Martes, Junio 18, 2024

Desalación y sus costos

EDITORIAL EL MERCURIO – “Los esquemas tarifarios no deben inducir un consumo excesivo”.

Atacama tiene algunas de las tarifas de agua más altas del país, las que subieron más aún debido al ingreso de su planta desaladora. Esta complementará las aguas provenientes de napas en proceso de agotamiento. El alza fue menor de lo que correspondía, porque el Estado asumió los costos de inversión en la planta y porque se vendió a usuarios no regulados el excedente de producción. Debido al cambio climático, habrá menos lluvias en gran parte del país, y será necesario construir más plantas como esta para abastecer ciudades. Ante ello, inevitablemente surge la pregunta por el impacto que la incorporación de esta tecnología tendrá en el precio del agua y si será necesario modificar los actuales mecanismos tarifarios, de modo que el recurso sea usado en forma eficiente, pero sin que resulte excesivamente caro para los hogares.

En nuestra extensa costa es posible instalar plantas de desalación alimentadas por fuentes renovables, y las salmueras resultantes del proceso pueden ser dispersadas en el mar (si se hace con cuidado), sin efectos negativos. Con estas tecnologías, casi todos los costos son de capital y de mantenimiento. Esto es similar a la estructura tradicional de costos en la industria sanitaria, por lo que en principio se podrían usar también acá los mecanismos regulatorios actuales. La dificultad, sin embargo, es que pagar por el costo de capital de las centrales desaladoras podría hacer difícil que hogares de menores ingresos puedan satisfacer sus necesidades. Varios esquemas tarifarios o de subsidios podrían ayudar, pero estas soluciones no deben inducir un consumo excesivo. Asimismo, deben ser políticamente defendibles.

Una solución consiste en que el Estado, como en Atacama, pague por las plantas de desalación, pero se siga usando el mecanismo tarifario actual para los restantes costos. El inconveniente es que con ello también se subsidian las tarifas de las personas de mayores ingresos, lo que conduce a un exceso de consumo. Es una opción ineficiente e inequitativa. Otra alternativa es la de establecer bloques crecientes de consumo, en que las tarifas suben con el aumento de este, de modo tal que los hogares de mayor consumo subsidian a los de menores ingresos. Es una solución redistributiva, pero ineficiente, pues tarifas más elevadas que los costos inducen el subconsumo entre quienes deben pagarlas.

Una opción eficiente y equitativa es que el Estado entregue a los hogares de menores ingresos un monto que permita cubrir la diferencia entre el consumo mínimo necesario y una tarifa que no incorpore el costo de las plantas desaladoras. Con todo, este mecanismo enfrenta un problema de sustentabilidad política: al no asociar el monto entregado con el consumo de agua, los hogares siguen percibiendo el mayor costo de las tarifas y olvidan que recibieron una compensación. Probablemente la mejor opción sea entonces un subsidio a las tarifas de los hogares de bajos ingresos, el que opere hasta un consumo predeterminado, superado el cual corresponde pagar las tarifas reales. Es casi tan eficiente como la alternativa anterior, pero resulta políticamente más sustentable. De hecho, un programa de este tipo ya existe desde hace años, pero ahora podría ser profundizado y tal vez extendido (con menor subsidio) a grupos de ingresos algo mayores, mejorando su sustentabilidad política.

Fuente: Editorial El Mercurio, Jueves 16 de Septiembre de 2021

EDITORIAL EL MERCURIO – “Los esquemas tarifarios no deben inducir un consumo excesivo”.

Atacama tiene algunas de las tarifas de agua más altas del país, las que subieron más aún debido al ingreso de su planta desaladora. Esta complementará las aguas provenientes de napas en proceso de agotamiento. El alza fue menor de lo que correspondía, porque el Estado asumió los costos de inversión en la planta y porque se vendió a usuarios no regulados el excedente de producción. Debido al cambio climático, habrá menos lluvias en gran parte del país, y será necesario construir más plantas como esta para abastecer ciudades. Ante ello, inevitablemente surge la pregunta por el impacto que la incorporación de esta tecnología tendrá en el precio del agua y si será necesario modificar los actuales mecanismos tarifarios, de modo que el recurso sea usado en forma eficiente, pero sin que resulte excesivamente caro para los hogares.

En nuestra extensa costa es posible instalar plantas de desalación alimentadas por fuentes renovables, y las salmueras resultantes del proceso pueden ser dispersadas en el mar (si se hace con cuidado), sin efectos negativos. Con estas tecnologías, casi todos los costos son de capital y de mantenimiento. Esto es similar a la estructura tradicional de costos en la industria sanitaria, por lo que en principio se podrían usar también acá los mecanismos regulatorios actuales. La dificultad, sin embargo, es que pagar por el costo de capital de las centrales desaladoras podría hacer difícil que hogares de menores ingresos puedan satisfacer sus necesidades. Varios esquemas tarifarios o de subsidios podrían ayudar, pero estas soluciones no deben inducir un consumo excesivo. Asimismo, deben ser políticamente defendibles.

Una solución consiste en que el Estado, como en Atacama, pague por las plantas de desalación, pero se siga usando el mecanismo tarifario actual para los restantes costos. El inconveniente es que con ello también se subsidian las tarifas de las personas de mayores ingresos, lo que conduce a un exceso de consumo. Es una opción ineficiente e inequitativa. Otra alternativa es la de establecer bloques crecientes de consumo, en que las tarifas suben con el aumento de este, de modo tal que los hogares de mayor consumo subsidian a los de menores ingresos. Es una solución redistributiva, pero ineficiente, pues tarifas más elevadas que los costos inducen el subconsumo entre quienes deben pagarlas.

Una opción eficiente y equitativa es que el Estado entregue a los hogares de menores ingresos un monto que permita cubrir la diferencia entre el consumo mínimo necesario y una tarifa que no incorpore el costo de las plantas desaladoras. Con todo, este mecanismo enfrenta un problema de sustentabilidad política: al no asociar el monto entregado con el consumo de agua, los hogares siguen percibiendo el mayor costo de las tarifas y olvidan que recibieron una compensación. Probablemente la mejor opción sea entonces un subsidio a las tarifas de los hogares de bajos ingresos, el que opere hasta un consumo predeterminado, superado el cual corresponde pagar las tarifas reales. Es casi tan eficiente como la alternativa anterior, pero resulta políticamente más sustentable. De hecho, un programa de este tipo ya existe desde hace años, pero ahora podría ser profundizado y tal vez extendido (con menor subsidio) a grupos de ingresos algo mayores, mejorando su sustentabilidad política.

Fuente: Editorial El Mercurio, Jueves 16 de Septiembre de 2021

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