Sábado, Octubre 12, 2024

Desarrollo urbano y negocio inmobiliario, por Mauricio Varela L.

EL MERCURIO – El desarrollo futuro de nuestras ciudades y del negocio inmobiliario requiere que el progreso económico y social esté centrado en el bienestar de todos los actores que intervienen en el fenómeno urbano. Lo anterior precisa empujar un profundo proceso de modernización cultural entre los principales actores del sector privado, que busque masificar el consenso con respecto a que el ejercicio empresarial no debe intentar maximizar exclusivamente la rentabilidad económica de los accionistas -como nos enseñaron en las escuelas de negocios de los años 90-, sino que también se trata de generar valor compartido para todo el sistema. Este cambio cultural pasa también por entender que la legalidad de nuestros proyectos hoy constituye solo el piso básico de nuestro ejercicio laboral y que debemos asumir el liderazgo de un desarrollo inmobiliario más consciente del entorno y que pretenda generar, en el mediano plazo, un mayor nivel de legitimidad social para nuestro quehacer económico.

Como respuesta a este nuevo contexto, y después de un largo trabajo de reflexión en el que participaron las bases de nuestro gremio, en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) se definieron tres ejes prioritarios de trabajo y colaboración que apuntan a materializar un desarrollo más sostenible para la industria y sus stakeholders claves. El primer ámbito de colaboración -y el más importante- dice relación con el ordenamiento territorial, buscando contribuir al desarrollo de un proceso de densificación más equilibrado. El marco regulatorio de nuestras ciudades presenta una serie de restricciones que fueron públicamente evidentes gracias al problema de los guetos verticales. Este caso origina la necesidad de avanzar con mayor decisión hacia un sistema normativo más actualizado, que genere mecanismos institucionales para integrar de mejor forma los proyectos inmobiliarios en sus entornos y comunidades. Es un hecho que el proceso de densificación que vivimos tensiona la vida social. La tendencia a congelar el territorio urbano, castigando alturas y densidades, es una respuesta de la sociedad civil y gobiernos locales a la falta de un ordenamiento apropiado. Pero también entendemos que si no implementamos pronto nuevos mecanismos que permitan orientar un proceso de densificación más equilibrado, generaremos costos sociales tan importantes como la expulsión de la fortalecida clase media y la consecuente elitización de la ciudad, producto de las alzas desmedidas en los precios de las viviendas. En definitivas cuentas, una ciudad más segregada.

El segundo eje de colaboración es la gobernanza urbana. Las diferentes complejidades que produce el desarrollo de nuestras ciudades genera gobiernos locales altamente demandados, con limitada capacidad de decisión y ejecución. Para orientar las variadas dinámicas urbanas existentes es fundamental que avancemos en un nuevo marco normativo e institucional que dote a nuestras ciudades de una real capacidad para gobernarse. Si avanzamos en la implementación de nuevos gobiernos urbanos integrados en las tres principales áreas metropolitanas de Chile (Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción), estaremos potenciando la calidad de vida de más de ocho millones de chilenos.

Nuestro tercer eje de colaboración es la participación ciudadana. La participación activa de los distintos actores interesados en el desarrollo urbano fortalece la sustentabilidad de nuestras ciudades y sus comunidades. Creemos que nuestro marco regulatorio debe fomentar la participación ciudadana activa, mediante la creación de espacios de diálogo abierto y anticipatorio entre los distintos actores, los cuales coordinen los variados intereses de un modo vinculante y responsable. Necesitamos considerar a todos los grupos de interés y comunidades que se ven impactadas por el quehacer inmobiliario, recogiendo la necesidad de la ciudadanía por participar en el desarrollo de su ciudad y evitando escenarios desconocidos o impuestos, ya sea desde el Estado o desde el sector privado.

Desde la ADI queremos liderar el desarrollo de una industria más preocupada por su entorno. Buscaremos hacer nuestro aporte al debate de ciudad, con un rol más propositivo que en el pasado. Invitamos a todos los desarrolladores a sumarse a esta nueva visión, compartiendo aprendizajes y buenas prácticas para generar mejores estándares internos y marcos regulatorios más adecuados a la nueva realidad, que finalmente nos permitan reconfigurar una industria inmobiliaria más consciente y sustentable en el largo plazo.

Mauricio Varela Labbé
Presidente Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

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Fuente: El Mercurio Jueves 11 de Enero de 2018

EL MERCURIO – El desarrollo futuro de nuestras ciudades y del negocio inmobiliario requiere que el progreso económico y social esté centrado en el bienestar de todos los actores que intervienen en el fenómeno urbano. Lo anterior precisa empujar un profundo proceso de modernización cultural entre los principales actores del sector privado, que busque masificar el consenso con respecto a que el ejercicio empresarial no debe intentar maximizar exclusivamente la rentabilidad económica de los accionistas -como nos enseñaron en las escuelas de negocios de los años 90-, sino que también se trata de generar valor compartido para todo el sistema. Este cambio cultural pasa también por entender que la legalidad de nuestros proyectos hoy constituye solo el piso básico de nuestro ejercicio laboral y que debemos asumir el liderazgo de un desarrollo inmobiliario más consciente del entorno y que pretenda generar, en el mediano plazo, un mayor nivel de legitimidad social para nuestro quehacer económico.

Como respuesta a este nuevo contexto, y después de un largo trabajo de reflexión en el que participaron las bases de nuestro gremio, en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) se definieron tres ejes prioritarios de trabajo y colaboración que apuntan a materializar un desarrollo más sostenible para la industria y sus stakeholders claves. El primer ámbito de colaboración -y el más importante- dice relación con el ordenamiento territorial, buscando contribuir al desarrollo de un proceso de densificación más equilibrado. El marco regulatorio de nuestras ciudades presenta una serie de restricciones que fueron públicamente evidentes gracias al problema de los guetos verticales. Este caso origina la necesidad de avanzar con mayor decisión hacia un sistema normativo más actualizado, que genere mecanismos institucionales para integrar de mejor forma los proyectos inmobiliarios en sus entornos y comunidades. Es un hecho que el proceso de densificación que vivimos tensiona la vida social. La tendencia a congelar el territorio urbano, castigando alturas y densidades, es una respuesta de la sociedad civil y gobiernos locales a la falta de un ordenamiento apropiado. Pero también entendemos que si no implementamos pronto nuevos mecanismos que permitan orientar un proceso de densificación más equilibrado, generaremos costos sociales tan importantes como la expulsión de la fortalecida clase media y la consecuente elitización de la ciudad, producto de las alzas desmedidas en los precios de las viviendas. En definitivas cuentas, una ciudad más segregada.

El segundo eje de colaboración es la gobernanza urbana. Las diferentes complejidades que produce el desarrollo de nuestras ciudades genera gobiernos locales altamente demandados, con limitada capacidad de decisión y ejecución. Para orientar las variadas dinámicas urbanas existentes es fundamental que avancemos en un nuevo marco normativo e institucional que dote a nuestras ciudades de una real capacidad para gobernarse. Si avanzamos en la implementación de nuevos gobiernos urbanos integrados en las tres principales áreas metropolitanas de Chile (Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción), estaremos potenciando la calidad de vida de más de ocho millones de chilenos.

Nuestro tercer eje de colaboración es la participación ciudadana. La participación activa de los distintos actores interesados en el desarrollo urbano fortalece la sustentabilidad de nuestras ciudades y sus comunidades. Creemos que nuestro marco regulatorio debe fomentar la participación ciudadana activa, mediante la creación de espacios de diálogo abierto y anticipatorio entre los distintos actores, los cuales coordinen los variados intereses de un modo vinculante y responsable. Necesitamos considerar a todos los grupos de interés y comunidades que se ven impactadas por el quehacer inmobiliario, recogiendo la necesidad de la ciudadanía por participar en el desarrollo de su ciudad y evitando escenarios desconocidos o impuestos, ya sea desde el Estado o desde el sector privado.

Desde la ADI queremos liderar el desarrollo de una industria más preocupada por su entorno. Buscaremos hacer nuestro aporte al debate de ciudad, con un rol más propositivo que en el pasado. Invitamos a todos los desarrolladores a sumarse a esta nueva visión, compartiendo aprendizajes y buenas prácticas para generar mejores estándares internos y marcos regulatorios más adecuados a la nueva realidad, que finalmente nos permitan reconfigurar una industria inmobiliaria más consciente y sustentable en el largo plazo.

Mauricio Varela Labbé
Presidente Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

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Fuente: El Mercurio Jueves 11 de Enero de 2018

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