Miércoles, Junio 19, 2024

Diego Pardow e Hidrógeno Verde: “No buscaremos necesariamente relaciones preferentes o exclusivas con alguna región o país determinado”

PULSO – El ministro de Energía afirma que están trabajando en un mecanismo que amortigüe las futuras alzas de precios y que permita que los precios se aproximen al costo de producción. La autoridad defiende el proyecto de transición energética de sus críticos y niega que sea un salvataje a las empresas renovables. “El objetivo es que en los años difíciles la exposición financiera de las empresas no sea tan alta como para que caigan en insolvencia”, explica.

Hace una semana, el ministro de Energía, Diego Pardow, fue protagonista en el Chile Day en Londres. Tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista con una comunidad de negocios y financiera que -a su juicio- conocía bien la industria en Chile y el mundo. “Fueron conversaciones bien fructíferas”, comenta.

Pero también tuvo la oportunidad de explicar en qué consiste el proyecto de Ley de Transición Energética y los lineamientos estratégicos en materia de hidrógeno verde. En esta entrevista explica en detalle lo que implica uno de los puntos más discutidos del proyecto de ley, los ingresos tarifarios, que ha sido cuestionado especialmente por Colbún y otras empresas generadoras que provienen de las energías convencionales. Pardow afirma que no se busca favorecer a empresas determinadas, sino aumentar la probabilidad de que contratos baratos para los consumidores se mantengan en años complejos -lo cual no ocurriría si esas empresas caen en quiebra- y que a mediano plazo las licitaciones sigan siendo tan competitivas como lo han sido desde el año 2015.

En el Chile Day, Colbún planteó que el proyecto de ley de Transición Energética nos está aproximando a una lógica europea, donde el costo lo paga el consumidor.

-La estructura que estamos proponiendo para los ingresos tarifarios es lo que en Estados Unidos se conoce como standard market design, por lo tanto, es más bien inspirada en la regulación norteamericana que en la europea.

Un año extraordinariamente seco como 2022, en que se utilizaron mucho los combustibles fósiles con precios históricamente altos, terminó generando un conjunto de rentas por congestión extraordinarias, por los desacoples que sufren los generadores, del orden de los US$200 millones.

Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es cuál es el destino más apropiado de esos US$200 millones. Una alternativa es entregárselos completamente a los clientes vía descuentos en el cargo por transmisión, o bien, repartirlos.

¿Cuál es el monto de esos descuentos?

-En un año normal, es relativamente pequeño. Para un consumidor tipo se produce un descuento que es de cerca de $50 mensuales en su cargo por transmisión. En un año extraordinario, como fue el 2022, este descuento llegaría a los $550 mensuales durante los meses que dura el período extraordinario.

¿Qué es lo que proponemos? Que el descuento de $550 sea de $150, que igual es el triple de lo que es normalmente ($50), pero el remanente entregarlo a los generadores que fueron quienes contribuyeron a generar este pozo de rentas por congestión.

¿Qué efecto tiene en el sistema este cambio en los ingresos tarifarios?

-Eso genera, por un lado, una mayor probabilidad de que los contratos con los que hoy en día se satisface a los consumidores y, especialmente los contratos más eficientes, los más baratos, no enfrenten la coyuntura de terminar producto de la quiebra de la generadora. Por otro lado, que a mediano plazo las subastas sigan siendo tan competitivas como lo han sido desde 2015.

La cuantificación que hacemos de los riesgos es que, en caso de término de los contratos baratos, por insolvencia de las empresas generadoras, reemplazarlos supondría un aumento del orden de los $1.000 para un consumidor tipo y eso sería permanente. Además, la erosión de la competitividad en las subastas con las cuales se compra la energía para los clientes residenciales significaría un aumento del orden de $2.500 permanente.

Entonces, lo que vemos es que una disminución del descuento del orden de los $400 en años extraordinarios, permite evitar un aumento permanente del orden de los $3.500, es decir, en términos de costo-beneficio es claro que esta es una buena política.

¿Esos fondos que se podrían producir en años extraordinarios, en qué proporción irían a los clientes y cuánto a los generadores?

-En un año extraordinario se generarían tres tramos. Un tramo de aproximadamente $5.000 millones mensuales que iría a los clientes, otro tramo de $5.000 millones mensuales que iría a los generadores, y hay un tramo de otros $5.000 millones que no está aún definida su asignación y es parte de lo que estamos conversando en el Senado. Estamos viendo si podemos utilizarlos para focalizarlo de mejor manera en clientes vulnerables.

De ser aprobada, ¿cuándo comenzaría a regir la normativa?

-Para el 2024, no es una norma retroactiva. Si continuamos con una hidrología favorable, como la que hemos tenido hasta este momento y con precios de los combustibles fósiles dentro de rangos normales, 2024 sería un año normal.

Pero esta solución se pensó para ayudar a las empresas de energía renovables que están pasando por una situación compleja y viendo así las cosas, no van a recibir recursos si el 2024 es un año normal.

-Porque no estarán enfrentando un año difícil. Esto no tiene que ver con una empresa determinada, el punto de este mecanismo es aumentar la probabilidad de que contratos que tienen un costo eficiente para los consumidores se mantengan.

Cada contrato con el cual se abastece a los consumidores residenciales está de alguna manera asociado a un conjunto de activos. Si la rentabilidad de ese conjunto de activos que se agrupan en una empresa es deficitaria, ese contrato tarde o temprano va a terminar por quiebra, lo que hace este mecanismo es que los estabiliza, incluso en años extremadamente difíciles, disminuyendo su posibilidad de caer en insolvencia.

¿Ese tramo que iría a las generadoras en los años extraordinarios a qué tipo de generadoras iría?

-El mecanismo lo que hace es distinguir por el volumen de energía transada, no por el tipo de tecnología que se utiliza. La razón para ello es que este es un mecanismo que entrega un seguro, especialmente para empresas de tamaño más pequeño. Porque si tienen un volumen de energía muy grande, significa de alguna manera que tienen la escala suficiente para internalizar el riesgo por su propia cuenta. Esto está dirigido más bien a permitir que empresas de tamaño medio y más pequeño puedan enfrentar este riesgo de una manera más eficiente para el sistema.

Usted dijo que iban a validar este mecanismo con estudios de terceros, ¿ya definieron quién lo hará?

-Aún no porque este lunes fue feriado y no hubo comisión. Pero cuando uno pone las cosas en términos de números, de evidencia, es mucho más fácil entenderse. Las discusiones, cuando se dan a nivel de principios, en general terminan en una votación donde gana uno u otro. Cuando uno pone las cosas en términos de números, de evidencia, es mucho más fácil acomodar las distintas visiones y alcanzar una solución más de consenso.

¿Cuán urgente es la ley?

-Nuestra expectativa sería que ojalá estuviera terminando su tramitación el primer trimestre del próximo año. Obviamente, todos estos temas que cubre la ley de transición -los ingresos tarifarios, transmisión y almacenamiento- son apremiantes y esperamos puedan avanzar lo más rápido posible.

Al menos de parte de los senadores hemos recibido la disposición de hacerlo así. Hemos tenido varias sesiones, lo cual es indicativo de la prioridad y el interés que existe por parte de la Comisión de Energía.

Además, en las últimas sesiones hemos podido despejar inquietudes y visiones que existían al principio, en cuanto al efecto que podría tener en las tarifas de los consumidores y demostrar que no los tiene, en el caso de los ingresos tarifarios. En el caso de las licitaciones de almacenamiento, donde también existía la preocupación de los costos a los clientes, mostramos que pueden ser cargos o abonos, que pueden ir en magnitudes de $10 mensuales en una cuenta tipo. Esto es, un cargo de $10 en una cuenta tipo o un abono de $10.

¿Cuál es el riesgo real de quiebra de alguna empresa renovable?

-Es difícil estimar eso, porque finalmente una empresa que tiene pérdidas financieras puede seguir funcionando mientras le sigan aumentando el capital sus dueños. ¿Cuánto tiempo va a ocurrir eso? Es algo bien difícil saberlo. El objetivo es que en los años difíciles la exposición financiera de las empresas no sea tan alta como para que caigan en insolvencia.

¿Y no deben asumir las renovables el riesgo de sus decisiones como plantea Colbún?

-Este no es un tema de justicia, la preocupación es que los clientes residenciales tengan un producto lo más barato y seguro posible. Eso implica trabajar por conservar contratos vigentes que tienen precios convenientes para los consumidores.

Las alzas de tarifas

¿Qué hará el gobierno para impedir el alza brusca de tarifas que anticipa el informe de precios de nudo?

-Estamos trabajando en un mecanismo para ello en el marco de la Comisión de Energía del Senado. Prefiero no anticipar el mecanismo específico en el que estamos trabajando, hasta efectivamente tenerlo listo. No tiene sentido discutir sobre bosquejos, sobre borradores.

Otros gobiernos no hicieron cambios tarifarios para no meterse en un problema político. ¿Usted descarta esa posibilidad?

-En el sector de energía creo que hemos sido capaces de construir un espacio de colaboración que es bastante escaso en nuestra política hoy en día y eso hay que cuidarlo.

Afortunadamente, en esta materia estamos en la misma sintonía con los senadores de la Comisión de Energía y con los diputados de la comisión de la Cámara, con la voluntad de reconstruir las soluciones que miren al bien común. Nadie está pensando en preocuparse de los intereses únicamente de un gobierno en específico, sino de construir una solución que sea sostenible en el tiempo. Parte del problema es precisamente que las soluciones anteriores, tanto el PEC (Precio Estabilizado a Cliente Regulado) como el MPC (Mecanismo de Protección al Cliente) duraron menos de lo que se pensaba, soluciones que estaban pensadas para durar una década, al cabo de un año, 6 meses, tuvimos que volver a discutirlas. Esta vez hay que preocuparse que eso no ocurra, que hagamos una solución que sea sostenible en el tiempo.

¿Cuánto dinero tienen acumulado estos mecanismos?

-Un poco más de US$ 3.000 millones. Cuando las políticas sociales son tan universales, el volumen de recursos que movilizan son muy grandes.

Sea cual sea el mecanismo que usted está diseñando, igual va a requerir recursos…

-Efectivamente, la solicitud que hicieron los senadores fue precisamente evaluar un mecanismo que contemple una parte con cargo a recursos fiscales.

¿En este mecanismo se verá igual un desbalance entre costos e ingresos del sistema?

-Los precios de la energía no reflejan el costo de producirla y eso es un problema. Ahora, a medida que esa diferencia se hace muy grande en el tiempo, el ajuste se hace muy difícil de hacer de una sola vez, entonces, el mecanismo tiene que ser capaz, por un lado, de establecer una ruta progresiva donde el precio de la energía vaya acercándose hasta reflejar efectivamente el costo de producirla.

Hay contratos que se firmaron a US$50 MWh y que ahora, por indexadores fósiles están en US$280 y son cerca del 60% de la energía que reciben los regulados. ¿De esos niveles estamos hablando?

-Más allá de contratos específicos, el comportamiento de los polinomios de indexación que están en algunos contratos y que se basan en el comportamiento del precio internacional del carbón o del petróleo, lo que muestran es el impacto que tuvo la invasión en contra de Ucrania en los precios de nuestra energía doméstica. A eso hay que sumar un conjunto de políticas que lo que hicieron fue proteger a los clientes para que no se les traspasara ese aumento de precio en sus cuentas domiciliarias.

Eso está bien, pero el problema es que la manera en que fueron diseñadas esas políticas obliga a que ahora tendríamos que hacer un ajuste demasiado abrupto entre los precios que se pagan actualmente y el costo que supone generar esa energía. Esa brecha, cerrarla de una manera tan abrupta, también genera un conjunto de problemas que se deberían haber incorporado en la política pública desde un comienzo.

Entonces, en el corto plazo, el objetivo es diseñar un mecanismo que nos permita ir cerrando esa brecha de manera progresiva, a un ritmo razonable y que, a su vez, proteja a los clientes más vulnerables de este tipo de situaciones.

En el largo plazo, además, tenemos que trabajar en fomentar las energías limpias. Chile no produce ningún tipo de combustible fósil. Por lo tanto, en las energías térmicas estamos muy expuestos a las variaciones que generan los precios internacionales de los combustibles fósiles. Si queremos avanzar en energías limpias, es también una forma de avanzar en una mayor independencia de esas fluctuaciones de precios y, por lo tanto, también en una mayor seguridad para los precios de los clientes residenciales.

Diego Pardow, ministro de Energía.

Hidrógeno verde: “No buscaremos necesariamente relaciones preferentes o exclusivas con alguna región o país determinado”

En el Chile Day adelantó algunos avances que ya ha tenido el Comité Estratégico del Hidrógeno Verde. ¿Cuáles son esas definiciones?

-Ya hemos tenido dos sesiones específicas, una sobre sostenibilidad y otra sobre relaciones internacionales que han sido muy importantes en avanzar con ciertos consensos fundacionales para nuestro plan de acción.

En materia de sostenibilidad, consensuamos que hoy hay una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar. Efectivamente, debemos movernos hacia estándares cada vez más exigentes, que sean similares a los de los países compradores de este producto, pero que avanzar en esos estándares no puede significar dejar pasar esta ventana de oportunidad.

En el tema de relaciones internacionales, quedó reflejado un consenso en torno a que nuestra apertura internacional tiene que ser con todo tipo de participantes.

¿Qué significa esto último?

-Chile tiene una red de tratados de libre comercio muy extensa y la idea de tener esta apertura internacional es colaborar con todos los inversionistas que estén interesados en venir al país, sin necesariamente buscar relaciones preferentes o exclusivas con alguna región o país determinado.

Eso significa, por ejemplo, ¿que no le vamos a decir que no a los inversionistas chinos?

-Ni tampoco vamos a decir que tenemos una relación exclusiva con nadie.

Con Europa, por ejemplo…

-La mejor estrategia es mantener buenas relaciones comerciales con la mayor cantidad de socios posibles, sin necesariamente poner todos los huevos en una canasta específica.

¿Qué otras definiciones se tomaron?

-Discutimos también que políticas de subsidio a la exportación van en contra de esta apertura internacional y, por lo tanto, debemos desarrollar políticas diferentes.

También que esta apertura internacional es una oportunidad para utilizar estos mecanismos financieros que se realizan en colaboración con instituciones financieras multilaterales para avanzar en los estándares de certificación no solamente de los electrones, las moléculas, sino también la certificación de procesos, tanto de evaluación ambiental como relacionamiento comunitario. Eso también tiene que quedar reflejado en el tipo de producto que le ofrecemos al mundo.

Aquellos proyectos que hoy están iniciando su camino y que están dentro de esta ventana de oportunidad, el consenso del comité fue que corresponde al Poder Ejecutivo lidiar con esta situación de la mejor manera posible. Obviamente, los estándares normativos obligatorios no van a poder desarrollarse a tiempo para este tipo de proyectos, pero es importante trabajar en conjunto con estos proyectos para que reflejen de la mejor manera posible las expectativas tanto de la comunidad como de las organizaciones sociales. Es importante avanzar en esta ventana de oportunidad, pero preocupándose por proteger también nuestra biodiversidad.

¿Cuándo anunciarán el Plan de Acción?

-La idea es terminar dentro de octubre e irnos a consulta pública apenas termine este proceso. Tras eso se elabora el plan de Acción que será entregado al Presidente.

Brasil y Argentina se han activado en este tema con grandes anuncios. ¿No le preocupa que nos ganen terreno?

-Somos conscientes de que esta es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar y que efectivamente es importante llegar a tiempo. Ahora, hay muchos países que hablan del hidrógeno verde, no son muchos los que tengan proyectos que estén efectivamente funcionando, Chile tiene varios. Tenemos tres funcionando y otros tantos en etapas más iniciales.

El siguiente paso es que empecemos a movernos a un primer nivel comercial, y para eso hay que aprovechar esta ventana de oportunidad, pero eso es independiente de lo que haga un país u otro.

Fuente: Pulso, Sábado 23 de Septiembre de 2023

PULSO – El ministro de Energía afirma que están trabajando en un mecanismo que amortigüe las futuras alzas de precios y que permita que los precios se aproximen al costo de producción. La autoridad defiende el proyecto de transición energética de sus críticos y niega que sea un salvataje a las empresas renovables. “El objetivo es que en los años difíciles la exposición financiera de las empresas no sea tan alta como para que caigan en insolvencia”, explica.

Hace una semana, el ministro de Energía, Diego Pardow, fue protagonista en el Chile Day en Londres. Tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista con una comunidad de negocios y financiera que -a su juicio- conocía bien la industria en Chile y el mundo. “Fueron conversaciones bien fructíferas”, comenta.

Pero también tuvo la oportunidad de explicar en qué consiste el proyecto de Ley de Transición Energética y los lineamientos estratégicos en materia de hidrógeno verde. En esta entrevista explica en detalle lo que implica uno de los puntos más discutidos del proyecto de ley, los ingresos tarifarios, que ha sido cuestionado especialmente por Colbún y otras empresas generadoras que provienen de las energías convencionales. Pardow afirma que no se busca favorecer a empresas determinadas, sino aumentar la probabilidad de que contratos baratos para los consumidores se mantengan en años complejos -lo cual no ocurriría si esas empresas caen en quiebra- y que a mediano plazo las licitaciones sigan siendo tan competitivas como lo han sido desde el año 2015.

En el Chile Day, Colbún planteó que el proyecto de ley de Transición Energética nos está aproximando a una lógica europea, donde el costo lo paga el consumidor.

-La estructura que estamos proponiendo para los ingresos tarifarios es lo que en Estados Unidos se conoce como standard market design, por lo tanto, es más bien inspirada en la regulación norteamericana que en la europea.

Un año extraordinariamente seco como 2022, en que se utilizaron mucho los combustibles fósiles con precios históricamente altos, terminó generando un conjunto de rentas por congestión extraordinarias, por los desacoples que sufren los generadores, del orden de los US$200 millones.

Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es cuál es el destino más apropiado de esos US$200 millones. Una alternativa es entregárselos completamente a los clientes vía descuentos en el cargo por transmisión, o bien, repartirlos.

¿Cuál es el monto de esos descuentos?

-En un año normal, es relativamente pequeño. Para un consumidor tipo se produce un descuento que es de cerca de $50 mensuales en su cargo por transmisión. En un año extraordinario, como fue el 2022, este descuento llegaría a los $550 mensuales durante los meses que dura el período extraordinario.

¿Qué es lo que proponemos? Que el descuento de $550 sea de $150, que igual es el triple de lo que es normalmente ($50), pero el remanente entregarlo a los generadores que fueron quienes contribuyeron a generar este pozo de rentas por congestión.

¿Qué efecto tiene en el sistema este cambio en los ingresos tarifarios?

-Eso genera, por un lado, una mayor probabilidad de que los contratos con los que hoy en día se satisface a los consumidores y, especialmente los contratos más eficientes, los más baratos, no enfrenten la coyuntura de terminar producto de la quiebra de la generadora. Por otro lado, que a mediano plazo las subastas sigan siendo tan competitivas como lo han sido desde 2015.

La cuantificación que hacemos de los riesgos es que, en caso de término de los contratos baratos, por insolvencia de las empresas generadoras, reemplazarlos supondría un aumento del orden de los $1.000 para un consumidor tipo y eso sería permanente. Además, la erosión de la competitividad en las subastas con las cuales se compra la energía para los clientes residenciales significaría un aumento del orden de $2.500 permanente.

Entonces, lo que vemos es que una disminución del descuento del orden de los $400 en años extraordinarios, permite evitar un aumento permanente del orden de los $3.500, es decir, en términos de costo-beneficio es claro que esta es una buena política.

¿Esos fondos que se podrían producir en años extraordinarios, en qué proporción irían a los clientes y cuánto a los generadores?

-En un año extraordinario se generarían tres tramos. Un tramo de aproximadamente $5.000 millones mensuales que iría a los clientes, otro tramo de $5.000 millones mensuales que iría a los generadores, y hay un tramo de otros $5.000 millones que no está aún definida su asignación y es parte de lo que estamos conversando en el Senado. Estamos viendo si podemos utilizarlos para focalizarlo de mejor manera en clientes vulnerables.

De ser aprobada, ¿cuándo comenzaría a regir la normativa?

-Para el 2024, no es una norma retroactiva. Si continuamos con una hidrología favorable, como la que hemos tenido hasta este momento y con precios de los combustibles fósiles dentro de rangos normales, 2024 sería un año normal.

Pero esta solución se pensó para ayudar a las empresas de energía renovables que están pasando por una situación compleja y viendo así las cosas, no van a recibir recursos si el 2024 es un año normal.

-Porque no estarán enfrentando un año difícil. Esto no tiene que ver con una empresa determinada, el punto de este mecanismo es aumentar la probabilidad de que contratos que tienen un costo eficiente para los consumidores se mantengan.

Cada contrato con el cual se abastece a los consumidores residenciales está de alguna manera asociado a un conjunto de activos. Si la rentabilidad de ese conjunto de activos que se agrupan en una empresa es deficitaria, ese contrato tarde o temprano va a terminar por quiebra, lo que hace este mecanismo es que los estabiliza, incluso en años extremadamente difíciles, disminuyendo su posibilidad de caer en insolvencia.

¿Ese tramo que iría a las generadoras en los años extraordinarios a qué tipo de generadoras iría?

-El mecanismo lo que hace es distinguir por el volumen de energía transada, no por el tipo de tecnología que se utiliza. La razón para ello es que este es un mecanismo que entrega un seguro, especialmente para empresas de tamaño más pequeño. Porque si tienen un volumen de energía muy grande, significa de alguna manera que tienen la escala suficiente para internalizar el riesgo por su propia cuenta. Esto está dirigido más bien a permitir que empresas de tamaño medio y más pequeño puedan enfrentar este riesgo de una manera más eficiente para el sistema.

Usted dijo que iban a validar este mecanismo con estudios de terceros, ¿ya definieron quién lo hará?

-Aún no porque este lunes fue feriado y no hubo comisión. Pero cuando uno pone las cosas en términos de números, de evidencia, es mucho más fácil entenderse. Las discusiones, cuando se dan a nivel de principios, en general terminan en una votación donde gana uno u otro. Cuando uno pone las cosas en términos de números, de evidencia, es mucho más fácil acomodar las distintas visiones y alcanzar una solución más de consenso.

¿Cuán urgente es la ley?

-Nuestra expectativa sería que ojalá estuviera terminando su tramitación el primer trimestre del próximo año. Obviamente, todos estos temas que cubre la ley de transición -los ingresos tarifarios, transmisión y almacenamiento- son apremiantes y esperamos puedan avanzar lo más rápido posible.

Al menos de parte de los senadores hemos recibido la disposición de hacerlo así. Hemos tenido varias sesiones, lo cual es indicativo de la prioridad y el interés que existe por parte de la Comisión de Energía.

Además, en las últimas sesiones hemos podido despejar inquietudes y visiones que existían al principio, en cuanto al efecto que podría tener en las tarifas de los consumidores y demostrar que no los tiene, en el caso de los ingresos tarifarios. En el caso de las licitaciones de almacenamiento, donde también existía la preocupación de los costos a los clientes, mostramos que pueden ser cargos o abonos, que pueden ir en magnitudes de $10 mensuales en una cuenta tipo. Esto es, un cargo de $10 en una cuenta tipo o un abono de $10.

¿Cuál es el riesgo real de quiebra de alguna empresa renovable?

-Es difícil estimar eso, porque finalmente una empresa que tiene pérdidas financieras puede seguir funcionando mientras le sigan aumentando el capital sus dueños. ¿Cuánto tiempo va a ocurrir eso? Es algo bien difícil saberlo. El objetivo es que en los años difíciles la exposición financiera de las empresas no sea tan alta como para que caigan en insolvencia.

¿Y no deben asumir las renovables el riesgo de sus decisiones como plantea Colbún?

-Este no es un tema de justicia, la preocupación es que los clientes residenciales tengan un producto lo más barato y seguro posible. Eso implica trabajar por conservar contratos vigentes que tienen precios convenientes para los consumidores.

Las alzas de tarifas

¿Qué hará el gobierno para impedir el alza brusca de tarifas que anticipa el informe de precios de nudo?

-Estamos trabajando en un mecanismo para ello en el marco de la Comisión de Energía del Senado. Prefiero no anticipar el mecanismo específico en el que estamos trabajando, hasta efectivamente tenerlo listo. No tiene sentido discutir sobre bosquejos, sobre borradores.

Otros gobiernos no hicieron cambios tarifarios para no meterse en un problema político. ¿Usted descarta esa posibilidad?

-En el sector de energía creo que hemos sido capaces de construir un espacio de colaboración que es bastante escaso en nuestra política hoy en día y eso hay que cuidarlo.

Afortunadamente, en esta materia estamos en la misma sintonía con los senadores de la Comisión de Energía y con los diputados de la comisión de la Cámara, con la voluntad de reconstruir las soluciones que miren al bien común. Nadie está pensando en preocuparse de los intereses únicamente de un gobierno en específico, sino de construir una solución que sea sostenible en el tiempo. Parte del problema es precisamente que las soluciones anteriores, tanto el PEC (Precio Estabilizado a Cliente Regulado) como el MPC (Mecanismo de Protección al Cliente) duraron menos de lo que se pensaba, soluciones que estaban pensadas para durar una década, al cabo de un año, 6 meses, tuvimos que volver a discutirlas. Esta vez hay que preocuparse que eso no ocurra, que hagamos una solución que sea sostenible en el tiempo.

¿Cuánto dinero tienen acumulado estos mecanismos?

-Un poco más de US$ 3.000 millones. Cuando las políticas sociales son tan universales, el volumen de recursos que movilizan son muy grandes.

Sea cual sea el mecanismo que usted está diseñando, igual va a requerir recursos…

-Efectivamente, la solicitud que hicieron los senadores fue precisamente evaluar un mecanismo que contemple una parte con cargo a recursos fiscales.

¿En este mecanismo se verá igual un desbalance entre costos e ingresos del sistema?

-Los precios de la energía no reflejan el costo de producirla y eso es un problema. Ahora, a medida que esa diferencia se hace muy grande en el tiempo, el ajuste se hace muy difícil de hacer de una sola vez, entonces, el mecanismo tiene que ser capaz, por un lado, de establecer una ruta progresiva donde el precio de la energía vaya acercándose hasta reflejar efectivamente el costo de producirla.

Hay contratos que se firmaron a US$50 MWh y que ahora, por indexadores fósiles están en US$280 y son cerca del 60% de la energía que reciben los regulados. ¿De esos niveles estamos hablando?

-Más allá de contratos específicos, el comportamiento de los polinomios de indexación que están en algunos contratos y que se basan en el comportamiento del precio internacional del carbón o del petróleo, lo que muestran es el impacto que tuvo la invasión en contra de Ucrania en los precios de nuestra energía doméstica. A eso hay que sumar un conjunto de políticas que lo que hicieron fue proteger a los clientes para que no se les traspasara ese aumento de precio en sus cuentas domiciliarias.

Eso está bien, pero el problema es que la manera en que fueron diseñadas esas políticas obliga a que ahora tendríamos que hacer un ajuste demasiado abrupto entre los precios que se pagan actualmente y el costo que supone generar esa energía. Esa brecha, cerrarla de una manera tan abrupta, también genera un conjunto de problemas que se deberían haber incorporado en la política pública desde un comienzo.

Entonces, en el corto plazo, el objetivo es diseñar un mecanismo que nos permita ir cerrando esa brecha de manera progresiva, a un ritmo razonable y que, a su vez, proteja a los clientes más vulnerables de este tipo de situaciones.

En el largo plazo, además, tenemos que trabajar en fomentar las energías limpias. Chile no produce ningún tipo de combustible fósil. Por lo tanto, en las energías térmicas estamos muy expuestos a las variaciones que generan los precios internacionales de los combustibles fósiles. Si queremos avanzar en energías limpias, es también una forma de avanzar en una mayor independencia de esas fluctuaciones de precios y, por lo tanto, también en una mayor seguridad para los precios de los clientes residenciales.

Diego Pardow, ministro de Energía.

Hidrógeno verde: “No buscaremos necesariamente relaciones preferentes o exclusivas con alguna región o país determinado”

En el Chile Day adelantó algunos avances que ya ha tenido el Comité Estratégico del Hidrógeno Verde. ¿Cuáles son esas definiciones?

-Ya hemos tenido dos sesiones específicas, una sobre sostenibilidad y otra sobre relaciones internacionales que han sido muy importantes en avanzar con ciertos consensos fundacionales para nuestro plan de acción.

En materia de sostenibilidad, consensuamos que hoy hay una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar. Efectivamente, debemos movernos hacia estándares cada vez más exigentes, que sean similares a los de los países compradores de este producto, pero que avanzar en esos estándares no puede significar dejar pasar esta ventana de oportunidad.

En el tema de relaciones internacionales, quedó reflejado un consenso en torno a que nuestra apertura internacional tiene que ser con todo tipo de participantes.

¿Qué significa esto último?

-Chile tiene una red de tratados de libre comercio muy extensa y la idea de tener esta apertura internacional es colaborar con todos los inversionistas que estén interesados en venir al país, sin necesariamente buscar relaciones preferentes o exclusivas con alguna región o país determinado.

Eso significa, por ejemplo, ¿que no le vamos a decir que no a los inversionistas chinos?

-Ni tampoco vamos a decir que tenemos una relación exclusiva con nadie.

Con Europa, por ejemplo…

-La mejor estrategia es mantener buenas relaciones comerciales con la mayor cantidad de socios posibles, sin necesariamente poner todos los huevos en una canasta específica.

¿Qué otras definiciones se tomaron?

-Discutimos también que políticas de subsidio a la exportación van en contra de esta apertura internacional y, por lo tanto, debemos desarrollar políticas diferentes.

También que esta apertura internacional es una oportunidad para utilizar estos mecanismos financieros que se realizan en colaboración con instituciones financieras multilaterales para avanzar en los estándares de certificación no solamente de los electrones, las moléculas, sino también la certificación de procesos, tanto de evaluación ambiental como relacionamiento comunitario. Eso también tiene que quedar reflejado en el tipo de producto que le ofrecemos al mundo.

Aquellos proyectos que hoy están iniciando su camino y que están dentro de esta ventana de oportunidad, el consenso del comité fue que corresponde al Poder Ejecutivo lidiar con esta situación de la mejor manera posible. Obviamente, los estándares normativos obligatorios no van a poder desarrollarse a tiempo para este tipo de proyectos, pero es importante trabajar en conjunto con estos proyectos para que reflejen de la mejor manera posible las expectativas tanto de la comunidad como de las organizaciones sociales. Es importante avanzar en esta ventana de oportunidad, pero preocupándose por proteger también nuestra biodiversidad.

¿Cuándo anunciarán el Plan de Acción?

-La idea es terminar dentro de octubre e irnos a consulta pública apenas termine este proceso. Tras eso se elabora el plan de Acción que será entregado al Presidente.

Brasil y Argentina se han activado en este tema con grandes anuncios. ¿No le preocupa que nos ganen terreno?

-Somos conscientes de que esta es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar y que efectivamente es importante llegar a tiempo. Ahora, hay muchos países que hablan del hidrógeno verde, no son muchos los que tengan proyectos que estén efectivamente funcionando, Chile tiene varios. Tenemos tres funcionando y otros tantos en etapas más iniciales.

El siguiente paso es que empecemos a movernos a un primer nivel comercial, y para eso hay que aprovechar esta ventana de oportunidad, pero eso es independiente de lo que haga un país u otro.

Fuente: Pulso, Sábado 23 de Septiembre de 2023

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