Miércoles, Julio 24, 2024

Desarrollo sostenible con infraestructura resiliente, por Catalina Binder

DIARIO FINANCIERO – La atención dedicada por los gobiernos a las vulnerabilidades de la infraestructura crítica se ha enfocado en la protección de los activos que la componen. No obstante, el aumento de la frecuencia y magnitud de eventos extremos con grandes impactos sobre los sistemas de transporte, energía, viviendas y servicios de infraestructura social, la gran cantidad de ataques cibernéticos y de atentados terroristas, han llevado a la adopción de un enfoque más orientado a la resiliencia de las infraestructuras críticas, entendidas como los sistemas considerados esenciales para el funcionamiento adecuado de la sociedad y cuyo colapso tendría impactos negativos en términos del bienestar social, de la salud, de la seguridad o de la economía.

La resiliencia se suele evaluar, en gran medida, una vez que se ha materializado una amenaza. La manera como dicho sistema reacciona a los impactos del evento disruptivo y en qué medida es capaz de recuperar sus funciones básicas es, en última instancia, lo que indica el nivel de resiliencia. Sin embargo, la evaluación a priori puede proveer indicadores importantes de la resiliencia de un sistema y para la anticipación de su comportamiento ante la ocurrencia de un evento extremo.

“La integración de la resiliencia a la infraestructura debe partir desde el diseño de las políticas, regulaciones, procesos y prácticas administrativas, pues en esos niveles se determina dónde, cómo y qué activos de infraestructura son establecidos en un territorio”.

Un informe del Banco Mundial revela que el impacto directo de los desastres naturales sobre los activos de infraestructura es de aproximadamente US$ 30 mil millones cada año, y si agregamos las viviendas, el valor puede ascender a hasta US$ 700 mil millones al año. En Chile, la continuidad operativa es particularmente importante porque, además de afectar la calidad de vida de las personas, absorbe en promedio el 1% del PIB anual, lo que lo sitúa como el país de la OCDE que más pérdidas tiene a causa de desastres.

En este contexto, los futuros escenarios de cambio climático y sus consiguientes impactos hacen indispensable que el diseño y planeación de la infraestructura deba enfocarse no sólo sobre los activos, sino que también sobre las personas, procesos, estructuras de gobernanza, recursos y conocimientos que conforman la cadena de valor de la resiliencia. Según esa visión, la integración de la resiliencia a la infraestructura debería comenzar a ser considerada desde el diseño de las políticas, regulaciones, procesos y prácticas administrativas, pues en esos niveles se determina dónde, cómo y qué activos de infraestructura son establecidos en un territorio.

La posibilidad de sufrir con frecuencia importantes daños y pérdidas, tanto en términos de vidas humanas, como económicas y financieras, es uno de los mayores desafíos del país. En Chile se han hecho esfuerzos por avanzar, pero aún estamos muy lejos de poder prevenir y controlar los riesgos que impactan nuestra infraestructura crítica.

Las autoridades, las empresas, y todos aquellos que participan del ecosistema de la infraestructura pública del país, deben contribuir a la necesidad imperiosa de agilizar y profundizar las políticas de resiliencia de la infraestructura frente al cambio climático y otros eventos extremos, a objeto de prepararnos, responder y recuperarnos de mejor manera frente a eventos con baja probabilidad de ocurrencia, pero de gran intensidad e impacto en la población, el entorno construido, y el medio ambiente.

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Fuente: Diario Financiero, Lunes 08 de Mayo de 2023

DIARIO FINANCIERO – La atención dedicada por los gobiernos a las vulnerabilidades de la infraestructura crítica se ha enfocado en la protección de los activos que la componen. No obstante, el aumento de la frecuencia y magnitud de eventos extremos con grandes impactos sobre los sistemas de transporte, energía, viviendas y servicios de infraestructura social, la gran cantidad de ataques cibernéticos y de atentados terroristas, han llevado a la adopción de un enfoque más orientado a la resiliencia de las infraestructuras críticas, entendidas como los sistemas considerados esenciales para el funcionamiento adecuado de la sociedad y cuyo colapso tendría impactos negativos en términos del bienestar social, de la salud, de la seguridad o de la economía.

La resiliencia se suele evaluar, en gran medida, una vez que se ha materializado una amenaza. La manera como dicho sistema reacciona a los impactos del evento disruptivo y en qué medida es capaz de recuperar sus funciones básicas es, en última instancia, lo que indica el nivel de resiliencia. Sin embargo, la evaluación a priori puede proveer indicadores importantes de la resiliencia de un sistema y para la anticipación de su comportamiento ante la ocurrencia de un evento extremo.

“La integración de la resiliencia a la infraestructura debe partir desde el diseño de las políticas, regulaciones, procesos y prácticas administrativas, pues en esos niveles se determina dónde, cómo y qué activos de infraestructura son establecidos en un territorio”.

Un informe del Banco Mundial revela que el impacto directo de los desastres naturales sobre los activos de infraestructura es de aproximadamente US$ 30 mil millones cada año, y si agregamos las viviendas, el valor puede ascender a hasta US$ 700 mil millones al año. En Chile, la continuidad operativa es particularmente importante porque, además de afectar la calidad de vida de las personas, absorbe en promedio el 1% del PIB anual, lo que lo sitúa como el país de la OCDE que más pérdidas tiene a causa de desastres.

En este contexto, los futuros escenarios de cambio climático y sus consiguientes impactos hacen indispensable que el diseño y planeación de la infraestructura deba enfocarse no sólo sobre los activos, sino que también sobre las personas, procesos, estructuras de gobernanza, recursos y conocimientos que conforman la cadena de valor de la resiliencia. Según esa visión, la integración de la resiliencia a la infraestructura debería comenzar a ser considerada desde el diseño de las políticas, regulaciones, procesos y prácticas administrativas, pues en esos niveles se determina dónde, cómo y qué activos de infraestructura son establecidos en un territorio.

La posibilidad de sufrir con frecuencia importantes daños y pérdidas, tanto en términos de vidas humanas, como económicas y financieras, es uno de los mayores desafíos del país. En Chile se han hecho esfuerzos por avanzar, pero aún estamos muy lejos de poder prevenir y controlar los riesgos que impactan nuestra infraestructura crítica.

Las autoridades, las empresas, y todos aquellos que participan del ecosistema de la infraestructura pública del país, deben contribuir a la necesidad imperiosa de agilizar y profundizar las políticas de resiliencia de la infraestructura frente al cambio climático y otros eventos extremos, a objeto de prepararnos, responder y recuperarnos de mejor manera frente a eventos con baja probabilidad de ocurrencia, pero de gran intensidad e impacto en la población, el entorno construido, y el medio ambiente.

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Fuente: Diario Financiero, Lunes 08 de Mayo de 2023

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