estado proactivo, consciente de su rol articulador.

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Fuente: Diario Financiero, Lunes 8 de Noviembre de 2021

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